La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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La entidad revisará que, a pesar de la coyuntura, se mantengan las condiciones de eficiencia y no se presenten desviaciones en los estándares de prestación del servicio.

Por ello citó en sus instalaciones de Bogotá a los representantes legales de las siguientes generadoras hidroeléctricas:

AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P.

Celsia Colombia S.A. E.S.P.

Empresa Urrá S.A. E.S.P.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Enel Colombia S.A. E.S.P.

Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P.

Isagen S.A. E.S.P.

 El objetivo de estas diligencias es verificar la información operativa comprendida entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual, bajo los siguientes términos:

Parámetros operativos de embalses: verificación estricta de volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Se auditará la veracidad de la información reportada respecto a caudales, descargas y vertimientos.

Planes de mantenimiento y disponibilidad: revisión obligatoria del detalle de actividades ejecutadas y programadas. Las empresas deberán sustentar técnica y documentalmente cualquier indisponibilidad que afecte la oferta energética.

Gestión y criterios de operación: supervisión de los modelos técnicos empleados para la toma de decisiones y precios de oferta. La Superservicios verificará que la metodología aplicada responda con precisión a las condiciones hidrológicas actuales.

 La Superintendencia reafirma que estas acciones de vigilancia son una herramienta esencial para asegurar la transparencia del sector y el cumplimiento de la regulación y la normativa del sector.

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Por Silvana Duque

Las inundaciones en Córdoba y en otros departamentos han causado graves daños a las viviendas. Incluso, hay veredas que prácticamente desaparecieron. Es el territorio más afectado. Después están el Urabá antioqueño y Sucre. La respuesta debe ser de fondo, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro. En esta entrevista, la viceministra de Vivienda, Aydée Marsiglia, explica de qué se trata.

¿Cuál es el panorama hoy?

En Córdoba son más de 140.000 personas damnificadas por el desbordamiento de las aguas de los ríos Sinú y San Jorge. En el pasado Consejo de Ministros, liderado por el Presidente de la República en Montería, la instrucción fue clara hacia el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: llegar primero con asistencia técnica con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, un pilar fundamental de nuestro Plan de Desarrollo. 

¿Cómo están ordenados?

En eso, nuestras ciudades y nuestros asentamientos han fallado porque le hemos dado la espalda al agua, la hemos contenido y no hemos convivido armónicamente con ella. Por eso busca su cauce. Entonces, el primer gran reto que tenemos es trabajar con los municipios afectados para la modificación de su Plan de Ordenamiento Territorial, para evitar que este tipo de tragedias sigan sucediendo. Ya, por ejemplo, estamos trabajando con la Alcaldía de Montería, porque curiosamente la ciudad hace muy poco había adoptado su plan. Con esta tragedia, tiene que replantearse en cómo se ordena alrededor del agua. Tuvimos conversación con el alcalde y ya tenemos los equipos técnicos trabajando para hacer una modificación excepcional del plan de ordenamiento de la ciudad con esta mirada.

¿Y después de que baje la inundación?

Tenemos que saber cuántas viviendas sufrieron afectación total y cuántas requieren mejoramiento. El número en este momento no lo tenemos, pero sabemos que va a ser muy alta la cifra de mejoramientos. Tenemos un proceso probado de mejoramiento de vivienda con las comunidades, que es lo que nos ha pedido el Presidente.

¿Cuál es la siguiente fase?

Por último, y muy importante, está la reubicación o reasentamiento. Hay veredas que desaparecieron bajo el agua. A esas veredas toca buscarles un espacio donde puedan vivir sin que corra riesgo la vida, que es lo más importante. Estamos trabajando en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, con la Sociedad de Activos Especiales, con las entidades territoriales para ver si tenemos terrenos disponibles para hacer los procesos de reasentamiento con la comunidad, a través del sistema de autogestión y autoconstrucción de vivienda. 

¿Cuándo empezar la reconstrucción?

