Asi mismo el mandatario instó a los colombianos a izar la Bandera Nacional en defensa de la soberanía. El mensaje aparece acompañado de un video mediante el cual se convoca a la movilización.

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 p.m. Ahora a defender la soberanía nacional», dijo el presidente.

“Lleva tu bandera; juntos somos un solo pueblo», dice el mensaje del video al final.

En otro mensaje, el mandatario hace referencia a una reunión de organizaciones sociales realizada en la capital del país, la cual está relacionada con la movilización del miércoles.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!».

La movilización en las plazas públicas del país se realizará en medio de la tensión generada por  Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por sus acusaciones contra el jefe de Estado y amenazas contra el país.

El mandatario colombiano rechazó los señalamientos en su contra proferidas por Trump, a quien le recordó su lucha contra el narcotráfico y por la paz de Colombia, de la región y el mundo.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente.

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En varios mensajes publicados en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro solicitó este sábado convocar de inmediato una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –del cual Colombia entró a formar parte este año como miembro no permanente–, para “establecer la legalidad internacional de la agresión contra Venezuela”.

El jefe de Estado también pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) reunirse de manera extraordinaria para tratar esta grave situación que se registra en el país vecino.

Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano reforzó las medidas de seguridad en las sedes de las embajadas de Venezuela y Estados Unidos en Bogotá y activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el Plan Frontera, con el fin de atender a la población migrante. 

Igualmente, alertó y activó todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del Eln o de otros grupos armados ilegales que delinquen en la frontera.

Llamado a la ONU y la OEA

En un primer mensaje publicado en la red  social X, a las 2:05 de la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente Petro escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Deben reunirse la OEA y la ONU de inmediato”.

El mandatario indicó en otro post que “Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela. El PMU está activado en Cúcuta y el plan operativo en la frontera”.

Colombia pide privilegiar el diálogo

Acto seguido, el jefe de Estado colombiano emitió un comunicado en el que manifestó que “el Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Al respecto, el presidente reafirmó el compromiso irrestricto de Colombia con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. 

En este sentido, rechazó “cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, y dijo que “el país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”. 

“De manera preventiva –reiteró el mandatario–, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”. 

De acuerdo con el presidente Petro, la Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional. 

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, sostuvo el presidente Petro.

Comunicado de Venezuela

En su cuenta de X , además, el jefe de Estado reprodujo el comunicado oficial en el que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela confirmó los bombardeos “contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Según este comunicado del gobierno venezolano, dicho acto “constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”. 

Indicó que “tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”. 

El Gobierno del vecino país afirmó que “el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, pero –agregó– “no lo lograrán”.

Medidas de Colombia en  zona de frontera

A su turno, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó que “siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”.

“De igual manera –dijo–, se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del Eln o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera. Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”.

“Asimismo –recalcó el ministro de Defensa– se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”.

“Acorde a la Constitución, reiteramos que las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, puntualizó el ministro Pedro Sánchez.

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Durante una comparecencia ante la prensa internacional, Lula calificó la situación de alarmante y confirmó su intención de abordar este asunto directamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump. «Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump», aseveró el jefe de Estado brasileño.

El despliegue norteamericano incluye la presencia del portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate. Si bien Washington sostiene que estas operaciones tienen como objetivo la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha denunciado estas acciones como una amenaza directa a su soberanía y un intento de desestabilización política.

El contexto se agrava tras los informes que indican que, desde septiembre, fuerzas estadounidenses han realizado intervenciones contra más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, resultando en más de 80 fallecidos. La administración estadounidense ha catalogado a los objetivos como narcotraficantes, aunque no se han presentado pruebas públicas concluyentes al respecto.

La postura de Brasil es estratégica y preventiva. Al compartir una extensa frontera con Venezuela, el gobierno de Lula busca mediar para evitar una escalada del conflicto. «Es importante que intentemos encontrar una solución antes de que empiece», enfatizó Lula, subrayando la necesidad de la diplomacia frente a la fuerza militar. La ause¹ncia de Donald Trump en la cumbre del G20 en Sudáfrica ha pospuesto este diálogo crucial, el cual se espera sea retomado en la agenda bilateral próximamente.

