El Pacto Histórico ratificó la realización de su consulta presidencial y legislativa para el próximo 26 de octubre de 2025, pese a la renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El movimiento, que agrupa a las principales fuerzas progresistas del país, continuará su proceso interno con los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la solicitud de garantías ante las autoridades electorales.

Pacto Histórico mantiene su hoja de ruta electoral

Continuidad tras la salida de Daniel Quintero

A través de un comunicado oficial, el Comité Político Nacional del Pacto Histórico confirmó que la jornada de consulta se realizará en la fecha prevista, con el acompañamiento institucional y dentro del marco legal. La decisión reafirma la voluntad del movimiento de consolidar su participación dentro del proyecto del Frente Amplio, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La renuncia de Daniel Quintero, quien argumentó riesgos jurídicos en la naturaleza interpartidista del proceso, no modificó la agenda interna del movimiento. El Pacto Histórico sostuvo que la consulta tendrá un carácter estrictamente partidista, lo cual permitirá que sus precandidatos continúen en la carrera electoral sin restricciones futuras.

El exalcalde de Medellín expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había “matado la consulta” al declararla interpartidista, una decisión que, según él, vulneraba los derechos políticos del movimiento. Sin embargo, tanto Cepeda como Corcho manifestaron su firme decisión de continuar en la contienda y de exigir claridad jurídica sobre el proceso.

Exigencias de garantías y acompañamiento institucional

Solicitud de una mesa de garantías electorales

El movimiento político informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales, con el fin de asegurar condiciones equitativas y transparentes en la jornada del 26 de octubre. Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional la certificación formal del acuerdo de consulta y la definición de sus efectos jurídicos.

Estas solicitudes buscan disipar las dudas en torno al tipo de consulta que se realizará y evitar futuras inhabilidades. Según la legislación electoral, una consulta interpartidista impide a los participantes competir en otra consulta de coalición, como la del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.

Iván Cepeda, senador y precandidato, reiteró su compromiso con la jornada del 26 de octubre, al tiempo que solicitó al CNE “una certificación por escrito sobre el carácter partidista de la consulta, en cumplimiento de la ley y de los acuerdos políticos”.

Participación ciudadana y perspectivas hacia 2026

Llamado a las bases del movimiento

En su comunicado, el Pacto Histórico invitó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, resaltando que será el espacio para definir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al movimiento en las elecciones del próximo año.

Carolina Corcho, exministra de Salud y una de las figuras más visibles dentro del movimiento, reafirmó su compromiso con el proceso interno y expresó en su cuenta en la red social X: “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”.

El movimiento destacó que la jornada del 26 de octubre constituye un paso decisivo en la consolidación de su proyecto político, enfocado en mantener la unidad del progresismo colombiano y fortalecer su representación en el Congreso.

Una cita clave para el progresismo colombiano

La decisión del Pacto Histórico de mantener su consulta pese a las dificultades demuestra una estrategia de cohesión interna frente a los desafíos jurídicos y políticos que enfrenta la coalición. El 26 de octubre será una fecha clave para medir la capacidad organizativa y el respaldo ciudadano del movimiento, en un contexto político marcado por tensiones institucionales y debates sobre la transparencia electoral.

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El próximo martes 21 de octubre, el país estará atento a una decisión judicial sin precedentes. A las 8:00 a.m., el Tribunal Superior de Bogotá dará lectura al fallo de segunda instancia sobre la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta determinación podría marcar un hito en la historia judicial de Colombia, pues definirá si el exmandatario es absuelto o si se ratifica su condena.

El fallo que mantiene en expectativa al país

La condena de primera instancia

En abril de 2024, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó sentencia condenatoria contra el expresidente Uribe, imponiéndole 12 años de prisión domiciliaria. La decisión se sustentó en pruebas que, según la magistrada, demostraron que el exmandatario concibió un “plan criminal” para manipular testigos con el fin de afectar al senador Iván Cepeda.

De acuerdo con la sentencia, Uribe habría promovido una estrategia para que exparamilitares declararan falsamente que Cepeda ofrecía beneficios judiciales a cambio de testificar en su contra. La jueza consideró que estas actuaciones constituyeron un intento por engañar a la justicia y alterar el curso de una investigación penal.

