La medida fue adoptada mediante el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026​, expedido por el presidente Gustavo Petro tras la recomendación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La declaratoria permitirá activar mecanismos técnicos, administrativos, presupuestales y jurídicos para fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta institucional frente a los efectos del fenómeno climático.

De acuerdo con la información técnica, las condiciones de El Niño ya se encuentran presentes en el océano y la atmósfera. Los análisis indican una probabilidad superior al 95 % de que el fenómeno se fortalezca durante el segundo semestre de 2026 y un 63 % de que alcance una intensidad muy fuerte, con posibles efectos hasta el primer trimestre de 2027.

El Gobierno advirtió que el fenómeno podría ocasionar una reducción significativa de las lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, afectando el abastecimiento de agua, la generación de energía, la producción agropecuaria, la salud pública y los ecosistemas. Asimismo, aumentaría el riesgo de incendios forestales y el deterioro de la calidad del aire y de los suelos.

Actualmente, 558 municipios presentan riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua potable, de los cuales 111 enfrentan las condiciones más críticas. La situación se agrava por la baja cobertura de acueducto en las zonas rurales, donde el servicio alcanza cerca del 46 %, frente al 83 % en las áreas urbanas.

“Tendremos una megasequía afectando buena parte del territorio nacional hacia diciembre de 2026 y marzo de 2027. Es muy probable que nunca se haya observado una sequía de esa magnitud en la historia de Colombia», afirmó el presidente Gustavo Petro.​

Plan de ac​​ción con cinco líneas estratégicas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) será la encargada de formular y ejecutar el Plan de Acción Específico para la Recuperación, en coordinación con los ministerios, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades territoriales.

El plan contempla cinco líneas estratégicas: garantizar el abastecimiento y uso eficiente del agua; fortalecer la seguridad alimentaria; impulsar la transición energética mediante soluciones fotovoltaicas para hogares vulnerables; reforzar la vigilancia y atención en salud pública, y ampliar las acciones de prevención y control de incendios forestales y protección ambiental.

Cada una de estas líneas incluirá programas, proyectos, metas, cronogramas, responsables, requerimientos presupuestales y fuentes de financiación para asegurar una respuesta coordinada entre los diferentes niveles del Estado.

Fortalecimiento de capacidades

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno anunció la adquisición de dos helicópteros Firehawk para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con una inversión de $149.836 millones, destinados a reforzar las operaciones de control de incendios forestales incluso en condiciones de alta complejidad.

Además, el país cuenta con 24 cuerpos de bomberos étnicos, campesinos y forestales integrados por 510 unidades operativas, y la UNGRD proyecta conformar otros 24 cuerpos especializados con una inversión de $2.895 millones.

La entidad también ha destinado más de $24.286 millones para fortalecer la capacidad de respuesta en ocho departamentos priorizados y $9.460 millones para acciones de reducción del riesgo en la Amazonía. A esto se suma la implementación de nueve Sistemas de Alerta Temprana y la puesta en marcha de otros 37, de los cuales 13 estarán enfocados en la prevención de incendios forestales.

Recursos para atender la emergencia​

El decreto faculta al Ministerio de Hacienda para realizar los traslados presupuestales necesarios que permitan financiar las medidas contempladas en el Plan de Acción Específico para la Recuperación.

Asimismo, crea la subcuenta temporal Fenómeno del Niño 2026-2027, administrada por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que podrá recibir recursos del Presupuesto General de la Nación, aportes de entidades públicas y territoriales, así como donaciones nacionales e internacionales.

Durante la vigencia de la declaratoria se aplicará el régimen especial previsto en la Ley 1523 de 2012, con el fin de facilitar la ejecución de acciones para la reducción del riesgo, la atención de emergencias y la recuperación de las zonas afectadas.

Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de anticipación del Estado para proteger la vida de los colombianos, garantizar el acceso al agua, preservar la seguridad alimentaria, mantener la continuidad de los servicios esenciales y proteger los ecosistemas frente a los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027.

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La jornada se desarrolló en el municipio de San Pedro de Urabá, donde las entidades, en articulación con la administración municipal, llevaron estas ayudas humanitarias a comunidades de los corregimientos Alto Rosario, Pueblito, Las Pavas, El Rayo y Santa Catalina, además de veredas como El Perú, Filo Pancho, San Juancito, Montecarlo, Zumbido Arriba, Zumbido Abajo, Tres Esquinas, Guartinajo, El Tomate, Zapindonga, Arenas Monas, Almendro, y Las Almagras.

Durante la entrega, la gerente regional de Prosperidad Social en Urabá, Diana Patricia Álvarez Torres, destacó que esta acción es resultado del trabajo conjunto entre instituciones: “En la regional Urabá, seguimos unidos ante la emergencia. Gracias a la donación de zapatos por parte de la DIAN y a la articulación con la Administración Municipal de San Pedro de Urabá, hoy seguimos sumando al bienestar de miles de personas que padecieron considerablemente durante la temporada atípica de fuertes lluvias de inicio de año”.

