Ya Roy y Quintero confirmaron que entran a la consulta. No depusieron los egos y traicionaron. El uno quiere «resetiar» y el otro, que estuvo escondido tres años en Londres devengado y aprendiendo inglés, está convencido que el pueblo lo adora y cree que va a ser presidente – a lo mejor tiene un pacto poco histórico con Álvaro Uribe para darnos la sorpresa y unir fuerzas con un palomar en decadencia-

Hoy más que nada se sabrá si la pedagogía petrista surtió efecto y el básico principio de placer del pueblo fue complacido por las bondades que trajeron las reformas.  De no ser así, Cepeda no obtendrá el triunfo, y Colombia engrosará la lista de los países que tuvieron un paseito por los bondadosos espejismos de un gobierno con pensamiento social.

Aún la izquierda en Colombia está inmadura y el reto que tuvo de mano de un caudillo evolucionado parece que le ha quedado grande, y más que los egos, la falta de organización política nos cogió con los calzones abajo: improvisación y peleas internas que han desprestigiado y puesto en evidencia corrupción y avideces casi infantiles, al fin y al cabo los salarios en las corporaciones son muy atractivos y el prestigio social, muy anhelado.

No dudo un momento en la conveniencia de un líder como Iván Cepeda, filósofo ecuánime, trasegado y consciente de la problemática y la realidad económica y social de Colombia. Aún Carolina, Maria José y Camilo están en ciernes y serán interesantes  prospectos para los próximos periodos si ganamos las elecciones tanto para Congreso y presidencia y el plan de desarrollo se consolida.

Un pueblo educado políticamente agradece y entiende los esfuerzos y las bondades de los logros paso a paso.

Petro nos dejó la grieta del primer martillazo en el lomo del monstruo, y a éste le quedó difícil recurrir a la guerra civil – como era usanza- por mera conveniencia y cobardía, pues prefieren golpes blandos y rastreros aprovechando la inequidad de las instituciones y la suciedad de la intriga y la traición.

Dejar que se pierdan negocios como el de la salud donde llegan casi cien billones libres y sin auditar, es  algo que no pueden perder y se harán matar… pero no todavía, ni de frente. Han iniciado manipulando y tentando: primero vociferaron y manipularon con el miedo a la muerte, después niegan servicios y medicamentos empezando con los trabajadores del contributivo -enseñados a aguantar y sufrir-, como no les ha dado resultado han continuado atacando  los planes complementarios y llegarán hasta negar los procedimientos, el acetaminofén o el antidepresivo a los pacientes adinerados de la medicina prepagada y por último esperarán la reacción…al fin y al cabo ellos, desde sus mansiones o sus yates, estarán a la expectativa sobornando e intentando nombrar congresistas, alcaldes y gobernadores. El otro paso sería armar otra vez sus ejércitos feudales y hacer cuerpo con los capos de capos en Europa, Dubai, Albania, México o Estados Unidos, todos al unísono para ir al rescate y consolidar el negocio de las élites politicas en Colombia: el saqueo al erario y el narcotráfico.  

Pensaríamos que una vez consolidado lo anterior y con un posible triunfo del uribismo abelardiano y agradecida la esposa de Trump con  el vestido y las galas guajiras y el combito de cacao y aguacate, planearán el saqueo pormenorizado de carbón, petróleo, oxígeno, agua y otras tierras raras… por eso compañeros tenemos que hacer hasta lo imposible por ganar estas elecciones con la última y la más importante de las armas: ¡ La convicción !

¿La tenemos? De ser así, como decían los viejos caudillos -el Uribe de las mil guerras perdidas y Joge Eliécer el de la tribuna y el grito: A la carga !!

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“De la revolución agraria, a la economía campesina”

Dos temas de primer orden centraron la visita del candidato presidencial del progresismo, Iván Cepeda Castro al municipio de Apartadó, las afectaciones por la ola invernal y el salario vital suspendido por el Consejo de Estado.