Lo que se espera del fallo de segunda instancia

El fallo que será leído por el Tribunal Superior de Bogotá podría modificar sustancialmente el rumbo del caso. Existen tres posibles escenarios: la ratificación total de la condena, una absolución, o una modificación parcial de la decisión inicial.
De confirmarse la condena, Uribe Vélez se convertiría en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, un hecho que tendría profundas implicaciones políticas y jurídicas. Sin embargo, si se revoca, el fallo representaría una victoria para la defensa del exmandatario, que ha insistido en su inocencia y en la existencia de una supuesta persecución judicial en su contra.

Los orígenes del proceso judicial

De acusador a acusado

El caso tiene su raíz en un episodio ocurrido hace más de una década. En 2012, el senador Iván Cepeda presentó en el Congreso testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes vincularon a Uribe y a su hermano Santiago Uribe con la presunta fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. No obstante, la investigación tomó un giro inesperado en 2018, cuando la Corte determinó que no existían méritos para investigar a Cepeda. Por el contrario, el alto tribunal halló indicios de que el propio Uribe habría promovido un esquema de manipulación de testigos con la ayuda de su entonces abogado, Diego Cadena.

La actuación de la Fiscalía y las pruebas en el proceso

De acuerdo con los fiscales que han asumido el caso, Uribe habría impulsado una estrategia para cambiar los testimonios de exparamilitares, buscando que estos declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo. Este comportamiento, según la acusación, configura un intento deliberado de alterar la verdad procesal.
Entre las pruebas presentadas se incluyen grabaciones, interceptaciones telefónicas y declaraciones de varios testigos que habrían sido contactados por intermediarios cercanos al expresidente.

Implicaciones políticas y sociales del fallo

Repercusiones en la opinión pública

El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez divide profundamente a la opinión pública. Para algunos sectores, el juicio representa una victoria del Estado de derecho y una muestra de que en Colombia nadie está por encima de la ley. Para otros, se trata de una persecución política impulsada por sectores que buscan afectar la imagen de uno de los líderes más influyentes del país.

La expectativa es alta, y tanto seguidores como detractores aguardan la lectura del fallo como un momento decisivo para la justicia colombiana. Las reacciones de partidos políticos, organizaciones sociales y juristas serán determinantes para medir el impacto social y mediático de la decisión.

Lo que viene para el expresidente

Dependiendo de la decisión del Tribunal, el expresidente Uribe podría enfrentar una condena definitiva o, por el contrario, recuperar su libertad plena. En caso de ratificación, la defensa tendría la posibilidad de acudir a instancias internacionales, argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso.
Cualquiera que sea el resultado, este fallo marcará una etapa crucial en la relación entre la política y la justicia en Colombia, dejando una huella profunda en la historia institucional del país.

El caso contra Álvaro Uribe Vélez, más allá de su desenlace judicial, refleja los desafíos que enfrenta la justicia colombiana para garantizar independencia, transparencia y confianza ciudadana en los procesos que involucran a figuras de alto poder.

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El abogado Diego Cadena, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal. La decisión, emitida en primera instancia por un juez de Bogotá, también contempla el pago de una multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo. El fallo se enmarca en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en los procesos contra Uribe.

Condena y sanciones impuestas

Prisión e inhabilitación

La justicia determinó que Cadena deberá cumplir 84 meses de prisión domiciliaria y pagar 375 salarios mínimos mensuales. Además, quedó inhabilitado para ejercer funciones y derechos públicos durante el mismo tiempo. Según el fallo, Cadena actuó como operador para presionar a Monsalve con el fin de cambiar declaraciones que comprometían al expresidente Uribe.

Absolución parcial

En contraste, el juez absolvió al abogado de los cargos relacionados con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, al establecer que existía duda razonable en cuanto a soborno y fraude procesal en ese episodio. No obstante, tanto las víctimas como el Ministerio Público apelaron esta parte del fallo, buscando que se revoque la absolución.

Origen del caso y contexto político

De Cepeda a Uribe

El proceso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó esa denuncia y abrió investigación contra el expresidente al encontrar indicios de que su entorno habría buscado sobornos y retractaciones de exparamilitares. En ese escenario, Cadena apareció como un actor clave, señalado de visitar cárceles y ofrecer beneficios jurídicos a cambio de testimonios.

