Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, informa que de las 22 oficinas que han tenido cierre preventivo desde el primer día de la tragedia, habilita la atención en 14 de ellas, todas con informes técnicos elaborados por expertos que certifican la idoneidad de las edificaciones para poder operar en condiciones de seguridad tanto para clientes como para colaboradores, lo que viabiliza el inicio de la prestación del servicio.

Las sedes que retoman servicio son:

Valle del Cauca: Candelaria, Cerrito, Cali Casona, Cartago y Tuluá.

Chocó: Quibdó e Istmina.

Caldas: Riosucio, Anserma y Manizales.

Quindío: Armenia.

Cauca: Popayán Norte.

Antioquia: El Bagre.

Norte de Santander: Cúcuta Centro.

En el centro de todo el proceso de atención de Bancamía ha estado el bienestar de los colaboradores ubicados en los municipios afectados, a quienes el banco ha atendido desde el primer momento de ocurrido el sismo, para acompañarlos de manera integral a reestablecer sus condiciones de vida, conociendo cada caso para entregarles el apoyo económico, laboral y psicosocial que se ha requerido frente a la emergencia.

De la misma manera, Bancamía avanza en la puesta en marcha de soluciones financieras para los microempresarios afectados, con periodos de gracia y otras alternativas de alivio en sus créditos, lo que les permitirá contar con las herramientas necesarias y el tiempo que requieren para continuar en sus labores productivas.

Con este objetivo, la entidad dispuso un formulario en su página web, redes sociales y canales digitales para que los usuarios reporten de manera directa el nivel de impacto sufrido en sus activos o actividades productivas.

En cuanto a los mecanismos de protección, Bancamía informa que más de 7.800 clientes ubicados en las áreas impactadas cuentan con coberturas vía pólizas de seguros, frente a daños sobre sus negocios, por lo que la entidad y la aseguradora aliada, se encuentran brindando acompañamiento para que los beneficiarios hagan uso de las protecciones y asistencias correspondientes.

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Esta primera etapa permitirá contar con un diagnóstico para orientar las decisiones frente a la continuidad del servicio educativo y la recuperación de la infraestructura, garantizando condiciones de seguridad para las comunidades.

Específicamente en el sector de la educación superior, se han recibido 243 reportes de afectación de 117 Instituciones de Educación Superior (IES) entre públicas y privadas. De acuerdo con la información consolidada, 54 sedes presentan altas afectaciones en infraestructura y 91 tienen suspendidas sus actividades académicas, situación que impacta a 114.855 estudiantes.

 El Ministerio hará acompañamiento para orientar la activación y fortalecimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las IES, la verificación de las condiciones de seguridad de las sedes y la articulación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

 A partir de las necesidades identificadas, se definirán acciones para favorecer el bienestar de las comunidades de las IES, la continuidad académica y el restablecimiento del servicio, con apoyos en alimentación, transporte, alojamiento, conectividad, equipos tecnológicos y atención psicosocial cuando sean requeridos.

En materia de infraestructura, primero se deberán completar las valoraciones técnicas y los trámites ante las aseguradoras para establecer el alcance de los daños y las coberturas correspondientes. Con esa información se determinarán las necesidades que no estén cubiertas y, a partir de allí, se definirán las acciones y apoyos que correspondan por parte del Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de las sedes afectadas. 

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La apuesta trasciende la ejecución de obras de infraestructura. Representa una inversión estratégica para transformar la calidad de vida de las comunidades que enfrentan mayores condiciones de aislamiento geográfico, especialmente en la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico, al fortalecer la presencia del Estado y garantizar un acceso más seguro y oportuno a servicios esenciales como la salud, la educación, el abastecimiento y la atención de emergencias. 

Esta inversión contribuirá al cierre de brechas territoriales y al desarrollo sostenible, al reducir significativamente los tiempos de desplazamiento de comunidades que hoy deben recorrer entre 4 y más de 35 horas por vía terrestre o fluvial para acceder a las principales ciudades del país. 

