Plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades públicas tendrán nuevas responsabilidades para prevenir la violencia en línea y proteger la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Así lo establece el Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar la Ley 2489 de 2025 y avanzar en la construcción de entornos digitales sanos y seguros.

La normativa plantea una respuesta conjunta al ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en internet, la captación por medios digitales, la exposición a contenidos inapropiados y el uso indebido de datos personales. Para enfrentar estos riesgos, incorpora acciones de alfabetización mediática y digital, herramientas de control parental, canales de reporte y criterios de seguridad y privacidad desde el diseño de los servicios tecnológicos.

“Con este decreto damos un paso fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes aprovechen las oportunidades que ofrece la tecnología en condiciones más seguras. La protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado», afirmó la ministra TIC, Carina Murcia Yela.

Uno de los principales cambios recae en las empresas tecnológicas. Los proveedores de plataformas, aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales deberán identificar y gestionar riesgos, adoptar medidas de protección de datos, ofrecer mecanismos accesibles para presentar quejas y rendir informes semestrales al Ministerio TIC sobre los avances alcanzados.

En el sector educativo, las estrategias para prevenir el ciberacoso y otras violencias digitales deberán incorporarse en los Proyectos Educativos Institucionales y en los Manuales de Convivencia. También se promoverán talleres para estudiantes, familias, docentes y cuidadores sobre navegación segura, privacidad, mediación tecnológica y uso de herramientas de control parental.

El decreto ordena formular, en los próximos doce meses, una política pública nacional sobre entornos digitales sanos y seguros. Además, dispone la creación de un repositorio gratuito con contenidos pedagógicos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes. Su acceso no podrá condicionarse al registro ni a la entrega de datos personales de menores de edad, y tampoco incluirá publicidad dirigida a esta población.

La norma también pone en marcha un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, en el que participarán los ministerios de Educación y Defensa Nacional, el ICBF y la Fiscalía General, bajo la coordinación técnica del MinTIC. Esta articulación permitirá mejorar la prevención, detección y atención de riesgos y violencias digitales.

Las obligaciones se implementarán de manera gradual, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, las características de cada servicio y la capacidad técnica de los actores involucrados. El decreto aclara que las medidas no podrán justificar censura previa, vigilancia generalizada de comunicaciones privadas ni el debilitamiento de los sistemas de cifrado.

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Asimismo, el EMBF se comprometió “a analizar alternativas de financiación que no afecten a pequeños comerciantes, minoristas y microempresarios», específicamente relacionado con la extorsión que aqueja la economía en las regiones en conflicto.

Además, según el acuerdo, la MDP se comprometió a crear políticas que ayuden a las comunidades “a la reconversión productiva de la coca», un paso fundamental para la transformación de la economía en los territorios más afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.

En el mismo orden, se incluyó que el EMBF no realizará ataques a los integrantes de la Fuerza Pública ni a instalaciones militares o policiales. Sin embargo, en este punto se subrayó que el grupo armado “se reserva el derecho a la legítima defensa».

En el marco de los diálogos de paz, el Gobierno nacional continuará con la implementación de programas y mecanismos de protección de los firmantes de paz del Acuerdo del 2016.

Otro de los puntos de acuerdo tiene relación con un plan inmediato de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, lo que incluye información de cuerpos y restos.

Como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de lo contenido en este Acuerdo, se creará una veeduría integrada por delegados de las comunidades y la MDP en las áreas de presencia de los bloques, frentes y estructuras que integran el EMBF.

El acuerdo 3 se concretó en el séptimo ciclo de diálogos con la presencia de la Comunidad Internacional, el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal Colombiana.

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