La operación permitió afectar significativamente las finanzas ilícitas del grupo armado organizado residual Estructura 44 “Antonio Ricaurte”, que venía recibiendo más de 800 millones pesos mensuales producto de la comercialización de los narcóticos, indicó el Ejército nacional.

La acción militar se desarrolló en zona rural del municipio de Cumaribo (Vichada), hasta donde llegaron las tropas del Ejército Nacional acompañadas de Infantes de Marina apoyados por la inteligencia militar, que les permitió ubicar en lo profundo de la selva este gigantesco laboratorio, con capacidad para producir pasta base de coca y cocaína. 

En el lugar también se halló el siguiente material: 3.703 galones de insumos líquidos, entre gasolina, acpm, sustancias químicas y otros elementos utilizados en el proceso de producción, 2.359 kilogramos de insumos sólidos, entre hoja de coca procesada y en proceso, fertilizantes, cal y cemento, diversos elementos y materiales empleados en el procesamiento, almacenamiento y transporte de los insumos, entre ellos canecas, pimpinas, mangueras, prensas, motores, bombas, batidores y herramientas para la consecución de estas sustancias sicoactivas.

Según la valoración preliminar, con estas acciones se debilita la cadena del narcotráfico que es la principal fuente de financiamiento de estos grupos criminales, dado que, con el dinero producto de la comercialización de la pasta base de coca y el clorhidrato de cocaína, logran la adquisición de armas, explosivos y demás material bélico con el que llevan a cabo acciones terroristas en contra de la población civil y la Fuerza Pública.

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El mandatario dijo que “le devolvió la dignidad a la Fuerza Pública», a la que pidió “nunca apuntar sus armas contra el pueblo», porque es orden constitucional y un mandato del Libertador Simón Bolívar.

“Este gobierno pudo ser mejor, pero pasará a la historia como uno de los mejores gobiernos de Colombia. Y puedo decir como Comandante Supremo que uno de los mayores logros de este gobierno fue haber hecho que el patrullero y la patrullera de policía, el soldado y la soldado, fueran tratados como seres humanos, comenzando por algo vital, como es su salario: elevamos el salario de soldados y policías, de 300 mil al salario vital, que es hoy 2 millones de pesos. Y elevé el grado de 17 mil patrulleras y patrulleros a subintendentes que los tenían atrasados», dijo.

También destacó que el pie de fuerza creció en esta administración, pero bajaron las agresiones del Esmad contra la protesta social.

Disminuyó la pobreza

El presidente Petro explicó que recibió una tasa nacional de pobreza del 38%, la más durante el año del Covid, y hoy la entrega en 25%. “Y si hubiera existido otro gobierno progresista, con seguridad desplomaríamos la tasa de pobreza de Colombia al 15% o menos», aseguró.

Frente a la desnutrición infantil, el jefe de Estado destacó que, a la semana 25 de este año, que es en este mes, este indicador se redujo en 189 casos , es decir, una reducción de 71,4% en cuatro años, y la mortalidad general, por cualquier causa, de niños y niñas menores de un año, bajó 32,9% en este gobierno, mientras la mortalidad de menores de cinco años disminuyó 34,7%.

“Y redujimos la mortalidad perinatal, que es la muerte de niños en el vientre de la mujer por falta de atención, y hasta dos meses después de nacido, en 24,6, pasamos de 4.302 casos, a 3.200 bebés que no murieron, y bajamos en 51% la mortalidad de mujeres embarazadas», agregó.

Avances en educación

El presidente resaltó el impulso que ha tenido la educación superior en estos cuatro años: “97% de los estudiantes en universidad pública con educación gratuita. Aumentamos los cupos para nuevos estudiantes en 425 mil cupos a este semestre, y a final de este año llegará a 500 mil nuestra promesa, o sea, medio millón adicional de estudiantes van a entrar a universidades públicas gratuitas».

Al respecto, recordó que en su gobierno se crearon las sedes universitarias, incluidas facultades de Medicina, en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, el extremo occidental de Bogotá, La Guajira, Córdoba y Amazonas».

