Prosperidad Social, en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entregó en el municipio de Necoclí, 1.700 kits de ayudas humanitarias con elementos de protección, dirigidos a familias afectadas por la temporada atípica de lluvias registrada este año en la región.

Las jornadas de entrega se realizaron con el acompañamiento de la administración municipal y se desarrollaron en las veredas Mello Villavicencio, Pueblo Nuevo, Villa Sonia, Santa Fe de la Islita, Santa Fe del Tun Tun, Semana Santa, Olleto y El Totumo, con el propósito de llegar a las comunidades más afectadas por la emergencia.

La gerente regional de Prosperidad Social en Urabá, Diana Patricia Álvarez Torres, señaló que: “Prosperidad Social recibió esta donación de ropa, zapatos y otros elementos de protección, por parte de la DIAN y, en un proceso de articulación con la administración municipal, hoy estamos sumando al bienestar de miles de personas que padecieron considerablemente durante la temporada atípica de fuertes lluvias que golpeó a nuestra región”.

Agregó que “Con estas donaciones cerramos una intervención que reafirma el compromiso de seguir presentes en los momentos en que nuestras comunidades más lo necesitan, trabajando unidos por el bienestar y la recuperación de las familias del Urabá antioqueño”.

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En este contexto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, visitó el municipio de Cereté y la Ciénaga de Corralito para acompañar las acciones orientadas a restablecer los flujos naturales del agua en el sistema de humedales del Bajo Sinú.

Durante la jornada, la ministra dialogó con comunidades campesinas y pescadoras del territorio y recogió información clave sobre la situación de los predios en la zona de la ciénaga.

Durante años, en esta zona se construyeron jarillones de manera irregular que interrumpieron el flujo natural del agua entre el río Sinú y la Ciénaga de Corralito, alterando el funcionamiento del ecosistema y aumentando la vulnerabilidad del territorio frente a las inundaciones.

Acciones

Durante la intervención se realizó la apertura del jarillón norte, de aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud, mediante cuatro secciones ejecutadas con maquinaria amarilla. Estas aperturas permitieron restablecer de manera efectiva el flujo natural del agua entre el río Sinú y la Ciénaga de Corralito, sin generar afectaciones para las comunidades aledañas y garantizando la recuperación de la funcionalidad ecológica del ecosistema.

Estas acciones buscan restablecer la conectividad hidráulica entre los humedales, permitir que el agua recupere su recorrido natural y avanzar en la restauración ecológica de uno de los sistemas de ciénagas más importantes del Caribe colombiano.

Entrega de tierras

La ministra Vélez Torres escuchó de primera mano a los campesinos de Cereté y articuló acciones con el director de la ANT, Juan Felipe Harman. Como resultado de este trabajo conjunto, la Agencia adjudicó dos bienes rurales de 105,52 y 83,94 hectáreas a las asociaciones campesinas Apacis, Asoparcer y Asopico. Uno de estos predios colinda directamente con la Ciénaga de Corralito y había permanecido durante años ocupado por estructuras criminales.

Con la recuperación de estos predios y la restauración del sistema de humedales, las comunidades podrán fortalecer sus medios de vida mediante actividades como la agricultura y la pesca, en un territorio donde el agua y la tierra forman un mismo sistema de vida.

Las acciones adelantadas hacen parte de una estrategia más amplia del Gobierno Nacional para recuperar el funcionamiento ecológico del Bajo Sinú, prevenir nuevas emergencias por inundaciones, y garantizar justicia ambiental y social para las comunidades del territorio.

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En desarrollo del Decreto 0175 de 2026, el programa impulsará el acceso a financiamiento para recuperar cultivos, reponer activos productivos y restablecer la actividad agropecuaria en los ocho departamentos afectados: Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El programa, que estará vigente a partir del 7 de abril, movilizará hasta 2 billones de pesos en créditos de redescuento en las zonas afectadas, junto con 153.000 millones de pesos en incentivos y subsidios, así como 80.000 millones de pesos en garantías especiales del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

La prioridad del programa será apoyar a pequeños productores, asociaciones campesinas y organizaciones rurales en los municipios afectados por la emergencia, mediante instrumentos orientados a la recuperación productiva y a la gestión integral del riesgo agropecuario.