Estrategia de defensa fallida

De acuerdo con la Fiscalía, Cadena ofreció a Monsalve una revisión de su condena y gestiones para vincularlo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a cambio de retractarse de los señalamientos contra Uribe. Estas acciones consolidaron las pruebas que hoy lo llevaron a la condena judicial.

Impacto en el caso Uribe

Conexión con la condena del expresidente

En julio de 2025, un juzgado de Bogotá condenó en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Aunque ambos procesos son independientes, la condena de Cadena refuerza la narrativa probatoria en torno a Uribe, pues se confirma judicialmente que su abogado de confianza incurrió en soborno en actuación penal con los mismos testigos.

Dimensión política del caso

El senador Iván Cepeda, contraparte en este proceso, ha señalado que los fallos evidencian un patrón de manipulación de testigos contra él. Cepeda, hijo de Manuel Cepeda Vargas —senador asesinado en 1994 por paramilitares—, es hoy una de las figuras más visibles de la izquierda y precandidato presidencial para 2026, lo que otorga al caso un carácter político y simbólico de gran relevancia.

Lo que viene para Cadena y Uribe

Recursos de apelación

La defensa de Cadena anunció que interpondrá recursos ante el Tribunal Superior de Bogotá. El fallo en segunda instancia será determinante para confirmar o modificar la condena. En paralelo, avanza la apelación del proceso contra el expresidente Uribe, cuyo desenlace marcará un hito judicial y político en la historia reciente del país.

Repercusiones en la opinión pública

El caso de Cadena y su conexión con Uribe ponen de nuevo sobre la mesa los señalamientos históricos de vínculos entre el expresidente y el paramilitarismo, una sombra que ha acompañado su trayectoria política. Lo que resuelva la justicia no solo impactará la situación de los procesados, sino también el debate nacional sobre la verdad y la memoria en torno al conflicto armado.

El fallo contra Diego Cadena representa un precedente judicial significativo y evidencia cómo las estrategias de manipulación de testigos pueden derivar en condenas ejemplares. La cercanía con el expresidente Uribe hace que este caso trascienda lo penal y se convierta en un asunto político de alto impacto. El futuro de ambos dependerá de lo que decidan las instancias de apelación, mientras la sociedad colombiana observa con atención el rumbo de un proceso que toca fibras sensibles de su historia reciente.

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El Pacto Histórico ya tiene listo el tarjetón para la consulta presidencial que se celebrará el próximo 26 de octubre. Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero serán los tres aspirantes que competirán por la candidatura única del movimiento de izquierda, en un proceso que busca consolidar la figura que intentará suceder al presidente Gustavo Petro.

El orden en el tarjetón presidencial

Sorteo de posiciones

La ubicación de los precandidatos se definió mediante un sorteo por balotas. Carolina Corcho ocupará el primer lugar en el extremo izquierdo, Iván Cepeda estará en el segundo lugar en el centro de la boleta y Daniel Quintero aparecerá en la tercera posición, ubicada a la derecha del tarjetón. Esta distribución fue confirmada tras la reunión del colectivo político, en la que también se revisaron aspectos logísticos de la consulta.

Reglas para participar en la consulta

El proceso será de carácter abierto, lo que significa que podrán votar quienes se identifiquen con el movimiento. Cada votante podrá apoyar únicamente a un precandidato, y no se permitirá la doble militancia, garantizando así mayor claridad y legitimidad en el respaldo de las candidaturas.

El camino hacia el Congreso

Sorteo de listas legislativas

El Pacto Histórico también definió las posiciones de sus aspirantes al Congreso. Un total de 535 precandidatos fueron inscritos, de los cuales 145 buscan llegar al Senado y 390 a la Cámara de Representantes. Al igual que en la consulta presidencial, el orden se estableció por sorteo.

Distribución por corporación

En el caso del Senado, la lista será nacional, por lo que los votantes podrán elegir a cualquier aspirante en cualquier región del país. Para la Cámara de Representantes, las listas serán regionales, y variarán según cada departamento. Bogotá, Medellín y Cali concentran el mayor número de aspirantes, dado el peso electoral y la representación política de estas ciudades.