Depende. En este momento, por ejemplo, hay sitios en donde el agua está muy arriba y no hay forma de evaluar los daños. Entonces, es muy apresurado hablar de tiempos.​

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La primera fase de distribución se desarrolla precisamente en Lorica, donde las entregas superan las 25 toneladas, y de manera paralela avanzan en el municipio de Canalete con la misma cantidad.

Los kits incluyen alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, colchonetas, frazadas, toldillos y otros artículos básicos para las familias damnificadas.

Esta asistencia se suma a más de 7.500 kits ya entregados por la UNGRD en Córdoba, a 10 toneladas movilizadas previamente por vía aérea y a otras 10 toneladas de alimento destinadas a animales.

Los equipos técnicos de la UNGRD siguen el terreno acompañando y asesorando a los alcaldes en la recolección de información y adecuación de alojamientos temporales.

Las lluvias asociadas al frente frío dejan en Colombia 139 emergencias en 105 municipios de 17 departamentos. Ya son más de 68 mil familias afectadas.

Orinoquía

La mano solidaria de la UNGRD también llega a la Orinoquía. En un recorrido de dos días y 720 kilómetros, la entidad entregó más de 3 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, equivalentes a 145 kits de alimentos, aseo, hamacas y toldillos.

La asistencia llegó a siete veredas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, y a la comunidad de La Esperanza del resguardo indígena Caño Mochuelo, en el corazón de la Orinoquía, para mitigar los efectos de las lluvias en la región.

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La ministra del agro colombiano, Martha Carvajalino, indicó que más de 50.000 familias de la región han visto sus cultivos y sus bienes bajo el agua.

“Estamos cuantificando los procesos de drenaje y recuperación de suelos para el restablecimiento de los cultivos de patilla, maíz y yuca, así como la recuperación de la actividad pecuaria fundamental de ganado bovino», manifestó. 

Agregó que la recuperación no es solo de las áreas afectadas por las inundaciones, sino que implica una articulación efectiva en toda la economía agropecuaria de la región que no se ha afectado, en función de jalonar y reactivar la economía de las familias damnificadas, drenar los suelos inundados y recuperar así el lugar agropecuario y de abastecimiento que tienen Córdoba y Sucre en la región.

La ruta trazada por el Ministerio contempla la priorización en el corto plazo de la movilización y reubicación de animales, el suministro de alimentación para estos y la compra de alimentos frescos para consumo humano.

Asimismo, incluye la adopción de medidas administrativas, reglamentarias y legales, ordinarias y extraordinarias, acordes con la emergencia para asegurar la recuperación de los suelos con vocación agropecuaria, los alivios financieros y el alistamiento de nuevos ciclos productivos una vez se logre el drenaje de las zonas inundadas.

Refinanciamiento de la cartera

Para ayudar financieramente a los pequeños, medianos y grandes productores afectados por esta emergencia, el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) dio la instrucción para refinanciar la cartera.

Además, el Banco Agrario entró en territorio y se espera que el resto de la banca, que coloca créditos de fomento a pequeños, medianos y grandes productores, avance en los procesos de refinanciación.

También se estudia la compra de cartera y la recomposición de los créditos de pequeños y medianos productores. Ya se dispone de una cartera en los departamentos afectados de 1,2 billones solo de pequeños productores de bajos ingresos, lo que significa un reto financiero inmenso.

También existe la posibilidad de hacer la distribución de recursos a través de líneas de crédito de tasa subsidiada, incentivos de capital rural y seguros agropecuarios de forma eficiente para la reactivación económica.

Rescate de ciénagas

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) trabaja en el rescate de las ciénagas que han sido desecadas con el fin de restablecer los flujos hídricos naturales de la región y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) tendrá que asumir los procesos de drenaje de las tierras inundadas.

La Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (Upra) tiene un registro para identificar hectáreas, cultivos, afectaciones pecuarias y de sistemas agroalimentarios para dimensionar el proceso de recuperación productiva de la región.