Asimismo, permitirá contar con una infraestructura aeroportuaria más moderna, segura y eficiente, fortaleciendo la integración territorial, la competitividad regional y el acceso de la población a nuevas oportunidades económicas y sociales. 

El plan de modernización de estos 13 aeródromos y 12 aeropuertos no concesionados administrados por la Aerocivil contemplará, según las necesidades específicas de cada territorio: Ampliación y pavimentación de pistas, calles de rodaje y plataformas: intervenciones diseñadas para soportar aeronaves de mayor tamaño (como los ATR42, ATR72, A320 y B-737), multiplicando la capacidad de transporte de pasajeros y carga. 

Construcción y adecuación de edificaciones: desarrollo de nuevas terminales de pasajeros, torres de control y bases de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) con estándares internacionales, superando las limitaciones de capacidad actuales. 

Mitigación de riesgos operativos: adecuación de franjas de seguridad, construcción de cerramientos perimetrales y optimización de redes de drenaje para prevenir inundaciones y el ingreso no controlado de fauna o personas a las pistas. 

Modernización tecnológica: dotación e instalación de sistemas avanzados de ayudas visuales y señalización, garantizando operaciones seguras y eficientes de acuerdo con la normatividad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC 14). 

Con esta declaración de importancia estratégica, el Gobierno nacional reitera su compromiso con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, materializando acciones concretas para las transformaciones de Convergencia regional, Seguridad humana y justicia social, y el Derecho humano a la alimentación. 

Con este Conpes, el Gobierno de las Oportunidades logra:

Impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pues la inversión responde directamente a las metas de los ODS 8, 9 y 10, al promover el crecimiento económico local, desarrollar infraestructuras resilientes y reducir las desigualdades mediante la integración de territorios históricamente rezagados. 

Dinamizar las cadenas logísticas y el turismo: fortalece los vínculos urbano-rurales, integrando a estas regiones con los principales centros de provisión de bienes y servicios, y consolidando al país como un destino turístico competitivo y sostenible. 

Reducir el costo generalizado de viaje: genera beneficios económicos directos para los usuarios del transporte aéreo al reducir el costo generalizado de viaje, un indicador que incorpora y evalúa simultáneamente tanto los costos monetarios del transporte como la valoración económica del tiempo de viaje. Al mejorar la infraestructura, se alcanzarán reducciones superiores al 50 % en este costo para la mayoría de los proyectos evaluados, aliviando el impacto económico en los ciudadanos al acortar los prolongados tiempos de desplazamiento. 

Generar alrededor de 183.000 empleos durante el período de ejecución de las obras, entre empleos directos, indirectos e inducidos. Esta dinámica impulsará la actividad económica en los territorios, fortalecerá las cadenas productivas locales y promoverá la contratación de mano de obra y proveedores regionales. 

Las regiones más apartadas, como el Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía, así como zonas como la Alta Guajira, experimentarán una transformación en su calidad de vida al superar el aislamiento geográfico, facilitando el abastecimiento constante y la presencia institucional del Estado. 

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Para esta cuarta convocatoria se destinarán $240.863 millones, distribuidos entre las 16 subregiones PDET.

Durante la etapa ‘Presentación del proyecto de inversión’, a desarrollarse entre el 22 de julio y el 4 de agosto de 2026, los municipios que conforman las 16 subregiones PDET, pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras asentadas en estas entidades territoriales (debidamente acreditadas por el ministerio del Interior), y el Gobierno nacional, podrán presentar proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos de Asignación para la Paz.

Las 16 subregiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) son: Alto Patía – Norte del Cauca; Arauca; Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; Catatumbo; Chocó; Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño; Macarena – Guaviare; Montes de María; Pacífico y Frontera Nariñense; Pacífico Medio; Putumayo; Sierra Nevada – Perijá; Sur de Bolívar; Sur de Córdoba; Sur de Tolima; y Urabá Antioqueño.

