Yezid García Abello/Opinión/El Pregonero del Darién

Desde hace varias semanas un gran escándalo es noticia en las redes sociales, la intelectualidad y los círculos progresistas y democráticos de América Latina: la manipulación, dirigida desde los Estados Unidos a través de la CIA y de empresas israelíes de avanzada tecnología digital, sobre las elecciones presidenciales que se celebraron en los últimos años en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Honduras, Ecuador y Colombia.

Aunque era un secreto a voces, la influencia sobre la elección de estos gobiernos de la pareja de asesores (Consultores se hacen llamar ellos) conformada por los rabiosos ultraderechistas Fernando Cerimedo y Javier Negre, dueños de la cadena de medios La Derecha Diario, se hizo evidente ante el testimonio de Nadia Beller, esposa de Cerimedo quien fue baleada en un fallido intento de asesinato en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por sicarios colombianos contratados por su esposo.

Además de culpar a Cerimedo del atentado, la señora Beller reveló la existencia de por lo menos tres “Granjas de Bots” en Suramérica -Según el Dr. Nelson Ortiz, experto en el tema, una granja de bots es una red coordinada de cuentas automatizadas o perfiles falsos gestionados por un mismo software o infraestructura para realizar acciones masivas en internet.

Trabaja mediante una persona o un sistema centralizado (operador), quien controla, administra y da instrucciones a cientos o millones de cuentas automatizadas desde un solo panel de control para dar «me gusta», comentar, compartir, replicar mensajes o generar tráfico falso de manera simultánea- desde donde su esposo y el socio Negre con redes de trols, noticias falsas y mentiras habían influido determinantemente en las elecciones de los presidentes Javier Milei, Rodrigo Paz, José Antonio Kast, Keiko Fujimore, Daniel Novoa, Nasry Asfura y Abelardo De la Espriella.

Cerimedo está detenido en Bolivia y todos los gobiernos mencionados tratan ahora de aparecer como si no hubieran tenido relaciones y contratos de asesoría con su empresa y su socio Negre. Pero los mensajes cruzados, testimonios y pruebas son contundentes. En el caso de Bolivia, por ejemplo, Cerimedo asistió en representación del gobierno de Paz a una reunión pública con Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano. En la Argentina el “asesor” ocupó cargo en la administración nacional. Y en el caso de De la Espriella, está el registro fotográfico de la asistencia de Negre al bochornoso acto de la posesión presidencial en Cali.

La parte sustancial de la asesoría de Cerimedo y Negre sobre los candidatos de derecha fue la manipulación mediante granjas de bots para descalificar cualquier opinión contraria, propagar calumnias y mentiras sobre los candidatos progresistas y formar artificialmente una opinión “mayoritaria” en la población que incline, por temor, ignorancia o arribismo la balanza a favor de los candidatos de derecha (El miedo a ser opinión minoritaria en un círculo social). A ello debe sumársele el control y la abierta posibilidad de manipulación de datos y resultados a través de modelos de inteligencia artificial IA.

Gustavo Petro y 75.000 testigos electorales digitales han insistido sin obtener respuestas serias en que la Registraduría colombiana y las autoridades electorales deben evaluar las debilidades del sistema electoral colombiano, subir a la red todos los formularios E-14, revisando el retiro de los hash de muchos de ellos (El hash o candado hash en los formularios E-14 es un código alfanumérico único, una especie de huella dactilar matemática que se genera mediante un algoritmo para proteger la integridad de las actas de votación digitalizadas), escrutar voto a voto situaciones anómalas como la votación en el exterior y además, investigar la denuncia, con sitios precisos, de las cuentas desde donde presumiblemente se alteraron fraudulentamente los resultados electorales. En cualquier otro país del mundo la opinión pública ya hubiera forzado a que la autoridad electoral diera respuestas satisfactorias a las graves denuncias hechas por el expresidente Petro y la campaña de Iván Cepeda.

En el continente y en el mundo hay una gran expectativa por saber cómo van a terminar estas investigaciones sobre los manipuladores de la opinión pública que a la fuerza y con engaños pretenden desconocer la voluntad popular y desterrar cualquier pensamiento progresista en estos países. La opinión pública quiere y merece saber qué tanto artimañas como las de Cerimedo y Negre han sido decisivas para configurar en América Latina un mapa político ampliamente favorable a la derecha y a las tesis sociales más atrasadas y retrógradas.

Vienen las elecciones presidenciales en Brasil Y México, y no es un secreto que Lula y Claudia serán blancos de campañas aún más feroces de estos asesores o sus socios para menoscabar su evidente prestigio y ventaja en la opinión pública de estos países. La ofensiva de Trump, la CIA y la derecha israelí cuenta con gigantescos recursos para tratar de inclinar la balanza a su favor. Por ello, toda denuncia o explicación de esta ilícita actividad de la ultraderecha contribuye a esclarecer el panorama y expresar solidaridad con los pueblos hermanos.

No sorprende que los únicos grandes medios de comunicación de Latinoamérica que no han opinado sobre el tema y mantienen un silencio cómplice con el mandatario de turno sean los de Colombia. Brilla por su ausencia el periodismo investigativo, tan acucioso en el gobierno anterior y desaparecido y silenciado hoy.

P.D. Si alguien sabe de la vida del periodista investigador de Caracol Ricardo Calderón o del columnista de El Tiempo Mauricio Vargas, que por favor les cuenten de estos hechos.

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Mirando a la canciller Rosa Villavicencio, quien concretó su orden de sustituir a la firma Thomas Greg & Sons en la elaboración del documento, el mandatario explicó que este pasaporte, que ya es una realidad, marca un hito en la autonomía nacional al ser producido íntegramente en el país con tecnología y mano de obra local.