Calificó como  un acto de hipocresía que el establecimiento impida al presidente Petro acceder a recursos extraordinarios para atender la emergencia y que luego reclamen atención.

“Solidaridad con los afectados por las inundaciones durante esta inesperada emergencia invernal. Que afecta a ocho departamentos, cien mil hectáreas inundadas, la infraestructura afectada, respaldamos  con firmeza la decisión del presidente Petro al decretar la emergencia económica para atender las inundaciones, el gobierno y el Estado no le pueden dar la espalda a la gente”. Dijo Cepeda Castro al iniciar  su intervención en un abarrotado Coliseo del barrio Policarpa en Apartadó, durante su primera visita como candidato presidencial.

Resaltó lo que llamó hipocresía de la clase política que reclama y a la vez le niega al gobierno la posibilidad de tener recursos. “Es la hipocresía de unos politiqueros haciendo cálculos, ni un voto para ellos, que no vuelvan a ocupar ningún cargo público”, les sentenció.

Salario Vital

En el segundo eje de su intervención el candidato con mayor  opción en las encuestas para llegar  a la presidencia de la República, respondió contundentemente al Consejo de Estado, ante lo que calificó como “una decisión injusta y arbitraria de las que se tenga noticia, al suspender el decreto que fijó el salario vital de los trabajadores al finalizar el año 20205”

“Rechazamos con firmeza y nos solidarizamos para cuidar que los derechos de los trabajadores no sean pisoteados, lo dije en una masiva manifestación en Medellín, una plaza de la extrema derecha uribista, las cosas han cambiado, el estallido social, nunca más van a pisotear los derechos, el pueblo no es espectador, es protagonista, el salario mínimo vital  se reajusta cada año en condiciones dignas lo que humaniza la vida de los trabajadores” agregó el candidato presidencial.

Seguidamente en su intervención reconoció el trabajo de los obreros bananeros agrupados en sindicatos, “quienes han sabido pelear por sus derechos durante medio siglo y muchos de ellos pagaron con sus vidas e intentaron ahogarlos en sangre” dijo.

Cepeda Castro también se refirió a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que “pagó un alto precio su resistencia mediante la desobediencia”, habló de la resistencia y las luchas del campesinado, antes de anunciar  que Colombia pasará  de  la revolución agraria en el gobierno de Gustavo Petro, a la economía campesina en el segundo gobierno progresista.

De igual manera advirtió que no se opone al desarrollo, pero un desarrollo que no arrase  con la vida, el agua, un desarrollo  con beneficios para  todos, que es lo que le viene proponiendo  a los empresarios colombianos. Un desarrollo por la gente, no contra la gente.

Cepeda Castro concluyó su intervención diciendo que seguirá trabajando para disminuir la desigualdad social, hizo pedagogía electoral, anunciando que el próximo ocho de marzo los electores solamente recibirán y marcarán los tarjetones para cámara y senado en cada región, que antes de junio el pueblo elegirá el segundo presidente progresista. “Ni un solo voto para los politiqueros que le niegan las reformas al pueblo” y cerró ratificando su respaldo a quien llamó  “su amigo y compañero presidente Gustavo Petro Urrego que todos los días recibe ataques por liderar las transformaciones sociales. Movilización para defender los cambios sociales”.

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Luego que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro  presentara ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación que busca dejar en firme el fallo condenatorio de doce años  contra el ex presidente Álvaro Uribe, la Fiscalía  hizo lo mismo.

Como es de conocimiento público el Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de octubre del año pasado, tumbó la sentencia proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, contra el procesado.

Este hecho motivó que tanto el senador Cepeda Castro, el ex fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, admitidos en el proceso como víctimas, acudieran a la citada Corte en busca de evitar la impunidad en el sonado caso.

La acción judicial busca que el alto tribunal reevalúe la decisión que exoneró al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Los firmantes argumentan que existen pruebas materiales que permiten inferir la responsabilidad penal de Uribe en los hechos investigados.

