En aquella ocasión el mandatario fue enfático en que su Gobierno no iba a terminar “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad». 

La normativa ordena el levantamiento de la reserva de más de 57.000 cajas de documentos, en cumplimiento de mandatos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) orientadas al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición. 

Desde el punto de vista jurídico, el presidente de Colombia cuenta con la facultad de autorizar la desclasificación total o parcial de documentos de inteligencia y contrainteligencia en cualquier momento, incluso antes de que se cumpla el término legal de reserva de 30 años. Esta potestad está consagrada en el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, base normativa del Decreto 1400 de 2025.

El jefe de Estado también había anunciado en su momento que su política de apertura documental no se limitaría al extinto DAS. “La próxima entidad en desclasificar sus archivos, con los requisitos de cuidado de norma y de ley, se llama DIPOL”, señaló, haciendo énfasis en que su Gobierno pretende dejar establecida una política integral de desclasificación de archivos, ligada al derecho a la verdad.

Según el Ejecutivo, el levantamiento de la reserva responde al interés general, siempre que no comprometa la seguridad nacional ni el régimen democrático. El acceso a estos documentos es considerado fundamental para los procesos judiciales, la reconstrucción de la memoria institucional y la transformación de un legado oscuro de la inteligencia estatal en una herramienta al servicio de la justicia y los derechos de las víctimas. 

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Se habla extraoficialmente de cuatro capturas y que un quinto implicado logró escapar por ahora de la justicia, hasta el momento se han confirmado tres retenciones y se espera el reporte oficial, sobre este particular.

Si bien hasta el momento las autoridades no han dado detalles de manera oficial sobre esta captura, es de público conocimiento que la actual administración de Apartadó había instaurado denuncias en su contra como presuntos responsables de un millonario robo de dineros públicos de este municipio, estimados en unos tres mil quinientos millones de pesos.

Se cree que otros funcionarios vinculados en el mismo peculado, correrán la misma suerte  ya que son muchos los implicados en  el desfalco.

El exalcalde transitaba por la vía pública del barrio Nuevo Apartadó, cuando fue  requerido por los uniformados quienes procedieron a  retenerle y de inmediato lo trasladaron al Escuadrón de la Policía, mientras se legaliza  su captura y se dispone su sitio de reclusión.

Una segunda captura cobijó al representante legal de la empresa Fenomenal Soluciones Logísticas, Diego Andrés Cardona Doria, por cuya empresa cruzaron la mayoría de los recursos presumiblemente desfalcados al fisco de Apartadó. Esta retención también se cumplió en zona urbana de este municipio.

El tercer capturado en desarrollo de estos operativos, fue Arnobio Cuesta, exsecretario de Hacienda del señor Héctor Rangel y extraoficialmente se afirma que van tambien por el tesorero de es entonces.

Se conoció que el operativo estuvo directamente a cargo de agentes de la Dijín, llegados expresamente para realizar esta captura.

Para las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación además de producirse la legalización de su captura como parte del debido proceso, diligencia prevista para el día sábado 20 de septiembre.

Muchos implicados

La investigación por este desfalco a las arcas municipales de Apartadó sigue dando giros y se estima que son por lo menos nueve las personas las implicadas en esta primera fase investigativa  que adelanta la Fiscalía en este municipio.

En las últimas horas se conoció de la captura del  artista Alexander Bolaño García, “Pichi”, ampliamente conocido en el mundo cultural, autor de la canción “La Carambola” y visible en las tradicionales fiesta de San Pacho donde es llamado “El Rey del Bunde”, quien aparece como receptor de dineros provenientes del ilícito investigado.

Sin embargo horas más tarde, el señor Bolaños García fue puesto en libertad y la misma Fiscalía dijo no tener pruebas para retenerle, como ocurrió en el escándalo anterior con el entonces alcalde Felipe Cañizalez y varios de sus colaboradores los cuales recobraron su libertdad luego de haberles enlodado sus nombres.

También se pudo establecer que el entonces tesorero de la administración Rangel Palacios Cristian Mena y contra quien pesa una orden de captura, al día de hoy se encuentra prófugo, pero su captura es inminente dijeron fuentes policiales. La misma Fiscalía le pidió que se entregara.

Se presentó

En desarrolllo de esta noticia que ha sacudido los cimientos de la política en Apartadó, se conoció que el extesorero de la administración Rangel Palacios, Cristian Mena,se puso de manera voluntaria, a disposición de las autoridades que lo investigan.

