Los mecanismos de justicia internacional han ignorado reiteradamente la hambruna inducida como crimen de guerra, pese a sólidas evidencias legales y testimonios de organismos especializados.

Contexto histórico y legal

Desde el Estatuto de Roma, el uso del hambre como método de guerra se tipificó como crimen bajo el artículo 8(2)(b)(xxv), incluyendo conflictos armados no internacionales desde la enmienda de 2019.
A su vez, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos añadidos prohíben acciones como el hambre inducido, ataques a infraestructuras esenciales o bloqueos de ayuda humanitaria.

Gaza: hambruna deliberada

En Gaza, numerosos organismos internacionales han denunciado que el bloqueo israelí, los bombardeos y la destrucción de estructuras alimentarias constituyen una estrategia deliberada de hambre como arma de guerra.
La ONU declaró oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza, responsabilizando directamente a Israel e indicando que es una situación “predecible y evitable”.
En la última estimación, al menos 281 personas han muerto por inanición, incluyendo 114 niños, y los informes advierten que la hambruna podría afectar a más de 640 000 personas en septiembre.

Justicia internacional en entredicho

Falta de precedentes y obstáculos

A pesar de que el Estatuto de Roma y el derecho humanitario lo contemplan, jamás se ha juzgado la hambruna como delito independiente en la CPI, debido a limitaciones jurisdiccionales y a la dificultad de establecer intención directa.

Avances y advertencias urgentes

En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, con alusiones específicas al crimen de utilizar el hambre como arma.
Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la CPI, afirmó que existen pruebas razonables para investigar un posible genocidio en Gaza, calificando la situación como una «hambruna decidida» y denunciando la paralización del sistema internacional.

Reacciones y exigencias internacionales

Organismos y voces expertas

Organismos como la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y expertos como Michael Fakhri y Volker Türk han señalado que estas acciones parecen responder a una política deliberada de hambre como arma de guerra.
Yara Ashour, médica palestina, denuncia un esfuerzo sistemático para debilitar nutricional y psicológicamente a la población, con una inflación de alimentos del 1 400% y más de 113 muertes por inanición reportadas entre niños.

Críticas institucionales

La comisaria Hadja Lahbib reprocha a la UE su inacción y señala que, de haberse aplicado un acuerdo humanitario con Israel, no se habría declarado la hambruna.
Por su parte, el sistema internacional enfrenta un veto persistente—como el de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad—que impide acciones efectivas para aliviar la crisis.

Reflexión final

A pesar de la contundente base legal y de las evidencias acumuladas, la comunidad internacional no ha logrado sancionar la hambruna como crimen independiente de guerra. La justicia internacional ha avanzado tímida y lentamente, mientras la hambruna continúa cobrando vidas inocentes. Es urgente que se activen mecanismos efectivos para frenar este genocidio en curso.

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La justicia portuguesa ha concedido la libertad condicional a Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, quien es investigado por su presunto liderazgo en una red internacional de contrabando y corrupción aduanera. La decisión ha causado controversia y rechazo por parte de las autoridades colombianas, que consideran que el fallo representa un revés en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Una decisión judicial que genera alarma en Colombia

Alias ‘Papá Pitufo’ y su historial criminal

Diego Marín Buitrago ha sido señalado por las autoridades colombianas como el cabecilla de una red que habría facilitado el ingreso irregular de mercancía al país, eludiendo controles aduaneros y afectando gravemente la economía nacional. Su captura, efectuada en Portugal, fue considerada un golpe estratégico contra las estructuras de contrabando que operan entre Europa y América Latina.

El modus operandi de la organización que lideraría Marín Buitrago incluía el uso de empresas fachada, sobornos a funcionarios aduaneros y la manipulación de documentos de embarque, lo que dificultó durante años el rastreo de sus operaciones. Sin embargo, su captura en territorio europeo se logró gracias a una cooperación internacional que involucró a agencias de inteligencia de varios países.

Portugal concede la libertad condicional

Argumentos del tribunal y reacción colombiana

El Tribunal de Apelación de Lisboa decidió conceder la libertad condicional a Marín Buitrago mientras avanza el proceso judicial en su contra, argumentando que no existe riesgo de fuga ni evidencia suficiente que justifique su detención preventiva. La decisión ha sido interpretada por las autoridades colombianas como un acto de impunidad frente a delitos que afectan la seguridad económica del país.

El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su rechazo, señalando que la medida pone en entredicho los compromisos internacionales de lucha contra el crimen organizado. La Cancillería colombiana, por su parte, anunció que insistirá en los mecanismos de cooperación jurídica para que alias ‘Papá Pitufo’ responda ante los tribunales colombianos por los delitos que se le imputan.