El Ministerio de Agricultura continuará monitoreando, a través de las mesas agroclimáticas, las alertas hidrológicas que persisten sobre la región Caribe para asegurar la protección de las comunidades rurales y sus medios de vida.

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Al respecto, el jefe de Estado precisó: “Mantenemos un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas. La Agencia Nacional de Tierras actuará en la recuperación de ciénagas que miden más de 50 mil hectáreas para lograr allí un mayor depósito de agua y desecar algunas partes del impacto”.

El mandatario indicó que “la reubicación de personas en el mundo rural y urbano de la tragedia será el tema central de la acción. Ya hay un espacio en la ciudad de Montería para reubicación inmediata con construcción de barrios tratando de liberar el borde izquierdo del río que antes le pertenecía”. 

“El peligro está en que el manejo de recursos no se desvíe a elecciones”, advirtió al anunciar que “se trasladarán algunos del actual presupuesto y usaremos la Ley 1523 para reordenar el territorio y tenencias de la tierra”.

De acuerdo con el presidente Petro “la reconstrucción del tejido social y el territorio implicará una decena de billones de pesos en los próximos meses. La reconstrucción de viviendas, puentes, carreteables y tierras productivas será de una magnitud enorme”. 

Finalmente, recalcó que “el Ministerio de Salud ya ha desplegado equipos, con las alcaldías, de salud básica para frenar la expansión de epidemias y atender otras enfermedades”.

Ocho billones de pesos

De otrolado el titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que para responder a la crisis generada por las inundaciones en Córdoba, Sucre y Bolívar, el Gobierno necesita de recursos adicionales a través de una Emergencia Económica y Social.

“Estos son hechos claramente sobrevinientes e impredecibles y por eso hemos considerado que para atender esta coyuntura se hace nuevamente necesario el establecimiento de una medida de Emergencia Económica, con la que el Gobierno pueda acceder a recursos complementarios para enfrentar este hecho nuevo sobreviniente y excepcional”, manifestó Ávila en el Consejo liderado por el presidente Gustavo Petro.

Asimismo, el ministro indicó que cálculos preliminares del Gobierno indican que la recuperación de la región afectada exige de una inversión que rodea los 8 billones de pesos.

“Se ha venido cuantificando, en una estimación preliminar, que para la recuperación de la zona afectada se necesitarían cerca de 8 billones de pesos”, reiteró el titular de Hacienda. 

70 toneladas de ayuda

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que desde Bogotá llegaron a Montería ocho vehículos cargados con colchonetas y kits de asistencia humanitaria, que permiten iniciar de inmediato la atención en los municipios afectados.

La carga disponible en la capital de Córdoba incluye 2.161 colchonetas y 1.300 kits de alimentos, aseo, cocina, hamacas y sábanas, elementos destinados a mejorar las condiciones de las familias evacuadas y de los alojamientos temporales habilitados en el departamento.

De este total, 500 colchonetas ya fueron despachadas para atender las necesidades más urgentes en los albergues ubicados en Montería, como parte de la respuesta inmediata en territorio.

De igual forma, en Canalete se recibió un camión con 800 kits.

En paralelo, continúa el envío de nuevos tractocamiones desde Bogotá. En las próximas horas se espera completar un total de 223 toneladas de asistencia humanitaria, como parte del despliegue permanente del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), bajo la coordinación de la UNGRD.

La distribución de la asistencia se realizará de manera coordinada con el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental y las autoridades locales, garantizando una entrega organizada y focalizada.

También llegaron al departamento 64 voluntarios provenientes de Bogotá, 44 de la Defensa Civil Colombiana y 20 del Cuerpo de Bomberos, quienes apoyan las labores de atención y acompañamiento a las comunidades afectadas.

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Por esta razón, el presidente Gustavo Petro calificó estos hechos como una “sinvergüenzura electoral” y afirmó: “Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. No son todos los políticos, pero sí varios, que conocemos muy bien aquí, de antaño”.