Entre ellos se contemplan subsidios a la tasa de interés, apoyos al seguro agropecuario, incentivos de recuperación productiva, garantías y asistencia técnica para la gestión integral de riesgos agropecuarios.

La ministra de Carvajalino manifestó que “el restablecimiento productivo de las familias rurales afectadas por la emergencia climática es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro».

Asimismo, destacó que este programa hace parte de la Revolución por la Vida: garantizar que campesinos, campesinas y productores cuenten con financiamiento, seguros y asistencia para recuperar sus cultivos y su capacidad productiva.

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) ejecutará este programa, a través del Banco Agrario y de los demás intermediarios financieros.

“Este programa especial de crédito para el restablecimiento productivo es una alternativa financiera para la recuperación productiva de las zonas afectadas por la emergencia climática. Mediante la combinación de subsidios a la tasa de interés, y apoyos para la asistencia técnica, el Gobierno nacional busca recuperar la actividad productiva, fomentar la gestión del riesgo y promover nuevos proyectos de infraestructura y agroindustria», explicó Jimena Ruiz, presidenta (e) de Finagro.

Por su parte, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, expresó que la entidad crediticia está en total disposición de seguir apoyando a los productores, de manera particular en coyunturas climáticas como la actual, y por eso aplaudió estas nuevas medidas anunciadas por Consejo de Crédito Agropecuario.

“Esperamos que los pequeños productores, asociaciones y campesinos y campesinas en general se acerquen a nuestras oficinas a partir de la próxima semana para orientarlos y otorgarles los recursos que requieran para sus proyectos productivos, con todos los beneficios que conllevan las nuevas disposiciones», sostuvo.

Las seis líneas de apoyo

El Ministerio anunció que para atender las distintas necesidades de los productores y de los territorios, se habilitaron seis líneas de apoyo:

—Crédito para pequeños productores: Apoyará desde la siembra y la mano de obra hasta el alquiler de maquinaria, ofreciendo un subsidio de hasta 16 puntos porcentuales sobre la tasa de interés, una garantía de hasta 90% del valor del crédito y una cobertura de hasta el 80% en el costo del seguro agropecuario y la asistencia técnica. Por ejemplo, si una mujer rural o un campesino de ingresos bajos pide un crédito para sembrar maíz o reponer los activos que perdió por la emergencia, su tasa de interés tendría un subsidio adicional, con una tasa de interés efectiva anual de hasta el 0,3%.

—Crédito para asociaciones rurales: Apoyará proyectos colectivos de cooperativas, asociaciones y organizaciones campesinas en los eslabones de producción transformación, comercialización, multiactividad y actividades ambientales. Contempla subsidio a la tasa de hasta 14 puntos porcentuales, garantía de hasta el 90%, apoyo de hasta el 80 % en el costo del seguro agropecuario, un incentivo de recuperación productiva de hasta el 20% del valor del crédito y asistencia técnica.

De esta manera, si una asociación pide un crédito para las siembras del segundo semestre del año podría acceder a una tasa efectiva anual de hasta el 0,4%.

—Infraestructura productiva regional: Permitirá financiar inversiones a cargo de las entidades territoriales para la ejecución de obras de adecuación de tierras, infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones, así como infraestructura para almacenamiento, comercialización, centros de acopio y cadena de frío. Esta línea contempla incentivos de recuperación productiva de hasta el 13%.

—Microfinanzas rurales: Se financiarán actividades asociadas a la multiactividad rural, orientadas especialmente a apoyar la diversificación de ingresos y el fortalecimiento integral de hogares, comunidades y asociaciones rurales, así como capital de trabajo para el sostenimiento y mantenimiento de proyectos productivos.

Incluye subsidio a la tasa de interés de hasta 28 puntos porcentuales, asegurando que los productores acceden a las tasas efectivas más bajas en este segmento

(3-5%). Complementariamente, se crea una garantía de crédito de hasta el 90% y asistencia técnica.

—Medianos y grandes productores: Apoyará proyectos de producción, transformación, comercialización, multiactividad y ambientales para medianos y grandes productores afectados por la situación de emergencia económica, social y ecológica. Los grandes productores podrán acceder a crédito, pero no a subsidios directos. Los medianos productores podrán acceder a apoyo de hasta el 30% en el costo del seguro agropecuario.