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El presidente estadounidense Donald Trump presentó un plan polémico para el futuro de Gaza tras la guerra, en el que propone desplazar a la población palestina y poner el territorio bajo control de Estados Unidos durante una década, con el objetivo de convertirlo en un centro turístico y tecnológico. La iniciativa, revelada por el Washington Post, ya ha despertado fuertes críticas internacionales por lo que podría significar en términos humanitarios y geopolíticos.

El plan de administración de Gaza

Una década bajo control estadounidense

Según el documento de 38 páginas filtrado a la prensa, Gaza sería administrada durante diez años por el Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust). Finalizado este periodo, el control pasaría a una “entidad palestina reformada y desradicalizada”, condición que busca garantizar la estabilidad política en la región.

Reubicación y compensación para los habitantes

El proyecto contempla la reubicación voluntaria de los cerca de dos millones de habitantes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del mismo territorio mientras dure la reconstrucción. A quienes acepten salir se les ofrecerían 5.000 dólares en efectivo, cuatro años de asistencia para vivienda y un año de alimentos.

Incentivos económicos y ciudades inteligentes

Compensación para propietarios de tierras

Los dueños de tierras en Gaza recibirían “tokens digitales” que podrían usarse para financiar una nueva vida fuera del territorio o canjearse por apartamentos en una de las seis u ocho “ciudades inteligentes impulsadas por inteligencia artificial” que se construirían en la franja.

Visión de una “Riviera de Oriente Medio”

El propio Trump había planteado meses atrás su intención de transformar Gaza en un destino turístico, al que calificó como la “Riviera de Oriente Medio”. Esta idea fue celebrada por sectores de la extrema derecha israelí, aunque rechazada por países árabes y la mayoría de la comunidad internacional.

Reacciones y advertencias internacionales

Críticas de la ONU y países árabes

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la propuesta puede constituir una “limpieza étnica”, al pretender vaciar Gaza de sus habitantes para luego entregarla a una nueva administración. Los países árabes y la mayoría de los gobiernos occidentales han rechazado categóricamente la iniciativa, considerándola inviable y peligrosa para la estabilidad de la región.

Un plan con respaldo polémico

El Washington Post reveló que detrás del proyecto están varios de los impulsores de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada respaldada por Israel y Estados Unidos, la cual ya ha sido cuestionada por su manejo de la ayuda alimentaria. La falta de respuesta oficial por parte del Departamento de Estado de EE. UU. incrementa la incertidumbre sobre la viabilidad real del plan.

El trasfondo del conflicto en Gaza

Origen de la guerra

La guerra en Gaza se desató tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos del lado israelí, la mayoría civiles. En respuesta, Israel inició una ofensiva militar que ha causado hasta la fecha más de 63.000 muertes en Gaza, según cifras de Hamás validadas por la ONU.

Escenario de devastación humanitaria

Con un territorio arrasado y una población desplazada, el plan de Trump surge en un contexto de profunda crisis humanitaria. Las condiciones actuales, marcadas por la destrucción masiva y el colapso de los servicios básicos, hacen que cualquier propuesta de reconstrucción esté bajo el escrutinio de la comunidad internacional.

Una propuesta que divide al mundo

El proyecto de Trump refleja la visión de un futuro para Gaza sin sus actuales habitantes, reemplazado por un modelo económico y turístico controlado desde Washington. Aunque plantea incentivos económicos y una supuesta transición hacia una administración palestina reformada, las críticas apuntan a que el plan profundiza la tensión en Oriente Medio y abre el debate sobre los límites entre reconstrucción, geopolítica y derechos humanos.

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En un giro inesperado que ha alarmado a la comunidad científica y a legisladores, la administración Trump ha despedido abruptamente a los 400 científicos encargados de la Sexta Evaluación Nacional del Clima, un informe clave para la política ambiental de Estados Unidos. Esta decisión, sumada a la cancelación del contrato con la consultora ICF International, pone en entredicho el cumplimiento de un mandato legal y deja al país sin una guía fundamental para enfrentar los retos del cambio climático.

