El presidente Gustavo Petro dio a conocer durante el Consejo de Ministros,la víspera que Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha antidrogas.

El Departamento de Estado de EE. UU., a través de una nota de prensa, informó dentro que dentro de la ‘Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Importante de Drogas o de Producción Importante de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2026′ incluyó a Colombia junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela “como países que no han demostrado, durante los últimos 12 meses, haber cumplido de manera fehaciente con sus obligaciones bajo acuerdos internacionales de lucha contra las drogas’.

Sin embargo, en esa publicación el Departamento de Estado reconoce que “la asistencia de Estados Unidos a Colombia es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos’.

Tras conocer la decisión del gobierno de Donald Trump, el mandatario fue enfático al anunciar que con la descertificación se acaba la dependencia de Colombia hacia los Estados Unidos.

“Ustedes comienzan por una mentira fáctica. Los crecimientos de cultivos de coca se presentan en el gobierno de (Iván) Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EE. UU.  la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína fundamentalmente de EE. UU. y Europa’, respondió el presidente Petro al Departamento de Estado.

De hecho, hace dos semanas, ante un auditorio en la XXXIX Conferencia Internacional para el Control de Drogas (Idec), celebrada en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, explicó que en el primer semestre de 2025 van 600 toneladas incautadas. Es decir, 20 % más a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

En acciones similares, en el 2024 se incautaron 889 toneladas, según el general Triana, una cifra histórica, la mayor alcanzada por el país en un año y una de las más grandes reportadas en el mundo.

Ese logro, destacó el oficial, se debe al trabajo diario de 186 mil policías y de más de 300 mil efectivos de las Fuerzas Militares en selvas, montañas, mares, ríos, carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos en el territorio nacional. El general Triana lamentó que en la lucha contra el narcotráfico en Colombia han perdido la vida 107 miembros de la fuerza pública muertos en 2024, entre ellos, 79 policías.

“Es ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas”

Es por eso que, en entrevista al periódico estadounidense The New York Times, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con cifras defendió los esfuerzos de Colombia en la lucha contra las drogas: dijo que entre enero y septiembre de 2025, frente al mismo lapso del año pasado, las incautaciones de cocaína aumentaron 8%, la destrucción de laboratorios clandestinos de drogas 21%, y fueron abatidos 3.200 miembros de ilegales que representan 17% más que el año pasado. Eso, sin contar los asesinatos de soldados y policías en operaciones antidroga. 

“Nosotros consideramos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está al alcance’, dijo el ministro Sánchez a NYT, y agregó: “Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico es Colombia’.

En la misma publicación, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, había afirmado que “una hipotética descertificación sería muy injusta, perjudicaría definitivamente a Colombia, perjudicaría también a Estados Unidos y, en definitiva, solo beneficiaría a los narcotraficantes”.

Desertificación  regresiva

El expresidente Ernesto Samper coincidió con el presidente Petro, y en un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, recordó que Colombia ya pasó por una descertificación y “puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro’.

El exmandatario agregó que “de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes, precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal y se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos’.

Afirmó que la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas “es ilegal, política y regresiva’. Explicó que es “ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad’ y es política “porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran “enemigos’ de Estados Unidos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la descertifican cada vez que el gobierno de Colombia aparece como “enemigo’ del gobierno de Estados Unidos’.

Y finalmente, anotó Samper, que la descertificación es regresiva en términos sociales y humanitarios “porque hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de las drogas, como los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de sus propios mercados que es donde se generan y quedan las grandes utilidades del narcotráfico. Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor’, puntualizó.

La nueva política antidrogas

La nueva política antidrogas del presidente Petro, anunciada el 3 de octubre de 2023, en El Tambo (Cauca), divide las acciones del Estado en dos partes: la lucha contra el negocio del narcotráfico y oxígeno para las comunidades productoras de la hoja de coca, impulsando la transformación del territorio para sustituir las economías ilegales por legales.

La nueva estrategia, que avanza en su implementación en zonas como el Catatumbo y el Cañón del Micay, se compone de dos pilares, denominados Oxígeno y Asfixia, con objetivos distintos, aunque complementarios, lo que le brinda a la política el espíritu de integralidad e innovación frente al modelo exclusivamente prohibicionista y represivo que ha caracterizado a la guerra antidrogas vigente desde 1971.