Esta convocatoria hace parte de una serie de cuatro espacios de postulación que se llevan a cabo durante 2025 y 2026.  Para la primera convocatoria se destinaron $2,3 billones.

La segunda convocatoria se llevó a cabo entre el 16 de septiembre de 2025 y el 3 de febrero de 2026, con un presupuesto de $2,2 billones. La tercera se realizó entre el 14 de febrero de 2026 y el 6 de julio de 2026 con una disponibilidad presupuestal de $496.000 millones.

Los interesados en presentar sus proyectos pueden encontrar en la página web del SGR, documentos clave para la postulación a través del aplicativo SIIAT. También puede consultar en la cuenta del SGR en la red social X.

Los proyectos presentados deben estar alineados con alguno de los ocho sectores de mayor índice de brecha social en sus municipios, o deben estar asociados a una iniciativa detonante y dinamizadora, disponible en la central de información PDET.

Para mayor información, podrá consultar el plan de convocatorias y los términos de referencia de la convocatoria 4, que se encuentran publicados en la página web del SGR, haciendo clic en este enlace:

Se reitera que la asistencia técnica está disponible para las entidades territoriales y grupos étnicos durante todas las etapas de la convocatoria, sin costo alguno, mediante solicitud al correo electrónico subasistenciatecnica@dnp.gov.

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Para el director de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, Carlos Uriel Manrique, “Este seguimiento mensual fortalece la vigilancia, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, y permite activar medidas de control cuando el desempeño de las entidades ejecutoras no es adecuado. Con estas acciones, el DNP reafirma su compromiso con una correcta ejecución de las regalías y con el bienestar de las comunidades en los territorios».

En este informe se identificaron 3.611 alertas en 3.275 proyectos, así:

2.939 proyectos presentan una alerta, por un valor de $18,05 billones. 

336 proyectos registran dos alertas, por un valor de $1,7 billones.

Las alertas se generan a partir de la información reportada por las entidades ejecutoras en el aplicativo Gesproy (Gestión de Proyectos) y corresponden, principalmente, a:

No registrar el plazo de ejecución.

Tener el plazo de ejecución vencido.

Presentar diferencias entre el avance financiero y la ejecución física. 
Las entidades ejecutoras del SGR localizadas en el Departamento de Antioquia concentran el mayor número de alertas, con 363 alertas en 319 proyectos, que representan una inversión de $1,6 billones, equivalente al 10% del total de las alertas.

Le siguen Meta, con el 7% de las alertas (258 alertas en 237 proyectos por $2,3 billones), y Huila, con el 5,8 % (209 alertas en 197 proyectos por $680.000 millones).

En el nivel municipal, como entidades ejecutoras se registraron 1.532 alertas en 1.390 proyectos, con una inversión de $5,5 billones. El municipio con mayor número de alertas es Puerto Gaitán (Meta), que concentra 33 alertas en 31 proyectos, principalmente por programación vencida, la cual representa el 91 % de los casos.

A nivel departamental, como entidades ejecutoras, se identificaron 548 alertas en 516 proyectos, por un valor de $6,7 billones. El departamento con mayor número de alertas es Huila, con 69 alertas en 66 proyectos, igualmente asociadas en su mayoría a programaciones vencidas (91 %).

Este balance se realiza de manera mensual, y se comunica a las entidades ejecutoras del SGR con el fin de que tomen las acciones necesarias para corregir las situaciones de alerta identificadas en sus proyectos y aseguren un adecuado desempeño en su ejecución.

Estas acciones hacen parte de las herramientas de seguimiento, vigilancia y control con las que el Gobierno nacional, a través del DNP, vela por la correcta ejecución de los recursos públicos, garantizando que los proyectos de inversión se traduzcan en beneficios reales y una mejor calidad de vida para las y los colombianos.

