La corporación judicial le pidió al Legislativo darle prioridad a esta iniciativa antes de que termine el actual periodo de sesiones ordinarias.

La semana pasada los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Jorge Iván Cuervo, radicaron su insistencia al mensaje de Urgencia que fue radicado en octubre de 2024, para la aprobación del proyecto de ley.

Ahora la Judicatura, durante el Primer Encuentro de la Jurisdicción Agraria y Rural que se realizó en Villa de Leyva (Boyacá), se sumó a la petición del Gobierno del presidente Petro.

“Aquí se está discutiendo competencia material, delimitación del litigio, articulación con otras jurisdicciones, procedimientos, criterios de análisis y método judicial. En otras palabras, se discute cómo una jurisdicción deja de ser diseño normativo y empieza a convertirse en práctica institucional efectiva”, explicó la magistrada Mary Lucero Novoa, presidenta de la corporación.

La magistrada Claudia Expósito, vicepresidenta del alto tribunal y coordinadora de los asuntos de la Jurisdicción Agraria y Rural, aseguró que se avanza en el diseño de un mapa judicial que responda a las necesidades de los territorios.

“La justicia agraria requiere entender que las necesidades de justicia varían entre territorios y exigen incorporar enfoques territoriales y diferenciales”, sostuvo.

En el evento participó la ministra Carvajalino, quien manifestó que, si el Congreso de la República no aprueba la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Gobierno nacional volverá a presentarla el 20 de julio de 2026.

“Los campesinos no solo tienen derecho a la tierra. También tienen derecho a las semillas, al agua, a permanecer en sus territorios y a proteger su identidad cultural, política y económica. De ahí la importancia de tener esta ley”, dijo la ministra de Agricultura.

En qué va el proyecto

El proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural fue presentado por el Gobierno en agosto de 2024, y en octubre de ese año fue radicado el mensaje de Urgencia. Antes de terminar ese año fue aprobado en primer debate en comisiones conjuntas.

Pero desde entonces no han surtido nuevas discusiones en plenarias de Cámara y Senado.

La iniciativa busca cumplir la meta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 de formalizar siete millones de hectáreas de tierras y la redistribución de otros tres millones de hectáreas.

La Jurisdicción Agraria y Rural es una pieza vital para la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral, pilares del Gobierno de las Oportunidades para la implementación del Acuerdo de Paz.

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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha salido al paso para desmentir las afirmaciones recientes sobre el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, rechazando las acusaciones de que dicha propuesta implica una «expropiación express» y un reemplazo de funciones jurisdiccionales por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En un contexto donde la desinformación puede generar confusión, la CCJ subraya que el proyecto en cuestión busca fortalecer la justicia agraria en Colombia, sin afectar de manera negativa los derechos de propiedad privada.

Jurisdicción Agraria: Una necesidad histórica

La Jurisdicción Agraria, propuesta en el reciente proyecto de ley, responde a una necesidad histórica de mejorar el acceso a la justicia para los campesinos colombianos. Esta propuesta, según la CCJ, es un avance necesario para saldar las deudas históricas que el Estado tiene con el sector rural, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos agrarios.

#Desinformación Hoy la congresista Katherine Miranda denunció que la radicación del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria contemplaba “expropiación express” y el supuesto reemplazo de funciones jurisdiccionales por la @AgenciaTierras. Le explicamos por qué esto NO es cierto: pic.twitter.com/lXigImxpuy

— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) August 27, 2024

Katherine Miranda, congresista, había manifestado en redes sociales que el proyecto implicaba una «expropiación express», un argumento que la CCJ ha desmentido categóricamente. Según la CCJ, este proyecto no altera la función de la propiedad privada en Colombia, la cual sigue estando protegida por la Constitución, particularmente en su Artículo 58, que establece las condiciones bajo las cuales puede afectarse la propiedad privada.

El rol de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Contrario a lo que se ha sugerido, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no verá sus funciones reemplazadas por el nuevo proyecto de ley. La CCJ explica que la ANT ya tiene facultades para resolver, en sede administrativa, procesos agrarios especiales según la Ley 160 de 1994. Esta capacidad se refuerza con los decretos 2363 de 2015 y 902 de 2017, lo que demuestra que no hay una alteración radical de las funciones jurisdiccionales.

El proyecto de ley propone que, en lugar de ser revisadas por un juez contencioso, estas decisiones agrarias pasen a ser revisadas por un juez agrario, lo cual, según la CCJ, no representa una «expropiación express». Esta modificación, lejos de ser un debilitamiento del sistema, busca especializar la justicia en el ámbito agrario, garantizando una resolución más efectiva y acorde a las necesidades del sector rural.

Fortalecimiento de la función social y ecológica de la propiedad

Un aspecto central del debate ha sido el concepto de la función social y ecológica de la propiedad agraria. La CCJ señala que este no es un principio nuevo; ha estado presente en la legislación colombiana desde 1936 y ha sido un pilar fundamental para asegurar que la propiedad agraria cumpla con un propósito más allá del beneficio individual, contribuyendo al bienestar social y ambiental del país.

Este principio está claramente protegido por la Constitución, y el proyecto de ley no lo modifica, sino que lo reafirma. La propiedad privada, en este contexto, sigue siendo un derecho protegido, pero se reconoce que debe cumplir con una función que beneficie al conjunto de la sociedad, especialmente en un país con profundas desigualdades en la distribución de la tierra.

Un avance constitucional en favor del campesinado

Para la CCJ, quienes apoyan el proyecto de ley están defendiendo un avance constitucional que es necesario para asegurar la justicia agraria en Colombia. El campesinado ha sido históricamente uno de los sectores más vulnerables en términos de acceso a la tierra y justicia, y este proyecto busca cambiar esa realidad.

La creación de una Jurisdicción Agraria especializada es vista como un paso fundamental para garantizar que los derechos de los campesinos sean protegidos de manera efectiva y en el marco legal actual. Este avance es crucial para corregir las desigualdades históricas y asegurar que la justicia llegue a todas las regiones del país, especialmente a aquellas que han sido marginadas.

La Comisión Colombiana de Juristas insiste en que este proyecto de ley no es una amenaza para los derechos de propiedad privada, sino una oportunidad para fortalecer la justicia en un área crítica para el desarrollo social y económico de Colombia. Los argumentos de «expropiación express» carecen de fundamento, y el verdadero objetivo es asegurar que la propiedad agraria cumpla con su función social y ecológica, en beneficio de toda la sociedad.

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