Foto principal/Rubén Antonio Calvo Trejos

Creo firmemente que el cambio en Colombia sí es posible y, más aún, sí lo podemos consolidar. No hablo desde la teoría, hablo desde la realidad.

He recorrido diversas regiones del país y he conversado con personas de distintos sectores sociales. Al preguntar qué opinan del presidente Gustavo Petro, encuentro un denominador común: reflexiones positivas, análisis conscientes y una ciudadanía cada vez más informada. Sin desconocer que existen actores generadores de violencia que buscan entorpecer las acciones del Gobierno Nacional, el pueblo entiende el momento histórico que estamos viviendo.

Hoy los ciudadanos se han convertido en lectores y analistas. Hablan con propiedad de cifras, datos, economía, del valor del dólar, de la producción industrial, de la seguridad alimentaria, de la educación y del turismo. También comprenden que el sistema de salud está deteriorado por los fraudes heredados de gobiernos anteriores; reconocen que la tercerización ha sido una forma de diluir y perder los recursos públicos.

La gente lo dice con claridad: cuando se tiene medicina prepagada, los medicamentos aparecen; cuando se depende del sistema subsidiado, desaparecen. Pero la enfermedad del pobre es la misma que la del rico. La diferencia no debería estar en el bolsillo, sino en políticas públicas que obliguen a las entidades a cumplir sus deberes y garanticen los derechos de todos los colombianos.

Nuestro pueblo también ha entendido que podemos acogernos al buen vivir, incluso desde pensamientos diferentes. Porque, al final, las necesidades humanas son comunes: fisiológicas, económicas, sociales, políticas y estructurales. Nadie vive de ideologías vacías, vivimos de dignidad, de oportunidades y de justicia.

Hoy tenemos una gran responsabilidad histórica: unir las fuerzas progresistas alrededor de un proyecto que defienda la soberanía nacional, la democracia y la vida. Unirnos en torno a Iván Cepeda Castro, junto a los representantes a la Cámara y al Congreso que hacen parte del Pacto Histórico, para defender a Colombia y también a nuestras comunidades en el exterior, sin importar si se identifican como de derecha o de izquierda.

Concluyo con una convicción profunda: el presidente Petro tiene razón. En todo este recorrido no he encontrado una sola persona que tenga el corazón en la derecha. Porque somos semejantes: el corazón siempre lo llevamos a la izquierda.

El llamado es claro y contundente:

Cámara y Senado con Cepeda presidente.

Marcamos Pacto Histórico/Con respeto y esperanza.

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Haciendo un análisis político valioso y detallado de la situación del Pacto Histórico en la región de Urabá. Como ciudadano y activista sindical de la región, realizaré una argumentación, precisando dos aspectos, especialmente en la diferenciación del Pacto Histórico frente a la política tradicional.

Análisis político: La Configuración del Pacto Histórico en Urabá

La dinámica política del Pacto Histórico (o Colombia Humana) en la región de Urabá es un caso paradigmático de la tensión entre el activismo de base y la política electoral tras el ascenso al poder de Gustavo Petro.

El Momento fundacional y la base social

La dirigencia original y las bases que impulsaron el proyecto de Gustavo Petro en Urabá antes de la segunda vuelta presidencial estuvieron históricamente ligadas a:

Organizaciones Sociales: Movimientos de base con arraigo territorial y demandas sociales específicas.

 Activismo sindical: Liderazgos provenientes de sectores laborales y gremiales.

Esta composición inicial le otorgó al Pacto Histórico una legitimidad histórica y programática en la región, diferenciándolo de los partidos tradicionales. Su fuerza radicó en la movilización social, no en las estructuras clientelistas.

Giro pragmatismo y la ampliación post-segunda vuelta

El triunfo en la segunda vuelta representó un punto de inflexión que transformó la composición de la coalición. A la base inicial se sumaron; coyunturalmente, * Sectores No Visibles de Izquierda: Grupos y líderes que, si bien compartían afinidad ideológica, no contaban con la misma visibilidad o capacidad de movilización que el activismo sindical, Y * Actores de la Política tradicional: Elementos provenientes de partidos tradicionales en la región que buscaron alinearse con el nuevo poder central.

Esta última adhesión nos debe llevar a un cuestionamiento ligero que iguale automáticamente al Pacto Histórico con la política tradicional. Es crucial distinguir entre:

 * La estructura original y su estructura (ligado a la lucha social).

 * El pragmatismo de la ampliación de la coalición (necesario para la gobernabilidad, pero que introduce riesgos).

Riesgos políticos y la necesidad de articulación

La principal crítica constructiva que se debe plantear a la dirigencia del Pacto Histórico en Urabá es la necesidad urgente de ser escuchada y reconocida por la Dirección Nacional.

