La discusión se vuelve difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza lo que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que determinar esa frontera y no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

Las recientes declaraciones del presidente Abelardo De la Espriella, quien sostuvo que la autonomía universitaria no puede convertirse en una “patente de impunidad”, reabrieron el debate sobre los límites de esta garantía frente al orden público, la protesta estudiantil y la eventual intervención de la fuerza pública en los campus. 

La discusión sobre la autonomía universitaria suele centrarse en las movilizaciones estudiantiles y asociarse con imágenes de disturbios, encapuchados y choques violentos con la fuerza pública. Sus antecedentes se buscan con frecuencia en la Reforma de Córdoba (Argentina) de 1918, o incluso en la Constitución colombiana de 1991. Pero para reconstruir sus orígenes con mayor precisión, sin pretender abarcarlos por completo, es necesario retroceder varios siglos. Ese recorrido permite ampliar la mirada y evitar los reduccionismos en los que tantas veces termina atrapado el debate.

Bolonia y los primeros privilegios universitarios

En el siglo XII, Bolonia ya recibía estudiantes de distintos lugares de Europa y, aunque tenían la oportunidad de estudiar allí, ser extranjero no era precisamente un privilegio. Una de las prácticas de la época permitía, por ejemplo, cobrarle a un estudiante las deudas contraídas por otros compatriotas que habían huido; ante esto, estudiantes y maestros llevaron el problema ante Federico I Barbarroja y de allí surgió la Authentica Habita, que protegió a quienes se desplazaban para estudiar frente a ese tipo de represalias y contempló que, en determinados casos, pudieran ser juzgados por su maestro o por una autoridad de la Iglesia.

Además de contar con esta protección imperial, los estudiantes comenzaron a organizarse: primero, según sus lugares de procedencia, en las llamadas nationes, y algunas de estas agrupaciones terminaron formando universidades. A pesar del nombre, no pensemos todavía en la universidad que conocemos hoy en día; eran justamente corporaciones de estudiantes, con estatutos y asambleas, que elegían rectores y podían representar a sus miembros ante la ciudad. Pero no deja de ser significativo que, en plena Edad Media, en una sociedad altamente jerarquizada y atravesada por el poder de la Iglesia, aquellos estudiantes hubieran encontrado una forma de organizarse para decidir asuntos que les concernían directamente.

Privilegios, corporaciones y poder

A diferencia de Bolonia, en París fueron los maestros quienes se organizaron, en un contexto en el que también surgieron problemas con las autoridades de la ciudad. Por ejemplo, en el año 1200 se presentó un enfrentamiento entre estudiantes y habitantes de Paris, y en medio del suceso hombres al servicio del preboste, una autoridad del rey en la ciudad, intervinieron violentamente y dejaron varios estudiantes muertos. El asunto escaló hasta el rey Felipe II Augusto, quien castigó al preboste y concedió a maestros y estudiantes el llamado beneficio del foro (privilegium fori), lo que implicaba, entre otras cosas que, si un estudiante era detenido, debía ser entregado a la jurisdicción eclesiástica.

Este proceso continuó en 1215, cuando Robert de Courçon, legado del papa Inocencio III, promulgó estatutos que regulaban quién podía enseñar, qué debía estudiarse y bajo qué condiciones. Pero esto no evitó que las tensiones entre la comunidad académica y la ciudad resurgieran, y en 1229 hubo nuevos enfrentamientos en París, en los que murieron varios estudiantes; los maestros suspendieron las clases y muchos abandonaron la ciudad. Dos años después intervino el papa Gregorio IX con la bula Parens Scientiarum, que reconoció a la corporación la posibilidad de dictar sus propias normas sobre distintos asuntos internos e incluso, bajo determinadas circunstancias, suspender la enseñanza.

Valga precisar que, hasta ese momento, no estamos hablando de autonomía universitaria en el sentido en que la entendemos actualmente, pues en la Edad Media muchos de esos beneficios o privilegios dependían justamente de quienes ejercían el poder. Emperadores, reyes y papas los concedían o reconocían, pero eso no minimiza lo que aquellas corporaciones habían logrado al establecer sus propias normas, elegir autoridades y tomar decisiones sobre su funcionamiento interno.