—Gestión de riesgos agropecuarios: incluirá instrumentos financieros para fortalecer la protección frente a eventos climáticos anómalos, como seguros agropecuarios y herramientas de gestión integral del riesgo. Esta línea contempla asistencia técnica para la gestión adecuada de los riesgos agropecuarios.

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El director de la UNGRD le manifestó al alcalde del municipio de Acandí, Luis Fernando Martínez, que, como aporte al municipio y al departamento, desde la línea de reducción del riesgo, como proceso misional: “Vamos a aportar 3.800 millones para la adquisición de maquinaria amarilla, eso es una medida de mitigación, de prevención, para que usted acá tenga las capacidades de poder actuar antes de que se materialice, en efecto, el riesgo”.

Agregó el funcionario que, desde la Subdirección de manejo de desastres,  se destinaran más de 1.100 millones para obras de maquinaria amarilla y para que llegue de inmediato, indicó el citado director.

Adicionalmente, se acordó el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos con nuevos equipos y una camioneta 4×4 que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, según lo anuncio la entidad.

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También contiene disposiciones en materia de vivienda y hábitat, agua potable y saneamiento básico, recuperación de la red vial y financiación de la infraestructura y dotación de las instituciones de educación superior.

 Abastecimiento de alimentos

El Decreto 0212 adopta medidas extraordinarias e indispensables para garantizar y restablecer el derecho humano a la alimentación adecuada, los sistemas de abastecimiento agroalimentario, las cadenas de suministro y los medios de vida rurales.

Para cumplir con estas medidas, el Ministerio de Agricultura pone en marcha el Plan para la Reactivación Urgente, Productiva, Sostenible y Resiliente de los sistemas agroalimentarios, dirigido a mitigar y prevenir la extensión de los efectos generados por los incrementos severos de precipitaciones, inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas, vendavales y erosiones fluviales y costeras.

El decreto se aplica en las zonas afectadas de los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La norma faculta al Ministerio del agro para que movilice los recursos que le permitan dirigir de manera articulada el plan de reactivación, mediante programas de adecuación de tierras, recuperación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios y manejo adecuado del agua.

El decreto especifica que solo serán beneficiarios del plan los productores agropecuarios afectados por la emergencia, priorizando a los pequeños y medianos productores agropecuarios y las organizaciones, asociaciones, cooperativas conformadas por productores campesinos y pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos que desarrollen agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria en las zonas afectadas.

Asimismo, determina que los recursos para la implementación del plan podrán provenir del Presupuesto General de la Nación, del Fondo para el Acceso a Insumos Agropecuarios y del Fondo Nacional para la Lucha contra el Hambre, la Inseguridad Alimentaria y el Desperdicio de Alimentos.

Alivios a pequeños mineros

Entre las medidas de la emergencia está el Decreto 0213, con el cual el Gobierno busca aliviar la carga económica de los pequeños mineros afectados.

Incluye la suspensión de intereses moratorios en el pago de canon superficiario y regalías durante la emergencia y hasta seis meses después de su finalización. Asimismo, la condonación de intereses y la posibilidad de diferirlos, la suspensión de sanciones administrativas por mora y la prórroga extraordinaria de trámites de formalización o legalización minera.

Se beneficia exclusivamente a pequeños mineros, agrupados en tres grupos: los mineros de subsistencia incluidos en el ‘Módulo Génesis’, que lleva el registro de los productores individuales o familiares de extracción manual cuya subsistencia depende de la continuidad cotidiana de la actividad; los beneficiarios de procesos de formalización o legalización, y los titulares de pequeña minería.

Le corresponde a la Agencia Nacional de Minería (ANM) verificar la condición de damnificado antes de otorgar los alivios.

Servicio de energía eléctrica

Por su parte, el Decreto 0214 adopta medidas especiales y transitorias para la facturación del servicio de energía eléctrica en los departamentos incluidos en la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Entre dichas acciones se destacan:

—No habrá facturación del servicio de energía eléctrica a los usuarios afectados por la emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, declarada a través del Decreto 0150 de 2026.

—Para el pago del servicio durante el periodo anterior a la declaratoria de la emergencia económica, los prestadores deberán diferir o implementar mecanismos de pago por un plazo de 12 meses.