La falta de articulación entre la base regional histórica y la cúpula nacional genera una vulnerabilidad estratégica. Esto puede crear el espacio propicio para que los grupos y dirigentes de la política tradicional, que históricamente han operado mediante métodos clientelistas:

Intenten Cooptar y Dividir: Mediante el uso de recursos económicos (la «chequera») para «comprar conciencias» y desmantelar la base social del Pacto, tal como ha sido su modus operandi en ciclos electorales anteriores.

Desvirtúen el mandato programático: Al privilegiar los acuerdos clientelistas sobre las demandas de las organizaciones sociales que iniciaron el proyecto.

La dirigencia nacional del Pacto Histórico debe priorizar la consolidación de sus bases sociales y la lealtad a sus líderes fundacionales en Urabá para blindar la coalición contra la injerencia de los grupos tradicionales que buscan perpetuar las prácticas clientelistas. La supervivencia de su diferenciación política depende de ello.

Por ello se hace necesario, especialmente para evitar cuestionamientos ligeros mirar cuales son los riesgos que enfrenta el Pacto Histórico en la Región de Urabá

Pragmatismo Político Se refiere a la flexibilidad táctica y la adaptación de las estrategias para lograr un objetivo superior (e.g., gobernabilidad, aprobación de reformas). Implica hacer alianzas con sectores dispares sin sacrificar los principios fundamentales.

Necesidad de gobernabilidad: Implica aliarse con líderes o grupos que, sin ser ideológicamente afines, son necesarios para obtener mayorías legislativas o respaldo regional. El riesgo es que estas alianzas se conviertan en cooptación, donde el fin de la reforma justifique los medios cuestionables.

Clientelismo Un sistema de intercambio asimétrico de votos o apoyo político por beneficios particulares (puestos de trabajo, contratos, dádivas). Se basa en la lealtad personal o grupal a un líder, no en el programa o la ideología. La Amenaza Tradicional: Se manifiesta cuando los nuevos aliados de la política tradicional buscan intercambiar su apoyo por cuotas de poder (la «chequera» que mencionaste), con el fin de obtener control sobre la burocracia local o los recursos públicos, desviando el foco del Pacto Histórico de su base social.

Según lo anterior el dilema del Pacto Histórico en Urabá, al pasar de ser un movimiento de oposición a ser el partido de gobierno, se enfrenta a este dilema:

Riesgo de confusión: La dirigencia nacional puede justificar la acogida de líderes tradicionales como un acto de pragmatismo (ampliar el apoyo), mientras que, a nivel regional en Urabá, estos líderes pueden estar aplicando clientelismo para desmantelar la base social del Pacto y asegurar sus propios intereses.

Corrupción del Ethos: El clientelismo no solo implica el intercambio de favores, sino que corrompe la narrativa política. Si el Pacto Histórico termina entregando cuotas de poder a quienes históricamente han usado el clientelismo, se debilita su capacidad para presentarse como una alternativa radicalmente diferente a la política tradicional.

La lección de la base: La fuerza histórica del Pacto en Urabá reside en el activismo sindical y social. Si el poder político se negocia con grupos tradicionales en detrimento de la representación de estas bases, el Pacto no solo pierde votos, sino su legitimidad y razón de ser como proyecto de cambio.

En resumen, el pragmatismo debería ser un instrumento para alcanzar las metas programáticas; el clientelismo es un fin en sí mismo: el mantenimiento del poder personal o grupal a costa de los intereses colectivos. El principal reto es evitar que la necesidad pragmática de gobernar se convierta en la aceptación tácita de prácticas clientelistas en regiones estratégicas como Urabá.

*Abogado y activista sindical.

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Entonces si era cierto que el gran sheriff llevaba rato desvariando y los republicanos se negaron a creerlo y lo  terminaron  reeligiendo.

El mundo en un silencio  temeroso de  que un presidente megalómano  al límite terminará haciéndolo víctima de su colapso mental  arrastrándolo a una nueva confrontación mundial porque las otras naciones que sienten amenazadas sus posiciones de poder ya se preparan para reaccionar ante el primer tiro que el loco del norte le de por disparar, con mayores veras cuando ha convertido a Venezuela y  a Colombia , dos países tercermundistas y sin ínfulas de disputarle el poder a país alguno, en víctimas propiciatorias de su agresión al mundo, pretensión que ha sido aupada por la torpe y cipaya  oposición colombiana, que traicionando su patria ha ido a pedirle al psicópata gobernante americano que cuando invada Venezuela también lo haga con nosotros  y que de paso también defenestrar al presidente Petro!!

