La Fiscalía General de la Nación ha iniciado acciones judiciales en un caso que sacude a la Universidad Tecnológica del Chocó. David Emilio Mosquera, exrector de la institución, ha sido imputado por su presunta participación en la adjudicación irregular de un contrato. Junto a él, también están siendo investigados dos exfuncionarios de la universidad y un contratista.

Avances judiciales contra los implicados

El exrector David Emilio Mosquera, quien lideró la Universidad Tecnológica del Chocó, enfrenta acusaciones por presuntamente haber autorizado la adjudicación de un contrato sin cumplir los procedimientos legales. La Fiscalía sostiene que este contrato fue entregado “a dedo”, violando los principios de transparencia y legalidad.

En la investigación, también están involucrados el exjefe de sistemas y el exjefe de contratación de la universidad. Ambos funcionarios habrían participado en las irregularidades detectadas.

Rol del contratista en el caso

El contratista imputado es señalado como la otra pieza clave en esta trama. Según las autoridades, habría colaborado con los exfuncionarios para garantizar que el contrato fuese adjudicado a su favor, dejando de lado las normas de selección pública. La Fiscalía ha destacado que el caso refleja un patrón de corrupción institucional.

Impacto en la Universidad Tecnológica del Chocó

El escándalo no solo afecta a las personas implicadas, sino que pone en entredicho la transparencia de la gestión administrativa de la Universidad Tecnológica del Chocó. Esta institución, vital para el desarrollo educativo y social de la región, enfrenta ahora cuestionamientos sobre la ética en su manejo interno.

Declaraciones de la Fiscalía

En un comunicado oficial, la Fiscalía resaltó que este caso es parte de una serie de esfuerzos para combatir la corrupción en entidades públicas. “La captura e imputación de estos individuos es un mensaje claro de que no se tolerará la malversación de recursos públicos ni el abuso de poder en las instituciones”, aseguró un vocero de la entidad.

Reacciones y próximos pasos

Las capturas y las imputaciones han generado múltiples reacciones en el ámbito académico y político del Chocó. Organismos de control y sectores sociales han solicitado una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar la justicia.

Por ahora, el caso avanza en su etapa inicial y se espera que en las próximas semanas se realicen las audiencias preliminares. Estas definirán el futuro judicial de los implicados y permitirán determinar si existen más personas vinculadas al caso.

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La Fiscalía General de la Nación, en un operativo conjunto con la Dirección Especializada de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, impuso medidas cautelares sobre 17 bienes vinculados a la extracción ilegal de materiales de construcción en Galapa, municipio ubicado en el Atlántico. Estos activos, valorados en más de 4.700 millones de pesos, incluyen terrenos, volquetas y maquinaria amarilla, que eran utilizados en actividades que causaron graves daños ambientales en la zona.

Extracción ilegal en Galapa

La investigación, liderada por la Seccional Atlántico, reveló que los implicados extraían arena y gravilla de un terreno conocido como El Socorro, sin contar con los permisos legales. Esta actividad, desarrollada en una zona forestal, ocasionó la remoción de la capa vegetal, alteraciones en el uso del suelo y deterioro de los ecosistemas locales.

El uso de maquinaria pesada para la extracción de estos materiales no solo facilitaba el transporte y comercialización de los recursos naturales, sino que aceleraba el deterioro del entorno, contribuyendo a un daño ambiental irreversible, según el reporte de la Fiscalía.

Acciones legales y sanciones

En junio de 2024, cuatro personas fueron juzgadas por su participación en estas actividades ilegales. Estas personas estaban involucradas en la extracción, traslado y comercialización de los materiales obtenidos en el terreno de El Socorro. La ocupación de los bienes se llevó a cabo en colaboración con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, asegurando el éxito de la operación.

Los bienes afectados por el embargo incluyen cuatro terrenos, varias volquetas y maquinaria amarilla, que serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta entidad será la encargada de gestionar dichos activos, como parte de las medidas adoptadas para prevenir el impacto continuo de las actividades ilegales.

Daños ambientales y medidas preventivas

El deterioro ambiental en la zona de Galapa ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades. Las actividades ilegales en terrenos protegidos han alterado el equilibrio ecológico, poniendo en riesgo los ecosistemas locales. La Fiscalía subrayó la importancia de implementar sanciones y medidas preventivas para evitar que estos delitos continúen afectando los recursos naturales del país.