Es una visión diferente porque no es solo la guerra, sino atacar de fondo las razones sociales y económicas que sirven para la incidencia del narcotráfico.

De acuerdo con Gloria Miranda Espitia, al frente de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, los programas de gobierno anteriores eran netamente de sustitución de cultivos “se enfocaban en su gran mayoría en cambiar una mata por otra mata’.

En entrevista con el periódico VIDA de Presidencia de la República explicó que el modelo implementado por este Gobierno se basa más en “la sustitución de economías ilícitas, es decir, apoyar al campesino desde la producción hasta la comercialización. La segunda diferencia es que no queremos que el campesino se quede únicamente en la producción de materia prima, sino que trascienda a productos con valor agregado’.

Miranda, quien dijo que la meta para el 2025 es llegar a 20.000 hectáreas, señaló que también se financia “una infraestructura que permite al campesino esa agregación de valor como las plantas de transformación de beneficiaderos, secaderos y centros de acopio, entre otros. Y lo tercero, estamos insertando la sustitución en el contexto de la transformación de territorios”

Estados Unidos tiene que rendir cuentas

Así reaccionó el mandatario de los colombianos en el Consejo de Ministros a la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de descertificar al país en la lucha contra el narcotráfico, a quien le aseguró que esa nación tomó la decisión “después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína’.

Explicó que “todo lo que hacemos realmente tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano, de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana, que no se embadurnen más las narices’.

Enfatizó que a “los que hay que descertificar es al gobierno de los Estados Unidos’ y preguntó: “¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y de cocaína?, que me muestren los recursos, a ver si son más o menos que los nuestros’.

Comentó que “en Colombia hay muchísimos menos drogadictos que en Estados Unidos. Por algo será’ y aseguró: “Quien tiene que rendir certificación a la humanidad, es qué hace el gobierno por los consumidores, y sobre todo los que enferman, y allá no hacen nada, entonces nos echan la culpa a nosotros y ponemos nosotros los muertos, hay un millón de latinoamericanos asesinados, desde que (Richard) Nixon decretó la guerra militar contra las drogas, cuando es un problema de salud pública”.

Por esta razón, el jefe de Estado les dijo a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Justicia, Eduardo Montealegre, que “se impone la política pública de la drogadicción, es un asunto de salud pública, no de policías, ni de bolillo, ni de cárcel, menos de bombas y misiles’.

En este sentido, el mandatario se refirió a la destrucción de una lancha venezolana por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos y manifestó que ese gobierno “está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial, no tiene el derecho, y si aquí hay latinoamericanos que le conceden el derecho, al gobierno de los Estados Unidos de asesinar latinoamericanos indefensos, no son más que cipayos (soldado al servicio de potencias extranjeras)”.

“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos”

Las decisiones del presidente Petro

El mandatario salió al paso de la decisión de la descertificación al indicar que no se han tenido en cuenta los esfuerzos de Colombia con su política antidrogas.

“Los Estados Unidos han dicho que todo lo que hicimos, incluidos los 13 policías muertos en Amalfi, que usted sabe, Ministro (de Defensa, Pedro Sánchez), yo no quería dejar eso, porque no creo en la erradicación forzosa, que me parece que en algunos lados hay que hacerlo, donde no hay campesinos, es otro tipo de forma social de cosecha de hoja de coca, y privilegio la erradicación voluntaria, social’.

Agregó que “Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, ¡ojo!, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos”.

“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión, al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace —con nuestros recursos propios—, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Esa es una consecuencia’, dijo.

Añadió que “los señores de la Policía dejan de comprar pistolas Glock, con la que mataron al senador (Miguel Uribe Turbay), que la vendieron en un estado de los Estados Unidos, la pasaron a Florida, y ahí llegó a Colombia, quién sabe cómo’.

Al referirse nuevamente a que Estados Unidos es el que se tiene que certificar la atención al consumo interno, el presidente Petro dijo que solo así Colombia rendirá los informes y añadió que “quien tiene que sacar las fotografías de satélite de cultivo de hoja de coca, no son los Estados Unidos, es con independencia; Colombia, que puede pagar servicios, porque no ha sido capaz de poner su propio satélite en órbita, pero eso se acaba, la independencia significa que la información es independiente’.