Cree esa gavilla de oportunistas que se sienten presidenciables y que en manada, como lo hacen algunas especies animales que asesinan al macho alfa, creen poder intentar con éxito derrotar  al Pacto Histórico, que seguirá en el gobierno con Cepeda como presidente, acudiendo a métodos violentos que nos recuerda aciagas décadas pasadas cuando los militares derrocaban presidentes, a lo largo y ancho  de Latinoamérica, con la ayuda de la CÍA  y los militares gringos, es esto lo que quiere reeditar  la derecha colombiana? Así signifique tener que hipotecarle el alma al demonio que gobierna a los Estados Unidos y que sus mismos compatriotas empiezan a temer por su salud mental, bajo la cual el SR. viene tomando decisiones peligrosas no solo para ellos como nación sino también para el mundo por comprometer la seguridad nacional de terceros países.

Robert De Niro en YouTube:

https://youtu.be/p6BZgJZhfMc?si=KulSo-TLGc-d6eyF

Cada vez más cerca del fascismo

“Pablo Iglesias habla de la izquierda que compra el marco racista de la derecha”

La Narrativa de la derecha se posiciona cada vez con más fuerza en el mundo a propósito del espacio que deja  una  izquierda temerosa de construir  un discurso abierto y  sin ambages ni  metáforas que hagan mas complejo el sentido de lo que debe reivindicar ese discurso, que de no ser  claro terminará subsumido por  un supuesto centro que a la hora de la verdad puede terminar convirtiendo a esa izquierda en idiota útil de la derecha en tanto que terminará eventualmente subida en el bus que mueve  la narrativa reaccionaria de la derecha, cada vez más cercana al fascismo.

Me parece útil   convocar a la izquierda a dar este debate con mayores veras ahora en esta  época pre electoral, cuando  nos distraen con conceptos tan etéreos como centro izquierda y centro derecha, los  mismos que terminan siendo distractores que pone  la derecha para confundir algunos sectores progresistas que poco a poco se han ido acercando a la izquierda colombiana y, a los que debemos recibir  y tratar con la empatía merecida con quienes hoy nos respaldan como Pacto Histórico.

Firmas compradas

Entonces  la manada de  candidatos  que se le quieren atravesar al Pacto Histórico no solo compraron paquetes de firmas en una especie Dollarcity de firmas, sino que entre todos ellos terminaron llevando ante la Registraduría tantos millones de firmas, compradas en esos especies de supermercados, que al parecer entre todos ellos llevaron firmas que suman muchos millones más de lo que es el numero de colombianos que pueden votar.

No será que la registraduria terminará dudando de la validez de tanta firma? Y por tanto del fraude con el que pretenden legitimar sus aspiraciones presidenciales?

https://www.tiktok.com/tiktoklite

Por la Constituyente

No le demos mas vueltas al asunto. La tarea es emprender desde ya, y hacerlo a nivel nacional, La recolección de esos 14 millones de firmas  con miras a la convocatoria popular de la Asamblea Nacional Constituyente !!

Podrá negarse la Corte Constitucional a darle vía librea a una iniciativa popular respaldada por semejante cantidad de colombianos?

Tenemos entonces dos tareas que podemos  cumplir de manera paralela :

Elegir a Cepeda y conseguir 14 millones de firmas para respaldar la convocatoria popular de la Asamblea Nacional Constituyente. Pongamos a prueba la experticia adquirida en materia organizativa en estos cuatro años del Gobierno del Cambio

Y ya deberían nuestros parlamentarios estar creando un comité nacional para respaldar la iniciativa con una recolección nacional de firmas a lo largo y ancho del país,mientras hacemos campaña para Congreso y Presidencia.

Si logramos respaldar la propuesta de Constituyente  con un abultado numero de firmas, esa constituyente no la para nadie !!

“Vamos por 14millones de firmas para la constituyente: https://www.facebook.com/share/v/1CPkWybPTG/

Minusválidos electorales

«El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia»

El desespero del gran señor de las sombras.

Como estará de angustiado el expresidente Uribe que sin discusión alguna entrega a Paloma Valencia, su joya de la corona, que ostenta el gran caudal electoral del 1.3%,  a una asociación de minusválidos electorales que entre todos suman algo así como el  3%!!!

 Será que Uribe, el viejo zorro electoral, cree de verdad que la Paloma puede tener alguna opción aun asociada a ese montoncito de votos?

Todos a la derecha

«La gran consulta terminó abrazando a la derecha»

Hasta la pose de las ingenuas minorias es ridícula !! Esos abrazos en una artificial  fraternidad entre algunos sujetos que en el pasado y aun en el presente  se maltrataron, tiene que dar la sensación de hipocresía!!! Y mayor es la  pena ajena que inspiran cuando los lectores hacemos el ejercicio de sumar los voticos que cada uno tiene y se topa con que entre todos no alcanzan a sumar el margen de error de la encuesta.

Palos de ciego

 https://www.infobae.com/colombia/2025/12/16/: “Paloma Valencia anuncia apoyo a Fajardo y  De La Espriella si pasan a segunda vuelta”

Esta es la prueba de que ni el Centro Democrático pero tampoco ninguno otro grupo de esa manada de huérfanos del electorado, tiene plataforma programática alguna y carecen por tanto de propuestas para transformar el país o solucionar sus problemas. A esa gavilla solo la une la pulsion primaria de derrotar a Petro al costo que sea!! Aún entregándole gratuitamente el alma diablo de ser necesario.

