El acuerdo, con una proyección de ejecución a siete años, permitirá fortalecer de manera inmediata la planta actual ubicada en Medellín mediante la adquisición de equipos y tecnología, mientras avanza el proceso de construcción de la nueva infraestructura en el campus de El Carmen de Viboral.

Del total de recursos, 350 mil millones de pesos serán aportados por el Ministerio de Salud, distribuidos en vigencias futuras hasta 2032. La Universidad de Antioquia contribuirá con el terreno para el proyecto, la planta actual y su capacidad académica, científica e investigativa.

La planta actual de medicamentos esenciales, con más de 30 años de trayectoria, ha sido clave en la producción de medicamentos estratégicos para enfermedades desatendidas, malaria y VIH, entre otras, consolidando el papel de la Universidad de Antioquia en la apuesta por la soberanía farmacéutica nacional.

Además, recientemente fue habilitada como proveedora oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permitirá ampliar el suministro de medicamentos a otros países de la región y fortalecer la sostenibilidad del proyecto.

Respecto al nuevo proyecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Con este convenio garantizamos recursos históricos para fortalecer la producción pública de medicamentos en Colombia. La nueva planta de medicamentos esenciales es una apuesta estratégica para el acceso oportuno a tratamientos y la reducción de la dependencia externa en medicamentos prioritarios para la salud pública del país».

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En sus palabras ante la cúpula, los oficiales y las familias, el presidente Gustavo Petro dijo que muchas empresas guardan en sus bodegas las medicinas que necesitan las y los colombianos “y no se la entregan a la gente buscando que no se reforme la salud”.

Por ello, el mandatario insistió en que “es un deber de todo policía o policía de Colombia ir a las farmacias y, sin incumplir las normas, ir a las bodegas y determinar en cada pueblo de Colombia en dónde están guardando las penicilinas y las medicinas que necesitan con urgencia muchos enfermos en este país, que no tienen por qué suplicar cuando la medicina ya la compró el Gobierno de antemano y está en abundancia”.

Aseguró que la Policía y los alcaldes del país, dentro del margen de las normas, deben incautar esas medicinas acaparadas ilícitamente, en la medida en que insistió que “si no está la medicina es porque la plata se la petaquearon y eso se llama delito contra el patrimonio y la vida de la sociedad colombiana”.

Rescatar la juventud

En su discurso, el presidente Gustavo Petro se refirió a las cifras de delincuencia del país y reconoció que la realidad social del país lleva a muchos jóvenes a terminar delinquiendo con las bandas criminales, muchas de ellas que los reclutan ilegalmente.

“Ustedes tienen la obligación de sacar a los otros jóvenes de las bandas o se llevan a la cárcel o se les da la mano para que entiendan que la violencia no es el camino”, enfatizó el mandatario.

Anotó que “necesito aquí a promotores del arte y que sepan de eso y no que se oscurezcan como la demás parte de la sociedad en el siglo de la irracionalidad y la barbarie, porque una policía bárbara no salva a la nación, no la lleva adelante, solo una policía sabia, experimentada, que sepa de tratar al ser humano y defender su derecho y su dignidad y no dejarla jamás, es la que puede llevar a nuestra juventud a salir del homicidio”.

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La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado una investigación sancionatoria contra la EPS Salud Total, tras detectar múltiples irregularidades que afectan directamente la atención a sus afiliados. Entre las fallas más relevantes se encuentra la no entrega oportuna de medicamentos y la deficiente atención a grupos de especial protección como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Estos hallazgos han generado preocupación tanto entre los usuarios como en las autoridades, dado que se trata de una violación a las normativas del Sistema de Salud en Colombia.

Investigación por incumplimientos graves

La Superintendencia de Salud inició el proceso investigativo luego de una auditoría realizada entre el 9 y el 12 de abril de este año en las instalaciones de Salud Total en Bucaramanga. Durante esta visita, un equipo auditor detectó al menos once presuntos incumplimientos por parte de la EPS, que van desde falta de entrega oportuna de medicamentos hasta atención inadecuada a personas en situación de vulnerabilidad.

Una de las principales preocupaciones es la no entrega de más de 15,000 medicamentos a pacientes después de 90 días, superando ampliamente el plazo establecido. Este retraso en la entrega afecta gravemente la salud de los afiliados, quienes se ven obligados a asumir costos adicionales y enfrentar una mayor carga de enfermedad debido a la falta de tratamiento oportuno.

Irregularidades en la atención a usuarios vulnerables

Durante la auditoría, también se identificaron fallas significativas en la atención al usuario. En particular, los auditores observaron largas filas y demoras excesivas en la asignación de turnos, sin trato preferencial para mujeres embarazadas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Esto representa una vulneración directa a los derechos de estos grupos de especial protección, quienes deben esperar tiempos prolongados para recibir la atención que necesitan.

Además, se encontraron inconsistencias en los reportes de información suministrados por la EPS, lo que plantea dudas sobre la transparencia de su operación y el manejo adecuado de los recursos destinados a la salud de los afiliados.

Relación financiera con Audifarma bajo la lupa

Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación es la relación financiera entre Salud Total y Audifarma, la organización encargada de la gestión de medicamentos. Según los informes preliminares, durante la auditoría se evidenció que Salud Total habría utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para financiar a Audifarma, o generarle liquidez. Esta presunta desviación de fondos podría tener graves consecuencias legales para la EPS, que podría enfrentar sanciones por no cumplir con los requisitos financieros del sistema.

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, enfatizó que estas fallas no solo afectan el acceso a medicamentos, sino que ponen en riesgo la salud y el bienestar de miles de colombianos afiliados a la EPS, quienes se ven forzados a realizar trámites innecesarios y costosos para obtener los tratamientos que necesitan.

Posibles sanciones y seguimiento a la investigación

La Superintendencia Nacional de Salud ha dejado claro que se llevará a cabo una exhaustiva revisión de los hechos para determinar las responsabilidades pertinentes en este caso. Dependiendo de los resultados de la investigación, la EPS Salud Total podría enfrentar sanciones económicas y administrativas por sus incumplimientos.

Mientras tanto, la comunidad afiliada a Salud Total y el público en general se mantienen a la expectativa de los desarrollos del caso. Las autoridades están comprometidas a garantizar que se tomen las medidas correctivas necesarias para asegurar que los afiliados reciban la atención y los medicamentos que requieren, sin demoras ni inconvenientes.

La Superintendencia continuará monitoreando de cerca la situación para evitar que estas irregularidades se repitan y para proteger los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia.

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