Insistió en que “la independencia se declara, las armas, porque todos los narcos colombianos que han salido estos últimos, que salen de la cárcel gringa, están volviendo a Colombia, y están volviendo a matar colombianos para recuperar sus negocios que se los robaron los testaferros. ¡Ojo! Pero esa operación sale porque se sienten seguros de no volver a ser cogidos presos, y es porque han negociado en Estados Unidos con la DEA y los jueces que se comprometen a no volver a llevar cocaína a Estados Unidos. Ese es el negocio’.

“Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, ¡ojo!, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos”.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente tras el ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías asesinados mientras cumplían labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. El mandatario defendió su política de paz, aseguró que no se arrepiente de buscar diálogo con grupos armados ilegales y confirmó apoyo a las familias de las víctimas.

Un ataque planeado con antelación

La estrategia de las disidencias

Según Petro, la emboscada fue producto de una planificación meticulosa por parte de las disidencias al mando de alias “Calarcá”. Los atacantes habían enterrado cilindros explosivos a un metro de profundidad en el punto de aterrizaje del helicóptero que transportaba a los uniformados. Además, habían construido trincheras previamente, lo que indica que el ataque estaba previsto con antelación y no fue un hecho fortuito.

El presidente explicó que en videos grabados por los propios policías se observa cómo la fuerza pública ocupó posiciones defensivas en la zona. Sin embargo, los atacantes habrían anticipado el aterrizaje del helicóptero o incluso interceptado comunicaciones para garantizar el éxito de la emboscada.

Alias Calarcá, en la mira

Las investigaciones señalan a las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias “Calarcá”, como responsables del atentado. El ataque representó un golpe directo a la Policía Nacional y evidenció la capacidad de fuego y coordinación de los grupos armados en la región.

Compromiso con las víctimas

Apoyo a las familias de los policías

El presidente Petro expresó solidaridad con los familiares de los 13 uniformados asesinados y garantizó acompañamiento del Estado. “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada guerra contra las drogas”, afirmó.

El mandatario señaló que estas muertes son parte de una tragedia continental que refleja los costos humanos de una estrategia que considera fallida. “El mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”, añadió.

La llamada “guerra contra las drogas”

Petro insistió en que el verdadero motor de fortalecimiento de los grupos ilegales no son los diálogos de paz, sino el aumento del consumo mundial de cocaína, especialmente en Europa. Enfatizó que Colombia ha sido la principal víctima de una estrategia global ineficaz, cargando con la mayor cuota de muertos y sacrificios.

Política de paz y lucha contra los cultivos ilícitos

Defensa de la agenda de paz

En su intervención, el jefe de Estado reafirmó: “Nadie debe arrepentirse de buscar la paz”. Defendió los acercamientos con estructuras ilegales como un esfuerzo necesario para reducir la violencia y proteger a la población civil.

Petro enfatizó que su búsqueda de diálogo no debilitó al Estado, sino que respondió a un contexto internacional que alimenta la cadena del narcotráfico. “Busqué hablar con ellos para que dejen la violencia y no me arrepiento”, subrayó.

Balance de la erradicación

El presidente también presentó un balance sobre la evolución de los cultivos de coca en Colombia. Recordó que durante el gobierno de Juan Manuel Santos la cifra se redujo a poco más de 100.000 hectáreas, pero en el gobierno de Iván Duque se disparó a 230.000 hectáreas. Actualmente, el país registra cerca de 250.000 hectáreas.

En contraste, destacó que más de 8.000 familias campesinas se han sumado a programas de erradicación voluntaria, un modelo que el Gobierno impulsa como alternativa sostenible frente a la erradicación forzada.

Un país atrapado en la violencia del narcotráfico

Retos y responsabilidades

El mandatario insistió en que todas las acciones de su gobierno están dirigidas a debilitar a los grupos ilegales y reducir los cultivos ilícitos. No obstante, reconoció que los retos son mayúsculos, dado el poder económico que representa el narcotráfico y su conexión con la demanda internacional de cocaína.

La emboscada en Amalfi no solo evidencia la violencia persistente en las regiones productoras, sino también la necesidad de replantear estrategias que han demostrado ser insuficientes.