Unidad y proyección política del movimiento

Reunión de líderes del Pacto Histórico

Previo a la definición del tarjetón, los precandidatos se reunieron con figuras clave del movimiento como María José Pizarro, quien renunció a la aspiración presidencial para encabezar la lista al Senado, así como con otros referentes de la izquierda como Gabriel Becerra, David Racero e Isabel Zuleta. Este encuentro buscó reforzar la cohesión interna y preparar el terreno para una consulta abierta que fortalezca la unidad del bloque.

Retos hacia el 2026

El Pacto Histórico llega a esta consulta con el desafío de consolidar su proyecto político tras los resultados de 2022, en los que obtuvo 47 curules en el Congreso. La elección del candidato único a la Presidencia y la renovación de sus listas legislativas marcarán el rumbo del movimiento de cara a las elecciones generales de 2026.

El Pacto Histórico inicia así una etapa decisiva en su agenda política, con un proceso que no solo definirá al sucesor de Petro dentro del movimiento, sino que también pondrá a prueba su capacidad de mantener cohesión y ampliar su respaldo electoral en el país.

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El Pacto Histórico definirá su rumbo político en 2026 a través de una consulta interna que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, en la que competirán tres precandidatos: Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. La decisión, que revierte un anuncio previo de descartar la consulta, surge en medio de fuertes tensiones internas que han dejado al descubierto las fracturas en el movimiento de izquierda.

Cepeda, Quintero y Corcho en la contienda

Una terna definida tras semanas de polémicas

El Comité Político del Pacto Histórico decidió que Cepeda, Quintero y Corcho sean los nombres en la consulta. Esta determinación respondió directamente a la postura del presidente Gustavo Petro, quien desautorizó a su propio partido exigiendo que “el pueblo tenga derecho a elegir sus candidatas o candidatos”. Con ello, el oficialismo busca legitimar la escogencia de su abanderado presidencial mediante el voto de las bases.

La exclusión de Bolívar y su inconformidad

Un crítico de Quintero queda por fuera

El exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quedó excluido de la baraja de precandidatos, pese a que aspiraba a representar al movimiento. Bolívar fue uno de los más críticos de Daniel Quintero, al señalar que “no es capaz de apoyarlo, sabiendo lo que ha hecho”, y cuestionó si el Pacto entregaría “las luchas históricas de la izquierda a la cleptocracia”. Aunque no se ha definido si mantendrá su aspiración por fuera de la consulta, su salida refleja la dificultad del Pacto Histórico para mantener la unidad interna.

Tensiones y respaldos en medio de la campaña

Cepeda como favorito en la consulta

La inscripción de Daniel Quintero estuvo acompañada de un mensaje desafiante: “Los que le tengan miedo al pueblo que no se inscriban. El Pacto, unido, jamás será vencido”. Sin embargo, las fracturas internas contradicen ese discurso. Mientras tanto, varios aspirantes renunciaron a sus candidaturas y decidieron respaldar a Iván Cepeda, quien se perfila como el favorito de la contienda interna. Carolina Corcho, exministra de Salud, completa la terna y representa una visión alternativa dentro del movimiento.

La consulta interna del 26 de octubre no solo busca definir un candidato, sino también poner a prueba la cohesión del Pacto Histórico frente a los comicios de 2026. Aunque la decisión temporalmente baja la tensión política, las confrontaciones entre sus líderes revelan los desafíos que enfrentará la coalición para llegar unida a la elección presidencial.

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La decisión del senador Iván Cepeda de participar en la consulta presidencial interna del Pacto Histórico ha dado un nuevo aire a la campaña de la izquierda colombiana. Su anuncio fue recibido con entusiasmo por sectores progresistas, liberales y de izquierda radical, que ven en él una figura de consenso capaz de elevar el debate político y superar divisiones internas.

La irrupción de un candidato con trayectoria

Cepeda, un defensor de derechos humanos

En su primer discurso como precandidato, realizado en Pasto, Nariño, Cepeda se presentó como “un defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político e hijo de un senador de la Unión Patriótica asesinado”. Con 62 años, su vida ha estado marcada por la defensa de la paz y el compromiso con las víctimas, elementos que ahora trasladará a la contienda electoral.

Un escenario de competencia múltiple

El senador competirá con figuras destacadas de la izquierda como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Gloria Inés Ramírez, Carolina Corcho y Gloria Flórez. Aunque aún se desconoce la participación del exalcalde Daniel Quintero, la presencia de Cepeda ha cambiado el panorama de la consulta que se celebrará el 26 de octubre.