Las entidades ejecutoras del SGR localizadas en el Departamento de Antioquia concentran el mayor número de alertas

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La iniciativa contempla una inversión de 3,02 billones de pesos, dirigida a reducir los tiempos de espera, mejorar la calidad del servicio y garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional.

El proyecto, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contempla la intervención de 102 sedes hospitalarias y la dotación de 13 hospitales con equipos biomédicos de última generación. Las obras incluirán reforzamientos estructurales, ampliaciones, adecuaciones, modernización de redes eléctricas, sistemas de gases medicinales y la implementación de plataformas tecnológicas e información clínica digital para ofrecer diagnósticos más precisos y atención oportuna.

La directora del DNP, Natalia Irene Molina, dijo que el CONPES 4169 representa “una respuesta concreta a décadas de rezago en la infraestructura hospitalaria. Este Gobierno le cumple al país fortaleciendo la red pública, modernizándola y asegurando su financiamiento para garantizar una salud digna y de calidad”.

Atención digna y equitativa

El diagnóstico del DNP muestra las brechas históricas del sistema de salud pública: 290 municipios no cuentan con servicio de parto, 293 carecen de hospitalización para adultos y 175 no disponen de urgencias ni hospitalización básica. 

Además, el plan prevé mecanismos de seguimiento semestral que aseguren transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos.

De acuerdo con el análisis técnico del Departamento de Planeación, cada peso invertido generará un retorno positivo en bienestar social y equidad sanitaria. Entre los principales impactos se destacan:

Reducción de la mortalidad materno-neonatal.

Disminución de los tiempos de espera y traslado de pacientes.

Menor incidencia de infecciones hospitalarias.

Acceso equitativo a servicios de urgencias y hospitalización.

Con esta inversión el Gobierno avanza en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, asegurando una red pública hospitalaria moderna, equitativa y sostenible, que garantice atención médica oportuna sin importar el lugar donde vivan los colombianos.

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Según se indicó, el enfoque de la inversión de estos recursos ha sido para beneficio de miles de niños, niñas, jóvenes y docentes en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) de 25 departamentos.

Departamentos como Antioquia ($ 245.3 mil millones), Arauca ($ 97 mil millones), Casanare ($ 60.4 mil millones), Valle del Cauca ($ 59.3 mil millones), Tolima ($ 47.9 mil millones) y Chocó ($ 44.4 mil millones) concentran las mayores inversiones, priorizando territorios rurales y zonas con necesidades históricas en infraestructura educativa.

Estas inversiones se han orientado a cuatro componentes principales:

Dotación tecnológica: $ 297 mil millones en 33 proyectos.

Mobiliario escolar y menaje de cocina: $ 228 mil millones en 57 proyectos.

Infraestructura educativa: $ 210 mil millones en 16 proyectos.

Dotación artística, cultural, deportiva y bibliográfica: $ 149 mil millones en 38 proyectos.

Conectividad

El componente más significativo es la dotación tecnológica, con 33 proyectos por $ 297 mil millones de inversión, orientados a fortalecer las competencias digitales y mejorar los ambientes de aprendizaje.

A través de estos proyectos, las instituciones educativas reciben computadores portátiles y de escritorio, muebles para su almacenamiento y uso seguro, así como capacitaciones a docentes en el uso pedagógico de la tecnología.

Por ejemplo, en 147 sedes educativas de los municipios como Dabeiba, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, Ituango, Valdivia, Yondó, y Briceño en Antioquia se entregaron 2.697 equipos portátiles y 558 muebles para su almacenamiento. Adicional, se realizó un proceso de formación para a 328 docentes.

De esta manera, los estudiantes acceden a recursos digitales y entornos interactivos que facilitan el aprendizaje y promueven la innovación.