Varios siglos después, Francia tomó una dirección muy distinta. Durante la Revolución francesa, las antiguas universidades y facultades fueron suprimidas y, con Napoleón, apareció una Universidad Imperial fuertemente centralizada; en 1806 se creó el cuerpo encargado de la enseñanza pública y, dos años después, se estableció que nadie podía enseñar públicamente sin pertenecer a esa estructura o estar autorizado por ella. Además, quien estaba al frente de la Universidad Imperial era nombrado por el propio Napoleón.

Por su parte, en Prusia, Humboldt defendía ora idea y participó en la creación de la Universidad de Berlín, fundada en 1810. Consideraba que la ciencia necesitaba libertad para desarrollarse y que demasiada intervención estatal podía afectarla; pero tampoco proponía una universidad separada del Estado, al cual le atribuía responsabilidad por las condiciones del trabajo científico. Incluso defendía que el nombramiento de los profesores universitarios siguiera en manos del Estado.

El eco del Manifiesto Liminar en Colombia

En Latinoamérica, en 1918 en Córdoba, Argentina, los estudiantes se rebelaron contra una universidad que consideraban cerrada, clerical y poco dispuesta a renovarse. El Manifiesto Liminar cuestionó la autoridad profesoral sostenida únicamente por el cargo y reclamó otra relación entre quienes enseñaban y quienes aprendían, pero también una universidad más vinculada a los problemas de la sociedad. De esta manera, Córdoba terminó convirtiéndose en una referencia para movimientos estudiantiles de otros países de la región y la Reforma articuló reclamos que hoy son reconocibles, como el cogobierno, la libertad de cátedra, la extensión y la autonomía.

En Colombia, durante las primeras décadas del siglo XX, también hubo reclamos de reformas y, por supuesto, la experiencia de Córdoba era uno de sus referentes, aunque esta historia tiene un recorrido muy particular. A través de congresos estudiantiles y distintas movilizaciones, se defendía una reforma de la universidad que incluía, entre otras, la exigencia de autonomía. 

En 1935, durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, la Ley 68 reorganizó la Universidad Nacional, que hasta entonces funcionaba como un conjunto de facultades bastante dispersas entre sí; la convirtió en persona jurídica, estableció su patrimonio y abrió espacios de participación para profesores y estudiantes en su gobierno. Esta reforma también muestra que las aspiraciones del movimiento estudiantil trascendieron ese ámbito y se expresaron en la llamada Revolución en Marcha, un proyecto de modernización impulsado por el propio Estado y encabezado por un dirigente proveniente de la élite financiera y empresarial colombiana.

Años después, la Constitución del 91 consagró la autonomía universitaria como garantía constitucional y estableció que las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. Un año después, la Ley 30 llevó esa autonomía a cuestiones mucho más concretas y reconoció que las universidades podían designar sus autoridades académicas y administrativas, organizar sus programas, seleccionar profesores, admitir estudiantes y administrar sus recursos. Han pasado más de tres décadas y esa ley, como bien sabemos, tampoco ha dejado de ser objeto de fuertes cuestionamientos, movilizaciones e intentos de reforma.

¿Para qué sirve la autonomía?

A estas alturas podríamos seguir buscando antecedentes y, con seguridad, encontraríamos muchos más, pero tampoco se trata de hacer una relación interminable. La pregunta que ahora podemos hacernos es: ¿Para qué necesita una universidad su autonomía? ¿Acaso la necesita para convertirse en una república independiente o para sustraerse de la Constitución y de las leyes?

Si quien gobierna pudiera decidir qué puede investigar una universidad, qué se puede enseñar en sus aulas o qué ideas pueden discutirse, poco importaría que esta pudiera elegir a su rector o redactar sus propios estatutos. De eso se trata también la autonomía: que el conocimiento y el pensamiento crítico no tengan que acomodarse a lo que un gobierno de turno, una iglesia, un partido o cualquier otro poder considere conveniente.

En nuestro país, esa discusión sobre la presencia de la fuerza pública en las universidades tiene, además, su propia historia. En junio de 1954, la Policía ingresó a la Universidad Nacional y allí murió el estudiante Uriel Gutiérrez; al día siguiente, durante las protestas por su muerte, varios estudiantes fueron asesinados por las Fuerzas Militares. Treinta años después, el 16 de mayo de 1984, la fuerza pública volvió a ingresar al campus en medio de una jornada que dejó heridos, decenas de detenidos y denuncias de graves violaciones de derechos humanos.