El mandatario concluyó que, en la instalación del Congreso de la República, se referirá a otros logros en materia económica, como desempleo, crecimiento económico y la reforma agraria, entre otros aspectos.

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(Foto de portadda/ Félix Amín Tovar T.

A tod@s mis amig@s y familiares: Colombia a pasado décadas de violencia odio y miedo. Hicieron del país su mejor negocio, heredando el poder y la burocracia y presupuesto han sido su herramienta para perpetuarse en el poder. Han gobernado para sus intereses, entregaron las empresas rentables del estado a sus amigos y financiadores, crearon peajes de todo tipo para lucrarse, elitizaron la educación pública y entregaron la salud, pensiones y cesantías al sistema financiero, que las han utilizado para negocios en el exterior y solo cuando hay pérdidas se acuerdan de los dueños de esos dineros.

Utilizaron la fuerza pública (hijos de los pobres) como escudos para defender sus intereses y los llamaron “héroes de la patria” pero los habían mantenido de manera indigna. Hoy han recobrado su dignidad porque este gobierno así lo quiso.

No nos digamos mentiras: los indicadores económicos son los mejores en varias décadas el desempleo con la tasa más baja en muchos años y la economía estable.

Este gobierno ha cometido muchísimos errores que se deben seguir corrigiendo.

Regresar al pasado de muerte no sería justo para nuestra sociedad, debemos afianzar el clima de paz, tranquilidad y libertad que estamos respirando, recuerden bien como morían niños por sed y hambre, ancianos votados a la calle y muchas discriminaciones por condición sexual, color de piel o estrato social.

Reflexionemos tranquilamente y después si tomemos la decisión de regresar al pasado o profundizar la democracia.

He sido un hombre de izquierda democrática pero hoy quienes defendemos este modelo de gobierno estamos tod@s bajo una tolda progresista.

Así que únete a la profundización del cambio.

*Félix Amin Tovar Tafur/ Líder Social

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El mandatario dijo que esta persona “es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío, según la Policía Nacional».

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó que, en articulación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y autoridades locales, ejecutó la Operación Dignidad que permitió la captura de José Alex Vitonco, alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos’.

El general Zambrano aseguró que este resultado operacional se registró en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, donde Vitonco se movilizaba, al parecer, para adelantar coordinaciones criminales, acompañado de su compañera sentimental y un esquema de seguridad. En el procedimiento se le incautó una pistola calibre 9 milímetros y siete equipos celulares.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘David’ es requerido por el delito de terrorismo y deberá responder por la reciente escalada violenta que golpeó al suroccidente colombiano, especialmente por el atentado perpetrado el 25 de abril en el sector del túnel de Cajibío, sobre la vía Panamericana, que dejó un saldo de 21 personas fallecidas y 38 heridas.

Según se indicó, alias ‘David’ cuenta con más de 20 años de trayectoria criminal, siendo uno de los cabecillas más violentos del país, hombre de confianza de alias ‘Marlon’ y cercano al círculo de alias ‘Iván Mordisco’.

Prontuario criminal, alias ‘David’:

Dirección y coordinación de más de 40 acciones terroristas en los últimos días contra la población civil y la Fuerza Pública.

Órdenes de captura vigentes por terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas.

Control de más de 600 hombres en armas, liderando una de las estructuras criminales más peligrosas del país.

Principal dinamizador del narcotráfico en el suroccidente, con rutas hacia Panamá y Estados Unidos, financiando la adquisición de explosivos y drones para acciones terroristas.

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En un operativo conjunto de la Policía y el Ejército, realizado en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, fue detenido por orden judicial Jefferson Alberto Aliendo Barreto, conocido como alias ‘Chamo’, uno de los principales dinamizadores de violencia en el municipio de Morales, Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado es requerido por concierto para delinquir agravado, homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. 