Infraestructura

Otro grupo clave de inversiones corresponde a 57 proyectos de mobiliario escolar y menaje de cocina, con una asignación de $228 mil millones. Estos proyectos incluyen la dotación de pupitres, sillas, mesas, tableros, estanterías y menaje de cocina que mejoran las condiciones de los comedores escolares y las aulas de clase, garantizando ambientes dignos, bonitos, seguros y adecuados para el desarrollo educativo.

En materia de infraestructura educativa, se adelantan 16 proyectos por $ 210 mil millones, enfocados en mejorar, ampliar y adecuar los espacios escolares en zonas rurales y urbanas.

Estas obras incluyen la construcción de aulas multipropósito, reposición de cubiertas, ampliación de sedes, mantenimiento de infraestructura básica y mejoramiento de entornos escolares en territorios priorizados por el posconflicto.

El mecanismo también financia 38 proyectos de dotación artística, cultural, deportiva y bibliotecaria por un total de $ 149 mil millones, para fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante la entrega de instrumentos musicales, materiales deportivos, material bibliográfico, equipos culturales y mobiliario para actividades extracurriculares, que fomentan la creatividad, la lectura y la convivencia.

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El proceso de hincado fue realizado por el Consorcio Terminal Marítimo – COTEMA, inició en agosto del 2023 e incluyó monitoreos de ruido permanentes para asegurar el cumplimiento de los límites ambientales. Este logro concluye una de las fases más críticas del proyecto, dejando listo el trazado sobre pilotes para avanzar con la instalación de vigas y losas de concreto, lo cual dará forma a la plataforma marítima, donde en próximas semanas serán recibidas las 3 grúas STS provenientes de China.

Este hito se suma a la estructuración del viaducto, una vía elevada de tres carriles, que conecta la zona de operaciones en tierra con la plataforma de atraque ubicada a 3.2 kms mar adentro, distancia con la que se encuentra una profundidad natural de 14 metros, la cual se incrementó a 16.5 metros de calado, mediante el dragado que culminó en julio del 2022.

Recordemos que Puerto Antioquia está diseñada para ser la terminal multipropósito en el Caribe, ubicada más cerca a los principales centros productivos del país, reduciendo significativamente las distancias, por ejemplo: con Medellín un 47%, Bogotá un 33% y el Eje Cafetero hasta un 36%; diferencia que favorece ahorros en costos logísticos, impulsa al potencial de las regiones y mejora la competitividad del comercio exterior.

 Además, su integración con las vías 4G y su capacidad operativa para gestionar graneles sólidos, carga general, vehículos y contenedores, tanto refrigerados como secos, consolidan a Puerto Antioquia como un nodo clave para consolidar en Antioquia uno de los corredores logísticos más atractivos, a través del cual lo mejor de las manos productoras del país podrá acceder de manera más eficiente a los mercados globales.

Sobre Puerto Antioquia

Es una terminal multipropósito ubicada en el costado sur oriental del Golfo de Urabá, Antioquia, Colombia; con capacidad para gestionar carga general, vehículos, contenedores refrigerados y secos; graneles sólidos y líquidos, no hidrocarburos.

Con este propósito, priorizan la tecnología, la seguridad, la alta calidad integral en procesos, infraestructuras y servicios; para capitalizar las oportunidades que representa su ubicación estratégica, como el puerto en el Caribe 350 kilómetros más cerca de los principales centros de producción y consumo del país.
En complemento, propenden por la sostenibilidad de Puerto Antioquia, asegurando que en su gestión confluyan los mejores impactos positivos para los grupos de interés y la conservación del medio ambiente.

Tribunal da vía libre

A la par de esta noticia se conoció durante las últimas horas la decisión de la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia, de revocar las medidas cautelares que tenían paralizadas obras de interconexión eléctrica en un sector de Nueva Colonia inmerso en un intrincado proceso judicial el cual ha comprometido el proyecto portuario.