Es de anotar que la Corte Suprema de Justicia cuenta con un término legal máximo de cinco años para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el recurso de casación interpuesto contra la absolución de Uribe. 

La Corte suprema debería dirimir la polémica decisión de los magistrados: Manuel Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez; y de la que se apartó la magistrada Leonor Oviedo Pinto.

Ahora la Fiscalía

Tal y como se había anunciado previamente la Fiscalía General  de  la Nación, presentó formalmente una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ratificar la condena original de 12 años de prisión que le fue impuesta en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El recurso fue suscrito por la fiscal delegada ante la Corte Suprema y señala que la decisión absolutoria de la sala de segunda instancia incurrió en “graves y trascendentes errores” al valorar pruebas y aplicar la ley, lo que, según el ente acusador, vulneró la legalidad del proceso.

Esta acción judicial se convierte ahora en uno de los pasos más importantes de la etapa procesal: la casación es el mecanismo extraordinario que permite a la Corte Suprema revisar fallos que, por errores de hecho o de derecho, podrían afectar la administración de justicia, sobre todo en casos de alto impacto político y jurídico.

La demanda de casación busca que la Corte Suprema restituya la sentencia original de culpabilidad y condena del exmandatario proferida por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia, en contra el procesado.

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La más reciente medición de Invamer dejó al descubierto un reordenamiento en las preferencias electorales del país. Iván Cepeda encabeza la intención de voto presidencial con un 31,9 %, desplazando a otros aspirantes que venían consolidando sus campañas. La encuesta evidencia un panorama político dinámico, con aspirantes que buscan posicionarse frente a un electorado cada vez más exigente.

Cepeda encabeza la intención de voto

Diferencias amplias frente a sus competidores

Según la encuesta “Colombia Opina #19”, Cepeda supera ampliamente a Abelardo de la Espriella, quien obtiene 18,2 %, y a Sergio Fajardo, que registra 8,5 %. Esta tendencia confirma su fortaleza de cara a la primera vuelta presidencial, consolidándose como la figura con mayor respaldo ciudadano en este momento.

Escenarios alternativos de competencia

Tres candidatos dominan la contienda

El estudio también simuló un escenario con solo tres candidatos, manteniendo a Cepeda en el primer lugar con 45,6 % de intención de voto, por encima de De la Espriella (25,6 %) y Fajardo (24,9 %), lo que refuerza su posición como principal contendor presidencial.

Proyecciones hacia una eventual segunda vuelta

Cepeda vence en todos los escenarios analizados

En posibles enfrentamientos de segunda vuelta, Cepeda derrotaría tanto a De la Espriella como a Fajardo, con ventajas que oscilan entre 12 y 23 puntos porcentuales, de acuerdo con Invamer. Fajardo, por su parte, superaría únicamente a De la Espriella en un eventual duelo final.

La investigación, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre a 3.800 personas en 148 municipios, tiene un margen de error del 1,81 % y un nivel de confianza del 95 %, lo que le otorga validez estadística y relevancia para la opinión pública.

El panorama electoral colombiano se mantiene en transformación. El liderazgo de Iván Cepeda plantea interrogantes sobre la capacidad de sus adversarios de atraer a los indecisos y construir alianzas sólidas en un contexto de alta fragmentación política. Lo que está claro es que la contienda presidencial ingresa en una fase decisiva, donde las estrategias mediáticas y el discurso político jugarán un papel determinante para captar el voto ciudadano.

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El camino hacia las elecciones presidenciales de 2026 ha comenzado con una marcada tendencia a la polarización, según revela la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC). En el primer sondeo de intención de voto, dos figuras representativas de los extremos ideológicos nacionales se posicionan a la cabeza de la contienda: el senador de izquierda Iván Cepeda y el abogado opositor de derecha Abelardo de la Espriella.

Cepeda Toma la Delantera

El senador Iván Cepeda Castro se sitúa como el líder inicial en la intención de voto, capturando el 20.9% de las preferencias. Este resultado lo consolida, de momento, como la ficha más fuerte del sector oficialista o de izquierda para la próxima contienda electoral.