El embargo de los bienes, además de ser una medida punitiva, tiene como objetivo proteger el entorno natural y detener las actividades que han causado un impacto negativo en el medio ambiente de la región. Las acciones tomadas refuerzan el compromiso del Estado colombiano en la protección del patrimonio ambiental y en la lucha contra los delitos que lo amenazan.

La importancia de preservar el medio ambiente

Las autoridades han destacado que la protección del medio ambiente es una prioridad para las instituciones del Estado. La Fiscalía ha asegurado que, en casos como el de Galapa, se buscarán sanciones ejemplares para los responsables, con el fin de enviar un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad en el uso de los recursos naturales. La remoción de la capa vegetal y el uso indebido del suelo son crímenes que afectan no solo a la comunidad local, sino al país en su conjunto.

Las acciones de la Fiscalía y la Policía Nacional en este caso demuestran el esfuerzo coordinado para combatir la extracción ilegal de recursos naturales y asegurar que los responsables de estos delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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La fiscal Angélica Monsalve realizó graves denuncias a través de sus redes sociales sobre el uso del software Pegasus en la Fiscalía General de la Nación. Según Monsalve, este controversial programa de interceptación, conocido por su capacidad para realizar vigilancia masiva, fue adquirido con dinero proveniente de lavado de activos, generando serias dudas sobre la legalidad de su implementación.

Pegasus activo en la Fiscalía

Monsalve afirmó que el software Pegasus, utilizado por el grupo de interceptaciones de control telemático, continúa activo en la Fiscalía. La fiscal detalló que los recursos para la compra del software en 2022 provendrían de actividades ilícitas. Además, expresó sus dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos y las circunstancias en que se adquirió esta herramienta de vigilancia.

PEGASUS ESTÁ VIVITO Y CHUZANDO!

Según información que me allegó un ingeniero de las TICS, el software Pegasus está licenciado a la @FiscaliaCol , y es la plataforma usada por el grupo de interceptación de control telemático

Este post va como derecho de petición al insulso e…

— Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) October 16, 2024

Cuestionamientos al exfiscal Barbosa y viajes a Israel

La fiscal también hizo referencia a los viajes a Israel relacionados con la compra de Pegasus. En particular, cuestionó el viaje realizado por el exdirector del CTI, Alberto Acevedo, quien fue comisionado para viajar a dicho país bajo la excusa administrativa de “vacaciones”. Acevedo fue acompañado por Luis Fernando Lozano Mier, subdirector nacional de TIC, y Gineth Romero, directora de Control Telemático, quienes, según Monsalve, realizaron este desplazamiento con presupuesto financiado por la embajada de Israel.

Monsalve también solicitó explicaciones al exfiscal general Francisco Barbosa sobre su participación en este proceso de adquisición y sobre los fondos empleados, subrayando que el uso de dinero proveniente de actividades ilícitas para la compra de Pegasus es un hecho que debe ser investigado de manera rigurosa.

Derecho de petición en la Fiscalía

Angélica Monsalve presentó un derecho de petición ante la Fiscalía para que se investiguen a fondo las irregularidades relacionadas con la adquisición del software. En su denuncia, también subrayó la necesidad de que se revisen los mecanismos de control interno de la entidad, ya que este tipo de operaciones podrían vulnerar no solo la legalidad, sino también la confianza pública en las instituciones.

La denuncia ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y político del país, poniendo nuevamente en el centro de la discusión el uso de herramientas tecnológicas para el control y seguimiento de ciudadanos, y los riesgos que esto conlleva si se utilizan de manera ilegal.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado la cancelación de 1.038 cédulas de ciudadanía tramitadas por extranjeros que usaron identidades falsas en lo que va de 2024. Este hecho pone en alerta a las autoridades, ya que afecta la transparencia de los documentos oficiales y evidencia el incremento de actividades ilícitas relacionadas con la falsificación de identidad en el país. La mayoría de los involucrados provienen de República Dominicana, Venezuela y Ecuador, según los registros oficiales.

