El sistema de salud colombiano enfrenta un nuevo golpe a su credibilidad. Directivos de la Nueva EPS ocultaron deudas por más de 5 billones de pesos y favorecieron a ciertas instituciones prestadoras de salud (IPS), reveló una investigación del programa Señal Investigativa. Este caso, que ya compromete a expresidentes y miembros de la junta directiva, se perfila como uno de los episodios más graves de corrupción en el sector.

Un fraude de dimensiones históricas

Manipulación financiera bajo la administración de Cardona

Entre 2019 y 2023, la administración de José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS por 14 años, habría ejecutado maniobras contables para ocultar pasivos millonarios y mostrar balances aparentemente sólidos. Estas facturas no registradas comenzaron a acumularse desde mediados de 2022 y solo salieron a la luz tras la intervención del Gobierno en 2024.

Delitos en investigación judicial

La Fiscalía adelanta tres líneas de investigación que comprometen a Cardona y a tres de sus directivos más cercanos. Los delitos que se les imputan incluyen falsedad en documento público, peculado por apropiación y fraude procesal, cargos que reflejan la gravedad de la manipulación financiera realizada dentro de la entidad.

La sombra de los Vargas Lleras

Enrique Vargas Lleras en la mira

Uno de los aspectos más polémicos del caso involucra a Enrique Vargas Lleras, miembro de la junta directiva, señalado por el presidente Gustavo Petro de haber participado en el ocultamiento de la deuda. Aunque Vargas Lleras logró que el mandatario rectificara sus acusaciones por decisión del Consejo de Estado, su nombre sigue bajo investigación de la Fiscalía.

Reacciones políticas y repercusiones públicas

El escándalo también salpica al exministro Germán Vargas Lleras, quien ha cuestionado con dureza la intervención del Gobierno en la EPS. Sin embargo, fue esta medida la que permitió revelar la magnitud del desfalco, lo que ha intensificado el debate sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Favorecimiento y beneficiarios del fraude

IPS privilegiadas frente a territorios olvidados

La investigación reveló que mientras departamentos como Cauca enfrentaban retrasos crónicos en pagos, en Bogotá y otras ciudades se priorizaban giros a un pequeño grupo de IPS. Entre los principales beneficiados figuran Colsubsidio, Audifarma, Cafam, la Corporación Hospitalaria Juan C y Éticos Serrano Gómez, instituciones que recibieron pagos preferenciales por encima de las necesidades de otras regiones.

El caso Audifarma

Especial atención genera el papel de Audifarma, la mayor farmacéutica del país. Entre 2019 y 2023, facturó más de 3 billones de pesos en medicamentos a la Nueva EPS, incluso mientras se acogía a la ley de quiebras. Al mismo tiempo, avanzaba en la construcción de una moderna clínica en Pereira, lo que levanta sospechas sobre el uso de los recursos recibidos.

La magnitud del desfalco de la Nueva EPS pone de nuevo en el centro del debate la vulnerabilidad del sistema de salud colombiano. El juicio contra los implicados, que comenzará el 14 de octubre de 2025, podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector salud. Más allá de las responsabilidades individuales, este caso evidencia la urgencia de blindar los recursos públicos destinados a la atención médica y garantizar su uso transparente. El desenlace judicial será determinante para saber si los verdaderos responsables enfrentan las consecuencias de sus acciones.

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La Fiscalía General de la Nación desmanteló una peligrosa red criminal compuesta por dos soldados activos y tres integrantes de las disidencias de las Farc. Esta organización se dedicaba a la venta ilegal de armamento y municiones a grupos subversivos como el Estado Mayor Central de las Farc y el Clan del Golfo. El operativo se realizó en Bogotá, Villavicencio y Melgar, incautando más de 4.000 cartuchos y sustancias ilícitas.

Captura de los responsables y estructura de la red criminal

Las autoridades lograron identificar y capturar a cinco de los presuntos integrantes de esta red, que operaba extrayendo armamento de distintas unidades militares del país. Los detenidos utilizaban vehículos oficiales para movilizar las armas, evadiendo los controles de seguridad. Las investigaciones apuntan a que estas armas eran entregadas a estructuras de las disidencias en el oriente colombiano.

Entre los capturados se encuentran Yeison Farley Bolaños Noguera y Ángel Alberto Sosa Villamil, soldados activos del Ejército, quienes aprovechaban su posición para sacar las armas de las guarniciones. Las municiones y armamento eran almacenados en viviendas de barrios como Chapinero e Isla del Sol en Bogotá, desde donde se distribuían a diversas regiones del país.

Logística de la operación y método de distribución

El esquema de distribución implementado por la red criminal incluía el uso de vehículos oficiales de la institución castrense. Esta estrategia les permitía sortear los controles de seguridad, permitiendo el traslado de las armas sin ser detectados. Además, la Fiscalía confirmó que parte de la munición entregada a las disidencias era pagada con clorhidrato de cocaína y pasta base de coca.

Las autoridades también revelaron que esta organización alquilaba vehículos oficiales del Ejército, lo que les permitía moverse por el territorio nacional sin levantar sospechas. Este tipo de operaciones deja en evidencia la corrupción que se infiltra en algunas unidades militares, facilitando el acceso de grupos armados ilegales a armamento de uso restringido.

Precedentes y nuevos hallazgos en las investigaciones

Este caso no es un hecho aislado. En marzo de 2023, la Fiscalía desarticuló otra red de venta de armas a las disidencias de las Farc, en la cual participaron varios militares. La operación de 2023 dejó en evidencia irregularidades en la gestión de armamento en la Tercera Brigada del Ejército, donde se desviaron armas hacia el frente liderado por alias Iván Márquez.

En ese entonces, se descubrieron negocios fachada, como un lavadero de carros y una escuela de vigilancia en Cali, que servían para encubrir la actividad ilegal. Estas revelaciones han generado preocupación sobre el control que se ejerce en el manejo de armamento dentro de las instituciones castrenses.

Medidas judiciales y acciones a futuro

Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó cargos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido. A pesar de la contundencia de las pruebas, los procesados no aceptaron los cargos, por lo que se les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar si existen más miembros del Ejército vinculados a estas actividades ilícitas. Se han iniciado revisiones en varias guarniciones militares de Bogotá para identificar posibles conexiones con esta red delictiva.

Las recientes capturas y los antecedentes de venta de armas por parte de miembros del Ejército reflejan un problema estructural dentro de la institución. El desvío de armamento hacia grupos ilegales sigue siendo un desafío para las autoridades, quienes deben reforzar los controles y la vigilancia en los procesos internos para evitar nuevas infiltraciones.

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