Por su parte, Omar Umanes, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Zumbido Abajo y uno de los beneficiarios, expresó su agradecimiento a Prosperidad Social por esta jornada de entregas, destacando que estos paquetes representan un gran apoyo para las comunidades del norte del municipio, que a comienzos de año se vieron fuertemente afectadas por la temporada atípica de lluvias.

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El Gobierno del presidente Petro encendió nuevamente las alertas preventivas en todo el país ante el complejo escenario climático que enfrenta Colombia y que podría agravarse con la llegada del fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte desde junio, según las proyecciones técnicas y científicas presentadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La estrategia busca anticiparse a posibles emergencias y proteger a las comunidades más vulnerables frente al estrés hídrico, las altas temperaturas y la disminución de lluvias.

Durante un espacio de articulación liderado por la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, el Gobierno nacional reunió a entidades del orden nacional, gobernaciones, alcaldías y corporaciones autónomas regionales para coordinar acciones urgentes de prevención y respuesta frente a los impactos que podrían presentarse en los territorios.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el país enfrenta actualmente la acumulación de varios fenómenos anómalos de variabilidad climática, entre ellos meses con lluvias por debajo de lo normal, temperaturas históricas en varias regiones, especialmente en el Caribe, y una probabilidad del 82 % de consolidación de un fenómeno de El Niño desde el próximo mes.

“Estamos viviendo un escenario climático con suficientes elementos anómalos que nos permiten confirmar que la situación podría ser más grave que la registrada durante el fenómeno de El Niño de 2023-2024. Por eso, las medidas que se tomen desde el Gobierno nacional, pero también desde municipios, gobernaciones y corporaciones autónomas, deben ser más oportunas, urgentes y articuladas”, señaló la ministra (e) Irene Vélez Torres.

Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, el ministerio de Ambiente pidió fortalecer el monitoreo permanente de las alertas emitidas por el Ideam y la UNGRD, además de destinar recursos técnicos y económicos para prevenir y atender posibles emergencias derivadas de este escenario climático.

“Tenemos tres procesos anómalos de variabilidad climática ocurriendo al mismo tiempo: meses con lluvias por debajo de lo normal que han generado estrés hídrico, temperaturas históricas y un posible fenómeno de El Niño con alta probabilidad de consolidarse desde junio. Por eso, los alcaldes y gobernadores tienen la responsabilidad, y también la obligación legal, de destinar recursos y equipos técnicos para atender los posibles impactos que puedan presentarse en sus territorios”, concluyó la ministra (e).

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La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha anunciado que Colombia vivirá un cierre de año marcado por un incremento significativo de lluvias. Regiones como la Caribe y la Orinoquía experimentarán precipitaciones hasta un 50% superiores a los promedios históricos, mientras que la Región Andina y San Andrés también enfrentarán condiciones climáticas adversas.

Incremento de lluvias y su impacto en las regiones

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explicó que el fenómeno no está relacionado con La Niña, sino con la convergencia de factores meteorológicos como ciclones y tormentas tropicales, que han intensificado las lluvias en las últimas semanas.

Regiones más afectadas

1. Región Caribe: Aumento de lluvias entre un 20% y un 50%, con riesgos de inundaciones.
2. San Andrés y Providencia: Precipitaciones superiores en un 10% a 30% del promedio habitual.
3. Región Andina y Orinoquía: Lluvias por encima de los niveles históricos esperados.

Las emergencias recientes han provocado inundaciones en diversos departamentos, obligando a las autoridades a emitir alertas y recomendaciones para mitigar los riesgos.

Recomendaciones del Ideam y las autoridades

El Ideam subraya la importancia de monitorear constantemente las condiciones climáticas a través de canales oficiales. Además, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones:

• Mantenerse informado mediante los boletines meteorológicos.
• Evitar zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.
• Preparar planes de emergencia en comunidades vulnerables.
• Proteger cultivos y viviendas ante posibles crecidas de ríos.

Aunque el fenómeno de La Niña podría consolidarse en las próximas semanas, las lluvias actuales responden a dinámicas climáticas específicas que requieren atención inmediata.

Un llamado a la prevención y monitoreo

El Ideam insiste en la responsabilidad de los ciudadanos y autoridades locales para prevenir emergencias mayores. Un monitoreo constante y la implementación de medidas de adaptación serán clave para minimizar los impactos de este diciembre lluvioso.

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Antioquia se encuentra lista para enfrentar la segunda temporada de lluvias del año, la cual será intensificada por el fenómeno climático de La Niña. Las autoridades departamentales han activado un conjunto de medidas preventivas y de respuesta ante la posibilidad de emergencias, enfocándose especialmente en las zonas más vulnerables.