Implicaciones para la cooperación judicial internacional

Desafíos para Colombia en el combate al contrabando

El caso de alias ‘Papá Pitufo’ pone de relieve las dificultades que enfrenta Colombia en la persecución judicial de sus ciudadanos implicados en delitos transnacionales cuando estos se encuentran en países con legislaciones distintas. Si bien existen tratados de extradición, su aplicación depende del criterio de los tribunales locales, que pueden determinar medidas distintas a las esperadas por las autoridades colombianas.

Expertos en derecho internacional han advertido sobre la necesidad de fortalecer los instrumentos de cooperación bilateral y multilateral, y de reforzar la capacidad investigativa de las entidades judiciales para sustentar con pruebas sólidas los procesos de extradición y judicialización en el exterior.

Además, el caso evidencia cómo las redes criminales aprovechan vacíos legales y jurisdiccionales para operar con mayor libertad en distintos territorios, lo que exige una respuesta articulada desde los organismos de seguridad y justicia del país.

¿Qué sigue para ‘Papá Pitufo’?

Expectativas y próximos pasos en el proceso

Aunque ha sido dejado en libertad condicional, Diego Marín Buitrago no ha sido exonerado de los cargos. El proceso judicial en su contra continuará en Portugal, mientras Colombia insiste en su extradición. El caso se convierte así en un símbolo de los retos estructurales que enfrenta el país en la lucha contra las mafias transnacionales que desangran las finanzas públicas y socavan la institucionalidad.

El gobierno colombiano ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y ha hecho un llamado a los organismos internacionales para que este tipo de decisiones no debiliten la confianza entre Estados en materia de lucha contra el crimen organizado.

La ciudadanía, por su parte, ha expresado su desconcierto frente a lo que perciben como un acto de indulgencia judicial que podría alentar la impunidad de otros actores criminales.

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Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa Rosario Murillo, y de una docena de colaboradores por la presunta violación sistemática de derechos humanos en el país centroamericano. Esta medida se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite procesar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde hayan ocurrido.

Orden de captura y fundamento legal

El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la emisión de órdenes de detención internacional contra Ortega y Murillo. Según Darío Richarte, abogado impulsor del caso, esta resolución es el resultado de casi dos años y medio de investigaciones exhaustivas.

Richarte, quien es profesor de Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, explicó que el caso se fundamenta en graves crímenes como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones y traslados forzosos de población, entre otros. Esta denuncia se presentó ante los Tribunales Federales de Argentina el 26 de agosto de 2022, con el apoyo de estudiantes de Derecho de dicha universidad.

Acusaciones contra el régimen de Ortega

El abogado calificó al gobierno de Ortega y Murillo como «la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente». Además, destacó que el proceso judicial incluye testimonios de víctimas bajo reserva de identidad y un análisis detallado del contexto social y político de Nicaragua desde abril de 2018.

La denuncia también identifica las etapas de lo que se describe como un «plan criminal de represión», el cual se ha intensificado con el paso del tiempo. «Un poco de justicia para tantas víctimas», expresó Richarte al referirse a esta resolución judicial.

El rol de la comunidad académica

Este caso surgió como iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quienes, junto a sus profesores, impulsaron una denuncia probono. Richarte señaló que, desde el inicio, el compromiso de los estudiantes y docentes ha sido clave para avanzar en el caso, enfrentándose al horror de las violaciones cometidas por el régimen nicaragüense.

A lo largo de los dos años de investigación, el equipo académico amplió la acción judicial conforme se identificaron nuevas violaciones a los derechos humanos. La implicación de las estructuras estatales, policiales, militares y paramilitares también forma parte del caso, dado que se considera que estas entidades han sido responsables de los crímenes documentados.

Nicaragua bajo control absoluto

En un contexto político adverso, el Congreso nicaragüense, completamente alineado con el oficialismo, aprobó el 22 de noviembre de 2024 una reforma constitucional que consolidó el control absoluto de Ortega y Murillo sobre los poderes del Estado. Esta reforma, según expertos, refuerza el autoritarismo y dificulta aún más cualquier intento de oposición.

Mientras tanto, el gobierno nicaragüense ha enfrentado condenas internacionales por parte de organismos de derechos humanos y países democráticos que exigen el fin de las represiones y la liberación de presos políticos.

El caso impulsado desde Argentina representa una luz de esperanza para las víctimas y sus familias, que han luchado durante años por justicia. La orden de captura internacional marca un precedente importante en la lucha contra la impunidad en América Latina.

Un proceso con impacto regional

El principio de jurisdicción universal aplicado en este caso podría abrir la puerta a investigaciones similares en otros países. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han destacado la importancia de esta resolución como una herramienta clave para combatir crímenes de lesa humanidad en regímenes autoritarios.

Richarte subrayó que este es solo un paso en un camino largo, pero necesario, para garantizar que las víctimas encuentren justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

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