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En su primea publicación, el mandatario informó que fueron incautadas, en total “4 toneladas de cocaína» y comentó que “una tonelada en el Pacífico por la armada y tres toneladas en aguas internacionales cerca a islas canarias, por la policía nacional de Colombia, coordinada con el FBI y la guardia nacional de España y autoridades de Portugal».

Enfatizó que “la cocaína hacia Europa es movida con multinacionales de mafias con vínculos con grupos armados. La cocaína iba en remolque, barco grande y en contenedor, debió pasar cerca del buque militar estadounidense, porque al parecer salió de Puerto López, Guajira, no fue detectado sino por inteligencia estadounidense y colombiana». “Este es un camino más eficaz», anotó.

En otra publicación, en la misma red social, el presidente Petro publicó un vídeo del operativo, que describió: “Estas son las 3 toneladas de cocaína incautadas llegando a Islas Canarias saliendo de la Guajira. Coordinación de policía nacional de Colombia, FBI, guardia nacional española, autoridades de Portugal».

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Las investigaciones revelen cómo el proceso judicial fue engavetado durante la permanencia de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación, al igual que las movidas de su defensa.

El gobernador desde que se enteró de los avances en las investigaciones, ha dicho que se trata de un “entrampamiento judicial y acusa al gobierno de perseguirlo políticamente”.

La investigación al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, avanza con nuevas pruebas que lo ponen contra las cuerdas. El programa Señal Investigativa reveló interceptaciones telefónicas, documentos judiciales y denuncias ciudadanas que apuntan a posibles delitos de corrupción cometidos por el mandatario durante su gestión como alcalde de Rionegro (2016-2019).

Según la Fiscalía, Rendón habría incurrido en peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, relacionados con la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) que costaron cerca de 2 mil millones de pesos. Aunque fueron inaugurados en 2019 y 2021, nunca entraron en funcionamiento, pues la Policía no avaló los proyectos ni dispuso de personal para operarlos. Durante más de cinco años, estas infraestructuras permanecieron abandonadas, lo que generó pérdidas millonarias y presuntos favorecimientos a contratistas cercanos al hoy gobernador.

Interceptaciones que lo comprometen

El expediente incluye 71 días de interceptaciones legales realizadas entre mayo y julio de 2023. En ellas, Rendón reconoce que los CAI nunca funcionaron, contradiciendo su discurso público de que las obras sí habían sido puestas en marcha.

Las grabaciones también comprometen a varios de sus exfuncionarios en Rionegro, hoy vinculados a la Gobernación. Entre ellos figuran Carlos Andrés Gómez Franco, exgerente de EdESO; Hugo Alberto Parra Galeano, exsecretario de Gobierno; y María Patricia Correa Taboada, actual secretaria privada de la Gobernación, quien también trabajó con Rendón en la alcaldía.

Además, las llamadas interceptadas revelan conversaciones sobre nuevos contratos en la Gobernación de Antioquia, uno de ellos por 50 mil millones de pesos, en el que se hablaba de una presunta coima de 5 mil millones. Estas revelaciones refuerzan la hipótesis de que las prácticas irregulares de contratación en Rionegro podrían haberse trasladado al actual gobierno departamental.

Veedurías ciudadanas y denuncias

La Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público de Rionegro fue clave en destapar el caso. Su líder, Carlos Osorno, aseguró en Señal Investigativa que los CAI nunca fueron recibidos por la Policía y que además existieron sobrecostos que terminaron en los bolsillos de particulares.

El veedor denunció que, pese a los hallazgos, existe una campaña oficial para mostrar que los CAI sí funcionan, aunque en realidad solo cuentan con presencia mínima de uniformados. Incluso, periodistas de RTVC Noticias fueron increpados por la Policía cuando intentaban grabar el estado de estas instalaciones.

Un proceso judicial en suspenso

La investigación contra Rendón comenzó en 2022 en la Fiscalía 28 de Medellín y estuvo cerca de derivar en una imputación de cargos e incluso una orden de captura en 2023, bajo la administración del entonces fiscal general Francisco Barbosa. Sin embargo, tras la elección de Rendón como gobernador en noviembre de ese año, el caso fue reasignado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

En marzo de 2024, el mandatario rindió interrogatorio, pero la investigación continúa en curso. El programa también reveló que Rendón habría sido advertido desde dentro de la Fiscalía sobre las interceptaciones en su contra, lo que genera dudas sobre posibles filtraciones en el proceso.