Antioquia y La Niña: una combinación desafiante

Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias se incrementarán en varias subregiones de Antioquia, siendo el Valle de Aburrá, Magdalena Medio y el Norte las más afectadas. El fenómeno de La Niña, que ha influido en el aumento de las precipitaciones, es un fenómeno climático que requiere medidas coordinadas entre las instituciones y la población.

Para minimizar los riesgos, la Gobernación de Antioquia ha implementado un sistema de monitoreo hidrometeorológico compuesto por 118 sensores distribuidos en 36 municipios. Estos dispositivos permiten emitir alertas tempranas en caso de situaciones de riesgo, lo que resulta crucial para proteger a las comunidades en áreas propensas a deslizamientos y desbordamientos de ríos.

Preparativos para emergencias

La Secretaría de Infraestructura ha sido uno de los principales actores en la estrategia preventiva. Con más de 21 frentes de maquinaria amarilla distribuidos estratégicamente, se encuentran listos para intervenir en las vías afectadas por deslizamientos u obstrucciones generadas por la acumulación de agua. Estas medidas, junto con el constante monitoreo de los puntos críticos, buscan asegurar la movilidad y la atención rápida a las emergencias.

Aparte de las infraestructuras, el departamento ha invertido en un importante estudio de movimientos en masa, lo que permitirá identificar zonas críticas que presenten un alto riesgo de deslizamientos. Esta inversión no solo busca la intervención inmediata, sino que proporciona un marco para la planificación de acciones preventivas a largo plazo en estas áreas.

Asistencia humanitaria y prevención comunitaria

El apoyo a las comunidades afectadas es también una prioridad. En lo que va del año, la Gobernación ha distribuido miles de ayudas humanitarias, incluyendo alimentos, kits de higiene y materiales de construcción, en las zonas más afectadas. Este enfoque ha sido clave para mitigar el impacto social y económico de las lluvias, permitiendo que las familias más vulnerables tengan un apoyo directo.

La ciudadanía ha sido llamada a tomar medidas de precaución. Las autoridades insisten en la importancia de asegurar viviendas, evitar actividades de riesgo en cercanías a ríos y quebradas, y mantenerse atentos a las alertas emitidas por los sistemas de monitoreo. Estas recomendaciones son fundamentales para evitar tragedias y facilitar la labor de las entidades encargadas de la atención de emergencias.

Antioquia, resiliente frente a las lluvias

Con la combinación de medidas tecnológicas, infraestructurales y comunitarias, Antioquia busca minimizar los impactos de esta segunda temporada de lluvias. La Gobernación, en conjunto con otras entidades del estado, sigue reforzando sus esfuerzos de prevención, buscando proteger tanto las vidas humanas como la infraestructura del departamento.

El desafío que representa el fenómeno de La Niña demanda una respuesta coordinada entre el gobierno y la ciudadanía. Con la instalación de sensores de monitoreo, los frentes de maquinaria preparados y la entrega de ayudas humanitarias, Antioquia demuestra su capacidad para actuar con rapidez ante las amenazas naturales.

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Chigorodó, 22 de abril de 2024 – Bajo la administración de la alcaldesa Tulia Irene Ruiz García, el Municipio de Chigorodó ha declarado oficialmente estado de calamidad pública. Este anuncio surge en respuesta a las severas inundaciones causadas por las intensas lluvias recientes en la región de Urabá, afectando a numerosas familias y deteriorando diversas áreas.

Sectores Afectados y Respuesta Inmediata

Las zonas más afectadas incluyen las veredas Sadem Guacamaya, Candelaria, Veracruz I, La Colorada, Tierra Santa y Malagón. Ante esta situación, equipos de la Oficina de Gestión del Riesgo, en colaboración con bomberos y Cruz Roja, han sido movilizados desde el domingo 21 de abril. Estos equipos se encuentran en el terreno evaluando daños y coordinando esfuerzos de asistencia y mitigación.

Medidas y Coordinación para la Gestión de la Emergencia

La alcaldía ha activado rutas de atención específicas para enfrentar la emergencia, con el objetivo de asegurar que la ayuda necesaria llegue de manera eficiente y oportuna a las comunidades afectadas. La declaración de calamidad facilita una mayor coordinación entre diversas entidades como Bomberos Chigorodó, Corpourabá, DAGRAN, la Policía, el Ejército, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Llamado a la Comunidad

La alcaldía invita a los residentes y afectados a contactar a la Oficina de Gestión del Riesgo para más información y coordinación de acciones de ayuda y recuperación. Esta respuesta coordinada busca minimizar el impacto de las inundaciones y ayudar a las familias a recuperar su normalidad lo antes posible.

Por: Comunicaciones Alcaldía de Chigorodó

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