Evaluación Nacional del Clima: Un pilar bajo amenaza

El valor estratégico del informe

La Evaluación Nacional del Clima es un informe cuatrienal, requerido por el Congreso desde 1990, que analiza los impactos del cambio climático en Estados Unidos. Sus hallazgos son cruciales para que gobiernos locales, empresas y ciudadanos tomen decisiones informadas sobre adaptación y resiliencia ante fenómenos como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de precipitación y la gestión de incendios forestales.

La abrupta destitución de los científicos y la suspensión del soporte técnico comprometen la continuidad y la calidad del informe, cuyo objetivo es ofrecer una visión integral y actualizada sobre los riesgos y oportunidades que enfrenta el país en materia climática.

Implicaciones para la política y la sociedad

El informe ha servido históricamente como herramienta fundamental para la formulación de políticas públicas y estrategias empresariales. Sin este insumo, expertos advierten que Estados Unidos podría «volar a ciegas» en un contexto global cada vez más afectado por el calentamiento global. La falta de información confiable debilita la capacidad de respuesta ante desastres naturales y dificulta la planificación a largo plazo.

El impacto de la cancelación del contrato de la USGCRP

Desmantelamiento de la infraestructura científica

La decisión de cancelar el contrato de la NASA con ICF International, valorado en 34 millones de dólares, ha dejado sin recursos a la Oficina del Programa de Investigación del Cambio Global de EE. UU. (USGCRP), responsable de coordinar la evaluación entre 13 agencias federales. Esta medida no solo afecta la elaboración del informe, sino que también rompe la coordinación científica entre agencias como NASA, NOAA y el Departamento de Energía.

Con la pérdida de financiamiento, al menos dos docenas de empleados de la USGCRP quedarán sin apoyo, y la oficina podría quedar prácticamente desmantelada. Según Donald Wuebbles, líder de la evaluación anterior, esta situación es «perjudicial para el país», ya que elimina un espacio de coordinación clave para evitar duplicidades y lagunas en la investigación climática.

Consecuencias para la investigación y la toma de decisiones

La falta de una evaluación nacional actualizada afecta directamente a sectores que dependen de información científica para planificar inversiones y estrategias de mitigación. Empresas, gobiernos estatales y locales, y organizaciones de la sociedad civil pierden así una fuente confiable para anticipar riesgos y oportunidades asociados al cambio climático.

Mandato legal en entredicho

Riesgo de incumplimiento del Congreso

La Global Change Research Act de 1990 establece que el gobierno federal debe entregar la Evaluación Nacional del Clima al Congreso y al presidente cada cuatro años. La actual crisis pone en duda el cumplimiento de este mandato legal, lo que podría derivar en acciones legislativas para exigir responsabilidades o restaurar el proceso.

El informe no solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en materia ambiental. La interrupción de su elaboración representa un retroceso significativo en la gestión del cambio climático a nivel federal.

Contexto de recortes y desmantelamiento institucional

Esta decisión se suma a una serie de acciones previas de la administración Trump, como la reducción del 30% del presupuesto de la NOAA, el cierre de la Oficina para el Cambio Global del Departamento de Estado y la eliminación de referencias al cambio climático en portales oficiales. Para expertos como la Dra. Rachel Cleetus, «intentar enterrar este informe no alterará los hechos científicos, pero sin esta información el país corre un riesgo mayor».

La situación actual responde también a recomendaciones de grupos de presión como la Heritage Foundation, que han propuesto incluir «puntos de vista más diversos» y revisar la estructura del USGCRP, lo que podría debilitar aún más la integridad científica del proceso.

Una encrucijada para la ciencia y la política climática

El despido masivo de científicos y la cancelación de contratos esenciales ponen en riesgo la capacidad de Estados Unidos para liderar y adaptarse frente al cambio climático. Sin una evaluación nacional rigurosa y coordinada, el país pierde una brújula indispensable para navegar los desafíos ambientales del siglo XXI.

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El Gobierno de Colombia ha anunciado que se ha logrado superar el reciente impasse diplomático con los Estados Unidos relacionado con los ciudadanos colombianos en proceso de deportación. El consenso se alcanzó mediante un intercambio de notas diplomáticas entre ambas naciones, estableciendo acuerdos para garantizar un retorno digno de los connacionales.