Funcionarios cuestionados en su gabinete

Otro de los nombres que genera polémica es el de Luis Eduardo Martínez, actual secretario de Seguridad de Antioquia y general retirado de la Policía. En 2015 fue retirado por orden del expresidente Juan Manuel Santos debido a supuestas relaciones con el narcotráfico y estructuras criminales como la Oficina de Envigado. Hoy enfrenta una investigación de la Procuraduría por participación en política y estaría vinculado a la compra de un software de espionaje para la Fiscalía.

Un caso que podría marcar la política regional

La investigación al gobernador de Antioquia aún no tiene una conclusión judicial, pero las pruebas expuestas en Señal Investigativa —interceptaciones, documentos judiciales y testimonios— apuntan a una red de contratos cuestionados, coimas y lealtades que se extienden desde su alcaldía en Rionegro hasta su actual administración departamental.

Mientras Rendón insiste en que es víctima de persecución política, los hechos presentados podrían llevar su caso a juicio en los próximos meses. Por ahora, la ciudadanía y las organizaciones de control siguen a la expectativa de un proceso que podría sacudir las estructuras de poder en Antioquia. (Fuente RTVC/Noticias)

Investigación engavetada

Con la ayuda de la anterior Fiscalía de Francisco Barbosa, se facilitó que el hoy Gobernador de Antioquia no fuera imputado en plena campaña el año pasado.

Rendón estuvo a punto de ser capturado antes de su elección como gobernador, pero su abogado logró aplazar la audiencia. Cuando fue elegido y adquirió fuero, el caso pasó de la Fiscal 28 de Medellín, Alejandra Lopera, al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Hernán Suárez Delgado.

Hasta el momento no hay claridad sobre el futuro del caso, sin embargo, el fiscal Suárez ya puso tras las rejas a Luis Alberto Gnecco lo que da indicios de que este caso podría avanzar. Vale, aclarar que Lopera tenía abundantes pruebas e intenciones de imputar a Rendón antes de ser gobernador de Antioquía.

Hay que destacar que el apoderado del gobernador es Ricardo Giraldo, quien también es el abogado del Clan del Golfo y quien fue notificado de doce investigaciones penales de la Fiscalía contra su cliente por delitos como peculado por apropiación, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades.

Gobernador y parapolítica

Julián Rendón del Partido Centro Democrático, proviene del clan familiar Quintero Cardona, que antiguamente fue liderado por Rubén Darío Quintero Villada, condenado por parapolítica y quien vendría siendo tío político del actual gobernador. Quintero Villada fue secretario de gobierno de Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia y lo acompañó en su carrera política desde la década del ochenta. Su regreso a la política, después de estar tras las rejas, lo hizo a través de su hijo Esteban Quintero Cardona quien hoy es senador del Partido Centro Democrático. (Fuente: Portal Colombia Informa)

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El jefe de Estado precisó: “Las medidas que en adelante se toman es mantener el Puesto de Mando Unificado (PMU) vigente, articular un plan de copamiento, sin debilitar el Micay, porque es lo que quieren, sino extendiendo la presencia militar en la parte alta de la Cordillera Occidental, de cara al valle geográfico del río Cauca: poblaciones como Suárez, Buenos Aires, Jamundí, parte alta de Jamundí, que empieza a ser el eslabón, el corredor que junta a la columna ‘Carlos Patiño’ con la que aquí se llama ‘Martínez’, que es la que hace el plan terrorista».

Al descartar la declaratoria de la conmoción interior, el mandatario explicó: “Yo creo que tenemos ya los instrumentos, hay que avanzarlos y profundizarlos más, pero la experiencia alcanzada ya nos permite seguir acorralando a las fuerzas que aquí se denominan del Estado Mayor Central».

“La decisión es profundizar unas medidas por decreto, que ya ustedes analizarán cuando se expidan rápidamente, para eliminar aún más la producción de cocaína y reforzar la dificultad de exportar esa cocaína desde el Litoral Pacífico», dijo.

​Un capturado empieza a colaborar

En su declaración, el presidente Petro reveló que el atentado terrorista fue perpetrado por dos integrantes del citado grupo criminal.

“Lo llevan a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos, que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa, y que la población misma captura en el barrio contiguo. Uno de ellos ya está colaborando. Ya veremos los resultados de la investigación que dará más información al respecto», indicó.