Además, tiene una trayectoria criminal de aproximadamente cuatro años dentro de la estructura ‘Jaime Martínez’, del bloque occidental ‘Jacobo Arenas’, que hace parte del grupo criminal de alias ‘Iván Mordisco’.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable de un doble homicidio ocurrido el 24 de agosto de 2024 en Morales, así como de la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero de 2025 en ese mismo municipio, hecho que dejó un uniformado de la Policía lesionado y diez civiles heridos.

Información de inteligencia también indica que alias ‘Chamo’ se habría desplazado recientemente a la ciudad de Cali, con el objetivo de realizar labores de observación criminal y planear posibles ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y sus instalaciones, lo que evidencia su alta peligrosidad.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Esneider Suárez’, señalado cabecilla financiero de esta organización ilegal, junto a otro hombre conocido como alias ‘Jhon’. Ambos fueron sorprendidos en posesión de armamento ilegal.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Esneider Suárez’ cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años dentro de la estructura y delinquía en los municipios de Florencia, El Doncello, El Paujil, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

Su rol era clave en el sostenimiento económico del grupo, siendo el encargado de coordinar el cobro de extorsiones, el envío de panfletos y mensajes intimidatorios a comerciantes y población civil, así como de la administración de recursos producto de actividades ilícitas.

Según la información del Ejército, Esneider sería el principal responsable de los atentados perpetrados contra uniformados de la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro y en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, hechos que generaron zozobra y afectación a la seguridad de esa región.

“Este es un golpe contundente para estas estructuras terroristas que tiene azotada a la población del Caquetá, especialmente a nuestros campesinos con las extorsiones y secuestros, entre otras conductas delictivas», señaló el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar. 

Durante el procedimiento, las tropas incautaron material que evidencia su accionar al margen de la ley, entre ellos dos pistolas, munición, dinero en efectivo, radios de comunicación, cinco celulares, sim cards, panfletos propagandísticos, cuadernos con información de interés para inteligencia militar y esposas.

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Esta acción militar se enmarca en los lineamientos del plan de campaña Ayacucho Plus, la estrategia integral del Gobierno para desarticular las capacidades de los grupos armados organizados y garantizar el control institucional del territorio. La operación, ejecutada en la vereda Vueltas del Alivio del municipio de Miraflores, representa un paso fundamental en la protección de las comunidades rurales que históricamente han sido víctimas del asedio de grupos ilegales.

En el lugar de los hechos, técnicos antiexplosivos hallaron un arsenal compuesto por 11 ‘balones bomba’, cilindros con explosivos, rampas de lanzamiento y múltiples artefactos listos para su uso. El material incautado incluía cordón detonante, explosivos tipo R15 y pancartas de proselitismo armado, elementos que suelen ser utilizados para atentar contra la integridad de la Fuerza Pública y restringir la movilidad de los habitantes de la región.

La importancia de este hallazgo radica en la prevención de acciones terroristas que afectan directamente a la población civil. Según los informes de inteligencia, estos artefactos estaban destinados a generar zozobra y representarían una violación flagrante a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al ponerse en riesgo la vida de campesinos, niños y adultos mayores que transitan por estas zonas selváticas.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, resaltó que este tipo de operativos no solo neutraliza amenazas tácticas, sino que también debilita la logística criminal de las estructuras que pretenden lucrarse del miedo. La destrucción de estos elementos de guerra impide que se sigan sembrando minas y artefactos improvisados que atentan contra la biodiversidad y la seguridad de quienes habitan el Guaviare.

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Esta acción fue liderada por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército, en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, en la vereda La Conquista, en zona rural del municipio de Arauca.

Como resultado de los combates, se confirmó la captura de siete presuntos integrantes de este grupo armado ilegal y la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de sus miembros. Entre los detenidos destaca alias ‘Zeta’, señalado como uno de los principales dinamizadores de la extorsión en el departamento.

Las investigaciones indican que alias ‘Zeta’ utilizaba las redes sociales como herramienta para el reclutamiento forzado de menores de edad, práctica sistemática que el Gobierno nacional combate con determinación para proteger a la juventud colombiana.