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Colombia enfrentará el próximo año unas elecciones que podrían marcar su rumbo por largo tiempo. A primera vista, puede parecer una jornada electoral más para elegir presidente y congresistas. Sin embargo, en el fondo se trata de una contienda trascendental que definirá el destino del país. Lo que está en juego es un pulso entre la voluntad popular y la presión de poderes internos y externos que buscan imponer su propia visión sobre el futuro de Colombia.

El contexto internacional envía señales que no podemos ignorar. En Estados Unidos, políticos como Donald Trump han abandonado cualquier apariencia de neutralidad. Sus declaraciones públicas revelan una clara intención de intervenir en los asuntos internos de Colombia, utilizando la lucha contra las drogas como pretexto para avanzar en sus objetivos geopolíticos de control regional.

Esta amenaza no es solo retórica. Se expresa en hechos concretos, como presiones económicas, discursos intimidantes y la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Esta medida, lejos de ser un trámite administrativo, constituye una calumnia y una agresión política con graves repercusiones para la imagen y la estabilidad del país.

Pero esta injerencia no actúa sola. Encuentra aliados dentro de Colombia. Sectores del gran capital y representantes de la vieja política han decidido alinearse con esta ofensiva externa para proteger sus privilegios. No defienden la democracia ni el bienestar nacional. Defienden sus intereses particulares aunque ello implique socavar la soberanía y perpetuar la desigualdad que ha golpeado por décadas a la mayoría de los colombianos.

Para estas élites, el proyecto progresista representa una amenaza existencial, no porque gestione mal, sino porque se atreve a cuestionar y transformar un orden económico construido para beneficio de pocos. Por eso recurren a una estrategia de sabotaje constante: bloqueo de reformas en el Congreso, judicialización selectiva y campañas de desprestigio que se multiplican en los grandes medios.

La oposición ha sustituido el debate de ideas por una guerra emocional. En lugar de proponer alternativas, promueve el miedo y alimenta la rabia social con narrativas fabricadas. Moldean emociones, crean enemigos imaginarios y buscan que la desconfianza se instale como un estado permanente. Así intentan despojar a la democracia de su sentido deliberativo y convertirla en un espectáculo de manipulación emocional.

Colombia se encuentra en una encrucijada histórica donde se enfrentan dos visiones incompatibles: una restauración conservadora que alimenta los fantasmas del pasado y una propuesta de transformación democrática que lucha por sobrevivir en un terreno lleno de obstáculos y sabotajes.

Las elecciones de 2026 no serán un simple trámite institucional. Serán una prueba de nuestra madurez como sociedad ante la manipulación digital, la presión extranjera y la violencia política. En este ambiente hostil, el progresismo tiene el enorme reto de demostrar que la política puede ser honesta, transparente y conectada con las aspiraciones populares sin recurrir a engaños ni simulaciones.

La batalla decisiva será defender el proyecto de transformación frente a quienes buscan imponer retrocesos que ya superamos como sociedad. Defender el cambio significa reafirmar que la dignidad humana y la justicia social no se negocian. Implica disputar la verdad frente a la mentira organizada e impedir que la resignación vuelva a ser la norma. Y reafirmar que la soberanía no se mendiga ni se delega, sino que se ejerce con decisión política y con la fuerza activa del pueblo.

El cambio no puede reducirse a un simple relevo de nombres en el Congreso o la Presidencia. Requiere consolidar un pacto ético y cultural —un verdadero pacto histórico— que transforme la manera en que concebimos el Estado, la economía y la vida en comunidad. Con la convicción de que la política debe recuperar su sentido de servicio público, y de que el Estado ha de reafirmar su papel como garante del bien común, de los derechos colectivos y de la justicia social, no como una empresa subordinada a intereses privados. La transformación auténtica comienza cuando la ciudadanía asume una participación consciente y activa, deja de ser espectadora de las decisiones y se reconoce como sujeto político capaz de construir, junto con otros, el destino común de la nación.

La lucha por la soberanía también es una lucha por la independencia del pensamiento. Colombia necesita liberarse del tutelaje ideológico que impone la dependencia económica y mediática. No habrá soberanía mientras los grandes medios corporativos de información determinen qué es verdad, qué es progreso y qué debe pensar la gente. Por eso, defender el cambio implica también democratizar la información, fortalecer la educación pública y promover una ciudadanía crítica capaz de resistir la manipulación masiva.

El 2026 será más que una fecha electoral. Será una oportunidad histórica para decidir si seguimos atrapados en los círculos del miedo o si nos atrevemos a construir un país más digno, más justo y más libre. La historia no está escrita. Cada voto para preservar lo que hemos logrado, cada conciencia despierta, puede ser la semilla del comienzo de una nueva etapa en la larga búsqueda de justicia y soberanía que Colombia merece.

