Bojayá (Chocó)/mayo de 2026-Comunidades afrodescendientes e indígenas, organizaciones de víctimas, entidades del Estado y sociedad civil se reunieron en Bojayá para conmemorar los 24 años de la masacre, honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición.

La conmemoración recuerda uno de los hechos más graves del conflicto armado en Colombia, ocurrido el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba impactó la iglesia de Bellavista, donde la población buscaba refugio en medio de enfrentamientos entre las Farc y las AUC.

El ataque dejó 102 personas asesinadas, entre ellas 48 menores de edad, además de cerca de 160 personas heridas y un impacto psicológico que afectó a toda la comunidad, generando un trauma colectivo que persiste en el territorio.

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la conmemoración busca reconocer el daño cultural generado, así como fortalecer los procesos de memoria, reparación simbólica y prácticas culturales y ancestrales de las comunidades.

En cumplimiento de la Ley 2087 de 2021 y de decisiones judiciales, el próximo 2 de mayo se realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad y petición de disculpas por parte del Estado, en el que la voz de las víctimas será central.

La agenda incluyó jornadas de acompañamiento psicosocial, actividades de resistencia cultural como alabaos y gualíes, espacios de diálogo y reflexión, así como un acto central orientado a proyectar un futuro de paz y no repetición.

El Ministerio señaló que este proceso pone en el centro a las víctimas y sus comunidades, reconociendo sus prácticas culturales y su papel en la construcción de una sociedad más justa, con el propósito de evitar que hechos como la masacre de Bojayá se repitan.

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El magistrado Pedro Elías Díaz Romero, les advirtió a los comparecientes que no aportar verdad, volverán a las cárceles a purgar sus condenas, mientras que el capitan del Ejército, Orlando Espinosa, pidió perdón a las víctimas.

Hace 21 años que Nélida Guerra, una de las víctimas de la masacre de La Resbalosa en jurisdicción de San José de Apartadó, en el municipio del mismo nombre, clama justicia y hoy se enfrenta cara a cara con los victimarios, en busca de la verdad.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) programó para hoy jueves y mañana viernes la audiencia territorial de aportes a la verdad por la masacre de La Resbalosa ocurrida en Apartadó en el año, 2005. Allí la Fundación Forjando Futuros representa a las víctimas.

En dicha masacre que sacudió el país durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la sevicia con la que fueron asesinados cuatro menores y cuatro adultos, hay involucrados militares y paramilitares.

 A la audiencia acuden 10 comparecientes que pertenecieron a la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional con sede de en el municipio de Carepa, quienes estuvieron involucrados en estos hechos, de acuerdo con la JEP.

Los hechos:

La masacre fue perpetrada por paramilitares por medio de su bloque Héroes de Tolová, al mando de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” en connivencia con miembros del Ejército Nacional y atribuida a las extintas FARC, para desviar la investigación.

La matanza ocurrió un 21 de febrero del año 2005 y aparentemente buscaba golpear a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, señalada por las AUC de tener alianzas con la guerrilla. Los cadáveres de los campesinos fueron hallados en las veredas La Resbalosa y Mulatos.

Por medio de testimonios de paramilitares desmovilizados, se conoció que los asesinos fueron protegidos por integrantes de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Voltígeros de la citada unidad militar.

Ya el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa y el gobierno nacional aceptaron su responsabilidad y pidieron perdón por la masacre, varios militares fueron condenados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó protección para la Comunidad de Paz.

Entre las víctimas figuran: Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés Guerra, menor, Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Milena Muñoz Posso, sus hijos, Natalia de cinco años y su bebé Santiago de 18 meses, también fue asesinado, Alejandro Pérez Castaño, que no era de la comunidad y al parecer se enfrentó a los atacantes.

Durante estas audiencias se conoció una nueva víctima, ya que se comprobó que una de las damas asesinadas estaba en gestación, lo que aumenta la crueldad de los hechos y a nueve el numero de personas masacradas.