—Los prestadores del servicio podrán liquidar la facturación del servicio siempre y cuando resulte en una reducción del costo de la electricidad con respecto al esquema actual.

—Este régimen tarifario especial y diferencial se aplicará hasta un año después de haberse restablecido las condiciones técnicas necesarias para el suministro del servicio y los usuarios damnificados puedan hacer uso normal de los inmuebles de sus hogares.

Vivienda y hábitat

También, en desarrollo de la Emergencia Económica, el Gobierno decretó medidas excepcionales y transitorias en vivienda, hábitat y ordenamiento territorial para atender las consecuencias del frente frío de febrero y para evitar que se extiendan sus afectaciones.

El Decreto 0215 ordena que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda expedirán actos administrativos que agilicen las intervenciones y la asignación de subsidios.

Los municipios determinarán reubicaciones o reasentamientos de la población. El Minvivienda implementará programas y proyectos para restablecer las condiciones de habitabilidad a las familias damnificadas. Desde el Fonvivienda se ejecutarán las transferencias de recursos y con otras entidades garantizarán las soluciones habitacionales del caso en áreas rurales y urbanas.

En la norma se establecen los mecanismos para la entrega de kits con materiales que ayuden a la autogestión y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población damnificada, así como la oferta de soluciones en modalidades de vivienda nueva o usada, mejoramiento y autoconstrucción.

Se dará prioridad a proyectos de participación comunitaria y de economía popular para los que se les agilizarán los trámites y no requerirán licencias urbanísticas inmediatas.

El decreto incluye la focalización de recursos mediante las modificaciones presupuestales que se necesiten, así como ajustes excepcionales a los planes de ordenamiento territorial en casos como los usos del suelo y la reubicación de personas.

Los alcaldes quedan facultados para expedir actos administrativos relacionados con el mejoramiento o la construcción de vivienda.

Estas medidas excepcionales se podrán extender hasta por fuera del término de la Emergencia Económica.

Agua potable y saneamiento básico

De otra parte, el Decreto 0228, relacionado con agua potable y saneamiento básico, establece que para conjurar los efectos de la crisis el Gobierno creará un comité especial de atención y podrá celebrar negocios con sociedades fiduciarias. El Minvivienda también queda facultado para destinar rendimientos financieros directamente a atender la emergencia. Se autoriza la destinación de recursos del Sistema General de Participaciones para este mismo propósito.

Adicional a esto se señala que “las entidades nacionales y territoriales competentes podrán constituir gravámenes de servidumbre a título gratuito sobre bienes inmuebles y baldíos».

La expedición de estos decretos ha tenido en cuenta que en departamentos como Córdoba se registran 9.211 viviendas averiadas y 2.492 viviendas destruidas, es decir, 11.703 soluciones habitacionales afectadas.

“La afectación grave de hogares localizados en zonas urbanas y rurales dispersas, centros poblados y territorios étnicos ha generado una demanda súbita e imprevista de soluciones de vivienda y hábitat, la cual supera la capacidad de los instrumentos ordinarios de política pública diseñados para contextos de normalidad institucional». 

Recuperación de vías

Mediante el Decreto 0222, el Gobierno estableció medidas extraordinarias para el sector transporte, con miras a intervenir inmediatamente la infraestructura vial afectada por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Córdoba. La medida busca restablecer la conectividad territorial y facilitar la llegada de ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas.

La norma autoriza al Instituto Nacional de Vías (Invías) a invertir y ejecutar recursos extraordinarios destinados a la rehabilitación y recuperación de carreteras, puentes y tramos viales que sufrieron daños por el fenómeno hidrometeorológico que provocó inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas en unas zonas del país. Estas afectaciones han generado cierres totales y parciales en numerosas vías, comprometiendo la movilidad y el abastecimiento de bienes esenciales.

Como parte de las medidas excepcionales, el Gobierno habilitó a Invías para adicionar, sin límite de valor, los contratos de obra, mantenimiento e interventoría que ya se encuentran en ejecución en las regiones impactadas, siempre que dichas ampliaciones estén dirigidas exclusivamente a atender la emergencia y restablecer la transitabilidad.

La decisión permitirá reducir el aislamiento de comunidades rurales, garantizar el transporte de alimentos y medicamentos, y facilitar el acceso de la población a servicios básicos como salud, educación y asistencia humanitaria. El restablecimiento de las vías también es importante para reactivar la economía local, permitir el transporte de productos agrícolas y proteger los ingresos de las familias afectadas por las inundaciones.