El peligro de las fronteras arbitrarias

Con esos antecedentes, la discusión de estos días no ocurre precisamente en el vacío, pues el recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella afirmó que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público” y anunció la creación de un protocolo para regular la intervención de las autoridades en las universidades. Aunque mantener el orden público y la seguridad son propósitos plenamente legítimos, nuestra historia nos muestra que el ingreso de la fuerza pública puede comprometer derechos y agravar los conflictos que pretende resolver. Por eso, la discusión exige que nos preguntemos quién decide cuándo se justifica una intervención, con qué criterios y qué garantías existen para impedir que una protesta o un conflicto universitario termine siendo tratado como una amenaza. Por ahora se ha anunciado la elaboración de ese protocolo y habrá que conocer el texto definitivo para saber exactamente cuáles serán sus alcances.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ha dicho que el ingreso de la fuerza pública tradicionalmente no tiene efecto y que la solución pasa por identificar, con “inteligencia”, a quienes participan en hechos violentos. Parece una opción menos agresiva que ingresar tanquetas al campus, pero en una institución que también carga con la memoria de la actuación de organismos de inteligencia y seguridad del estado, la palabra no resulta precisamente inocua.

Después de todo este recorrido, podemos volver al comienzo. Federico Barbarroja, Felipe II Augusto o Gregorio IX difícilmente pensaban en crear espacios de impunidad cuando reconocieron algunos de los privilegios que forman parte de esta historia. La discusión se vuelve bastante más difícil cuando hay que decidir dónde termina la autonomía y comienza aquello que un gobierno considera un problema de orden público; sobre todo porque alguien tendrá que decidir dónde queda esa frontera y, como ya lo vimos, no da exactamente lo mismo quién lo haga ni cómo.

*Doctorando en Políticas Públicas, Gobierno e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro UNRN (Argentina). Magíster en Educación y en Análisis y Gestión de Políticas Públicas. Profesor universitario.

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La operación permitió afectar significativamente las finanzas ilícitas del grupo armado organizado residual Estructura 44 “Antonio Ricaurte”, que venía recibiendo más de 800 millones pesos mensuales producto de la comercialización de los narcóticos, indicó el Ejército nacional.

La acción militar se desarrolló en zona rural del municipio de Cumaribo (Vichada), hasta donde llegaron las tropas del Ejército Nacional acompañadas de Infantes de Marina apoyados por la inteligencia militar, que les permitió ubicar en lo profundo de la selva este gigantesco laboratorio, con capacidad para producir pasta base de coca y cocaína. 

En el lugar también se halló el siguiente material: 3.703 galones de insumos líquidos, entre gasolina, acpm, sustancias químicas y otros elementos utilizados en el proceso de producción, 2.359 kilogramos de insumos sólidos, entre hoja de coca procesada y en proceso, fertilizantes, cal y cemento, diversos elementos y materiales empleados en el procesamiento, almacenamiento y transporte de los insumos, entre ellos canecas, pimpinas, mangueras, prensas, motores, bombas, batidores y herramientas para la consecución de estas sustancias sicoactivas.

Según la valoración preliminar, con estas acciones se debilita la cadena del narcotráfico que es la principal fuente de financiamiento de estos grupos criminales, dado que, con el dinero producto de la comercialización de la pasta base de coca y el clorhidrato de cocaína, logran la adquisición de armas, explosivos y demás material bélico con el que llevan a cabo acciones terroristas en contra de la población civil y la Fuerza Pública.

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El mandatario dijo que “le devolvió la dignidad a la Fuerza Pública», a la que pidió “nunca apuntar sus armas contra el pueblo», porque es orden constitucional y un mandato del Libertador Simón Bolívar.