En un reñido segundo lugar, y distanciándose del resto de los aspirantes, se ubica el abogado Abelardo de la Espriella, quien acumula un 14.4% de apoyo. La presencia de ambos nombres en los primeros lugares subraya un inicio de campaña dominado por figuras que representan polos opuestos en el espectro político, confirmando un clima de fuerte división.

Inseguridad y Corrupción Marcan la Agenda

Los desafíos que deberá afrontar la próxima administración ya están definidos por la ciudadanía. Los entrevistados identificaron la inseguridad como el problema prioritario del país, acumulando el 31.3% de las menciones, seguido de cerca por la corrupción. Estos serán los ejes centrales que definirán las plataformas y el discurso de los candidatos en los próximos meses.

El Pulso Uribe-Petro se Refleja en la Segunda Vuelta

La encuesta también simuló un escenario de balotaje que evidencia el peso de las dos fuerzas políticas tradicionales de la última década. En una segunda vuelta hipotética entre un candidato avalado por el presidente Gustavo Petro y otro por el expresidente Álvaro Uribe, la oposición uribista se impondría con comodidad, superando al aspirante de la Casa de Nariño por casi diez puntos porcentuales.

Este dato reafirma que, más allá de los nombres propios, la polarización ideológica entre las fuerzas de izquierda y de derecha seguirá siendo el motor central de la política colombiana de cara a 2026.

A continuación se comparte archivo de la encuesta:

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La reciente consulta del Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre, me deja una mezcla de sensaciones encontradas. Por un lado, reconozco el enorme valor democrático de un ejercicio que convocó a más de 2,7 millones de ciudadanos, un hecho que reafirma la vitalidad política de la izquierda colombiana. Sin embargo, también percibo las grietas internas de una coalición que, aunque celebra su capacidad de movilización, enfrenta tensiones profundas en su estructura y liderazgo.

No puedo negar que la victoria de Iván Cepeda con más del 65 % de los votos constituye un hito para el progresismo. Su triunfo representa el respaldo a una figura que ha construido su carrera sobre la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. En lo personal, valoro que esta consulta haya servido para institucionalizar al Pacto Histórico como una fuerza política con mecanismos democráticos propios, alejándose de la improvisación que en otras épocas marcó a los movimientos alternativos.

Este proceso interno evidenció una izquierda más organizada, capaz de debatir públicamente y dirimir sus diferencias en las urnas. La introducción de las listas cerradas con alternancia de género (cremallera) es, sin duda, un paso hacia la paridad y la modernización política. Pero, más allá de las formas, la consulta demuestra que el Pacto Histórico ha logrado consolidar una base social movilizada, que reconoce en este proyecto una alternativa real frente a la política tradicional.

No obstante, como ciudadano, no puedo ignorar que el proceso también dejó heridas abiertas. La retirada de figuras como Daniel Quintero, alegando falta de garantías jurídicas y los constantes ataques hacia Carolina Corcho, reflejó la persistente desconfianza entre sectores progresistas. Esta situación plantea una pregunta crucial: ¿puede un movimiento avanzar hacia la unidad si internamente prevalecen los intereses personales sobre la visión colectiva?

En mi opinión, el Pacto Histórico corre el riesgo de caer en una autocomplacencia peligrosa. Ganar una consulta interna es importante, pero no garantiza el éxito en las elecciones de 2026. La verdadera prueba será construir un proyecto que trascienda la retórica ideológica y se traduzca en resultados concretos para el país. Si la coalición no logra superar sus diferencias internas y ampliar su base hacia sectores moderados, su victoria podría ser efímera.

El panorama político que deja esta consulta es complejo. Iván Cepeda emerge como el líder indiscutible del progresismo, pero su desafío será mantener cohesionada una coalición diversa, con tensiones entre movimientos sociales, sectores sindicales, feministas y corrientes más institucionales. En lo personal, creo que esta elección no solo definió un candidato, sino también el tipo de liderazgo que la izquierda ofrecerá al país: uno que puede optar por el diálogo y la inclusión, o caer en el sectarismo que históricamente ha limitado sus avances.