Nélida Guerra:

Nélida Guerra es hermana de Luis Eduardo Guerra y de Deiner Andrés Guerra, menor asesinado con su padre quien hoy y mañana hace presencia en la audiencia programada por la JEP en Apartadó.

Recordó con impotencia como asesinaron a padres y madres, niños inocentes, dijo que han sido veinte años de fortaleza y resiliencia, cree que el acto de esta semana es un principio, para que los hechos ocurridos no queden en la impunidad, para llegar a la verdad, ya tuvo la oportunidad de reunirse con los comparecientes. “Es muy duro no escuchar lo que queríamos escuchar en ese momento, nosotros que conocimos lo que ocurrió, queríamos escuchar de sus propias palabras cuál era el objetivo que tenían, sus planes, sus últimas palabras en su momento de dolor y de angustia, pero aceptan que tuvieron culpabilidad, pero no estuvieron presentes ni actuaron con sus propias manos, entonces a nosotros como víctimas no queda una incógnita ahí porque queremos la verdad” dice la víctima.

Sobre los menores asesinados los comparecientes dicen que eso no debió ocurrir, que no tienen palabras. “tenemos la esperanza que la verdad se de a la luz, hay mucha expectativa, estamos con los magistrados que van a estar más pendientes de la situación, pero se siente mucha angustia” agregó.

La señora Nélida agradeció la forma profesional el acompañamiento de la Fundación Forjando Futuros y como los ha venido representando.

Contundente advertencia del Magistrado

Por su parte Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, fue enfático en advertir que, si no existe verdad, los comparecientes pierden los beneficios, vuelven a la cárcel a purgar las penas que ya les impusieron.

Dicha sala hace seguimiento a los diez comparecientes involucrados en violaciones a los derechos humanos en el año 2005, pero tiene un listado 800 militares para llamar en audiencia.

“Los comparecientes al haber ingresado a la JEP y haber obtenido algunos beneficios, porque ellos fueron condenados por la justicia ordinaria por esta masacre, pero al ingresar a la JEP como comparecientes forzosos, deben ante las víctimas de los hechos y ante las víctimas de la sociedad de San José de Apartadó, rendir aportes de verdad plena sobre los hechos. Ellos deber hacer relatos más allá de lo que fue probado en la justicia ordinaria, para completar la verdad que necesitan las víctimas” dijo el magistrado en Apartadó.

“Deben aceptar responsabilidad, teniendo en cuenta que fueron vencidos en su presunción de inocencia en la justicia ordinaria, esto hace parte de un escenario restaurativo. Ellos se comprometieron a ofrecer verdad, dignificar a las víctimas por tan graves hechos, hacer memoria sobre su buen nombre y a garantizar la no repetición”

Volverían a la cárcel

“Si no aportan esa verdad, podrían verse devueltos a la justicia ordinaria, donde tendrían que cumplir las altas penas que les impuso la Corte Suprema de Justicia, volver a las cárceles y cumplir sus sentencias. La verdad reconforta, la verdad repara, es el reconocimiento de quiénes fueron ellas, porqué ocurrieron los hechos y que la sociedad conozca que fue lo que ocurrió y que no se vuelva a repetir” advirtió el togado.

Las víctimas son intervinientes en la audiencia, pueden interrogar a los comparecientes, exponer su situación, de dolor, cómo han vivido el duelo.

Esta sala de Reconocimiento debe llegar a la verdad en la línea de mando, sobre los militares que dieron la orden y los aportes a la verdad de estos comparecientes tiene que ser superior a la que ya fue juzgada por la justicia ordinaria.

Capitán del Ejército

Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la Brigada XVII uno de los comparecientes pidió perdón a las víctimas y advirtió que dicha masacre nunca debió ocurrir

“Me dirijo a ustedes con el peso de la memoria, con el respeto profundo que merecen las víctimas y con la responsabilidad moral de unos hechos que jamás debieron ocurrir, este lamentable suceso debe convocarnos a una reflexión profunda, sobre la importancia de preservar la vida como el bien más preciado, sobre la obligación ineludible de actuar con responsabilidad”

“La masacre de la comunidad de San José no es solo un episodio doloroso, es una herida abierta en la conciencia colectiva del país, en ese territorio donde la comunidad había decidido caminar en paz, se quebrantaron los principios fundamentales la vida, la dignidad y la confianza en las instituciones, traigo dolor, respeto y la necesidad profunda  de decir algo que debió decirse hace mucho tiempo, perdón, perdón por lo que pasó, perdón por el horror, perdón por cada vida que fue arrebatada, de una manera tan injusta y cruel, perdón a toda una comunidad  que creyó en la paz y fue traicionada.

