“El registrador y el procurador están muy bravos conmigo y buscan que un juez me censure», escribió el mandatario en X. Asimismo, indicó que en Colombia hay un “sistema electoral que hace agua».

“Mi crítica va más allá del fraude de jurados ya cometido, y de los registradores que acceden al software y cambian mil votos por cien millones. Voy al fraude grande, el del software, listo para la elección presidencial», advirtió.

El presidente Petro se refirió, igualmente, a la demanda interpuesta por Procuraduría General de la Nación contra el contrato entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración de los pasaportes.

“La procuraduría quiere que me silencie un juez y al mismo tiempo quiere que se anule el contrato del Gobierno que presido con la Casa de la Moneda de Portugal para hacer los pasaportes de las y los colombianos con altísima calidad», aseveró el presidente Petro.

En ese contexto, reiteró su cuestionamiento a la empresa que maneja el software en el proceso electoral.s

“¿Quién se beneficia si se anula por unos magistrados el contrato de pasaporte con Portugal? Se beneficia la empresa Thomas Greg and Sons. Se beneficia la actual empresa que hace el preconteo y escrutinio de los votos», dijo el mandatario.

‘La Procuraduría me quiere silenciar’

Además, en referencia a Thomas Greg and Sons, el jefe de Estado dejó un interrogante: “¿Cómo puede ser que en plenas elecciones donde actúa la empresa ya señalada de fraude en las elecciones del año 2014, se le entregué muchísimo dinero público por orden de algún juez y algún procurador?».

“La Procuraduría me quiere silenciar por orden judicial para que no hable de esta empresa y su software de elecciones no auditado», recalcó.

En ese orden de ideas, en su mensaje el presidente Petro abrió un interrogante sobre los motivos que hay detrás del intento de silenciar sus cuestionamientos a la citada empresa.

“Pregunto: ¿A cambio de qué la empresa Thomas Greg and Sons quiere un regalo de centenares de millones de dólares en plena campaña electoral? ¿Cuál es el propósito de buscar la censura del presidente de Colombia con todos mis derechos como ciudadano?», escribió.

El presidente Petro insistió en que desde la Procuraduría y la Registraduría lo quieren silenciar por su advertencia respecto a las próximas elecciones presidenciales.

“Diré por qué quieren que me silencie un juez y no hable: se busca el fraude electoral en grande y donde más importa: la Presidencia de la República. Ya se realizó un trato entre un candidato -que busca ganar a toda costa y no importa el medio- y los dueños de la empresa escrutadora de elecciones», aseveró.

“Estamos ante un trato de fraude, así el procurador de la nación no sepa. Puede insultarme lo que quiera, como ya lo hizo antes, puede el registrador levantar la voz todo lo que quiera. Pero es inmoral beneficiar en medio de las elecciones, con centenares de millones de dólares públicos, a la firma que hace el escrutinio», afirmó el mandatario en X.

Frente a este panorama, el presidente Petro concluyó su mensaje afirmando: “Con más fuerza aún el pueblo y el mundo deben cuidar el voto popular en Colombia».

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Ahora lo que viene es atajar los intentos de alterar los resultados, en un proceso de escrutinio que debe tener el mayor control ciudadano, en lo que ha insistido el presidente Gustavo Petro. No en vano, este martes dijo: “Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. El voto se cuida hasta el último momento”.

Es la manera de desbancar las malas prácticas, los delitos electorales, de este ejercicio democrático en el cual la gente pone sobre la mesa qué quiere para su futuro, para el futuro de su región, para el futuro del país.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado tiene que ver con las acciones de la Fuerza Pública para impedir la compra de votos y el trasteo de votantes de un sitio a otro, en un claro intento para comprar conciencias y alterar los resultados. Se atendió la orden presidencial y hay muchos casos que ya están en manos de la justicia.

Este es un año importante para el país y su democracia. El Presidente de le República ha sido claro en hacer respetar la decisión popular, en llamar la atención sobre las debilidades tecnológicas del sistema electoral colombiano y en lo que debe hacerse para que prime la transparencia y se espante todo aquello que impida una decisión libre, desde la presión de grupos armados hasta los delitos electorales.

Las elecciones son el primer escalón de la democracia porque el segundo es la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones sobre su destino y la solución a sus necesidades. Ahí se dirimen los caminos para cerrar las brechas y el Estado debe estar para hacer efectiva la transformación de los territorios. En todo eso está presente el corazón de la democracia.​

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“Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo y los votos en las urnas», sostuvo.

En su mensaje, que acompaña de varias fotografías en las que se evidencian tachones y sumas inexactas en los formularios diligenciados por los jurados, anunció que presentará evidencias sobre maniobras irregulares en regiones específicas del país.

De manera puntual, indicó: “Mostraré cómo empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude», una denuncia que se suma a sus constantes solicitudes de auditorías técnicas independientes al software electoral.

El jefe de Estado lanzó un firme llamado a la ciudadanía y a los profesionales del derecho expertos en el tema para garantizar la transparencia en la fase de escrutinios hasta el momento final del proceso.

Ante este escenario, instó a un apoyo técnico y legal masivos sin precedentes para proteger la voluntad popular. “Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país», recalcó.​

También subrayó que la vigilancia no puede cesar hasta que se consolide el último dato oficial, pues –consideró– “el voto se cuida hasta el último momento».

Denuncias de fallas sistémicas

 El jefe de Estado reiteró sus críticas hacia la infraestructura tecnológica utilizada por la organización electoral, a la cual ha calificado en diversas ocasiones como opaca y vulnerable. En su pronunciamiento en X, fue tajante al señalar la necesidad de introducir reformas profundas al sistema: “Debe terminar, de una vez por todas, el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles», dijo.

