Durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar el alcance del artículo 238A de la Constitución Política y los mecanismos para la entrada en operación de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó al alto tribunal exhortar de manera firme al Congreso de la República para que culmine el trámite legislativo que permita poner en marcha esa jurisdicción especializada.

“Ante la Corte Constitucional ratificamos la posición del Gobierno nacional, exhortando al Congreso de la República a que avance en los 60 días hábiles que quedan de este periodo legislativo en la aprobación de la jurisdicción agraria», dijo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Asimismo, la ministra agregó que a pesar de los consensos y la radicación en el 2023 ni la plenaria de la Cámara de Representantes ni del Senado han asumido los debates de la jurisdicción agraria.

“Estamos exhortando, también, a que prontamente la ley estatutaria que fue estudiada por la Corte Constitucional en agosto del 2025 sea remitida al presidente de la República para su respectiva sanción. Aquí está el Gobierno insistiendo en la necesidad de la justicia agraria», manifestó la titular de la cartera del agro.

En la misma línea, indicó que “la suspensión de facto de los procesos agrarios no contribuye a la paz. Para construir la gobernanza territorial tenemos que tomar decisiones y tiene la Nación que administrar sus bienes. Esto es una revolución por la vida».

Reiteró que solo quedan 63 días hábiles del período legislativo para que la Jurisdicción Agraria no sea archivada nuevamente.

Sobre el particular, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recordó que el Acto Legislativo 03 de 2023 creó directamente la Jurisdicción Agraria y Rural y definió la existencia de un nuevo juez natural especializado en asuntos agrarios, lo que convierte esta figura en un mandato constitucional plenamente vigente y no en una simple intención futura.

“La Corte Constitucional ya reconoció en la sentencia C-340 de 2025 que esta jurisdicción tiene función estructural en la Rama Judicial. Su operación no puede quedar frenada indefinidamente a la espera de una ley ordinaria. El país necesita ya un juez natural agrario», dijo Cuervo.

Activar jueces agrarios

El ministro explicó ante la Corte que, aunque el Gobierno sigue impulsando el trámite de la Ley Ordinaria de Procedimiento Agrario, cuyo 95% del articulado ya cuenta con acuerdos entre las bancadas, existen riesgos de que el debate legislativo se extienda.

Por ello, Cuervo solicitó a la Corte Constitucional adoptar un fallo con efectos transitorios que permita:

La activación inmediata de los juzgados y tribunales agrarios ya creados por el Consejo Superior de la Judicatura.

El uso supletorio del Código General del Proceso mientras se aprueba la ley ordinaria.

La implementación gradual y progresiva ordenada en el artículo 3 del Acto Legislativo 03 de 2023, incluyendo despachos piloto, centros de apoyo técnico y equipos interdisciplinarios.

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En este contexto, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, junto a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia para socializar los avances, alcances y objetivos de la conferencia, así como para promover la participación de los gobiernos y su adhesión a la Declaración Final del evento.

La reunión contó también con la participación del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, Agustín Zimmermann, quien resaltó la relevancia internacional de la Conferencia y su potencial para fortalecer las agendas globales de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y justicia social.

La conferencia es una iniciativa liderada por el Gobierno de Colombia, con el respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y el acompañamiento técnico de la FAO.

El Gobierno de Colombia espera la participación de delegaciones de cerca de 100 países. Según la ministra de Agricultura, más de 60 ya han confirmado su asistencia, y se prevé la llegada de alrededor de 1.500 participantes, entre gobiernos, organismos internacionales, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres rurales, jóvenes, academia y sector privado.

Tierra, derechos y paz duradera

Durante su intervención, la canciller Villavicencio subrayó el carácter estratégico del acceso a la tierra y del fortalecimiento de los territorios rurales como pilares de la paz y la sostenibilidad.

“La tierra, los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios ocupan un lugar estratégico. No habrá seguridad alimentaria sin campesinas y campesinos con derechos. No habrá sostenibilidad ambiental sin territorios vivos. Y no habrá paz duradera sin justicia social en el campo», afirmó.

La jefa de la diplomacia colombiana señaló que estas convicciones no solo orientan la política exterior del país, sino que constituyen pilares del proyecto nacional, enmarcado en la apuesta por la Paz Total, la protección de la biodiversidad y la defensa de los derechos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, mujeres rurales y juventudes.

Villavicencio destacó además que la conferencia permitirá visibilizar los avances de Colombia en reforma agraria y abrir un debate integral sobre la relación entre tierra, desarrollo rural y políticas de drogas.

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En esta oportunidad, se entregaron 132 toneladas de papa en Urabá, beneficiando a más de 10.560  familias en condición de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de Mutatá, Carepa, Chigorodó, Necoclí, Apartadó, San Pedro de Urabá y Turbo.

“Gracias al trabajo conjunto entre Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hemos avanzado en la ejecución del programa Alimentos para la Vida. Este programa tiene como propósito principal garantizar el acceso a alimentos nutritivos para los hogares más vulnerables del país, además de promover el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura en nuestra región.

Alimentos para la Vida complementa el programa de Apoyo para el Manejo de Excedentes Estacionales de Pequeños Productores, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al promover una economía solidaria que conecta la producción campesina con la garantía del derecho a la alimentación de los hogares más necesitados.

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