Reacciones al anuncio de Cepeda

Elogios desde el progresismo

La exministra Muhamad destacó que su llegada “le da altura al debate y reafirma la unidad”, mientras que Gustavo Bolívar lo calificó como un “auténtico luchador de la causa progresista”. Otros líderes, como Roy Barreras y Guillermo Rivera, resaltaron su ética, sencillez y compromiso con la paz, reconociendo que su candidatura fortalece la democracia interna del Pacto Histórico.

El respaldo de víctimas y movimientos sociales

Diversas organizaciones sociales y colectivos de víctimas celebraron la decisión de Cepeda, agradeciendo su apoyo constante en procesos de justicia y memoria histórica. Las madres de Soacha lo acompañaron con un mensaje: “Unidos vamos a traer paz y justicia. Estamos listas para caminar a tu lado”.

La reacción de la oposición

Críticas desde la derecha

Sectores de la derecha reaccionaron con dureza, acusándolo de cercanía con las FARC, un discurso que ha acompañado a Cepeda desde hace años, especialmente tras su papel en los procesos judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, el senador ha optado por no responder con ataques.

Una campaña basada en el respeto

Cepeda ha reiterado que su campaña se desarrollará en un tono de diálogo y respeto, sin insultos ni campañas difamatorias. Su apuesta por un debate de ideas lo diferencia en un escenario político cada vez más polarizado. Escritores, intelectuales y figuras públicas como Laura Restrepo y Margarita Rosa de Francisco celebraron esta postura, destacando la necesidad de elevar el nivel del debate nacional.

Al final, la precandidatura de Iván Cepeda no solo revitaliza la campaña del Pacto Histórico, sino que también plantea una oportunidad para que la izquierda colombiana se presente unida y con un mensaje de reconciliación frente a los comicios presidenciales de 2026. Su discurso prudente, su historia de vida y su compromiso con la paz lo posicionan como un referente en la contienda electoral.

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El caso de manipulación de testigos que involucra a Álvaro Uribe

El caso de manipulación de testigos en el que se encuentra involucrado Álvaro Uribe ha sido uno de los más controversiales en la historia reciente de Colombia. El ex presidente enfrenta acusaciones de haber manipulado testimonios en su contra para evitar ser investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Uno de los principales testigos en este caso es Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado haber sido presionado para cambiar su testimonio en favor de Uribe. Sin embargo, recientemente se han revelado pagos realizados a la familia de Monsalve, lo que ha generado sospechas sobre la veracidad de sus declaraciones.

Las acusaciones de Álvaro Uribe hacia Iván Cepeda

En una rueda de prensa, Álvaro Uribe ha señalado directamente al senador Iván Cepeda como responsable de los pagos realizados a la familia de Monsalve. Según Uribe, Cepeda habría utilizado su influencia política para financiar a la familia de Monsalve a cambio de que este testificara en su contra.

Estas acusaciones han sido rechazadas de manera contundente por parte de Iván Cepeda, quien ha afirmado que se trata de una estrategia de Uribe para desviar la atención de las acusaciones en su contra. Cepeda ha asegurado que no tiene ninguna relación con los pagos realizados a la familia de Monsalve y ha instado a las autoridades a investigar a fondo este caso.

Reacciones ante las acusaciones

Las acusaciones de Álvaro Uribe hacia Iván Cepeda han generado una serie de reacciones en el ámbito político y judicial de Colombia. Mientras que algunos sectores respaldan las declaraciones de Uribe y exigen una investigación exhaustiva, otros consideran que se trata de una estrategia para desacreditar a Cepeda y proteger a Uribe.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado que abrirá una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existen pruebas que respalden las acusaciones de Uribe. Esta investigación será clave para determinar la veracidad de las declaraciones y el alcance de la manipulación de testigos en este caso.

Conclusiones

El caso de manipulación de testigos en el que se encuentra involucrado Álvaro Uribe continúa generando polémica en Colombia. Las recientes acusaciones hacia Iván Cepeda han agregado un nuevo capítulo a esta historia, generando un debate sobre la veracidad de los testimonios y la influencia política en el sistema judicial.

La apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación será fundamental para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Mientras tanto, el país se mantiene expectante ante los resultados de este proceso y las implicaciones que pueda tener para el futuro político de Álvaro Uribe y de Colombia en general.

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