La consulta del Pacto Histórico, con todas sus luces y sombras, representa una oportunidad para demostrar que la izquierda colombiana puede gobernar con responsabilidad, pluralismo y visión de país. No basta con movilizar a millones de simpatizantes; se requiere construir confianza y credibilidad ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. Si Cepeda logra tender puentes con los sectores independientes y garantizar gobernabilidad, este proceso podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política nacional.

En lo personal, me quedo con una convicción: Colombia necesita más debates como este, más participación ciudadana, más ejercicios de democracia interna. Pero también necesita menos egos, menos fragmentación y más sentido de propósito. De lo contrario, la consulta que hoy celebramos podría ser recordada no como un triunfo, sino como la antesala de una oportunidad desperdiciada.

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El senador Iván Cepeda Castro confirmó que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal. La determinación del congresista del Pacto Histórico busca agotar todas las instancias judiciales posibles en un caso que continúa generando profundas divisiones en la opinión pública.

Cepeda insiste en la revisión del fallo

Un proceso judicial de largo alcance

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena impuesta en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, marcó un giro significativo en el proceso. Sin embargo, Cepeda aseguró que la batalla jurídica no ha terminado y que las víctimas “tienen el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia”. El senador señaló que, una vez conocida la lectura completa del fallo y del voto disidente de la magistrada María Leonor Oviedo, procederá con la radicación formal del recurso.

Este anuncio fue acompañado por el abogado penalista Miguel Ángel del Río Malo, defensor de las víctimas, quien afirmó que “nos vamos a casación, esta batalla no ha terminado”, reiterando el compromiso del equipo jurídico con la búsqueda de justicia.

Reacciones políticas y respaldo a las víctimas

El pronunciamiento de Cepeda también fue respaldado por la precandidata presidencial Carolina Corcho, quien manifestó su desacuerdo con la absolución del líder del Centro Democrático. La dirigente enfatizó que “respetamos y acatamos las decisiones de la justicia, pero las víctimas tienen derecho a apelar”, subrayando la importancia de que las instituciones mantengan un equilibrio entre el respeto al debido proceso y la garantía de los derechos de quienes se consideran afectados.

Corcho aprovechó el momento para cuestionar la lentitud de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que involucran al expresidente, argumentando que esta situación “evidencia la necesidad de una reforma profunda al sistema de justicia colombiano”.

El recurso de casación como última instancia

Un instrumento para revisar decisiones judiciales

El recurso de casación es considerado la última oportunidad procesal que tienen las víctimas o las partes interesadas para solicitar la revisión de una decisión judicial. En este caso, el objetivo de Cepeda y su equipo es lograr que la Corte Suprema de Justicia examine la validez jurídica del fallo absolutorio, en especial frente a los argumentos expuestos por el voto disidente dentro del tribunal.

Los analistas coinciden en que esta acción mantendrá vigente el debate jurídico y político alrededor del caso Uribe, el cual se ha convertido en uno de los procesos más emblemáticos en la historia judicial reciente del país.

Implicaciones para la justicia y la política nacional

El anuncio de Cepeda ocurre en un contexto de polarización política y de desconfianza ciudadana frente al sistema judicial. La discusión trasciende lo jurídico y plantea preguntas sobre la independencia de las instituciones y la forma en que se administran los procesos contra figuras públicas de alto perfil.

Algunos sectores interpretan la absolución de Uribe como una reivindicación de su inocencia, mientras otros la consideran un reflejo de las debilidades estructurales del aparato judicial. En medio de esta controversia, el recurso de casación adquiere un valor simbólico como una oportunidad para restablecer la confianza en la justicia y garantizar que las decisiones se tomen con total transparencia.

