El Ministerio del Trabajo denunció posibles mecanismos de encubrimiento laboral y graves riesgos para trabajadores y pacientes en hospitales públicos del Valle del Cauca, tras una mesa interinstitucional desarrollada en Cali para revisar los esquemas de contratación en el sector salud.

La jornada fue encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, acompañado por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, y la directora de Inspección, Vigilancia y Control, Mayra Alejandra Sánchez.

Durante el encuentro, la cartera laboral presentó los hallazgos derivados de inspecciones adelantadas en el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ y en el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, donde se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con tercerización laboral, contratos sindicales y figuras de agremiación que, según las autoridades, estarían reemplazando vínculos laborales directos.

De acuerdo con el informe oficial, en el Hospital Universitario del Valle fueron detectados procesos de tercerización en áreas estratégicas como vigilancia, aseo, imágenes diagnósticas y servicios renales. Además, se evidenció la vinculación de más de 3.000 trabajadores mediante contratos sindicales suscritos con organizaciones como AGESOC y ASSTRACUD.

“La salud pública no puede sostenerse sobre la precarización laboral ni sobre esquemas que debilitan los derechos de quienes sostienen el sistema hospitalario del país”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

Las inspecciones también dejaron al descubierto deficiencias en infraestructura y seguridad ocupacional. Entre los hallazgos reportados se encuentran filtraciones e inundaciones en áreas de Oncología, mobiliario afectado por humedad, falta de mantenimiento preventivo y posibles falencias en los planes de evacuación.

El Ministerio del Trabajo alertó además sobre denuncias relacionadas con extensas jornadas laborales, disponibilidad permanente sin reconocimiento de horas extras, turnos de hasta 184 horas mensuales y retrasos de varios meses en el pago de incapacidades médicas.

Otro de los puntos más sensibles señalados por la entidad corresponde a riesgos químicos en laboratorios hospitalarios. Según el reporte, trabajadores estarían expuestos a sustancias como formol, xilol y metanol, así como al uso de DAB, un compuesto catalogado como potencialmente cancerígeno, sin las medidas de protección adecuadas.

Como resultado de la mesa interinstitucional, el Gobierno nacional anunció la construcción de un Acuerdo de Formalización Laboral orientado a fortalecer la estabilidad de los trabajadores del sector salud y avanzar hacia modelos de contratación ajustados a la legislación laboral vigente.

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La iniciativa contempla una inversión de 3,02 billones de pesos, dirigida a reducir los tiempos de espera, mejorar la calidad del servicio y garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional.

El proyecto, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), contempla la intervención de 102 sedes hospitalarias y la dotación de 13 hospitales con equipos biomédicos de última generación. Las obras incluirán reforzamientos estructurales, ampliaciones, adecuaciones, modernización de redes eléctricas, sistemas de gases medicinales y la implementación de plataformas tecnológicas e información clínica digital para ofrecer diagnósticos más precisos y atención oportuna.

La directora del DNP, Natalia Irene Molina, dijo que el CONPES 4169 representa “una respuesta concreta a décadas de rezago en la infraestructura hospitalaria. Este Gobierno le cumple al país fortaleciendo la red pública, modernizándola y asegurando su financiamiento para garantizar una salud digna y de calidad”.

Atención digna y equitativa

El diagnóstico del DNP muestra las brechas históricas del sistema de salud pública: 290 municipios no cuentan con servicio de parto, 293 carecen de hospitalización para adultos y 175 no disponen de urgencias ni hospitalización básica. 

Además, el plan prevé mecanismos de seguimiento semestral que aseguren transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos.

De acuerdo con el análisis técnico del Departamento de Planeación, cada peso invertido generará un retorno positivo en bienestar social y equidad sanitaria. Entre los principales impactos se destacan:

Reducción de la mortalidad materno-neonatal.

Disminución de los tiempos de espera y traslado de pacientes.

Menor incidencia de infecciones hospitalarias.

Acceso equitativo a servicios de urgencias y hospitalización.

Con esta inversión el Gobierno avanza en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, asegurando una red pública hospitalaria moderna, equitativa y sostenible, que garantice atención médica oportuna sin importar el lugar donde vivan los colombianos.

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