Dicho tribunal dejó sin piso legal la determinación tomada en ese sentido por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo, el cual había decretado medidas cautelares de suspender los trabajos de interconexión eléctrica en el sector conocido como La Presumida en el corregimiento de Nueva Colonia, Turbo, donde reclamantes de tierras alegan la legitimidad y propiedad del predio.

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Este monto representa el mayor cupo asignado en los ocho años de existencia del mecanismo de Obras por Impuestos, lo que refleja el compromiso del Gobierno del presidente Petro para impulsar el desarrollo territorial mediante esta modalidad.

Al respecto, Raúl Delgado, director de la ART, aseveró que se trata de “un incremento muy significativo, y al incrementarse el cupo en nuestro Gobierno, entonces se ha incrementado la posibilidad de que se ejecuten más obras, más programas, más proyectos a través de este mecanismo”.

Desde su creación en 2018, el mecanismo de Obras por Impuestos ha sido un mecanismo clave para promover el desarrollo de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), permitiendo a las empresas canalizar parte de sus impuestos hacia proyectos de infraestructura que benefician directamente a estas regiones.

Hasta la fecha, el mecanismo de Obras por Impuestos ha financiado 409 proyectos por un valor total cercano a los 3 billones de pesos, de los cuales más del 50 % han sido aprobados en el marco del Gobierno liderado por el presidente Petro. 

El camino a seguir

La ART indicó que con el proceso de viabilización de los proyectos ya concluido, durante el mes de marzo las empresas interesadas deberán remitir su solicitud de vinculación del impuesto ante esta entidad para formalizar su compromiso de ejecución. 

La ART, por su parte, emitirá los actos administrativos correspondientes para vincular a los contribuyentes con los proyectos que ejecutarán. 

Las líneas de inversión bajo las cuales se pueden realizar inversiones de trascendencia social bajo esta modalidad son: energía, infraestructura vial; agua potable y alcantarillado; educación pública, y salud pública.

El mecanismo de Obras por Impuestos es una de las fuentes de financiación para la realización de las obras en los territorios más afectadas por el conflicto y la pobreza. Hay otras fuentes como regalías para la paz, que las aprueba el OCAD- Paz; el Presupuesto General de la Nación, la Cooperación Internacional, pero también están las fuentes territoriales y las regalías de municipios y departamentos.

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“La conectividad de los territorios es uno de los principales objetivos de este Gobierno, mejorar esa conectividad para los desplazamientos eficientes y seguros de la ciudadanía de forma tal que sus productos, no solo puedan salir del territorio donde se cultivan y se producen, sino que salgan en buenas condiciones.

Explicó que estas obras están integrando a los organismos de Acción Comunal y a las comunidades étnicas en las regiones, y agregó que son estas las que levantan la mano y dicen cuáles son los sitios en donde se requiere la inversión en sus veredas.

Para poner en marcha el plan en el 2023, el Gobierno nacional recibió 29 mil solicitudes de todos los organismos de acción comunal del país en donde identificaban tramos de interés para mejorar sus condiciones de conectividad.

“Sobre estas identificamos 26 mil postulaciones que desde el punto de vista jurídico los organismos de acción comunal estaban listos para hacer la firma de los convenios. Finalmente, en el segundo semestre del 2023, el Gobierno firmó con organismos de acción comunal 1.035 convenios comunitarios de la paz total”, agregó.

Alto nivel de ejecución

En la actualidad, estos convenios reportan un avance promedio del 93 % de ejecución, pues ya son 927 los tramos que han sido mejorados.

“Ya son 16 los departamentos que han finalizado el 100 % de su ejecución y son seis los departamentos que tienen ejecución por encima del 95 % según el reporte que recibimos la semana pasada y hay tres departamentos que están entre el 90 y el 95 %’, manifestó Montenegro.

En el mismo contexto, añadió que la inversión rodea los 200 millones de pesos por cada uno de los convenios y que estos comprenden la intervención de la placa-huella en términos de 120, 150 y hasta 220 metros, dependiendo de las condiciones de cada sector.

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