La soberanía se ejerce cuando la memoria histórica nos protege del olvido, cuando la ciudadanía se une para decidir su destino sin tutelas externas ni élites que pretendan monopolizar el futuro. En un país donde se intenta gobernar desde el miedo, imaginar un porvenir más justo es un gesto de valentía.

El futuro de Colombia no lo escribirán quienes buscan controlarla. Lo escribirán las y los colombianos que se niegan a renunciar a la esperanza. Soñar, pensar críticamente y votar con conciencia son hoy los actos más profundos de resistencia.

El país que queremos aún está en nuestras manos… y estamos a tiempo de defenderlo.

*Ingeniero Químico- Profesor de la Universidad de Antioquia

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La reciente consulta del Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre, me deja una mezcla de sensaciones encontradas. Por un lado, reconozco el enorme valor democrático de un ejercicio que convocó a más de 2,7 millones de ciudadanos, un hecho que reafirma la vitalidad política de la izquierda colombiana. Sin embargo, también percibo las grietas internas de una coalición que, aunque celebra su capacidad de movilización, enfrenta tensiones profundas en su estructura y liderazgo.

No puedo negar que la victoria de Iván Cepeda con más del 65 % de los votos constituye un hito para el progresismo. Su triunfo representa el respaldo a una figura que ha construido su carrera sobre la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. En lo personal, valoro que esta consulta haya servido para institucionalizar al Pacto Histórico como una fuerza política con mecanismos democráticos propios, alejándose de la improvisación que en otras épocas marcó a los movimientos alternativos.

Este proceso interno evidenció una izquierda más organizada, capaz de debatir públicamente y dirimir sus diferencias en las urnas. La introducción de las listas cerradas con alternancia de género (cremallera) es, sin duda, un paso hacia la paridad y la modernización política. Pero, más allá de las formas, la consulta demuestra que el Pacto Histórico ha logrado consolidar una base social movilizada, que reconoce en este proyecto una alternativa real frente a la política tradicional.

No obstante, como ciudadano, no puedo ignorar que el proceso también dejó heridas abiertas. La retirada de figuras como Daniel Quintero, alegando falta de garantías jurídicas y los constantes ataques hacia Carolina Corcho, reflejó la persistente desconfianza entre sectores progresistas. Esta situación plantea una pregunta crucial: ¿puede un movimiento avanzar hacia la unidad si internamente prevalecen los intereses personales sobre la visión colectiva?

En mi opinión, el Pacto Histórico corre el riesgo de caer en una autocomplacencia peligrosa. Ganar una consulta interna es importante, pero no garantiza el éxito en las elecciones de 2026. La verdadera prueba será construir un proyecto que trascienda la retórica ideológica y se traduzca en resultados concretos para el país. Si la coalición no logra superar sus diferencias internas y ampliar su base hacia sectores moderados, su victoria podría ser efímera.

El panorama político que deja esta consulta es complejo. Iván Cepeda emerge como el líder indiscutible del progresismo, pero su desafío será mantener cohesionada una coalición diversa, con tensiones entre movimientos sociales, sectores sindicales, feministas y corrientes más institucionales. En lo personal, creo que esta elección no solo definió un candidato, sino también el tipo de liderazgo que la izquierda ofrecerá al país: uno que puede optar por el diálogo y la inclusión, o caer en el sectarismo que históricamente ha limitado sus avances.

La consulta del Pacto Histórico, con todas sus luces y sombras, representa una oportunidad para demostrar que la izquierda colombiana puede gobernar con responsabilidad, pluralismo y visión de país. No basta con movilizar a millones de simpatizantes; se requiere construir confianza y credibilidad ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. Si Cepeda logra tender puentes con los sectores independientes y garantizar gobernabilidad, este proceso podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política nacional.

En lo personal, me quedo con una convicción: Colombia necesita más debates como este, más participación ciudadana, más ejercicios de democracia interna. Pero también necesita menos egos, menos fragmentación y más sentido de propósito. De lo contrario, la consulta que hoy celebramos podría ser recordada no como un triunfo, sino como la antesala de una oportunidad desperdiciada.

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El senador Iván Cepeda Castro confirmó que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal. La determinación del congresista del Pacto Histórico busca agotar todas las instancias judiciales posibles en un caso que continúa generando profundas divisiones en la opinión pública.

Cepeda insiste en la revisión del fallo

Un proceso judicial de largo alcance

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena impuesta en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, marcó un giro significativo en el proceso. Sin embargo, Cepeda aseguró que la batalla jurídica no ha terminado y que las víctimas “tienen el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia”. El senador señaló que, una vez conocida la lectura completa del fallo y del voto disidente de la magistrada María Leonor Oviedo, procederá con la radicación formal del recurso.

