Con el asesinato de Daniel Niño Niño, líder social y político de Casanare, la cifra de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2025 se eleva a 111 casos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre la persistente violencia que afecta a quienes trabajan por la defensa de los derechos y las comunidades en el país.

El crimen en Casanare

Hallazgo del cuerpo

El asesinato ocurrió el pasado 3 de septiembre en el municipio de Sácama, Casanare, en la zona conocida como la quebrada Agua Blanca, vereda Colorada. Según las autoridades, Niño Niño fue atacado con arma de fuego mientras se desplazaba entre los municipios de Socotá (Boyacá) y Hato Corozal (Casanare). Su cuerpo fue hallado hacia las 10:00 de la mañana, lo que generó un fuerte rechazo en la región.

Trayectoria de Daniel Niño Niño

Un líder comunitario con amplia experiencia

Niño Niño contaba con una destacada trayectoria en la vida pública y comunitaria. Fue exconcejal municipal y secretario de la Alcaldía de Socotá (Boyacá), además de integrar la Asociación Campesina del Río Pauto. Su trabajo estuvo enfocado principalmente en la vereda El Oso, en Socotá, donde desarrolló acciones en defensa del campesinado y los recursos naturales.

Alertas de la Defensoría del Pueblo

Riesgo latente para defensores de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el alto riesgo que enfrentan los líderes sociales en esta región. A través de las alertas tempranas AT 008/21 y AT 019/23, la entidad señaló la vulnerabilidad de municipios como Sácama y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.

El caso de Daniel Niño Niño no solo representa una pérdida para su comunidad, sino que evidencia la insuficiente respuesta estatal frente a la violencia contra líderes sociales en Colombia. Mientras Indepaz alerta sobre el incremento de los asesinatos en lo corrido del año, organismos nacionales e internacionales insisten en que la protección de estas personas debe convertirse en una prioridad para el gobierno.

La muerte de este dirigente campesino se suma a una larga lista de víctimas que han pagado con su vida el compromiso con sus comunidades, lo que genera una profunda preocupación por el futuro de la participación social y la defensa de los derechos humanos en Colombia.

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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que 173 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2024. Este panorama refleja la persistencia de la violencia contra los líderes comunitarios en varias regiones del país, a pesar de una ligera disminución en los casos respecto a 2023, cuando se registraron 188 víctimas.

Cauca y Antioquia: las regiones más afectadas

Según el informe de Indepaz, los homicidios se concentraron en 27 departamentos y 115 municipios. Cauca encabeza la lista con 29 asesinatos, seguido de Antioquia con 26, Valle del Cauca con 19 y Arauca con 18 casos. Estas cifras reflejan cómo los territorios históricamente golpeados por el conflicto armado continúan siendo escenarios de violencia.

Diversidad de víctimas

Las víctimas incluyen líderes de distintos sectores, entre ellos comunales, ambientalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, culturales, de derechos de las mujeres, juveniles, indígenas, de víctimas y políticos. Los líderes comunales fueron el grupo más afectado, con 55 casos reportados.

Un panorama preocupante

Meses más violentos

Abril fue el mes más crítico, con el registro de 21 asesinatos. El primer caso del año ocurrió el 2 de enero, mientras que el último fue documentado el 28 de diciembre, demostrando que esta problemática se mantuvo constante durante todo el año.

Distribución por género

De acuerdo con Indepaz, el 87% de las víctimas fueron hombres y el 12% mujeres, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de los líderes en sus comunidades, sin distinción de género.

Masacres y violencia generalizada

En paralelo a estos asesinatos, el informe destaca que en 2024 se registraron 76 masacres en 21 departamentos, que dejaron un saldo de 263 víctimas. Estos eventos trágicos reflejan el complejo panorama de seguridad que sigue enfrentando Colombia, a pesar de los esfuerzos por implementar políticas de paz.

El análisis de estos hechos pone de manifiesto que la violencia contra los líderes sociales es un fenómeno estructural, vinculado a dinámicas territoriales como la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la ausencia de un control estatal efectivo en ciertas zonas del país.

El desafío para el 2025 será reforzar las estrategias de protección y garantizar que estos líderes puedan desarrollar su labor sin temor a represalias.

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