Un nuevo capítulo en la historia judicial de Uribe

Expectativa ante la Corte Suprema

Con la interposición del recurso, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si admite o no la revisión del caso, un proceso que podría extenderse varios meses. La decisión marcará el futuro de una controversia que, desde su inicio, ha tenido un fuerte impacto en el escenario político nacional.

Los movimientos aliados de Cepeda y del Pacto Histórico han anunciado que acompañarán públicamente la estrategia jurídica, mientras el expresidente Uribe y su defensa han evitado pronunciarse en detalle, limitándose a expresar respeto por las decisiones judiciales.

La tensión entre los sectores políticos promete intensificarse en las próximas semanas, especialmente en medio de la campaña presidencial, donde este tema podría convertirse nuevamente en un punto de debate central.

El país sigue con atención este nuevo episodio judicial que pone a prueba la solidez del sistema judicial colombiano y la madurez democrática de sus instituciones. El caso Uribe-Cepeda continúa siendo un espejo de las tensiones entre la justicia y el poder político en Colombia.

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El Pacto Histórico ratificó la realización de su consulta presidencial y legislativa para el próximo 26 de octubre de 2025, pese a la renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El movimiento, que agrupa a las principales fuerzas progresistas del país, continuará su proceso interno con los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la solicitud de garantías ante las autoridades electorales.

Pacto Histórico mantiene su hoja de ruta electoral

Continuidad tras la salida de Daniel Quintero

A través de un comunicado oficial, el Comité Político Nacional del Pacto Histórico confirmó que la jornada de consulta se realizará en la fecha prevista, con el acompañamiento institucional y dentro del marco legal. La decisión reafirma la voluntad del movimiento de consolidar su participación dentro del proyecto del Frente Amplio, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La renuncia de Daniel Quintero, quien argumentó riesgos jurídicos en la naturaleza interpartidista del proceso, no modificó la agenda interna del movimiento. El Pacto Histórico sostuvo que la consulta tendrá un carácter estrictamente partidista, lo cual permitirá que sus precandidatos continúen en la carrera electoral sin restricciones futuras.

El exalcalde de Medellín expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había “matado la consulta” al declararla interpartidista, una decisión que, según él, vulneraba los derechos políticos del movimiento. Sin embargo, tanto Cepeda como Corcho manifestaron su firme decisión de continuar en la contienda y de exigir claridad jurídica sobre el proceso.

Exigencias de garantías y acompañamiento institucional

Solicitud de una mesa de garantías electorales

El movimiento político informó que solicitará a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales, con el fin de asegurar condiciones equitativas y transparentes en la jornada del 26 de octubre. Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional la certificación formal del acuerdo de consulta y la definición de sus efectos jurídicos.

Estas solicitudes buscan disipar las dudas en torno al tipo de consulta que se realizará y evitar futuras inhabilidades. Según la legislación electoral, una consulta interpartidista impide a los participantes competir en otra consulta de coalición, como la del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.

Iván Cepeda, senador y precandidato, reiteró su compromiso con la jornada del 26 de octubre, al tiempo que solicitó al CNE “una certificación por escrito sobre el carácter partidista de la consulta, en cumplimiento de la ley y de los acuerdos políticos”.

Participación ciudadana y perspectivas hacia 2026

Llamado a las bases del movimiento

En su comunicado, el Pacto Histórico invitó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta, resaltando que será el espacio para definir la precandidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al movimiento en las elecciones del próximo año.

Carolina Corcho, exministra de Salud y una de las figuras más visibles dentro del movimiento, reafirmó su compromiso con el proceso interno y expresó en su cuenta en la red social X: “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”.

El movimiento destacó que la jornada del 26 de octubre constituye un paso decisivo en la consolidación de su proyecto político, enfocado en mantener la unidad del progresismo colombiano y fortalecer su representación en el Congreso.