Las regiones más afectadas

La cancelación de cédulas fraudulentas no ha sido uniforme en todo el país. Las regiones más impactadas por este fenómeno son Atlántico, Córdoba, Bogotá y Cesar. Atlántico lidera la lista con 265 casos, seguido por Córdoba con 253, Bogotá con 139 y Cesar con 121 documentos anulados. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de ciertos territorios frente a redes criminales dedicadas a la falsificación y el tráfico de migrantes.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que se está trabajando estrechamente con las autoridades competentes para detectar nuevas formas de falsificación de documentos y evitar que este tipo de actividades continúe afectando la seguridad del país.

Redes de falsificación y tráfico de migrantes

Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades es la desarticulación de redes internacionales dedicadas al tráfico de migrantes y la falsificación de documentos en Colombia. Los migrantes, en su intento de regularizar su situación, son víctimas fáciles de estas organizaciones, que les ofrecen documentos falsos a cambio de sumas considerables de dinero. Este tipo de fraude no solo impacta la legalidad del proceso migratorio, sino también la seguridad nacional y la confianza en los documentos oficiales emitidos por el Estado colombiano.

Las investigaciones actuales apuntan a identificar los nexos entre estas redes y los funcionarios o intermediarios locales que facilitan la tramitación de estos documentos fraudulentos.

Colaboración con la Fiscalía

Para combatir este tipo de crímenes, la Registraduría ha enviado toda la información pertinente a la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es avanzar en las investigaciones y desarticular completamente las redes dedicadas a la falsificación de documentos de identidad. El proceso implica no solo la cancelación de las cédulas, sino también acciones legales contra los responsables de estas actividades ilícitas, incluyendo a los extranjeros que han usado identidades falsas y a los ciudadanos colombianos involucrados en su facilitación.

El registrador Hernán Penagos destacó que la coordinación entre diferentes entidades del Estado es esencial para frenar este tipo de actividades criminales y proteger la integridad de los documentos oficiales.

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El exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, se encuentra en el ojo del huracán tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por delitos relacionados con la celebración irregular de contratos con el canal público de televisión regional TRO. Las acusaciones incluyen peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, delitos que no fueron aceptados por el exmandatario.

La investigación del caso Aguilar Hurtado

Convenios sospechosos por más de 8.500 millones de pesos

Según la investigación llevada a cabo por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Aguilar Hurtado estaría involucrado en el direccionamiento de dos convenios interadministrativos, suscritos entre la gobernación de Santander y el canal público TRO. Estos contratos, firmados el 11 de septiembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021, suman un valor total de 8.593 millones de pesos y tenían como objetivo posicionar la imagen institucional bajo la campaña «Siempre Santander».

Irregularidades en la contratación

El proceso investigativo ha revelado que, en la celebración de estos contratos, se incurrió en múltiples irregularidades. Entre las anomalías destacadas se encuentra la ausencia de necesidad para contratar, ya que la iniciativa surgió de una propuesta hecha por el propio canal TRO, sin que se realizaran los necesarios estudios de mercado para evaluar los costos de cuñas, piezas y espacios publicitarios.

Además, no se contó con un plan de medios que justificara la contratación ni se establecieron los impactos que se pretendían alcanzar con las campañas publicitarias. A esto se suma la omisión en la publicación del trámite contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), lo cual contraviene las normativas vigentes en materia de contratación pública en Colombia.

Recursos desaprovechados y daño patrimonial

Personal y medios de la gobernación subutilizados

Otro punto crítico en la investigación es que, para el momento de los hechos, la gobernación de Santander contaba con profesionales en distintas disciplinas comunicativas y periodistas que estaban capacitados para ejecutar el objeto del contrato. Estos recursos humanos, junto con las plataformas digitales propias de la gobernación, como la página web, comunicados de prensa y redes sociales, habrían sido suficientes para llevar a cabo la difusión institucional sin necesidad de contratar a terceros.

Detrimento patrimonial de más de 3.600 millones de pesos

Las irregularidades en la contratación han generado un deterioro patrimonial significativo para el departamento, que según las investigaciones alcanza los 3.644 millones de pesos. Esta situación no solo refleja la gravedad de los hechos, sino que también subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos legales en la administración pública.

Siguientes pasos y posibles consecuencias

Proceso judicial en curso

El proceso judicial en contra de Aguilar Hurtado continúa, con la Fiscalía presentando pruebas que podrían comprometer aún más la situación legal del exgobernador. Aunque los cargos no han sido aceptados por el imputado, la evidencia recaudada hasta ahora indica un panorama complejo para su defensa.