Durante su intervención ante el gabinete, el mandatario dijo que muchos de estos políticos, que se encuentran en campaña, han cuestionado al Gobierno por solicitarle a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de Emergencia Económica y Social.

En este sentido, recordó que los congresistas de los partidos políticos con asiento en el Congreso y que cuestionan la solicitud del Gobierno a la Corte Constitucional dijeron, en su momento, que “hundían la ley de financiamiento”. 

Por esta razón, preguntó: “¿Y ahora qué le van a decir al pueblo? ¿Que son los salvadores? Los mismos que cogen los alcaldes de aquí, cogen nuestra plata, a decirle a la gente que la comida que están entregando solo es entregada por ellos”. 

“¡Le quitaron la comida de la gente de la boca!”, sentenció, al acusar que “son coautores del asesinato de las personas que han muerto por la inundación y la pérdida enorme en bienes de ricos y, sobre todo, de pobres, como estamos viendo; campesinos y gente de esta ciudad, porque es urbana y rural, y en la ciudad es peor, porque más gente vive junta”.

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De acuerdo con el estado de la central Hidroituango, hoy opera con total normalidad y dentro de los parámetros establecidos. Actualmente están en servicio tres turbinas, que generan en conjunto 900 megavatios. La cuarta unidad se encuentra en un mantenimiento programado ya que llegó a 16 mil horas de funcionamiento. A su vez, el vertedero trabaja por ambos canales, con una descarga promedio de 752 metros cúbicosde agua por segundo.

“La central Hidroituango se encuentra funcionando de manera segura y estable, con seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca y a todos los sistemas asociados a través del Centro de Monitoreo Técnico”, indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.

Con el Centro de Monitoreo Técnico y el Centro de Control de la Operación, EPM realiza un seguimiento constante sobre el comportamiento del río Cauca y la operación de Hidroituango, a través de la observación de más de 3.600 instrumentos. Esta capacidad permite identificar, hasta con 40 horas de anticipación, cualquier situación que pueda afectar la seguridad de las comunidades aguas abajo y activar las medidas necesarias que permitan proteger su vida y su integridad.

Durante lo corrido de 2026, y pese a una situación anómala de lluvias, los registros de monitoreo y verificación operacional indican que no se han presentado condiciones de   ingreso de caudales que hayan requerido elevar el nivel de alerta de Hidroituango niactivar medidas extraordinarias de comunicación preventiva o de alerta temprana.

Modernas tecnologías

El Centro de Monitoreo Técnico de Hidroituango cuenta con cinco estaciones que permiten monitorear en tiempo real todo lo que pasa en la central y sus alrededores, estas son: geodesia que se encarga de todo el monitoreo satelital; hidrométrica que mide los niveles del río y el embalse; interferometría con radares de última generación que ayudan a medir irregularidades de las superficies, sismología, la cual analiza posibles vibraciones o eventos sísmicos en la zona y el circuito cerrado de televisión CCTV, que incluye monitoreos por medio de cámaras y drones.

Otras centrales de generación de EPM

Durante los meses de enero y febrero se han registrado altos aportes en las cuencas que alimentan los embalses de EPM. No obstante, se han mantenido dentro  de condiciones seguras de operación.

Al 9 de febrero de 2026, únicamente Hidroituango presenta vertimientos, con un caudal de 752 metros cúbicos por segundo, registrado a las 10:00 a.m.

Por su parte, las centrales Porce II, Porce III, Tasajera, Guatapé, Guatron y Playas, aunque también han recibido aumentos en sus aportes hídricos, no registran  vertimientos y continúan operando con normalidad, dentro de sus rangos de  seguridad y control técnico.

Hidroituango regulador de caudales

Un ejemplo de la importancia de la central en época de lluvias se presentó precisamente en abril del año pasado, cuando ingresó al embalse un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo.

Gracias a la operación del proyecto, se logró amortiguar la creciente, descargando cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo a través del vertedero y la generación de energía. De igual forma, el pasado 1 de febrero de 2026 se registró una creciente de 2.186 metros cúbicos por segundo, que fue gestionada oportunamente mediante el monitoreo y la operación del embalse.