“Este gobierno pudo ser mejor, pero pasará a la historia como uno de los mejores gobiernos de Colombia. Y puedo decir como Comandante Supremo que uno de los mayores logros de este gobierno fue haber hecho que el patrullero y la patrullera de policía, el soldado y la soldado, fueran tratados como seres humanos, comenzando por algo vital, como es su salario: elevamos el salario de soldados y policías, de 300 mil al salario vital, que es hoy 2 millones de pesos. Y elevé el grado de 17 mil patrulleras y patrulleros a subintendentes que los tenían atrasados», dijo.

También destacó que el pie de fuerza creció en esta administración, pero bajaron las agresiones del Esmad contra la protesta social.

Disminuyó la pobreza

El presidente Petro explicó que recibió una tasa nacional de pobreza del 38%, la más durante el año del Covid, y hoy la entrega en 25%. “Y si hubiera existido otro gobierno progresista, con seguridad desplomaríamos la tasa de pobreza de Colombia al 15% o menos», aseguró.

Frente a la desnutrición infantil, el jefe de Estado destacó que, a la semana 25 de este año, que es en este mes, este indicador se redujo en 189 casos , es decir, una reducción de 71,4% en cuatro años, y la mortalidad general, por cualquier causa, de niños y niñas menores de un año, bajó 32,9% en este gobierno, mientras la mortalidad de menores de cinco años disminuyó 34,7%.

“Y redujimos la mortalidad perinatal, que es la muerte de niños en el vientre de la mujer por falta de atención, y hasta dos meses después de nacido, en 24,6, pasamos de 4.302 casos, a 3.200 bebés que no murieron, y bajamos en 51% la mortalidad de mujeres embarazadas», agregó.

Avances en educación

El presidente resaltó el impulso que ha tenido la educación superior en estos cuatro años: “97% de los estudiantes en universidad pública con educación gratuita. Aumentamos los cupos para nuevos estudiantes en 425 mil cupos a este semestre, y a final de este año llegará a 500 mil nuestra promesa, o sea, medio millón adicional de estudiantes van a entrar a universidades públicas gratuitas».

Al respecto, recordó que en su gobierno se crearon las sedes universitarias, incluidas facultades de Medicina, en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, el extremo occidental de Bogotá, La Guajira, Córdoba y Amazonas».

El mandatario concluyó que, en la instalación del Congreso de la República, se referirá a otros logros en materia económica, como desempleo, crecimiento económico y la reforma agraria, entre otros aspectos.

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(Foto de portadda/ Félix Amín Tovar T.

A tod@s mis amig@s y familiares: Colombia a pasado décadas de violencia odio y miedo. Hicieron del país su mejor negocio, heredando el poder y la burocracia y presupuesto han sido su herramienta para perpetuarse en el poder. Han gobernado para sus intereses, entregaron las empresas rentables del estado a sus amigos y financiadores, crearon peajes de todo tipo para lucrarse, elitizaron la educación pública y entregaron la salud, pensiones y cesantías al sistema financiero, que las han utilizado para negocios en el exterior y solo cuando hay pérdidas se acuerdan de los dueños de esos dineros.

Utilizaron la fuerza pública (hijos de los pobres) como escudos para defender sus intereses y los llamaron “héroes de la patria” pero los habían mantenido de manera indigna. Hoy han recobrado su dignidad porque este gobierno así lo quiso.

No nos digamos mentiras: los indicadores económicos son los mejores en varias décadas el desempleo con la tasa más baja en muchos años y la economía estable.

Este gobierno ha cometido muchísimos errores que se deben seguir corrigiendo.

Regresar al pasado de muerte no sería justo para nuestra sociedad, debemos afianzar el clima de paz, tranquilidad y libertad que estamos respirando, recuerden bien como morían niños por sed y hambre, ancianos votados a la calle y muchas discriminaciones por condición sexual, color de piel o estrato social.

Reflexionemos tranquilamente y después si tomemos la decisión de regresar al pasado o profundizar la democracia.

He sido un hombre de izquierda democrática pero hoy quienes defendemos este modelo de gobierno estamos tod@s bajo una tolda progresista.

Así que únete a la profundización del cambio.

*Félix Amin Tovar Tafur/ Líder Social

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El mandatario dijo que esta persona “es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío, según la Policía Nacional».

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que, en articulación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y autoridades locales, ejecutó la Operación Dignidad que permitió la captura de José Alex Vitonco, alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos’.