Adicionalmente y para asegurar que esta veeduría sea efectiva y sostenible en el tiempo que duren las reclamaciones, el mandatario hizo un llamado a las colectividades políticas para que formalicen el apoyo a sus equipos jurídicos.

“Los partidos deben organizar el pago de abogados, si es necesario, de acuerdo con los días que trabajen», indicó al resaltar que la defensa de la democracia requiere de un esfuerzo coordinado y profesional ante las comisiones de escrutinio.

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De esta manera, el presidente Gustavo Petro se refirió, una vez más, a las falencias que en su opinión tiene el sistema electoral colombiano y que podría amenazar la seguridad de los comicios de 2026, en marzo para elecciones legislativas, y en mayo para la primera vuelta presidencial.

Durante su intervención en el evento de presentación del nuevo esquema de pasaportes colombianos, el jefe de Estado dijo que lleva más de una semana preguntando a la Organización Electoral “si las personas que hoy manejan los datos de los colombianos y colombianas son los mismos que hoy manean los escrutinios, y como no me han contestado, sino que he recibido solo insultos, eso me hace dudar aún más”, aseguró.

Explicó que, en Colombia, el fraude electoral se hace “quitando las credenciales de testigos electorales para que los partidos no puedan mirar el conjunto de las mesas, y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo, ahí es donde está el riesgo de fraude electoral”.

Dijo que el actual software lo maneja una empresa llamada ASD, filial de Thomas, Greg and Son, la misma que por años ha ganado la licitación para hacer los pasaportes y hacer el escrutinio electoral.

Comentó el presidente a una sentencia de nulidad electoral de la Sala plena del Consejo de Estado que anuló varias curules del Senado elegido para el periodo 2014 – 2018, “y lo que se ordenó en esa sentencia no se hizo”, aseguró, entre otras cosas porque “el fallo fue posterior al final del Congreso en 2018, es decir que disfrutaron de unas curules ilegalmente”.

La sentencia, señaló el presidente Petro, le ordena a la Organización Electoral a “adquirir el software requerido de escrutinios, es decir, que el software debe ser adquirido por el Estado para ser manejado por el Estado”.

Y recordó que en 2018 “se cometió un fraude electoral, específicamente en Senado de la República”, pero cuestionó: “¿dónde está la investigación de la Fiscalía contra un fraude electoral demostrado? Hay unas personas responsables de ese delito que deberían ser investigadas”, insistió. 

También se refirió a la pérdida que en 2022 tuvo el Pacto Histórico de cerca de 400 mil votos durante el escrutinio, y que le fueron sumados al Partido de La U.

Sin embargo, aclaró que, finalmente, “el fraude pudo ser evitado” por los testigos electorales del Pacto Histórico, de ahí “la importancia de que los partidos políticos tengan 123 mil testigos electorales cada uno”. Por ello, rechazó la afirmación de que “haya mejorado la seguridad para los comicios”.

El presidente Petro invitó al evento en la Casa de Nariño a Natalí Carmona Giraldo, quien comentó su versión de lo ocurrido en Pereira con el preconteo de votos, en donde ofició como testigo electoral contratada por la empresa ASD. Dijo que, como explicó el presidente Petro, “se necesitan testigos electorales en todas las mesas para verificar los formularios E-14”.

Toda esa información, anunció el presidente Petro, se la entregará a la autoridad competente internacional, porque  sostuvo que “es mentira que desde hace 30 años esté mejorando el sistema electoral colombiano”, y advirtió que se necesita “mayor transparencia” en el manejo de la información electoral en los comicios de 2026. 

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Álvaro Uribe y las Acusaciones

Formal Acusación de la Fiscalía

El 24 de mayo de 2024, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Estas acusaciones no son nuevas, pero han cobrado un nuevo impulso con la formalización del proceso judicial.

Detalles del Fraude Procesal

El fraude procesal es un delito grave tipificado en el artículo 453 del Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000). Este artículo especifica que «el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión». Las penas para este delito oscilan entre 6 y 12 años de cárcel, junto con una multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas de 5 a 8 años.

Detalles del Soborno en Actuación Penal

El soborno en actuación penal, descrito en el artículo 444 A del Código Penal, contempla penas igualmente severas. Este delito se configura cuando «el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión». Las penas incluyen entre 6 y 12 años de prisión y una multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Implicaciones Políticas y Legales

Impacto en la Política Colombiana

El juicio de Álvaro Uribe no solo tiene implicaciones legales, sino también repercusiones políticas significativas. Uribe, quien ha sido una figura central en la política colombiana durante décadas, podría ver afectada su influencia y la de su partido, el Centro Democrático. Este proceso judicial pone en cuestión la integridad de sus acciones durante su mandato y podría cambiar el panorama político del país.

Consecuencias Legales para Uribe

Si se encuentra culpable, Álvaro Uribe podría enfrentar hasta 12 años de prisión, una multa considerable y una inhabilitación para ejercer funciones públicas. Esto no solo sería un golpe personal para Uribe, sino que también enviaría un mensaje fuerte sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.

Reflexiones Finales

La Justicia en Colombia

El caso de Álvaro Uribe es un testimonio de la creciente independencia del sistema judicial colombiano. La capacidad de llevar a juicio a un expresidente por delitos graves demuestra un compromiso con la justicia y el estado de derecho. A medida que el proceso avanza, será crucial observar cómo se desarrolla y qué precedentes establece para futuros casos de corrupción y mal manejo de poder.

Mirada al Futuro

Este juicio será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional. Las decisiones tomadas en este caso tendrán ramificaciones duraderas no solo para Uribe y su partido, sino también para la percepción pública de la justicia en Colombia. Será un momento decisivo para la democracia y el estado de derecho en el país.

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