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Tras la sesión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que contó con la participación de ministros y directores de las entidades relacionadas con el tema, el equipo de trabajo de la Superservicios se desplazó a este territorio afectado por las lluvias.

 “Solicitamos información sobre la operación del embalse, la coyuntura de la generación de energía, los volúmenes de vertimientos, los precios de ofertas en el mercado de bolsa de energía y la forma en que se dio la activación de los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres”, explicó el superintendente Felipe Durán.

El fenómeno climático que se presenta, denominado “frente frío”, ha sido el de mayor intensidad en la historia del embalse, con aportes de agua entre 1.000 y 2.654 m³/s, muy por encima del promedio histórico de 121 m³/s para este mes de febrero.

Además, “en el marco de la contingencia continuaremos evaluando el cumplimiento normativo, regulatorio y de gestión del riesgo para cuidar la seguridad de las comunidades y la continuidad del servicio a precios costo-eficientes”, concluyó el Superintendente.

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Además, el mandatario le solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la Emergencia Económica para atender el desastre natural y sus consecuencias en una vasta región del Caribe colombiano, que comprende los departamentos de Córdoba y Sucre.

El jefe de Estado hizo estos anuncios durante la sesión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada en la sede de la UNGRD en Bogotá, que contó con la participación de ministros y directores de las entidades relacionadas con el tema.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Petro afirmó que “estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de Emergencia que suspendió la Corte. Paradójicamente, se da en la tierra del magistrado Camargo Assis y en la mía».

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario, en la región “hay 14 muertos, 9 mil viviendas destruidas, casi 50 mil familias afectadas, 35 mil hectáreas inundadas y 300 mil afectadas».

Al respecto agregó: “Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática, y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy. Se juntó un hecho imprevisible», que la Corte había negado cuando tumbó el decreto de emergencia del Gobierno nacional.

Con base en los informes técnicos y científicos presentados en la sesión, el jefe de Estado informó que “no se registra en la historia que hubiera fluido tanto una corriente fría ártica hacia el sur, como la que llegó a nuestra costa. Se han producido cantidades de lluvia sin recuerdo estadístico en la región».

Recalcó que este hecho se conjuga con la codicia con que se han manejado los embalses de agua, hoy por hoy: “Solo por dejar funcionar termoeléctricas de gas que dejan tarifas diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas, no las han dejado funcionar y se han llenado por encima de sus máximos».

“Tenemos un frente frío del Ártico sobre Colombia» y “no es un chiste», reiteró al anunciar las medidas inmediatas adoptadas por el Gobierno nacional.

En este sentido, precisó: “Actuaremos con el Ejército derribando diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre, y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones».

El mandatario consideró que “nunca se debió construir Urrá. El indígena asesinado y descuartizado por los paramilitares, Kimy Pernía Domicó, tenía razón. Él previó en su discurso ante la Cámara de Representantes lo que pasa hoy. El embalse se hizo para que unos terratenientes, hoy con influencia en las Cortes, se robaran las tierras de las ciénagas y caños del Bajo Sinú».

“Desastre en Córdoba y Sucre, y lo que nos exigen es recortar presupuestos: un suicidio», dijo y reiteró que frente al segundo frente frío ártico que viene este fin de semana y la inutilidad del embalse de Urrá, “debo declarar de nuevo la Emergencia Económica, Social y Ambiental en la región», la cual “puede extenderse al país».

Asimismo, el jefe de Estado instruyó a la Superintendencia de Servicios Públicos para que examine el nivel de todos los embalses y tome las sanciones pertinentes.

“Debe exigirse a XN por qué ha permitido especulación con las tarifas de energía en tiempos de sequía, dejando llenos los embalses, cuando lo que vienen son lluvias, solo para que tuvieran la excusa de la escasez de gas», sostuvo el presidente de la República.

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