De acuerdo con el Itrc, la auditoría “encontró fallas críticas en los controles de selección y fiscalización de los programas Paef y PAP», creados durante el Gobierno anterior.

El programa Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal) fue una ayuda económica del Gobierno pasado a las empresas para preservar empleos formales durante la emergencia del Covi1-19, mientras que el PAP (Apoyo para el Pago de Prima de Servicios) se creó para subsidiar el pago de esta obligación laboral.

El Itrc es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que ejerce funciones preventivas y sancionatorias, y vigila a entidades como la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la Ugpp y Coljuegos con la misionalidad de supervisar la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos.

En su auditoría, el Itrc advirtió de “deficiencias que podrían poner en peligro la recuperación de hasta $942.000 millones», entre otras:

1- Carencia de medidas de seguridad y resguardo en bases de datos utilizadas en los procesos de fiscalización.

2- Irregularidades en exclusiones de población sujeta a control en tres programas, con un impacto fiscal estimado en $923.399 millones.

3- Errores en el cargue de información en el aplicativo BPM, con un riesgo de $405 millones. El BPM es el sistema de información electrónica que gestiona los procesos de fiscalización en la Ugpp.

4. Discrepancias entre datos de empresas y empleados beneficiarios, por $18.778 millones.

​Recomendaciones de la ITRC

La entidad presentó varias recomendaciones en su auditoría, entre ellas:

– Implementar controles estratégicos y operativos para proteger la integridad de sistemas y bases de datos.

– Revisar con prioridad los casos excluidos que presentan inconsistencias, antes de que venza la facultad de fiscalización el 1° de noviembre de 2025.

– Fortalecer el procedimiento de exclusiones, sustentándolo normativamente y avalándolo con estudios técnicos, financieros, jurídicos y contables cuando corresponda.

– Auditar el aplicativo BPM para corregir las fallas en el cargue de la información.

– Adoptar medidas urgentes que garanticen trazabilidad, seguridad y legalidad en el tratamiento de datos, a fin de evitar la pérdida de recursos públicos destinados a la reactivación del empleo formal.

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El senador Antonio José Correa reveló ante el Senado de la República una denuncia que ha causado conmoción política y social: cerca de 100 billones de pesos habrían sido malversados durante la gestión de la pandemia de COVID-19 bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Las acusaciones apuntan a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y su manejo de los recursos destinados a enfrentar la crisis sanitaria. Tras las revelaciones, el presidente Gustavo Petro instó a la Fiscalía a iniciar una investigación exhaustiva sobre la entidad.

La UNGRD por su capacidad de contratación directa en emergencia ha sido un instrumento del robo del dinero público por billones. El debate del senador Correa implica una investigación a fondo d ela fiscalía desde la fundación de la entidad. El actual director Carrillo prepara…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2024

Denuncias de corrupción en la adquisición de insumos médicos

Durante el debate de control político, Correa describió cómo se realizaron contrataciones con empresas sin experiencia ni idoneidad para suministrar insumos médicos esenciales. Entre las compañías mencionadas, algunas se dedicaban a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas, lo que ha generado una fuerte crítica por la falta de control y supervisión en el proceso de selección.

Uno de los ejemplos más alarmantes fue la compra de batas médicas a una empresa especializada en la reparación de vehículos. A esto se suman las importaciones masivas de tapabocas desde China, realizadas en un momento en que la población esperaba el apoyo del Estado para acceder a los elementos de protección necesarios.

???? Crece la indignación por las revelaciones del senador @AntonioJCorreaJ, con las que se conocieron los detalles de cómo se perdieron 100 billones de pesos durante el gobierno de @IvanDuque, para atender la emergencia del COVID-19. pic.twitter.com/kZl0ogfg1E

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 21, 2024

Falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos

El senador Correa también señaló que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), encargado de gestionar los recursos durante la pandemia, suscribió contratos por más de 40 billones de pesos entre 2020 y 2021. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha esclarecido el destino de 9.8 billones de pesos de esos fondos, y otros 20 billones, asignados a la atención en salud, también permanecen sin justificación clara.

La falta de transparencia en la ejecución de estos recursos ha generado una creciente indignación en el ámbito político y social, con actores que exigen una investigación rigurosa y sanciones para los responsables.

Respuesta del Contralor General y otras reacciones políticas

Ante la gravedad de las denuncias, el Contralor General, Carlos Rodríguez, anunció la creación de un grupo de élite denominado «Ruta del Dinero de la Salud», cuya misión será rastrear el paradero de los recursos malversados y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales. Rodríguez destacó que se revisarán a fondo todos los contratos firmados bajo la administración de la UNGRD durante el periodo de 2020 a 2024.

Por su parte, la senadora Clara López hizo un llamado enérgico a la justicia, señalando que «debe ser sancionada por la sociedad y la justicia venga de donde venga». Su declaración refleja el clamor de gran parte de la opinión pública por medidas inmediatas que aseguren la rendición de cuentas.

Investigaciones en marcha y posibles implicaciones legales

El presidente Petro ha pedido que las investigaciones sobre la UNGRD no se limiten solo a los últimos años, sino que abarque todo el periodo desde su creación. Esta solicitud busca garantizar que las irregularidades históricas en la gestión de la entidad también sean esclarecidas.

Hasta el momento, ya se han producido capturas de personas implicadas en los escándalos de corrupción relacionados con la UNGRD, lo que indica que las investigaciones avanzan con celeridad. No obstante, se espera que, en los próximos meses, nuevas revelaciones salgan a la luz y se determinen más responsabilidades en los altos mandos del gobierno anterior.

El senador Correa ha sido contundente al afirmar que lo denunciado representa uno de los casos más graves de corrupción en el manejo de recursos públicos en Colombia. Sus declaraciones han encendido un debate que podría tener consecuencias profundas para el sistema de contratación pública y la gestión de emergencias en el país.

La ciudadanía y la clase política esperan respuestas contundentes ante lo que muchos consideran un abuso flagrante de los fondos destinados a mitigar los efectos devastadores de la pandemia.

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