«Decían que no íbamos a poder hacerlo, pero aquí está. Es un pasaporte hermoso, con nuestra identidad: mariposas amarillas, guitarras, tiples, pescadores y la esencia del pueblo colombiano en cada dibujo y en cada página», afirmó.

Destacó que el nuevo documento no solo es un símbolo de orgullo patrio, sino que cuenta con los más altos estándares de seguridad global. El diseño, tecnología y calidad ya superaron con éxito todos los exámenes de las calificadoras internacionales, posicionándose como el cuarto mejor pasaporte del mundo.

El presidente Petro notificó que el proceso de producción avanza a paso firme: “Las máquinas ya están en Colombia y no son cualquier maquinaria. Para el mes de abril, ya se habrán entregado los primeros 50.000 ejemplares».

Asimismo, aclaró que los ciudadanos que tengan el pasaporte anterior vigente pueden seguir usándolo, y que el nuevo modelo se entregará a quienes necesiten renovarlo o tramitarlo por primera vez.

Riesgo de fraude electoral

Durante su intervención, el presidente Petro lanzó una fuerte advertencia sobre la seguridad de la información personal de los colombianos, que históricamente ha estado en manos de la empresa privada Thomas Greg & Sons, y cuestionó que una entidad particular posea bases de datos sensibles, como huellas dactilares y registros migratorios.

“Si un privado tiene toda la base de datos, hay un error fundamental. La base de datos debe estar en manos del Estado y ser privada para los ciudadanos no se puede volver un negocio», enfatizó.

Alertó que el control de esta información, cruzado con el manejo del software de cómputo electoral, representa un “ciento por ciento de riesgo de fraude».

El mandatario explicó que, al conocer quiénes han salido del país o quiénes han fallecido, se facilita la suplantación de votantes en los formularios electorales

“Ya hubo antecedentes de fraude contra movimientos políticos y desacatos a órdenes del Consejo de Estado para cambiar el software. No vamos a permitir que se juegue con la transparencia democrática», aseguró.

Según denunció, al tener acceso a los datos de quienes han emigrado o fallecido, se pueden suplantar identidades en los formularios E-14, aprovechando las casillas en blanco.

“Reciben las llamadas de los puestos de votación y, antes de que lleguen a la Registraduría, pasan por un contratista privado que puede poner a votar a los que se fueron del país porque tienen su nombre y número de cédula», advirtió el mandatario.

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La reciente contienda electoral en Venezuela ha desatado una serie de acusaciones y controversias. La oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, ha denunciado un supuesto fraude electoral tras los resultados del 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero los opositores cuestionan la legitimidad del proceso, basándose en una encuesta a boca de urna realizada por Edison Research, una empresa con vínculos estrechos con el gobierno de Estados Unidos.

Encuestas Dispares y Resultados Oficiales

Edison Research, una empresa con sede en Nueva Jersey, publicó una encuesta a boca de urna el día de las elecciones, proyectando que González Urrutia obtendría el 65% de los votos, mientras que Maduro solo alcanzaría el 31%. Esta discrepancia generó dudas sobre la veracidad del proceso electoral. Sin embargo, Hinterlaces, una de las encuestadoras más respetadas de Venezuela, estimó que Maduro obtuvo el 54.6% de los votos, frente al 42.8% de González, resultados que se alinean más con los anunciados por el CNE, que otorgó a Maduro un 51.2% de los votos y a González un 44.2%.

Controversia con Edison Research

La encuesta de Edison Research ha sido ampliamente citada por medios de comunicación occidentales, como el Washington Post y Reuters, para poner en duda los resultados oficiales. Es importante destacar que Edison Research tiene un historial de colaboración con medios de propaganda estatales de Estados Unidos, como Voz de América y Radio Free Europe, que están asociados con la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Esta conexión ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad de sus datos.

Reacciones Internacionales y Observadores

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido uno de los principales actores en cuestionar los resultados, negándose a reconocer la victoria de Maduro. El secretario de Estado, Antony Blinken, expresó su preocupación por la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, observadores internacionales, incluyendo una delegación del Gremio Nacional de Abogados de EEUU, confirmaron que la elección fue «libre y justa». Ellos señalaron que el proceso fue transparente y que hubo un acceso adecuado a las urnas, condenando los intentos de deslegitimación del proceso por parte de la oposición y de Estados Unidos.

Desinformación y Manipulación

Además de las encuestas, figuras de la oposición y el empresario Elon Musk utilizaron gráficos de TeleSUR, un medio de comunicación con sede en Caracas, para alegar un supuesto fraude electoral. Un error en los gráficos de TeleSUR, que mostraban incorrectamente la distribución de votos entre los candidatos, fue usado para sembrar dudas sobre los resultados oficiales. Esta situación subraya el papel de la desinformación en el contexto de las elecciones.

Apoyo Internacional y Presiones Externas

La historia de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela es bien conocida. Organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional han financiado y capacitado a grupos de oposición en el país. Washington ha respaldado varios intentos de golpe de estado, incluido uno en 2002 contra Hugo Chávez. Más recientemente, en 2019, la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, desatando una serie de sanciones económicas devastadoras contra el país.

Consecuencias de las Sanciones

Las sanciones impuestas por Estados Unidos han tenido un impacto significativo en la economía venezolana. La producción de petróleo ha caído a su nivel más bajo en décadas, privando al país de los ingresos necesarios para financiar programas sociales. Según la experta de la ONU, Alena Douhan, estas sanciones han exacerbado la crisis económica en Venezuela, reduciendo los ingresos del gobierno en un 99%.

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