​Una mafia internacional

De acuerdo con el jefe de Estado, “la acción contra este tipo de agrupaciones que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente, como lo he informado, conjuntamente con otras agrupaciones en el país, su coordinación es de mafias internacionales, mexicanas, albanesas, italianas», ocho de cuyos capos se han capturado en territorio colombiano.

“Esto establece que estamos enfrentando una mafia internacional, con bandas armadas aquí; no es una confrontación política, usa la debilidad social de la región: falta de acceso a las tierras, conflictos interétnicos, un campesinado que no tiene otros recursos en muchas regiones de este lugar, sino ese. Y un control, que tiene que quitárseles. Ya lo hemos logrado en buena parte.

El mandatario recalcó que el atentado terrorista está ligado a varias razones. Una de ellas –expuso– es “la derrota que sufrió de manera intensa, profunda, la columna ‘Carlos Patiño’ en el Micay: más de 250 mil municiones recuperadas por el Estado, cinco casas llenas de explosivos, 200 partes de fusiles, etcétera. Era el centro, el corazón de la actividad de esa columna en un corregimiento que se llama Honduras, en el municipio de El Tambo, hacia abajo de El Plateado».

“Con eso, prácticamente, hay una victoria en el sitio donde hay más hoja de coca de todo el departamento del Cauca: cerca del 60 al 70 por ciento del total», subrayó.

Atentado b​rutal contra la población

A renglón seguido, resaltó que “la reacción es esta, una reacción que, como ya saben ustedes, termina es golpeando a la población de manera masiva, lo que es una masacre. Y con decenas de heridos. Van en este momento 71, según las últimas informaciones que tenemos».

“No golpearon mayormente la instalación militar, que es de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), pero el golpe a la población de Cali, indudablemente, es profundo, es brutal, es de terror», puntualizó el presidente de la República.

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El mandatario condenó los atentados ocurridos hoy en Amalfi (Antioquia) y en Cali, que dejaron como saldo la muerte de ocho agentes de la Policía Nacional y dos civiles, respectivamente, por quienes se guardó un minuto de silencio durante el acto de entrega de tierras y asistencia técnica que lideró desde Valledupar.

El presidente Gustavo Petro afirmó que estos hechos constituyen actos de terrorismo y de lesa humanidad, ejecutados por estructuras armadas que han subordinado sus acciones a la denominada Junta del Narcotráfico.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por ‘Iván Mordisco’ y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico», que “opera internacionalmente como una confederación de mafias», manifestó.

En este sentido, el presidente Petro solicitó al Estado colombiano en general y a la comunidad internacional declarar a la Junta del Narcotráfico y a sus brazos armados en Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano como organizaciones terroristas, entre ellas las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.

De acuerdo con el jefe de Estado, dicha declaratoria significa que estos grupos sean “perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá».

“La Junta del Narcotráfico, heredera del Bloque Capital de los paramilitares, dirige las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo», recalcó.

Anunció que el Gobierno de Colombia iniciará las acciones jurídicas correspondientes para que los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial sean procesados por delitos contra la humanidad y que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) adelantar investigaciones en este sentido.

El presidente Petro se refirió al tema desde Valledupar, durante la entrega de 6.805 hectáreas de tierras que fueron compradas a particulares y benefician a 800 familias campesinas de los municipios de Astrea, Valledupar, Chimichagua, El Paso, Pailitas y Bosconia.

En el evento también se entregaron activos productivos por más de 18.800 millones de pesos a cerca de 1.500 productores del Cesar y La Guajira, representados en maquinaria agrícola, semovientes, insumos, equipos y herramientas, que ayudarán a fortalecer las capacidades productivas y comerciales de familias campesinas e indígenas.

Contexto:

Colombia afrontó hoy jueves 21 de agosto dos hechos terroristas. Primero, hubo un ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó a 12 uniformados asesinados. Horas más tarde, ocurrió una explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que provocó seis muertos y decenas de heridos.

A partir de la información de las autoridades, el helicóptero que hacía operativos contra el narcotráfico en Amalfi fue derribado en horas de la mañana por «disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá», puntualizó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Hacia las 2:50 p. m., un carro bomba detonó en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suarez. Los explosivos afectaron gravemente a ciudadanos que transitaban por la concurrida carrera 8 de Cali. Además, vehículos, comercios y otras edificaciones quedaron destruidos.

(Vía/Presidencia de la República/La Opinión/Blu Radio)

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“La tutela solo procede cuando no existen otros medios judiciales eficaces o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales” ha dicho en repetidas ocasiones la Corte Constitucional.