El general Zambrano aseguró que este resultado operacional se registró en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, donde Vitonco se movilizaba, al parecer, para adelantar coordinaciones criminales, acompañado de su compañera sentimental y un esquema de seguridad. En el procedimiento se le incautó una pistola calibre 9 milímetros y siete equipos celulares.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘David’ es requerido por el delito de terrorismo y deberá responder por la reciente escalada violenta que golpeó al suroccidente colombiano, especialmente por el atentado perpetrado el 25 de abril en el sector del túnel de Cajibío, sobre la vía Panamericana, que dejó un saldo de 21 personas fallecidas y 38 heridas.

Según se indicó, alias ‘David’ cuenta con más de 20 años de trayectoria criminal, siendo uno de los cabecillas más violentos del país, hombre de confianza de alias ‘Marlon’ y cercano al círculo de alias ‘Iván Mordisco’.

Prontuario criminal, alias ‘David’:

Dirección y coordinación de más de 40 acciones terroristas en los últimos días contra la población civil y la Fuerza Pública.

Órdenes de captura vigentes por terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas.

Control de más de 600 hombres en armas, liderando una de las estructuras criminales más peligrosas del país.

Principal dinamizador del narcotráfico en el suroccidente, con rutas hacia Panamá y Estados Unidos, financiando la adquisición de explosivos y drones para acciones terroristas.

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En un operativo conjunto de la Policía y el Ejército, realizado en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, fue detenido por orden judicial Jefferson Alberto Aliendo Barreto, conocido como alias ‘Chamo’, uno de los principales dinamizadores de violencia en el municipio de Morales, Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado es requerido por concierto para delinquir agravado, homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. 

Además, tiene una trayectoria criminal de aproximadamente cuatro años dentro de la estructura ‘Jaime Martínez’, del bloque occidental ‘Jacobo Arenas’, que hace parte del grupo criminal de alias ‘Iván Mordisco’.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable de un doble homicidio ocurrido el 24 de agosto de 2024 en Morales, así como de la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero de 2025 en ese mismo municipio, hecho que dejó un uniformado de la Policía lesionado y diez civiles heridos.

Información de inteligencia también indica que alias ‘Chamo’ se habría desplazado recientemente a la ciudad de Cali, con el objetivo de realizar labores de observación criminal y planear posibles ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y sus instalaciones, lo que evidencia su alta peligrosidad.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Esneider Suárez’, señalado cabecilla financiero de esta organización ilegal, junto a otro hombre conocido como alias ‘Jhon’. Ambos fueron sorprendidos en posesión de armamento ilegal.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Esneider Suárez’ cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años dentro de la estructura y delinquía en los municipios de Florencia, El Doncello, El Paujil, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

Su rol era clave en el sostenimiento económico del grupo, siendo el encargado de coordinar el cobro de extorsiones, el envío de panfletos y mensajes intimidatorios a comerciantes y población civil, así como de la administración de recursos producto de actividades ilícitas.

Según la información del Ejército, Esneider sería el principal responsable de los atentados perpetrados contra uniformados de la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro y en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, hechos que generaron zozobra y afectación a la seguridad de esa región.

“Este es un golpe contundente para estas estructuras terroristas que tiene azotada a la población del Caquetá, especialmente a nuestros campesinos con las extorsiones y secuestros, entre otras conductas delictivas», señaló el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar. 

Durante el procedimiento, las tropas incautaron material que evidencia su accionar al margen de la ley, entre ellos dos pistolas, munición, dinero en efectivo, radios de comunicación, cinco celulares, sim cards, panfletos propagandísticos, cuadernos con información de interés para inteligencia militar y esposas.

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Esta acción militar se enmarca en los lineamientos del plan de campaña Ayacucho Plus, la estrategia integral del Gobierno para desarticular las capacidades de los grupos armados organizados y garantizar el control institucional del territorio. La operación, ejecutada en la vereda Vueltas del Alivio del municipio de Miraflores, representa un paso fundamental en la protección de las comunidades rurales que históricamente han sido víctimas del asedio de grupos ilegales.