Una cita clave para el progresismo colombiano

La decisión del Pacto Histórico de mantener su consulta pese a las dificultades demuestra una estrategia de cohesión interna frente a los desafíos jurídicos y políticos que enfrenta la coalición. El 26 de octubre será una fecha clave para medir la capacidad organizativa y el respaldo ciudadano del movimiento, en un contexto político marcado por tensiones institucionales y debates sobre la transparencia electoral.

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El próximo martes 21 de octubre, el país estará atento a una decisión judicial sin precedentes. A las 8:00 a.m., el Tribunal Superior de Bogotá dará lectura al fallo de segunda instancia sobre la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta determinación podría marcar un hito en la historia judicial de Colombia, pues definirá si el exmandatario es absuelto o si se ratifica su condena.

El fallo que mantiene en expectativa al país

La condena de primera instancia

En abril de 2024, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó sentencia condenatoria contra el expresidente Uribe, imponiéndole 12 años de prisión domiciliaria. La decisión se sustentó en pruebas que, según la magistrada, demostraron que el exmandatario concibió un “plan criminal” para manipular testigos con el fin de afectar al senador Iván Cepeda.

De acuerdo con la sentencia, Uribe habría promovido una estrategia para que exparamilitares declararan falsamente que Cepeda ofrecía beneficios judiciales a cambio de testificar en su contra. La jueza consideró que estas actuaciones constituyeron un intento por engañar a la justicia y alterar el curso de una investigación penal.

Lo que se espera del fallo de segunda instancia

El fallo que será leído por el Tribunal Superior de Bogotá podría modificar sustancialmente el rumbo del caso. Existen tres posibles escenarios: la ratificación total de la condena, una absolución, o una modificación parcial de la decisión inicial.
De confirmarse la condena, Uribe Vélez se convertiría en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, un hecho que tendría profundas implicaciones políticas y jurídicas. Sin embargo, si se revoca, el fallo representaría una victoria para la defensa del exmandatario, que ha insistido en su inocencia y en la existencia de una supuesta persecución judicial en su contra.

Los orígenes del proceso judicial

De acusador a acusado

El caso tiene su raíz en un episodio ocurrido hace más de una década. En 2012, el senador Iván Cepeda presentó en el Congreso testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes vincularon a Uribe y a su hermano Santiago Uribe con la presunta fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. No obstante, la investigación tomó un giro inesperado en 2018, cuando la Corte determinó que no existían méritos para investigar a Cepeda. Por el contrario, el alto tribunal halló indicios de que el propio Uribe habría promovido un esquema de manipulación de testigos con la ayuda de su entonces abogado, Diego Cadena.

La actuación de la Fiscalía y las pruebas en el proceso

De acuerdo con los fiscales que han asumido el caso, Uribe habría impulsado una estrategia para cambiar los testimonios de exparamilitares, buscando que estos declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo. Este comportamiento, según la acusación, configura un intento deliberado de alterar la verdad procesal.
Entre las pruebas presentadas se incluyen grabaciones, interceptaciones telefónicas y declaraciones de varios testigos que habrían sido contactados por intermediarios cercanos al expresidente.

Implicaciones políticas y sociales del fallo

Repercusiones en la opinión pública

El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez divide profundamente a la opinión pública. Para algunos sectores, el juicio representa una victoria del Estado de derecho y una muestra de que en Colombia nadie está por encima de la ley. Para otros, se trata de una persecución política impulsada por sectores que buscan afectar la imagen de uno de los líderes más influyentes del país.

La expectativa es alta, y tanto seguidores como detractores aguardan la lectura del fallo como un momento decisivo para la justicia colombiana. Las reacciones de partidos políticos, organizaciones sociales y juristas serán determinantes para medir el impacto social y mediático de la decisión.

Lo que viene para el expresidente

Dependiendo de la decisión del Tribunal, el expresidente Uribe podría enfrentar una condena definitiva o, por el contrario, recuperar su libertad plena. En caso de ratificación, la defensa tendría la posibilidad de acudir a instancias internacionales, argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso.
Cualquiera que sea el resultado, este fallo marcará una etapa crucial en la relación entre la política y la justicia en Colombia, dejando una huella profunda en la historia institucional del país.