La defensa del condenado exmandatario reclama que este debe enfrentar su defensa en libertad, ya la apelación a la condena hace curso en el Tribunal Superior de Bogotá, lo que prueba que tiene otros recursos judiciales, distintos a la tutela.

Dicha tutela protegería a Uribe si logra demostrar que la medida que le impuesieron vulnera de forma grave derechos como la salud o la dignidad humana y que no hay otra forma de protección inmediata, pero al día de hoy esta situación no ha sido demostrada.

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La incautación fue destacada por el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de la red social X, subrayando el papel estratégico de la Policía Nacional en el control de rutas y exportaciones ilegales. Este hecho constituye un golpe significativo a las finanzas de las estructuras criminales y un paso más hacia la construcción de un país en paz y con legalidad.

Durante el operativo, fueron descubiertos cargamentos de cocaína mezclados con productos como silicato de magnesio, pasta de ají y panela pulverizada, en un intento por ocultar la sustancia ilícita y evadir los controles. Los hallazgos reflejan el nivel de sofisticación y creatividad que utilizan las estructuras narcotraficantes para exportar droga camuflada en productos de uso cotidiano.

Entre los destinos identificados para estos cargamentos figuran puertos estratégicos de Europa y Centroamérica: Rotterdam (Países Bajos), Alemania, y países de Centroamérica como Guatemala y Honduras. En total, se incautaron 2.2 toneladas de cocaína en un contenedor que se dirigía a Alemania, 2.8 toneladas camufladas en panela pulverizada, y 177 kilos adicionales en una carga con destino a Guatemala y Honduras.

Este resultado reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio en la lucha contra el narcotráfico, no solo desde el enfoque represivo, sino también con una mirada estructural que desmonte las redes criminales, fortalezca los controles en los puertos y reduzca el poder de las economías ilícitas.

La operación hace parte de una ofensiva integral por parte de las autoridades nacionales para golpear a los eslabones logísticos del narcotráfico y evitar que la droga colombiana llegue a mercados internacionales.

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Esta decisión se produce en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 9 de noviembre de 2024, y luego de que quedaran en firme los fallos del Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá y del propio Tribunal.

La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación presentado por la defensa de Palacino, cerrando así el camino judicial para impugnar el fallo.

Según la ADRES, el monto exigido asciende a $289.982 millones, suma que ha sido indexada desde 2005. No obstante, la cifra podría alcanzar hasta $579.964 millones, en aplicación del artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional, que establece los límites en estos casos.​

La entidad ya notificó al exdirectivo sobre el mandamiento de pago. El proceso busca recuperar los recursos del sistema de salud que fueron desviados para fines distintos a los establecidos legalmente.

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​Alias ‘Libardo murió en combate al enfrentarse a unidades de las Fuerzas Militares que seguían su rastro entre Huila y Cauca, y era el hombre de confianza de ‘Mordisco’, lo que constituye en un golpe estratégico al accionar de las disidencias en el suroccidente del país, para debilitar su capacidad de expansión criminal.

La Fiscalía lo requería por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, extorsión, porte de armas, concierto para delinquir, y el Gobierno ofrecía una recompensa de 1.641 millones de pesos.

Desde 2023 se desempeñaba como cabecilla principal de la estructura criminal Isaías Pardo y las autoridades lo catalogaban como el principal reclutador de menores en Cauca, Huila y Tolima.

‘Libardo’ contaba con una trayectoria criminal de más de 15 años, integró estructuras delincuenciales como la ‘Dagoberto Ramos’, el Bloque Occidental Jacobo Arenas, y como cabecilla del ‘bloque central Isaías Pardo’ dirigió múltiples acciones terroristas en Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Nariño.

​Antecedentes

Su historial se vincula con homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores, extorsiones y ataques armados contra la fuerza pública y la población civil.

En 2022 fue el autor intelectual y material de la emboscada con explosivos en San Luis (Huila), que dejó un saldo de siete policías asesinados.

En 2023 dirigió una acción terrorista contra tropas en la vereda Los Kioscos, en La Plata (Huila), con saldo de un soldado muerto y otro herido y fue responsable de otro ataque en la vereda Villa Esperanza (Huila), donde una menor de edad perdió la vida. También coordinó hostilidades contra bases militares en Campo Alegre y Puerto Saldaña (Tolima).

En 2024 fue responsable del secuestro de cuatro personas en la vereda El Batambo, en Gigante (Huila), y del lanzamiento de explosivos mediante drones contra unidades militares en Ataco (Tolima).

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