Obras y dotación tecnológica

El Gobierno nacional también expidió el Decreto 0227, mediante el cual habilita al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura y dotación en instituciones de educación superior ubicadas en territorios afectados por la emergencia económica, social y ecológica declarada el pasado 11 de febrero.

Con esta decisión, el Gobierno amplió temporalmente el alcance del FFIE, un fondo que hasta ahora solo podía financiar infraestructura educativa para los niveles de preescolar, básica y media. Con el nuevo decreto se habilita al fondo para intervenir también en universidades públicas ubicadas en las zonas de emergencia.

El Ministerio de Educación reportó inicialmente 426 sedes educativas afectadas, cifra que posteriormente aumentó a 763 establecimientos con anormalidades, especialmente en Antioquia, Córdoba y Magdalena, y en un informe del Viceministerio de Educación Superior se indica que las afectaciones se concentran en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre y Valle del Cauca, con cerca de 68.000 estudiantes afectados. 

El decreto advierte que la crisis climática compromete directamente el funcionamiento del sistema educativo: “los efectos climáticos (…) han afectado gravemente la infraestructura educativa, lo cual no solo compromete la disponibilidad física de establecimientos, sino que incide de manera directa en la calidad del proceso educativo y la permanencia estudiantil». 

Con el decreto 0227, se establece que “el objeto del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa –FFIE comprenderá la viabilización y financiación de proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura física y digital (…) necesarios para conjurar la emergencia declarada». 

La norma permitirá financiar soluciones rápidas como aulas modulares, adecuación de espacios, reposición de equipos y fortalecimiento de conectividad, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas en los territorios afectados.

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La intervención comenzó el 3 de febrero, con equipos conformados por personal de Córdoba y de los departamentos de Sucre, Atlántico, La Guajira, Antioquia, Quindío, Caldas y Cesar, que realizan presencia en alojamientos y espacios de acogida habilitados para las familias afectadas.

Los 111 alojamientos temporales se distribuyen en 13 municipios: Montería (17), Tierralta (30), San Bernardo del Viento (12), Puerto Libertador (10), San Pelayo (9), Valencia (7), Lorica (7), Canalete (4), Montelíbano (4), Cereté (4), La Apartada (4), San Carlos (1) y Buenavista (1).

En estos espacios, los menores reciben acompañamiento psicosocial, atención en crisis cuando es necesario, verificación de sus derechos y activación de rutas de protección en casos de riesgo.

La estrategia Atrapasueños, implementada mediante Casas Atrapasueños y Espacios Comunitarios, atiende actualmente a 402 niñas, niños y adolescentes, con actividades basadas en arte, juego y cultura.

Además, el servicio de Atención Itinerante se desplazó a zonas rurales y de difícil acceso para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidad afectados por las lluvias.

En el componente nutricional se han distribuido 121.526 unidades de Bienestarina Líquida (200 ml) y 2.373 unidades de Bienestarina Más en polvo (900 gramos), además de raciones de emergencia en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador.

Durante la emergencia se activaron 9 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en situaciones de riesgo inminente.

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La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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La entidad revisará que, a pesar de la coyuntura, se mantengan las condiciones de eficiencia y no se presenten desviaciones en los estándares de prestación del servicio.

Por ello citó en sus instalaciones de Bogotá a los representantes legales de las siguientes generadoras hidroeléctricas:

AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P.

Celsia Colombia S.A. E.S.P.

Empresa Urrá S.A. E.S.P.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Enel Colombia S.A. E.S.P.

Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P.

Isagen S.A. E.S.P.

 El objetivo de estas diligencias es verificar la información operativa comprendida entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual, bajo los siguientes términos:

Parámetros operativos de embalses: verificación estricta de volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Se auditará la veracidad de la información reportada respecto a caudales, descargas y vertimientos.

Planes de mantenimiento y disponibilidad: revisión obligatoria del detalle de actividades ejecutadas y programadas. Las empresas deberán sustentar técnica y documentalmente cualquier indisponibilidad que afecte la oferta energética.

Gestión y criterios de operación: supervisión de los modelos técnicos empleados para la toma de decisiones y precios de oferta. La Superservicios verificará que la metodología aplicada responda con precisión a las condiciones hidrológicas actuales.

