Plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades públicas tendrán nuevas responsabilidades para prevenir la violencia en línea y proteger la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Así lo establece el Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar la Ley 2489 de 2025 y avanzar en la construcción de entornos digitales sanos y seguros.

La normativa plantea una respuesta conjunta al ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en internet, la captación por medios digitales, la exposición a contenidos inapropiados y el uso indebido de datos personales. Para enfrentar estos riesgos, incorpora acciones de alfabetización mediática y digital, herramientas de control parental, canales de reporte y criterios de seguridad y privacidad desde el diseño de los servicios tecnológicos.

“Con este decreto damos un paso fundamental para garantizar que niñas, niños y adolescentes aprovechen las oportunidades que ofrece la tecnología en condiciones más seguras. La protección de sus derechos en el entorno digital es una responsabilidad compartida, que requiere el compromiso de las familias, las instituciones educativas, las empresas y el Estado», afirmó la ministra TIC, Carina Murcia Yela.

Uno de los principales cambios recae en las empresas tecnológicas. Los proveedores de plataformas, aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales deberán identificar y gestionar riesgos, adoptar medidas de protección de datos, ofrecer mecanismos accesibles para presentar quejas y rendir informes semestrales al Ministerio TIC sobre los avances alcanzados.

En el sector educativo, las estrategias para prevenir el ciberacoso y otras violencias digitales deberán incorporarse en los Proyectos Educativos Institucionales y en los Manuales de Convivencia. También se promoverán talleres para estudiantes, familias, docentes y cuidadores sobre navegación segura, privacidad, mediación tecnológica y uso de herramientas de control parental.

El decreto ordena formular, en los próximos doce meses, una política pública nacional sobre entornos digitales sanos y seguros. Además, dispone la creación de un repositorio gratuito con contenidos pedagógicos y buenas prácticas para familias, estudiantes y docentes. Su acceso no podrá condicionarse al registro ni a la entrega de datos personales de menores de edad, y tampoco incluirá publicidad dirigida a esta población.

La norma también pone en marcha un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, en el que participarán los ministerios de Educación y Defensa Nacional, el ICBF y la Fiscalía General, bajo la coordinación técnica del MinTIC. Esta articulación permitirá mejorar la prevención, detección y atención de riesgos y violencias digitales.

Las obligaciones se implementarán de manera gradual, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, las características de cada servicio y la capacidad técnica de los actores involucrados. El decreto aclara que las medidas no podrán justificar censura previa, vigilancia generalizada de comunicaciones privadas ni el debilitamiento de los sistemas de cifrado.

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“Podemos lograr que 40.000 madres comunitarias se conviertan en empleadas públicas muy dignas: la fuerza vanguardia del cuidado, es decir, la primera línea de la vida en Colombia», dijo el mandatario ante centenares ​de madres comunitarias que asistieron al evento en la localidad de Ciudad Bolívar.

En la actualidad, según el reporte de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, 2.300 madres comunitarias han sido vinculadas como empleadas públicas a la entidad.

Al respecto, el mandatario les dijo a las madres asistentes que espera que esa cifra aumente rápidamente.

“Así que hemos dado un pasito. A mí me gustaría que Astrid no hubiera traído un listado de 2.300, sino de 5.000, de 10.000, para que ya en tres o cuatro años podamos decir 100.000″, recalcó el presidente.

También encomendó a la directora del ICBF avanzar en la cobertura del cuidado de niños de 0 a 3 años en lo que resta del Gobierno del Cambio.

“Tenemos que dar un gran salto, y estos 6 meses, deberían usarse para eso, un gran salto en lograr el 100 % del cuidado de las niñas y niños de cero a 3 años», manifestó.

“Podemos lograr que 40.000 madres comunitarias se conviertan en empleadas públicas muy dignas», dijo el presidente Petro en el Encuentro por la Dignificación Laboral de las Madres Comunitarias, realizado  en Bogotá.

Logro de la Reforma Laboral

El jefe de Estado recordó que la formalización laboral de las madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles para su inclusión a la planta de Bienestar Familiar es un logro fundamental de la Ley de Reforma Laboral 2466 del 2025 y cuestionó a quienes históricamente se oponían a esta medida.

“¿Cómo así que la política oficial del Estado colombiano para cuidar la niñez hace unas décadas consistió en pedirles trabajo regalado y esclavo a las mamás pobres vecinas del niño y de la niña? ¿En qué se gastó la plata? ¿Es que no había? No, señora, sí había, pero priorizó otras cosas; priorizó más explorar petróleo que cuidar la niñez de Colombia; priorizó hacer carreteras para tractomulas», aseveró.

Acabar con la tercerización

El mandatario consideró que esta práctica afecta los recursos destinados a proteger la niñez y a dignificar el trabajo de las madres comunitarias, además de que facilita la comisión de abusos contra las niñas y los niños, ante lo cual solicitó la intervención del Ministerio del Trabajo y de las entidades relacionadas con el tema.

“Que el ICBF deje de tercerizar», recalcó el mandatario, al explicar que la contratación intermediada ha generado distorsiones en el uso de los recursos públicos. “Tercerizar significa que se roban los recursos, así de simple, más en unas partes que en otras», sostuvo.

