En solo dos días la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el apoyo de la Policía Nacional, recuperó el predio La Perla en Puerto Triunfo y ocho predios más en Puerto Nare (Antioquia), que suman un total de 1.370 hectáreas.

Los terrenos recuperados permitirán que 300 familias campesinas y víctimas desarrollen proyectos productivos de café, plátano, caña panelera, aguacate, banano, maíz y fríjoles. 

El director de la ANT, Felipe Harman, resaltó que pese a la resistencia de quienes se oponen a la Reforma Agraria en Antioquia, en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se realizó un operativo en Puerto Triunfo, donde se recuperó el predio La Perla, de 115 hectáreas, el cual perteneció a alias ‘La Gina’, familiar del exjefe paramilitar Ramón Isaza.

Este predio estaba ocupado irregularmente por un privado, sin un contrato de arrendamiento o documento contractual para explotarlo.

La Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asodo), integrada por campesinas que durante más de 10 años lucharon por recuperar la tierra que les fue arrebatada, recibió finalmente el predio La Perla.

Al respecto Flor Marina Andrade, representante legal de Asodo, expresó que “con esta tierrita volvimos a nacer. Llevábamos 17 años en esta lucha por tener un pedacito de tierra, ahora le damos gracias a Dios y al presidente Petro por cumplir nuestro sueño de decir ¡Esta tierra sí es mía!».

Agregó que “con nuestras cosechas vamos a ayudar al país a tener comida suficiente y a darle un mejor futuro a nuestros hijos y nietos»

Operativos en Puerto Nare

De manera paralela, en Puerto Nare, la Agencia Nacional de Tierras incautó ocho predios de gran extensión que suman 1.254 hectáreas.

Predios que comprende la hacienda La Gorgona:

La Esperanza, 106,70 hectáreas.

Guadualito, 50,26 hectáreas.

La Gorgonita, 48,00 hectáreas.

 Calima, 67,91 hectáreas.

La Gorgona, 336 hectáreas.

Predios que comprende la hacienda Jamaica:

El Barril, 225,56 hectáreas.

San Judas Las Pavas (42,54 hectáreas)

Jamaica, 376,77 hectáreas.

El último predio, conocido como ‘Jamaica’, figura a nombre de un hombre que es investigado por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares de la zona. Por su parte, el predio La Gorgona, de 336 hectáreas, perteneció a alias ‘Manicomio’, quien fue piloto privado del narcotraficante ‘Loco Barrera’.

Este predio colinda con ‘El Barril’, otra de las haciendas donde, según reportes, funcionaron centros de entrenamiento de ejércitos privados, sicarios y grupos paramilitares.

Estas 1.370 hectáreas se suman a más de 2.500 recuperadas esta semana en el Magdalena, avanzando de manera estratégica en la reparación y formalización de tierras.

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El Consejo de Estado ha tomado una decisión histórica que sacude el panorama político del departamento del Magdalena y marca un precedente en materia de doble militancia política en Colombia. La Sección Quinta del alto tribunal declaró la nulidad de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador para el período 2024-2027, al probarse su conducta de doble militancia.

La decisión que cambió el rumbo de la gobernación

Los argumentos del Consejo de Estado

La sentencia emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado se fundamentó en la vulneración de los principios de lealtad y disciplina exigidos a los candidatos por la Constitución y la Ley 1475 de 2011. El fallo demuestra que, en septiembre de 2023, Martínez participó en un evento público en la Villa Olímpica de Santa Marta para expresar abiertamente su apoyo a las candidatas María Charris y Miguelina Pacheco del Partido de la U. Este respaldo público se materializó a pesar de que Martínez llegó a la Gobernación avalado por el movimiento Fuerza Ciudadana, colectivo diferente al que representaban las candidatas apoyadas.

La doble militancia fue acreditada a través de diversas pruebas, entre ellas fotografías, videos y enlaces en redes sociales en los que Martínez solicitaba apoyo para las candidatas de La U, contraviniendo la normatividad vigente y evidenciando la infracción. El tribunal concluyó que su actuar violó la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, lo que constituye una causal suficiente para la nulidad de su elección.

Reacciones y últimos recursos

Tras conocerse el fallo, Rafael Martínez intentó, mediante recursos de aclaración, adición y nulidad, revertir la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas por la misma corporación, dejando en firme la salida de Martínez de la gobernación. Paralelamente, se encuentra en trámite una tutela que busca suspender los efectos de la sentencia, pero la solicitud de medida cautelar fue negada mientras se estudia el fondo de la acción constitucional.

El propio Martínez ha calificado la medida como una persecución política y ha asegurado que la decisión se basa en “tecnicismos” y en una edición malintencionada de los videos utilizados como prueba en su contra. A su vez, desde la presidencia de la República, Gustavo Petro criticó fuertemente la decisión, señalándola como una “agresión” y alegando una posible violación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las implicaciones políticas y jurídicas

¿Por qué es relevante la doble militancia?

La doble militancia es una de las restricciones más estrictas que la legislación colombiana impone a quienes ostentan cargos de elección popular o aspiran a ellos, como mecanismo para proteger la transparencia y la disciplina partidaria. Esta figura prohíbe que un militante apoye candidatos de partidos distintos al suyo, salvo cuando exista una coalición formal autorizada y debidamente inscrita, situación que no se presentó en el caso de Martínez.

La jurisprudencia de la Corte y el Consejo de Estado ha reiterado que este régimen busca evitar la “confusión de lealtades” y favorecer el derecho de los electores a conocer con claridad las posturas políticas de sus representantes.

Reemplazo y futuro de la gobernación

Con la firmeza del fallo, el departamento del Magdalena deberá proceder al nombramiento de un gobernador encargado o a la convocatoria de nuevas elecciones, según los procedimientos y plazos establecidos por la legislación electoral colombiana. El vacío de poder generado por esta decisión representa un reto institucional para garantizar la estabilidad administrativa y política de la región.

El episodio marca también otra derrota para el grupo político liderado por Carlos Caicedo y afiliado al movimiento Fuerza Ciudadana, tras la pérdida de la personería jurídica del mismo partido en meses recientes.

El debate sobre las decisiones judiciales y la política

Posiciones encontradas: legalidad vs. legitimidad

La nulidad de la elección de Rafael Martínez revive el debate nacional sobre los límites de la intervención judicial en la política y la necesidad de fortalecer la autonomía de las instituciones electorales. Mientras algunos sectores destacan el fallo como un paso firme en contra de la doble militancia y a favor de la transparencia, otros lo califican como una judicialización excesiva de la política, capaz de alterar la voluntad popular expresada en las urnas.

El Consejo de Estado, por su parte, ha reiterado que su función es garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución, independientemente de los efectos políticos de sus sentencias.

Impacto a nivel nacional

La decisión ha suscitado reacciones en todo el país, incrementando el escrutinio sobre el proceder de funcionarios públicos y reforzando la vigilancia de la opinión pública sobre la coherencia de los líderes políticos con los partidos que los avalan. Para los partidos políticos y movimientos, este fallo representa una señal inequívoca sobre la importancia de observar estrictamente las normas electorales y los principios de lealtad partidaria.

La anulación de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena constituye un hito en la jurisprudencia electoral colombiana y un recordatorio de que el respeto por las reglas del juego democrático es fundamental para la legitimidad de quienes ejercen el poder público. El caso sienta un precedente que puede influir en futuras contiendas electorales y redefine los límites entre la actividad política y la disciplina partidaria en el país.

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