Este anuncio fue acompañado por el abogado penalista Miguel Ángel del Río Malo, defensor de las víctimas, quien afirmó que “nos vamos a casación, esta batalla no ha terminado”, reiterando el compromiso del equipo jurídico con la búsqueda de justicia.

Reacciones políticas y respaldo a las víctimas

El pronunciamiento de Cepeda también fue respaldado por la precandidata presidencial Carolina Corcho, quien manifestó su desacuerdo con la absolución del líder del Centro Democrático. La dirigente enfatizó que “respetamos y acatamos las decisiones de la justicia, pero las víctimas tienen derecho a apelar”, subrayando la importancia de que las instituciones mantengan un equilibrio entre el respeto al debido proceso y la garantía de los derechos de quienes se consideran afectados.

Corcho aprovechó el momento para cuestionar la lentitud de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que involucran al expresidente, argumentando que esta situación “evidencia la necesidad de una reforma profunda al sistema de justicia colombiano”.

El recurso de casación como última instancia

Un instrumento para revisar decisiones judiciales

El recurso de casación es considerado la última oportunidad procesal que tienen las víctimas o las partes interesadas para solicitar la revisión de una decisión judicial. En este caso, el objetivo de Cepeda y su equipo es lograr que la Corte Suprema de Justicia examine la validez jurídica del fallo absolutorio, en especial frente a los argumentos expuestos por el voto disidente dentro del tribunal.

Los analistas coinciden en que esta acción mantendrá vigente el debate jurídico y político alrededor del caso Uribe, el cual se ha convertido en uno de los procesos más emblemáticos en la historia judicial reciente del país.

Implicaciones para la justicia y la política nacional

El anuncio de Cepeda ocurre en un contexto de polarización política y de desconfianza ciudadana frente al sistema judicial. La discusión trasciende lo jurídico y plantea preguntas sobre la independencia de las instituciones y la forma en que se administran los procesos contra figuras públicas de alto perfil.

Algunos sectores interpretan la absolución de Uribe como una reivindicación de su inocencia, mientras otros la consideran un reflejo de las debilidades estructurales del aparato judicial. En medio de esta controversia, el recurso de casación adquiere un valor simbólico como una oportunidad para restablecer la confianza en la justicia y garantizar que las decisiones se tomen con total transparencia.

Un nuevo capítulo en la historia judicial de Uribe

Expectativa ante la Corte Suprema

Con la interposición del recurso, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si admite o no la revisión del caso, un proceso que podría extenderse varios meses. La decisión marcará el futuro de una controversia que, desde su inicio, ha tenido un fuerte impacto en el escenario político nacional.

Los movimientos aliados de Cepeda y del Pacto Histórico han anunciado que acompañarán públicamente la estrategia jurídica, mientras el expresidente Uribe y su defensa han evitado pronunciarse en detalle, limitándose a expresar respeto por las decisiones judiciales.

La tensión entre los sectores políticos promete intensificarse en las próximas semanas, especialmente en medio de la campaña presidencial, donde este tema podría convertirse nuevamente en un punto de debate central.

El país sigue con atención este nuevo episodio judicial que pone a prueba la solidez del sistema judicial colombiano y la madurez democrática de sus instituciones. El caso Uribe-Cepeda continúa siendo un espejo de las tensiones entre la justicia y el poder político en Colombia.

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El Pacto Histórico ratificó la realización de su consulta presidencial y legislativa para el próximo 26 de octubre de 2025, pese a la renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El movimiento, que agrupa a las principales fuerzas progresistas del país, continuará su proceso interno con los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la solicitud de garantías ante las autoridades electorales.

Pacto Histórico mantiene su hoja de ruta electoral

Continuidad tras la salida de Daniel Quintero

A través de un comunicado oficial, el Comité Político Nacional del Pacto Histórico confirmó que la jornada de consulta se realizará en la fecha prevista, con el acompañamiento institucional y dentro del marco legal. La decisión reafirma la voluntad del movimiento de consolidar su participación dentro del proyecto del Frente Amplio, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La renuncia de Daniel Quintero, quien argumentó riesgos jurídicos en la naturaleza interpartidista del proceso, no modificó la agenda interna del movimiento. El Pacto Histórico sostuvo que la consulta tendrá un carácter estrictamente partidista, lo cual permitirá que sus precandidatos continúen en la carrera electoral sin restricciones futuras.

El exalcalde de Medellín expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había “matado la consulta” al declararla interpartidista, una decisión que, según él, vulneraba los derechos políticos del movimiento. Sin embargo, tanto Cepeda como Corcho manifestaron su firme decisión de continuar en la contienda y de exigir claridad jurídica sobre el proceso.

Exigencias de garantías y acompañamiento institucional

Solicitud de una mesa de garantías electorales

El movimiento político informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales, con el fin de asegurar condiciones equitativas y transparentes en la jornada del 26 de octubre. Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional la certificación formal del acuerdo de consulta y la definición de sus efectos jurídicos.