Impacto en la imagen institucional

Este caso no solo afecta al exgobernador, sino que también pone en tela de juicio la gestión administrativa del departamento de Santander durante su mandato. La falta de transparencia y las irregularidades detectadas en los procesos contractuales pueden tener repercusiones a largo plazo en la confianza pública y en la imagen institucional de la gobernación.

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Un operativo reciente de la Fiscalía General de la Nación ha culminado con la captura de nueve personas, entre ellas un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, implicadas en una red de narcotráfico que operaba desde el Cauca hasta Medellín y otras localidades de Antioquia. La operación, que tuvo lugar en múltiples municipios, ha puesto al descubierto la compleja estructura criminal que utilizaba vehículos de transporte de carne para movilizar estupefacientes, generando gran preocupación en las autoridades locales.

Desmantelamiento de una red criminal en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación ha logrado desarticular una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, en un operativo que se extendió por varias localidades, incluyendo Medellín, Barbosa, Santa Fe de Antioquia, Cali, Palmira y Yumbo. La organización, liderada por William A. C., alias Toreto, utilizaba vehículos destinados al transporte de carne para encubrir sus actividades ilícitas, lo que les permitió operar durante un tiempo considerable antes de ser detectados.

El éxito de la operación fue el resultado de un arduo trabajo de investigación que involucró múltiples allanamientos y permitió la captura de nueve personas. Entre los arrestados se encuentra Cristian Camilo S. B., un funcionario del CTI de la Fiscalía, quien enfrenta graves acusaciones por su presunta colaboración con la organización criminal.

Implicación de un funcionario del CTI

La captura de Cristian Camilo S. B., funcionario del CTI, ha generado especial interés debido a su presunta participación en la red criminal. Según las investigaciones, el funcionario habría abusado de su posición en la Fiscalía para acceder a información no autorizada, favoreciendo así las operaciones de la banda liderada por alias Toreto. Además, Cristian Camilo S. B. es acusado de realizar una denuncia falsa contra una excompañera sentimental, sumando más cargos en su contra.

El juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento privativas de la libertad para los detenidos, quienes deberán enfrentar cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Otros cinco miembros del grupo, incluyendo al funcionario del CTI, fueron sometidos a detención domiciliaria mientras continúa la investigación.

Incautaciones y evidencias

Durante el operativo, las autoridades lograron incautar una considerable cantidad de evidencia que respalda las acusaciones contra la red criminal. Entre los elementos confiscados se encuentran 1.553 gramos de cocaína, cinco millones de pesos en efectivo, un automóvil, una motocicleta y cuadernos de contabilidad que documentaban detalladamente las actividades ilegales de la organización.

Estos cuadernos de contabilidad resultan ser una pieza clave en la investigación, ya que ofrecen una visión clara de las operaciones financieras y logísticas de la banda, lo que permitirá a las autoridades profundizar en la red de contactos y colaboradores que han sostenido estas actividades ilícitas durante tanto tiempo.

Operación previa en noviembre de 2023

Este no es el primer golpe que la Fiscalía asesta a esta organización criminal. En noviembre de 2023, fueron capturados otros 21 integrantes de la misma red, quienes estaban involucrados en el tráfico de estupefacientes hacia la isla de San Andrés, con destino final en Estados Unidos. Esta captura previa permitió a las autoridades obtener información valiosa que culminó en el reciente desmantelamiento de la estructura criminal que operaba en Antioquia.

La Fiscalía ha reiterado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que continuará realizando operativos y seguimiento a este tipo de organizaciones criminales que tanto daño han causado a la sociedad colombiana.

Las acciones conjuntas entre las diferentes entidades involucradas en la operación resaltan la importancia de la colaboración interinstitucional para hacer frente a la delincuencia organizada. La captura de estos individuos representa un paso significativo hacia el desmantelamiento total de la red criminal y la recuperación de la seguridad en las regiones afectadas.

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La Fiscalía General de la Nación ha lanzado una grave advertencia sobre la continuidad de una organización criminal operando dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las investigaciones, la estructura criminal que se había identificado previamente no ha sido desmantelada y sigue funcionando al interior de la entidad, a pesar de los esfuerzos realizados para combatir la corrupción en sus filas.

