Entre los capturados se encuentra alias ‘Esneider Suárez’, señalado cabecilla financiero de esta organización ilegal, junto a otro hombre conocido como alias ‘Jhon’. Ambos fueron sorprendidos en posesión de armamento ilegal.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘Esneider Suárez’ cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años dentro de la estructura y delinquía en los municipios de Florencia, El Doncello, El Paujil, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

Su rol era clave en el sostenimiento económico del grupo, siendo el encargado de coordinar el cobro de extorsiones, el envío de panfletos y mensajes intimidatorios a comerciantes y población civil, así como de la administración de recursos producto de actividades ilícitas.

Según la información del Ejército, Esneider sería el principal responsable de los atentados perpetrados contra uniformados de la Policía Nacional en el corregimiento de Río Negro y en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, hechos que generaron zozobra y afectación a la seguridad de esa región.

“Este es un golpe contundente para estas estructuras terroristas que tiene azotada a la población del Caquetá, especialmente a nuestros campesinos con las extorsiones y secuestros, entre otras conductas delictivas», señaló el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar. 

Durante el procedimiento, las tropas incautaron material que evidencia su accionar al margen de la ley, entre ellos dos pistolas, munición, dinero en efectivo, radios de comunicación, cinco celulares, sim cards, panfletos propagandísticos, cuadernos con información de interés para inteligencia militar y esposas.

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Esta acción militar se enmarca en los lineamientos del plan de campaña Ayacucho Plus, la estrategia integral del Gobierno para desarticular las capacidades de los grupos armados organizados y garantizar el control institucional del territorio. La operación, ejecutada en la vereda Vueltas del Alivio del municipio de Miraflores, representa un paso fundamental en la protección de las comunidades rurales que históricamente han sido víctimas del asedio de grupos ilegales.

En el lugar de los hechos, técnicos antiexplosivos hallaron un arsenal compuesto por 11 ‘balones bomba’, cilindros con explosivos, rampas de lanzamiento y múltiples artefactos listos para su uso. El material incautado incluía cordón detonante, explosivos tipo R15 y pancartas de proselitismo armado, elementos que suelen ser utilizados para atentar contra la integridad de la Fuerza Pública y restringir la movilidad de los habitantes de la región.

La importancia de este hallazgo radica en la prevención de acciones terroristas que afectan directamente a la población civil. Según los informes de inteligencia, estos artefactos estaban destinados a generar zozobra y representarían una violación flagrante a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al ponerse en riesgo la vida de campesinos, niños y adultos mayores que transitan por estas zonas selváticas.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, resaltó que este tipo de operativos no solo neutraliza amenazas tácticas, sino que también debilita la logística criminal de las estructuras que pretenden lucrarse del miedo. La destrucción de estos elementos de guerra impide que se sigan sembrando minas y artefactos improvisados que atentan contra la biodiversidad y la seguridad de quienes habitan el Guaviare.

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Esta acción fue liderada por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército, en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, en la vereda La Conquista, en zona rural del municipio de Arauca.

Como resultado de los combates, se confirmó la captura de siete presuntos integrantes de este grupo armado ilegal y la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de sus miembros. Entre los detenidos destaca alias ‘Zeta’, señalado como uno de los principales dinamizadores de la extorsión en el departamento.

Las investigaciones indican que alias ‘Zeta’ utilizaba las redes sociales como herramienta para el reclutamiento forzado de menores de edad, práctica sistemática que el Gobierno nacional combate con determinación para proteger a la juventud colombiana.

En un hito fundamental para la protección de los Derechos Humanos, la Fuerza Pública logró la recuperación de ocho menores de edad que se encontraban bajo el poder de esta estructura criminal.

Entre los menores rescatados, cinco son de nacionalidad venezolana, lo que evidencia la transnacionalidad de los delitos cometidos por el Eln en la frontera. Tras el rescate, las tropas priorizaron su integridad y los trasladaron a centros asistenciales para verificar su estado de salud, garantizando un trato digno y humano.

Posteriormente, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Allí se dio inicio al proceso de restablecimiento de sus derechos y se les brinda el acompañamiento psicosocial necesario para su recuperación tras el trauma del reclutamiento.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso de sacar a los niños, niñas y adolescentes de las manos de la guerra, asegurando que sus proyectos de vida no sean truncados por la violencia de los grupos armados.