En ese contexto, el presidente Petro reiteró su orden directa para desmontar a la mayor brevedad este esquema de contratación: “Le voy a dar una instrucción de cómo se hace: deje de tercerizar en el ICBF, acabe esa contratación», manifestó.

“Esa contratación no es sino de politiqueros, quitándoles la comida a los niños, literalmente», expresó y calificó este modelo como una práctica ligada a intereses políticos, el cual debe transformarse para garantizar el cuidado digno de la niñez en el país.

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una realidad que se mueve en el territorio, con un equipo de profesionales — nutricionistas, enfermeros, trabajadores sociales y gestores— que ya están  brindando apoyo vital a las 300 familias priorizadas en once municipios del  Occidente y Urabá Antioqueño.

El programa está dirigido a dos grupos poblacionales principales en situación de vulnerabilidad o riesgo nutricional:

1. Niños Menores de 5 años: Especialmente aquellos que presentan diagnóstico de desnutrición o que se encuentran en riesgo de padecerla.

2. Mujeres Gestantes o Lactantes: Aquellas que presentan bajo peso o  malnutrición, reconociendo que la nutrición materna es fundamental para el  desarrollo del bebé.

El servicio no solo se limita a la entrega de alimentos, sino que incluye un  componente integral de acompañamiento técnico, seguimiento nutricional y educación a las familias.

Dado que muchas de estas familias priorizadas en estos municipios enfrentan una  situación de vulnerabilidad histórica y social, marcada por la dispersión geográfica y el acceso limitado a servicios básicos, el programa ofrece un valor transformador: las Raciones para Preparar en el Hogar (RFPP) que no solo suplen déficits nutricionales inmediatos, sino que, a través de la educación y el acompañamiento técnico continuo, rompen el ciclo de la malnutrición, que los niños desarrollen todo su potencial. Este esfuerzo es un pilar de la justicia social.

La fuerza motora detrás de esta operación es la Líder del programa, Caterine Quiroz, Gerente del Hospital de Dabeiba. Ella subraya el componente humano: «Esto va mucho más allá de la logística y de los números; esto es un acto de amor  y de profunda sensibilidad humana. Cuando vemos los ojos de una madre gestante  o de un niño pequeño que por fin recibe el alimento y la educación que necesita, entendemos que estamos invirtiendo con el corazón en el destino de toda una generación.

Nuestro equipo —nuestras enfermeras, nutricionistas, gestores— están poniendo el alma en cada entrega. Para nosotros, l es el  reporte, sino saber que estamos tocando y nutriena mayor recompensa nodo vidas, y sembrando la  esperanza para que estos niños puedan soñar y crecer fuertes. Es una bendición ser el puente de esta ayuda vital.»

El 2025 se cierra con el logro fundamental de haber priorizado e identificado a la  totalidad de las 300 familias beneficiarias, las cuales están ya en atención activa  y vigilancia, con los equipos multidisciplinarios establecidos en cada municipio.  

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La Alcaldía de Medellín, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha emprendido acciones determinantes para enfrentar la preocupante problemática de la explotación sexual infantil en la ciudad. Esta iniciativa surge en respuesta a recientes casos que han impactado a la capital antioqueña, involucrando a delincuentes extranjeros y generando una urgente necesidad de proteger a los niños y niñas de esta lamentable situación.

Plan integral contra la explotación sexual en Medellín

Reunión clave entre Alcaldía y ICBF para abordar casos recientes

• Lucha conjunta por la protección de la niñez

El Alcalde Federico Gutiérrez y la Directora del ICBF se han comprometido a dar una lucha conjunta para proteger a niños y niñas de estos delitos. Esta unión estratégica busca implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad y bienestar de los menores en Medellín.

• Delincuentes extranjeros serán llevados ante la justicia colombiana

Un aspecto crucial del plan es asegurar que los delincuentes extranjeros paguen en Colombia sus delitos, evitando impunidad y garantizando que la justicia actúe de manera contundente contra quienes atenten contra la integridad de los menores en el país.

• Colaboración internacional para acceso a la justicia

Se destacó la importancia de articular con el gobierno norteamericano el acceso a la justicia, asegurando que los casos de explotación sexual infantil sean juzgados debidamente y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

• Cumbre de alcaldes en pro de la infancia vulnerable

En un esfuerzo por ampliar la acción preventiva, se anunció que el gobierno de Gustavo Petro convocará una cumbre de alcaldes enfocada en la erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa busca unir esfuerzos a nivel nacional para proteger a la infancia más vulnerable.

• Campañas preventivas en aeropuertos internacionales

Conscientes de la importancia de la prevención, se informó que se desarrollarán fuertes campañas en aeropuertos internacionales, especialmente en el de Medellín, para sensibilizar y crear conciencia sobre la gravedad de la explotación sexual infantil.

Para concluir

La Alcaldía de Medellín y el ICBF demuestran su compromiso firme y decidido en la lucha contra la explotación sexual infantil, implementando un plan integral que abarca desde la protección directa de los menores hasta acciones preventivas y de colaboración internacional. Este enfoque multidimensional busca garantizar un ambiente seguro y digno para la niñez de la ciudad, reafirmando el compromiso de toda la sociedad en la defensa de los derechos fundamentales de los niños y niñas.

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