Fiscalía solicita medidas extremas contra implicados

La preocupación de la Fiscalía ha llevado a que se solicite el traslado a guarniciones militares de tres funcionarios clave en el caso: Ólmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López. Estos individuos están directamente vinculados a las operaciones irregulares y actos de corrupción que han comprometido la gestión de recursos y la transparencia en la UNGRD.

Implicaciones del traslado a guarniciones militares

La solicitud de la Fiscalía no es común y responde a la gravedad del caso. El traslado a guarniciones militares es una medida que busca garantizar la detención efectiva y evitar posibles fugas o la obstrucción de la justicia. Además, refleja la desconfianza en los mecanismos tradicionales de detención y control, subrayando la necesidad de un enfoque más severo para manejar este tipo de casos.

La corrupción dentro de la UNGRD sigue siendo un problema latente

A pesar de las acciones tomadas por las autoridades, la empresa criminal sigue operando dentro de la UNGRD, afectando gravemente la credibilidad de la entidad y la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país. La persistencia de esta red pone en entredicho la capacidad del Estado para desmantelar estructuras corruptas que se han enquistado en el sistema.

Impacto en la gestión de riesgos en Colombia

La existencia de estas redes criminales dentro de la UNGRD no solo compromete la eficiencia de la gestión de riesgos, sino que también pone en peligro la vida de los ciudadanos que dependen de una respuesta rápida y efectiva ante emergencias. La corrupción dentro de esta entidad podría traducirse en un mal manejo de los recursos, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

Medidas adicionales para enfrentar la corrupción en la UNGRD

El llamado de la Fiscalía para tomar medidas más drásticas es una señal de que las acciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes. Es necesario implementar controles más estrictos y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia de manera contundente. Solo así se podrá restaurar la confianza en la UNGRD y en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los colombianos.

Repercusiones futuras si no se toman acciones decisivas

De no tomarse medidas efectivas, la corrupción podría seguir socavando la integridad de la UNGRD, perpetuando un ciclo de ineficiencia y malversación de fondos. La falta de un desmantelamiento total de esta organización criminal también podría sentar un peligroso precedente, donde la impunidad se convierte en la norma dentro de las instituciones públicas.

Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza para asegurar que la UNGRD pueda cumplir con su misión de gestionar los riesgos de desastres de manera transparente y eficiente. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, sin ser desviados por intereses particulares.

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Agentes del CTI de Medellín detuvieron al coordinador del CTI de la Fiscalía en el Occidente antioqueño. La aprehensión se efectuó en la sede de la entidad en Santa Fe de Antioquia, siguiendo una orden emitida por la misma Fiscalía General de la Nación. Este hecho marca un punto crítico en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones judiciales del país.

Detalles de la Detención

Procedimiento de Captura

La detención del funcionario se llevó a cabo de manera diligente y sin contratiempos. Los agentes del CTI de Medellín actuaron bajo estrictas instrucciones de la Fiscalía General de la Nación, quien emitió la orden de captura debido a las sospechas de corrupción que recaían sobre el coordinador.

Lugar y Contexto

El arresto tuvo lugar en la sede de la Fiscalía en Santa Fe de Antioquia. Este municipio, conocido por su patrimonio histórico y cultural, fue testigo de un operativo que resalta la importancia de combatir la corrupción en todas las regiones del país.

Imputación de Cargos

Presentación ante el Juez

Frente a un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación oficializó la detención del funcionario del CTI. Este paso es crucial para garantizar que el proceso se lleve a cabo dentro del marco legal y con total transparencia.

Cargos y Medidas

En las próximas horas, la Fiscalía le imputará cargos y solicitará una medida de aseguramiento que lo prive de la libertad. Este procedimiento es fundamental para asegurar que el funcionario no pueda influir en el desarrollo de las investigaciones ni evadir la justicia.

Contexto y Reacciones

Impacto en la Región

La detención de un alto funcionario del CTI en el Occidente antioqueño genera un impacto significativo en la región. Este hecho evidencia la determinación de las autoridades para erradicar la corrupción y fortalecer la confianza pública en las instituciones judiciales.

Reacciones de la Comunidad

La noticia ha causado diversas reacciones entre los habitantes de Santa Fe de Antioquia y otros municipios de la región. La comunidad espera que se haga justicia y que este caso sirva como ejemplo para otros funcionarios que puedan estar involucrados en actividades ilícitas.