El caso contra Álvaro Uribe Vélez, más allá de su desenlace judicial, refleja los desafíos que enfrenta la justicia colombiana para garantizar independencia, transparencia y confianza ciudadana en los procesos que involucran a figuras de alto poder.

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El abogado Diego Cadena, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal. La decisión, emitida en primera instancia por un juez de Bogotá, también contempla el pago de una multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo. El fallo se enmarca en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en los procesos contra Uribe.

Condena y sanciones impuestas

Prisión e inhabilitación

La justicia determinó que Cadena deberá cumplir 84 meses de prisión domiciliaria y pagar 375 salarios mínimos mensuales. Además, quedó inhabilitado para ejercer funciones y derechos públicos durante el mismo tiempo. Según el fallo, Cadena actuó como operador para presionar a Monsalve con el fin de cambiar declaraciones que comprometían al expresidente Uribe.

Absolución parcial

En contraste, el juez absolvió al abogado de los cargos relacionados con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, al establecer que existía duda razonable en cuanto a soborno y fraude procesal en ese episodio. No obstante, tanto las víctimas como el Ministerio Público apelaron esta parte del fallo, buscando que se revoque la absolución.

Origen del caso y contexto político

De Cepeda a Uribe

El proceso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó esa denuncia y abrió investigación contra el expresidente al encontrar indicios de que su entorno habría buscado sobornos y retractaciones de exparamilitares. En ese escenario, Cadena apareció como un actor clave, señalado de visitar cárceles y ofrecer beneficios jurídicos a cambio de testimonios.

Estrategia de defensa fallida

De acuerdo con la Fiscalía, Cadena ofreció a Monsalve una revisión de su condena y gestiones para vincularlo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a cambio de retractarse de los señalamientos contra Uribe. Estas acciones consolidaron las pruebas que hoy lo llevaron a la condena judicial.

Impacto en el caso Uribe

Conexión con la condena del expresidente

En julio de 2025, un juzgado de Bogotá condenó en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Aunque ambos procesos son independientes, la condena de Cadena refuerza la narrativa probatoria en torno a Uribe, pues se confirma judicialmente que su abogado de confianza incurrió en soborno en actuación penal con los mismos testigos.

Dimensión política del caso

El senador Iván Cepeda, contraparte en este proceso, ha señalado que los fallos evidencian un patrón de manipulación de testigos contra él. Cepeda, hijo de Manuel Cepeda Vargas —senador asesinado en 1994 por paramilitares—, es hoy una de las figuras más visibles de la izquierda y precandidato presidencial para 2026, lo que otorga al caso un carácter político y simbólico de gran relevancia.

Lo que viene para Cadena y Uribe

Recursos de apelación

La defensa de Cadena anunció que interpondrá recursos ante el Tribunal Superior de Bogotá. El fallo en segunda instancia será determinante para confirmar o modificar la condena. En paralelo, avanza la apelación del proceso contra el expresidente Uribe, cuyo desenlace marcará un hito judicial y político en la historia reciente del país.

Repercusiones en la opinión pública

El caso de Cadena y su conexión con Uribe ponen de nuevo sobre la mesa los señalamientos históricos de vínculos entre el expresidente y el paramilitarismo, una sombra que ha acompañado su trayectoria política. Lo que resuelva la justicia no solo impactará la situación de los procesados, sino también el debate nacional sobre la verdad y la memoria en torno al conflicto armado.

El fallo contra Diego Cadena representa un precedente judicial significativo y evidencia cómo las estrategias de manipulación de testigos pueden derivar en condenas ejemplares. La cercanía con el expresidente Uribe hace que este caso trascienda lo penal y se convierta en un asunto político de alto impacto. El futuro de ambos dependerá de lo que decidan las instancias de apelación, mientras la sociedad colombiana observa con atención el rumbo de un proceso que toca fibras sensibles de su historia reciente.

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