Estas solicitudes buscan disipar las dudas en torno al tipo de consulta que se realizará y evitar futuras inhabilidades. Según la legislación electoral, una consulta interpartidista impide a los participantes competir en otra consulta de coalición, como la del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.

Iván Cepeda, senador y precandidato, reiteró su compromiso con la jornada del 26 de octubre, al tiempo que solicitó al CNE “una certificación por escrito sobre el carácter partidista de la consulta, en cumplimiento de la ley y de los acuerdos políticos”.

Participación ciudadana y perspectivas hacia 2026

Llamado a las bases del movimiento

En su comunicado, el Pacto Histórico invitó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, resaltando que será el espacio para definir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al movimiento en las elecciones del próximo año.

Carolina Corcho, exministra de Salud y una de las figuras más visibles dentro del movimiento, reafirmó su compromiso con el proceso interno y expresó en su cuenta en la red social X: “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”.

El movimiento destacó que la jornada del 26 de octubre constituye un paso decisivo en la consolidación de su proyecto político, enfocado en mantener la unidad del progresismo colombiano y fortalecer su representación en el Congreso.

Una cita clave para el progresismo colombiano

La decisión del Pacto Histórico de mantener su consulta pese a las dificultades demuestra una estrategia de cohesión interna frente a los desafíos jurídicos y políticos que enfrenta la coalición. El 26 de octubre será una fecha clave para medir la capacidad organizativa y el respaldo ciudadano del movimiento, en un contexto político marcado por tensiones institucionales y debates sobre la transparencia electoral.

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El Pacto Histórico ya tiene listo el tarjetón para la consulta presidencial que se celebrará el próximo 26 de octubre. Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero serán los tres aspirantes que competirán por la candidatura única del movimiento de izquierda, en un proceso que busca consolidar la figura que intentará suceder al presidente Gustavo Petro.

El orden en el tarjetón presidencial

Sorteo de posiciones

La ubicación de los precandidatos se definió mediante un sorteo por balotas. Carolina Corcho ocupará el primer lugar en el extremo izquierdo, Iván Cepeda estará en el segundo lugar en el centro de la boleta y Daniel Quintero aparecerá en la tercera posición, ubicada a la derecha del tarjetón. Esta distribución fue confirmada tras la reunión del colectivo político, en la que también se revisaron aspectos logísticos de la consulta.

Reglas para participar en la consulta

El proceso será de carácter abierto, lo que significa que podrán votar quienes se identifiquen con el movimiento. Cada votante podrá apoyar únicamente a un precandidato, y no se permitirá la doble militancia, garantizando así mayor claridad y legitimidad en el respaldo de las candidaturas.

El camino hacia el Congreso

Sorteo de listas legislativas

El Pacto Histórico también definió las posiciones de sus aspirantes al Congreso. Un total de 535 precandidatos fueron inscritos, de los cuales 145 buscan llegar al Senado y 390 a la Cámara de Representantes. Al igual que en la consulta presidencial, el orden se estableció por sorteo.

Distribución por corporación

En el caso del Senado, la lista será nacional, por lo que los votantes podrán elegir a cualquier aspirante en cualquier región del país. Para la Cámara de Representantes, las listas serán regionales, y variarán según cada departamento. Bogotá, Medellín y Cali concentran el mayor número de aspirantes, dado el peso electoral y la representación política de estas ciudades.

Unidad y proyección política del movimiento

Reunión de líderes del Pacto Histórico

Previo a la definición del tarjetón, los precandidatos se reunieron con figuras clave del movimiento como María José Pizarro, quien renunció a la aspiración presidencial para encabezar la lista al Senado, así como con otros referentes de la izquierda como Gabriel Becerra, David Racero e Isabel Zuleta. Este encuentro buscó reforzar la cohesión interna y preparar el terreno para una consulta abierta que fortalezca la unidad del bloque.

Retos hacia el 2026

El Pacto Histórico llega a esta consulta con el desafío de consolidar su proyecto político tras los resultados de 2022, en los que obtuvo 47 curules en el Congreso. La elección del candidato único a la Presidencia y la renovación de sus listas legislativas marcarán el rumbo del movimiento de cara a las elecciones generales de 2026.

El Pacto Histórico inicia así una etapa decisiva en su agenda política, con un proceso que no solo definirá al sucesor de Petro dentro del movimiento, sino que también pondrá a prueba su capacidad de mantener cohesión y ampliar su respaldo electoral en el país.

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El Pacto Histórico definirá su rumbo político en 2026 a través de una consulta interna que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, en la que competirán tres precandidatos: Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. La decisión, que revierte un anuncio previo de descartar la consulta, surge en medio de fuertes tensiones internas que han dejado al descubierto las fracturas en el movimiento de izquierda.