Este caso es un claro ejemplo de los esfuerzos continuos por parte de la Fiscalía General de la Nación para combatir la corrupción dentro de sus propias filas. La detención del coordinador del CTI en el Occidente antioqueño marca un precedente importante y envía un mensaje contundente sobre la importancia de la transparencia y la legalidad en el ejercicio de las funciones públicas.

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En un esfuerzo por fortalecer la justicia y la reparación a las víctimas, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado nuevas medidas para perseguir a los grandes financiadores del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este anuncio se hizo en el marco de los 19 años de la ley de Justicia y Paz, destacando la necesidad de abordar las fallas e impunidades que aún persisten.

Judicialización de financiadores

Luz Adriana Camargo, representante de la Fiscalía, subrayó la importancia de investigar y judicializar a quienes financiaron el paramilitarismo en Colombia. A pesar de los esfuerzos anteriores, la falta de resultados concretos ha dejado una gran deuda con las víctimas de estos grupos. La nueva estrategia incluirá la depuración de cientos de compulsas de copias, lo que permitirá avanzar en la judicialización de aquellos que han apoyado financieramente a las AUC.

Rastreo de activos en el extranjero

Una de las innovaciones en esta nueva estrategia es el uso de la inteligencia artificial para rastrear activos y cuentas relacionadas con los financiadores, especialmente aquellas ubicadas en paraísos fiscales o bajo nombres de testaferros. Esta tecnología permitirá identificar y confiscar bienes que puedan ser utilizados para la reparación a las víctimas.

Búsqueda de personas desaparecidas

Otro eje fundamental de las nuevas medidas es la búsqueda de personas desaparecidas por el grupo paramilitar. Para ello, se redefinirán las funciones del Grupo de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas (GRUBE), que ahora trabajará de manera más articulada con los ministerios de Interior y Justicia. Esta coordinación busca acelerar los procesos de búsqueda e identificación, ofreciendo respuestas a las familias afectadas por estos actos.

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La Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional han realizado un importante decomiso de drogas en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca. En una operación conjunta, se descubrieron más de 112 kilogramos de metanfetaminas ocultas en un buque de carga con destino a China.

Operación Conjunta en Buenaventura

El operativo se inició cuando las autoridades recibieron información sobre un cargamento de metanfetaminas que iba a ser enviado desde el puerto de Buenaventura a China. La Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional actuaron de inmediato para verificar estos datos y proceder con la inspección correspondiente.

Descubrimiento del Cargamento

Las unidades navales, con la ayuda de buzos especializados, llevaron a cabo una minuciosa diligencia de inspección en la embarcación. Durante esta revisión, se encontró el alijo de drogas adherido en la parte subacuática del buque, específicamente en el sistema de enfriamiento.

La #Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y el #CTI, incautó un cargamento de metanfetaminas que había sido adherido a un buque que pretendía salir del puerto de #Buenaventura con destino a #China. pic.twitter.com/Fj4B48zwiX

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 6, 2024

Confirmación y Judicialización

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía fue encargado de verificar la naturaleza del hallazgo. El CTI confirmó que el cargamento consistía en cinco tulas que contenían un total de más de 112 kilogramos de metanfetaminas. Esta sustancia, conocida por sus efectos estimulantes sobre el sistema nervioso, es comúnmente utilizada en la producción de drogas sintéticas.

Procedencia del Buque

Las investigaciones revelaron que el buque procedía de México y estaba en tránsito en la terminal marítima de Buenaventura antes de continuar su ruta hacia Asia. Esta conexión internacional subraya la magnitud del problema de narcotráfico y la importancia de la cooperación entre países para combatirlo.

Relevancia del Hallazgo

El hallazgo y la judicialización del cargamento fueron manejados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Este tipo de operaciones son cruciales para desmantelar las redes de tráfico de drogas que operan a nivel internacional y ponen en riesgo la seguridad y salud pública.

Publicación de la Información

La información sobre este decomiso se ha publicado por razones de interés general, para mantener informada a la ciudadanía sobre los esfuerzos que se están realizando en la lucha contra el narcotráfico. Es importante destacar que la situación jurídica de las personas involucradas aún está pendiente de resolución por la autoridad judicial competente, respetando siempre la presunción de inocencia.

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