 La Superintendencia reafirma que estas acciones de vigilancia son una herramienta esencial para asegurar la transparencia del sector y el cumplimiento de la regulación y la normativa del sector.

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Por Silvana Duque

Las inundaciones en Córdoba y en otros departamentos han causado graves daños a las viviendas. Incluso, hay veredas que prácticamente desaparecieron. Es el territorio más afectado. Después están el Urabá antioqueño y Sucre. La respuesta debe ser de fondo, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro. En esta entrevista, la viceministra de Vivienda, Aydée Marsiglia, explica de qué se trata.

¿Cuál es el panorama hoy?

En Córdoba son más de 140.000 personas damnificadas por el desbordamiento de las aguas de los ríos Sinú y San Jorge. En el pasado Consejo de Ministros, liderado por el Presidente de la República en Montería, la instrucción fue clara hacia el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: llegar primero con asistencia técnica con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, un pilar fundamental de nuestro Plan de Desarrollo. 

¿Cómo están ordenados?

En eso, nuestras ciudades y nuestros asentamientos han fallado porque le hemos dado la espalda al agua, la hemos contenido y no hemos convivido armónicamente con ella. Por eso busca su cauce. Entonces, el primer gran reto que tenemos es trabajar con los municipios afectados para la modificación de su Plan de Ordenamiento Territorial, para evitar que este tipo de tragedias sigan sucediendo. Ya, por ejemplo, estamos trabajando con la Alcaldía de Montería, porque curiosamente la ciudad hace muy poco había adoptado su plan. Con esta tragedia, tiene que replantearse en cómo se ordena alrededor del agua. Tuvimos conversación con el alcalde y ya tenemos los equipos técnicos trabajando para hacer una modificación excepcional del plan de ordenamiento de la ciudad con esta mirada.

¿Y después de que baje la inundación?

Tenemos que saber cuántas viviendas sufrieron afectación total y cuántas requieren mejoramiento. El número en este momento no lo tenemos, pero sabemos que va a ser muy alta la cifra de mejoramientos. Tenemos un proceso probado de mejoramiento de vivienda con las comunidades, que es lo que nos ha pedido el Presidente.

¿Cuál es la siguiente fase?

Por último, y muy importante, está la reubicación o reasentamiento. Hay veredas que desaparecieron bajo el agua. A esas veredas toca buscarles un espacio donde puedan vivir sin que corra riesgo la vida, que es lo más importante. Estamos trabajando en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, con la Sociedad de Activos Especiales, con las entidades territoriales para ver si tenemos terrenos disponibles para hacer los procesos de reasentamiento con la comunidad, a través del sistema de autogestión y autoconstrucción de vivienda. 

¿Cuándo empezar la reconstrucción?

Depende. En este momento, por ejemplo, hay sitios en donde el agua está muy arriba y no hay forma de evaluar los daños. Entonces, es muy apresurado hablar de tiempos.​

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La primera fase de distribución se desarrolla precisamente en Lorica, donde las entregas superan las 25 toneladas, y de manera paralela avanzan en el municipio de Canalete con la misma cantidad.

Los kits incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, colchonetas, frazadas, toldillos y otros artículos básicos para las familias damnificadas.

Esta asistencia se suma a más de 7.500 kits ya entregados por la UNGRD en Córdoba, a 10 toneladas movilizadas previamente por vía aérea y a otras 10 toneladas de alimento destinadas a animales.

Los equipos técnicos de la UNGRD siguen el terreno acompañando y asesorando a los alcaldes en la recolección de información y adecuación de alojamientos temporales.

Las lluvias asociadas al frente frío dejan en Colombia 139 emergencias en 105 municipios de 17 departamentos. Ya son más de 68 mil familias afectadas.

Orinoquía

La mano solidaria de la UNGRD también llega a la Orinoquía. En un recorrido de dos días y 720 kilómetros, la entidad entregó más de 3 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, equivalentes a 145 kits de alimentos, aseo, hamacas y toldillos.

La asistencia llegó a siete veredas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, y a la comunidad de La Esperanza del resguardo indígena Caño Mochuelo, en el corazón de la Orinoquía, para mitigar los efectos de las lluvias en la región.

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