Cepeda, Quintero y Corcho en la contienda

Una terna definida tras semanas de polémicas

El Comité Político del Pacto Histórico decidió que Cepeda, Quintero y Corcho sean los nombres en la consulta. Esta determinación respondió directamente a la postura del presidente Gustavo Petro, quien desautorizó a su propio partido exigiendo que “el pueblo tenga derecho a elegir sus candidatas o candidatos”. Con ello, el oficialismo busca legitimar la escogencia de su abanderado presidencial mediante el voto de las bases.

La exclusión de Bolívar y su inconformidad

Un crítico de Quintero queda por fuera

El exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quedó excluido de la baraja de precandidatos, pese a que aspiraba a representar al movimiento. Bolívar fue uno de los más críticos de Daniel Quintero, al señalar que “no es capaz de apoyarlo, sabiendo lo que ha hecho”, y cuestionó si el Pacto entregaría “las luchas históricas de la izquierda a la cleptocracia”. Aunque no se ha definido si mantendrá su aspiración por fuera de la consulta, su salida refleja la dificultad del Pacto Histórico para mantener la unidad interna.

Tensiones y respaldos en medio de la campaña

Cepeda como favorito en la consulta

La inscripción de Daniel Quintero estuvo acompañada de un mensaje desafiante: “Los que le tengan miedo al pueblo que no se inscriban. El Pacto, unido, jamás será vencido”. Sin embargo, las fracturas internas contradicen ese discurso. Mientras tanto, varios aspirantes renunciaron a sus candidaturas y decidieron respaldar a Iván Cepeda, quien se perfila como el favorito de la contienda interna. Carolina Corcho, exministra de Salud, completa la terna y representa una visión alternativa dentro del movimiento.

La consulta interna del 26 de octubre no solo busca definir un candidato, sino también poner a prueba la cohesión del Pacto Histórico frente a los comicios de 2026. Aunque la decisión temporalmente baja la tensión política, las confrontaciones entre sus líderes revelan los desafíos que enfrentará la coalición para llegar unida a la elección presidencial.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la creación del Pacto Histórico como partido único, con miras a las elecciones de 2026. La decisión, sin embargo, generó un giro inesperado: Colombia Humana, el movimiento del presidente Gustavo Petro, quedó excluido de la unificación, junto con Progresistas y la Minga Indígena, lo que abre interrogantes sobre el futuro de las candidaturas y las listas al Congreso.

La decisión del CNE y sus alcances

Unificación parcial de fuerzas de izquierda

Con ponencia del magistrado Altus Baquero, respaldada por la totalidad de los magistrados del CNE, se aprobó la fusión de la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano. Estas colectividades conformarán el nuevo Pacto Histórico como partido con personería jurídica, dejando atrás su condición de coalición.

Exclusión de tres agrupaciones clave

El tribunal electoral determinó que Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena no cumplían los requisitos legales para integrarse a la fusión. En el caso de Colombia Humana, no se alcanzó el quórum de afiliados exigido en los estatutos. La Minga no cuenta con personería jurídica y Progresistas tiene una personería condicionada, ya que aún están pendientes sanciones relacionadas con el MAIS.

Implicaciones jurídicas de la decisión

Condicionamientos para la personería del Pacto

El CNE dejó en claro que la personería jurídica del nuevo partido está condicionada a la resolución de procesos sancionatorios vigentes contra las agrupaciones que se unieron. Estos deberán resolverse antes del 8 de noviembre de 2025, fecha de apertura de inscripciones para el Congreso. De surgir sanciones posteriores, el Pacto Histórico deberá asumirlas como partido único.

Retos administrativos y políticos

La decisión obliga al naciente partido a enfrentar con rapidez los trámites pendientes y a resolver disputas legales que podrían complicar su participación plena en las elecciones legislativas y presidenciales. Este panorama plantea un reto mayúsculo para la consolidación de la nueva estructura política.

Impacto en las elecciones de 2026

Precandidaturas en riesgo

La exclusión de Colombia Humana y Progresistas afecta directamente a precandidatos como Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro y Susana Muhamad, quienes no podrían participar en la consulta prevista para el 26 de octubre de 2025. Este escenario deja en suspenso la definición de un candidato presidencial único dentro del Pacto.

Repercusiones en las listas al Congreso

Además de la incertidumbre sobre las candidaturas presidenciales, la conformación de listas al Congreso también se verá impactada. La salida de figuras clave de Colombia Humana y Progresistas podría fragmentar el espectro político de izquierda y limitar las opciones de representación en el nuevo partido.

La decisión del CNE marca un punto de inflexión en el panorama político de cara a 2026. Si bien el Pacto Histórico avanza hacia su consolidación como partido único, la exclusión de movimientos estratégicos como Colombia Humana podría debilitar su capacidad de unificar a la izquierda en torno a un solo proyecto político.

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