En el lugar de los hechos, técnicos antiexplosivos hallaron un arsenal compuesto por 11 ‘balones bomba’, cilindros con explosivos, rampas de lanzamiento y múltiples artefactos listos para su uso. El material incautado incluía cordón detonante, explosivos tipo R15 y pancartas de proselitismo armado, elementos que suelen ser utilizados para atentar contra la integridad de la Fuerza Pública y restringir la movilidad de los habitantes de la región.

La importancia de este hallazgo radica en la prevención de acciones terroristas que afectan directamente a la población civil. Según los informes de inteligencia, estos artefactos estaban destinados a generar zozobra y representarían una violación flagrante a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al ponerse en riesgo la vida de campesinos, niños y adultos mayores que transitan por estas zonas selváticas.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, resaltó que este tipo de operativos no solo neutraliza amenazas tácticas, sino que también debilita la logística criminal de las estructuras que pretenden lucrarse del miedo. La destrucción de estos elementos de guerra impide que se sigan sembrando minas y artefactos improvisados que atentan contra la biodiversidad y la seguridad de quienes habitan el Guaviare.

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Esta acción fue liderada por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército, en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, en la vereda La Conquista, en zona rural del municipio de Arauca.

Como resultado de los combates, se confirmó la captura de siete presuntos integrantes de este grupo armado ilegal y la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de sus miembros. Entre los detenidos destaca alias ‘Zeta’, señalado como uno de los principales dinamizadores de la extorsión en el departamento.

Las investigaciones indican que alias ‘Zeta’ utilizaba las redes sociales como herramienta para el reclutamiento forzado de menores de edad, práctica sistemática que el Gobierno nacional combate con determinación para proteger a la juventud colombiana.

En un hito fundamental para la protección de los Derechos Humanos, la Fuerza Pública logró la recuperación de ocho menores de edad que se encontraban bajo el poder de esta estructura criminal.

Entre los menores rescatados, cinco son de nacionalidad venezolana, lo que evidencia la transnacionalidad de los delitos cometidos por el Eln en la frontera. Tras el rescate, las tropas priorizaron su integridad y los trasladaron a centros asistenciales para verificar su estado de salud, garantizando un trato digno y humano.

Posteriormente, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Allí se dio inicio al proceso de restablecimiento de sus derechos y se les brinda el acompañamiento psicosocial necesario para su recuperación tras el trauma del reclutamiento.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso de sacar a los niños, niñas y adolescentes de las manos de la guerra, asegurando que sus proyectos de vida no sean truncados por la violencia de los grupos armados.

Durante el registro del área, las autoridades incautaron un arsenal significativo, que incluye 12 armas de largo alcance, tres armas cortas, una mira de alta precisión y seis granadas de mano.

Además, se hallaron más de 2 mil municiones de diversos calibres y abundante material de comunicaciones e intendencia.

Este decomiso representa una afectación estructural a la logística de guerra del Eln, reduciendo drásticamente su capacidad de ataque contra la población civil y las instituciones del Estado.

El Ejército anticipó que las operaciones militares continúan activas en el sector para consolidar la seguridad y estabilidad de las comunidades araucanas y reafirmó la voluntad del Estado de perseguir sin descanso a las estructuras criminales que persisten en el uso de la violencia.

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La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería número 18 ‘Coronel Jaime Rooke’, de la Sexta Brigada, quienes, con información de inteligencia militar y trabajo especializado del binomio canino antiexplosivos, ubicaron 43 dispositivos que habrían sido instalados para afectar la seguridad de la Fuerza Pública y la tranquilidad de las comunidades de esta zona del suroccidente del departamento.

Los artefactos fueron hallados en la vereda El Real, donde unidades técnicas realizaron el acordonamiento del área y posteriormente ejecutaron la destrucción controlada, evitando riesgos para los habitantes y para las tropas desplegadas en el sector.

Según información preliminar, los explosivos estarían asociados a integrantes del grupo armado organizado residual conocido como Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Joaquín González, que mantiene presencia en algunas áreas rurales del territorio.

El Gobierno nacional destacó que estas acciones operacionales fortalecen la protección de la población civil y contribuyen a preservar la seguridad en las regiones, mediante operaciones permanentes que buscan prevenir hechos violentos y garantizar la movilidad segura en corredores rurales.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades civiles para salvaguardar la vida de las comunidades y mantener condiciones de estabilidad en el territorio.

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