“Siento vergüenza y una profunda responsabilidad, aún a si quiero decirles que lo siento de verdad, no hay una justificación por lo que ocurrió, el dolor no desaparece”

Esa maravillosa comunidad de San José de Apartadó en su decisión de mantenerse de pie en la paz y no responder con odio, que este perdón no es el final, si no un paso necesario para construir algo distinto” concluyó el compareciente en la audiencia que continúa mañana en el municipio de Apartadó.

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La Fiscalía ordena encarcelar a 24 militares por masacre en Putumayo

En una decisión histórica, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por su participación en la masacre de 11 personas, incluyendo un gobernador indígena y un menor de edad, durante una operación militar en Alto Remanso, Putumayo. Este hecho ha generado gran controversia y cuestionamientos sobre las operaciones militares realizadas durante el gobierno de Iván Duque.

Operación «Mahlon No. 5» y su trágico desenlace

Contexto y ejecución de la operación

El 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, se llevó a cabo la operación militar denominada «Mahlon No. 5», dirigida por el coronel Andrés Cadena Bautista. Durante un bazar comunitario, soldados del Ejército Nacional abrieron fuego indiscriminadamente, resultando en la muerte de 11 personas y cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada. Las víctimas incluían a un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, lo que generó una fuerte condena pública.

Declaraciones oficiales y reacciones

Horas después del operativo, el entonces presidente Iván Duque y el exministro de Defensa Diego Molano afirmaron que las víctimas eran disidentes de las FARC. Duque destacó en un trino que «se había logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).» Sin embargo, el actual presidente Gustavo Petro, junto con testimonios de la comunidad, señalaron que las víctimas eran civiles desarmados, incluyendo niños, desmintiendo las declaraciones oficiales.

Investigaciones y hallazgos

Testimonios de la comunidad

Abundantes testimonios de la comunidad, documentados por Vorágine, El Espectador y Cambio, indican que los soldados que llegaron a la vereda se presentaron como guerrilleros del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Estos soldados estaban disfrazados de insurgentes con camisetas negras y capuchas, creando un ambiente de hostilidad para justificar el ataque indiscriminado contra la población civil.

Manipulación de la escena del crimen

La investigación de la Fiscalía reveló que, tras el operativo, los militares se vistieron con sudaderas, camisetas y pañoletas para aparentar ser miembros de un Grupo Armado Organizado al margen de la ley. Esta manipulación de la escena del crimen tenía como objetivo encubrir sus acciones, según relatos del fiscal encargado del caso. Las evidencias recopiladas contradicen las declaraciones iniciales del exministro de Defensa Diego Molano y el expresidente Iván Duque.

Implicaciones legales y derechos humanos

Violación del Derecho Internacional Humanitario

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos afirmó que el operativo violó los principios de humanidad y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas eran civiles que no participaban activamente en las hostilidades, y el daño causado fue excesivo en comparación con la ventaja militar buscada por el Ejército.

Medidas de aseguramiento y cargos

La medida de aseguramiento dictada por el juez promiscuo municipal con función de control de garantías incluye a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados, quienes enfrentarán cargos por homicidio en persona protegida consumado y tentativa. Los acusados permanecerán en el centro de reclusión del Batallón de Ingenieros No. 13 en Bogotá mientras continúa la investigación.

La justicia ha comenzado a tomar su curso en uno de los casos más controvertidos de los últimos años en Colombia. Este caso no solo pone en tela de juicio las acciones del Ejército Nacional, sino que también resalta la importancia de proteger los derechos humanos y la vida de los civiles en cualquier operativo militar.

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