El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión sin precedentes en la historia política reciente del país. La campaña presidencial de Gustavo Petro fue sancionada por violar los topes de financiación y recibir aportes prohibidos durante las elecciones de 2022, un hecho que marca un hito en los procesos de control electoral en Colombia.

CNE confirma irregularidades financieras

Exceso en los topes permitidos

El organismo electoral estableció que la campaña superó los límites permitidos en más de 5.300 millones de pesos, distribuidos entre gastos no reportados en primera y segunda vuelta. Esta diferencia sustancial en los reportes contables generó las alertas que motivaron la investigación.

Aportes prohibidos y pagos indebidos

Recursos provenientes de sindicatos y terceros

Entre las irregularidades detectadas se encuentran aportaciones no autorizadas de organizaciones como Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), así como pagos a testigos electorales y publicidad no declarada. Estos ingresos vulneraron las normas vigentes de financiación política, lo que resultó determinante para la sanción.

Responsables y sanciones impuestas

Multas millonarias y devolución de recursos

El CNE impuso sanciones que recaen sobre Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucy Aidee Mogollón, tesorera; y María Luz Caro, auditora. Las multas superan los 5.900 millones de pesos y se ordenó la devolución de recursos indebidos, incluyendo más de 165 millones vinculados a un evento realizado en el Movistar Arena.

La medida también cobija a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que deberán responder solidariamente por las irregularidades certificadas en el expediente.

El caso representa la primera vez que una campaña presidencial resulta sancionada por estas conductas en Colombia, lo que abre una discusión sobre la transparencia y el control electoral en futuras contiendas.

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