El llamado a la comunidad internacional

Petro pidió que la comunidad internacional asuma su parte de responsabilidad en esta crisis, subrayando que Colombia no puede seguir siendo el país que pone la mayor cuota de sangre en una guerra que considera perdida desde hace décadas.

El presidente cerró su intervención insistiendo en que su política de paz es un camino difícil pero necesario: “No se fortalecieron por mi esfuerzo de paz, sino por el aumento de consumo de cocaína en el mundo”.

Una tragedia que reabre el debate

El ataque en Amalfi ha dejado al descubierto la persistencia de la violencia ligada al narcotráfico en Colombia y ha reabierto el debate sobre la efectividad de la política antidrogas. Mientras las familias de las víctimas esperan justicia y apoyo, el Gobierno insiste en que el diálogo y la transformación rural son las vías más efectivas para romper el ciclo de violencia.

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Fabio Ochoa Vásquez, conocido por su participación en el Cartel de Medellín, regresó a Colombia después de cumplir una condena de 26 años en Estados Unidos. Su llegada al país, cargada de declaraciones controvertidas y reacciones mixtas, marca un capítulo importante en la historia reciente del narcotráfico en Colombia.

La llegada al Aeropuerto El Dorado

Fabio Ochoa arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde fue recibido por familiares y allegados. En sus primeras declaraciones, afirmó no arrepentirse de los crímenes cometidos en el pasado y anunció su intención de trasladarse a Medellín para vivir con su familia. “Para Medellín, con mi familia”, respondió al ser cuestionado sobre sus planes inmediatos.

El ambiente en el aeropuerto reflejó una mezcla de emoción y tensión. Mientras algunos familiares lo abrazaban con entusiasmo, las declaraciones de Ochoa generaron reacciones encontradas entre la opinión pública.

Un pasado marcado por el narcotráfico

Fabio Ochoa, el menor de los hermanos Ochoa, desempeñó un papel destacado en el Cartel de Medellín, uno de los grupos más poderosos del narcotráfico en las décadas de los 80 y 90. La alianza de su familia con Pablo Escobar se produjo tras el secuestro de su hermana, Marta Nieves Ochoa, en un hecho que marcó un giro en la guerra contra los secuestradores en Colombia.

En 1999, Fabio Ochoa fue capturado en el marco de la operación Milenio, liderada por la DEA y la Policía Nacional. Esta acción resultó en la detención de otros 30 capos del narcotráfico y su posterior extradición a Estados Unidos. En 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana, Ochoa fue entregado a la justicia norteamericana, donde enfrentó cargos por conspiración y tráfico de drogas.

La condena y su cumplimiento

Durante los 26 años que pasó en prisión, Fabio Ochoa no obtuvo beneficios ni reducciones de su pena. Cumplió su condena en su totalidad, lo que lo devuelve a Colombia con 67 años de edad. Su llegada representa no solo el cierre de un proceso judicial, sino también un momento de reflexión para el país sobre el impacto del narcotráfico en su historia.

Reacciones frente a su regreso

La liberación de Fabio Ochoa ha generado un intenso debate en la opinión pública. Algunos sectores consideran que su falta de arrepentimiento representa una afrenta para las víctimas del narcotráfico, mientras que otros destacan el cumplimiento total de su condena como un ejemplo del peso de la justicia.

En Medellín, ciudad que fue epicentro de las actividades del Cartel, la llegada de Ochoa podría suscitar preocupaciones sobre posibles repercusiones sociales y familiares.

Un legado controvertido

Fabio Ochoa simboliza una era oscura de la historia de Colombia, marcada por la violencia, el narcotráfico y las alianzas criminales. Su regreso al país reaviva el debate sobre los efectos de estas organizaciones en la sociedad colombiana y el camino hacia la reconstrucción y la reconciliación.

El futuro de Fabio Ochoa en Colombia

Con su traslado a Medellín, Ochoa afirma que vivirá en compañía de su familia. Sin embargo, sus declaraciones y la atención mediática que ha generado su regreso plantean interrogantes sobre su reintegración a la sociedad y las repercusiones de su presencia en la región.

La historia de Fabio Ochoa no solo refleja las complejidades del narcotráfico en Colombia, sino también la necesidad de continuar trabajando hacia un país libre de estas dinámicas que tanto dolor han causado.

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