En un hito fundamental para la protección de los Derechos Humanos, la Fuerza Pública logró la recuperación de ocho menores de edad que se encontraban bajo el poder de esta estructura criminal.

Entre los menores rescatados, cinco son de nacionalidad venezolana, lo que evidencia la transnacionalidad de los delitos cometidos por el Eln en la frontera. Tras el rescate, las tropas priorizaron su integridad y los trasladaron a centros asistenciales para verificar su estado de salud, garantizando un trato digno y humano.

Posteriormente, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Allí se dio inicio al proceso de restablecimiento de sus derechos y se les brinda el acompañamiento psicosocial necesario para su recuperación tras el trauma del reclutamiento.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso de sacar a los niños, niñas y adolescentes de las manos de la guerra, asegurando que sus proyectos de vida no sean truncados por la violencia de los grupos armados.

Durante el registro del área, las autoridades incautaron un arsenal significativo, que incluye 12 armas de largo alcance, tres armas cortas, una mira de alta precisión y seis granadas de mano.

Además, se hallaron más de 2 mil municiones de diversos calibres y abundante material de comunicaciones e intendencia.

Este decomiso representa una afectación estructural a la logística de guerra del Eln, reduciendo drásticamente su capacidad de ataque contra la población civil y las instituciones del Estado.

El Ejército anticipó que las operaciones militares continúan activas en el sector para consolidar la seguridad y estabilidad de las comunidades araucanas y reafirmó la voluntad del Estado de perseguir sin descanso a las estructuras criminales que persisten en el uso de la violencia.

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La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería número 18 ‘Coronel Jaime Rooke’, de la Sexta Brigada, quienes, con información de inteligencia militar y trabajo especializado del binomio canino antiexplosivos, ubicaron 43 dispositivos que habrían sido instalados para afectar la seguridad de la Fuerza Pública y la tranquilidad de las comunidades de esta zona del suroccidente del departamento.

Los artefactos fueron hallados en la vereda El Real, donde unidades técnicas realizaron el acordonamiento del área y posteriormente ejecutaron la destrucción controlada, evitando riesgos para los habitantes y para las tropas desplegadas en el sector.

Según información preliminar, los explosivos estarían asociados a integrantes del grupo armado organizado residual conocido como Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Joaquín González, que mantiene presencia en algunas áreas rurales del territorio.

El Gobierno nacional destacó que estas acciones operacionales fortalecen la protección de la población civil y contribuyen a preservar la seguridad en las regiones, mediante operaciones permanentes que buscan prevenir hechos violentos y garantizar la movilidad segura en corredores rurales.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades civiles para salvaguardar la vida de las comunidades y mantener condiciones de estabilidad en el territorio.

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La reunión de trabajo, desarrollada en la sede de la Procuraduría General de la Nación, tuvo como objetivo principal revisar el panorama de los próximos comicios y evaluar los retos del Plan Democracia 2026, buscando asegurar que la voluntad ciudadana sea respetada.

Al término del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que “el Gobierno nacional no compite en estas elecciones, sino que da garantías para candidatas y candidatos, pero también para el pueblo, que decidirá libremente y con total transparencia en los próximos comicios».

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de una capacidad operativa sin precedentes para proteger los puestos de votación.

En compañía de la cúpula militar y policial, el ministro Sánchez informó que el Plan Democracia 2026 cuenta con un pie de fuerza de 246 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes estarán presentes en cada rincón del país.

“Hay delitos y riesgos sobre los que tenemos que estar preparados para combatirlos y contrarrestarlos, como la desinformación y la manipulación digital, los ciberataques a la infraestructura electoral, la intimidación a los candidatos o los votantes y otros delitos electorales, como la compra y venta de votos, la suplantación y los fraudes», resaltó el ministro Sánchez.

El Gobierno nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier anomalía o intento de constreñimiento al elector.

Y puntualizó que la mesa de trabajo sesionó buscando articular una respuesta institucional sólida, que prevenga cualquier irregularidad en las urnas y garantice transparencia en el proceso electoral.

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