Durante el registro del área, las autoridades incautaron un arsenal significativo, que incluye 12 armas de largo alcance, tres armas cortas, una mira de alta precisión y seis granadas de mano.

Además, se hallaron más de 2 mil municiones de diversos calibres y abundante material de comunicaciones e intendencia.

Este decomiso representa una afectación estructural a la logística de guerra del Eln, reduciendo drásticamente su capacidad de ataque contra la población civil y las instituciones del Estado.

El Ejército anticipó que las operaciones militares continúan activas en el sector para consolidar la seguridad y estabilidad de las comunidades araucanas y reafirmó la voluntad del Estado de perseguir sin descanso a las estructuras criminales que persisten en el uso de la violencia.

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La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería número 18 ‘Coronel Jaime Rooke’, de la Sexta Brigada, quienes, con información de inteligencia militar y trabajo especializado del binomio canino antiexplosivos, ubicaron 43 dispositivos que habrían sido instalados para afectar la seguridad de la Fuerza Pública y la tranquilidad de las comunidades de esta zona del suroccidente del departamento.

Los artefactos fueron hallados en la vereda El Real, donde unidades técnicas realizaron el acordonamiento del área y posteriormente ejecutaron la destrucción controlada, evitando riesgos para los habitantes y para las tropas desplegadas en el sector.

Según información preliminar, los explosivos estarían asociados a integrantes del grupo armado organizado residual conocido como Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Joaquín González, que mantiene presencia en algunas áreas rurales del territorio.

El Gobierno nacional destacó que estas acciones operacionales fortalecen la protección de la población civil y contribuyen a preservar la seguridad en las regiones, mediante operaciones permanentes que buscan prevenir hechos violentos y garantizar la movilidad segura en corredores rurales.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades civiles para salvaguardar la vida de las comunidades y mantener condiciones de estabilidad en el territorio.

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La reunión de trabajo, desarrollada en la sede de la Procuraduría General de la Nación, tuvo como objetivo principal revisar el panorama de los próximos comicios y evaluar los retos del Plan Democracia 2026, buscando asegurar que la voluntad ciudadana sea respetada.

Al término del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que “el Gobierno nacional no compite en estas elecciones, sino que da garantías para candidatas y candidatos, pero también para el pueblo, que decidirá libremente y con total transparencia en los próximos comicios».

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de una capacidad operativa sin precedentes para proteger los puestos de votación.

En compañía de la cúpula militar y policial, el ministro Sánchez informó que el Plan Democracia 2026 cuenta con un pie de fuerza de 246 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes estarán presentes en cada rincón del país.

“Hay delitos y riesgos sobre los que tenemos que estar preparados para combatirlos y contrarrestarlos, como la desinformación y la manipulación digital, los ciberataques a la infraestructura electoral, la intimidación a los candidatos o los votantes y otros delitos electorales, como la compra y venta de votos, la suplantación y los fraudes», resaltó el ministro Sánchez.

El Gobierno nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier anomalía o intento de constreñimiento al elector.

Y puntualizó que la mesa de trabajo sesionó buscando articular una respuesta institucional sólida, que prevenga cualquier irregularidad en las urnas y garantice transparencia en el proceso electoral.

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La orden del jefe de Estado se dio luego de evaluar con el sector Defensa las incursiones terroristas contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por parte de grupos armados criminales, las cuales se caracterizan por el uso de drones acondicionados con explosivos improvisados.

La más reciente ocurrió la noche del jueves en el municipio de Aguchica (Cesar), donde guerrilleros del Eln emplearon drones para atacar el Batallón de Infantería No. 14 o Batallón capitán Antonio Ricaurte. En el ataque, según el reporte oficial del Ejército Nacional, fueron asesinados seis soldados y 31 resultaron heridos.

Al respecto, el presidente fue enfático al afirmar que estos ataques “suceden por falta de sistemas antidrones priorizados”.

Sobre el particular, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, indicó que las tropas se enfrentan a una amenaza tecnológica empleada por las organizaciones criminales financiadas con dineros del narcotráfico y la minería ilegal.

El comandante del ejército informó que entre abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones.

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