Acuerdos para el retorno de ciudadanos deportados

La Cancillería de Colombia informó que, tras el entendimiento con Estados Unidos, el país seguirá recibiendo a los ciudadanos retornados bajo la condición de deportados. El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar condiciones dignas y el pleno respeto de los derechos de las personas durante su retorno.

El canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña viajarán en las próximas horas a Washington, D.C., donde se reunirán con altos funcionarios estadounidenses para afianzar los acuerdos alcanzados y definir estrategias de cooperación bilateral en el manejo de las deportaciones.

Uso de medidas excepcionales para los retornos

Como parte de los esfuerzos para garantizar un retorno adecuado, el presidente Gustavo Petro autorizó el uso del avión presidencial para facilitar la llegada de los colombianos afectados. Esta medida se implementó de manera inmediata para recibir a aquellos ciudadanos que estaban programados para regresar en vuelos de deportación en las últimas horas.

El comunicado oficial destacó que estas acciones buscan no solo atender la situación actual, sino también establecer un precedente que refuerce el respeto por los derechos humanos en procesos de deportación.

La posición de Colombia ante los deportados

El Gobierno colombiano ha enfatizado que el manejo de los deportados debe realizarse con dignidad y respeto. Las autoridades han manifestado que continuarán trabajando para garantizar la reintegración social y económica de los retornados al país.

En este contexto, se espera que las reuniones en Washington permitan avanzar en un diálogo constructivo que aborde no solo los aspectos operativos de las deportaciones, sino también temas relacionados con las políticas migratorias entre ambos países.

El compromiso de Colombia es claro: garantizar que ningún ciudadano sea sometido a condiciones indignas durante su retorno y promover acciones que fortalezcan los lazos bilaterales con Estados Unidos.

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Donald Trump será investido este lunes como el 47º presidente de Estados Unidos en una ceremonia que, debido al clima extremo, se llevará a cabo en el interior del Capitolio. El evento marca el inicio de un nuevo mandato tras una campaña polarizante y un contexto político complejo.

Una ceremonia histórica marcada por el clima

La juramentación de Donald Trump tendrá lugar en la rotonda del Capitolio, un hecho inusual que no ocurría desde 1985, cuando Ronald Reagan asumió su segundo mandato en medio de condiciones meteorológicas adversas. Con temperaturas entre -11 y -4 grados y una tormenta de nieve, las autoridades optaron por trasladar el acto al interior.

Líderes extranjeros y figuras destacadas entre los asistentes

Por primera vez, se contará con la presencia de líderes internacionales como Javier Milei, presidente de Argentina, y magnates tecnológicos como Elon Musk. El evento, que refleja la relevancia global del nuevo gobierno, será retransmitido en el Capital One Arena, con capacidad para 20.000 personas.

Inicio del mandato con acciones ejecutivas inmediatas

Trump ha prometido comenzar su mandato con fuerza, firmando hasta 100 órdenes ejecutivas en su primer día. Entre los objetivos destacan impulsar las deportaciones, aumentar el desarrollo de combustibles fósiles y reducir las protecciones laborales del sector público.

Una agenda política cargada de simbolismo

El presidente y su vicepresidente, J.D. Vance, participarán en un almuerzo con legisladores tras la ceremonia. El enfoque inicial del nuevo gobierno estará centrado en la implementación de políticas conservadoras clave.

Celebraciones y tradiciones adaptadas al contexto

Debido al clima, se canceló el desfile tradicional hacia la Casa Blanca. En su lugar, Trump se trasladará al Capital One Arena, donde podría firmar algunos decretos frente al público. El día finalizará con los bailes inaugurales, incluido el emblemático ‘Baile del Comandante en Jefe’.

Festejos previos al acto oficial

Desde el sábado, se llevaron a cabo recepciones y un mitin donde Trump prometió actuar con rapidez para detener la migración irregular, aumentar la producción petrolera y combatir las ideologías de izquierda. El martes, una ceremonia en la catedral nacional cerrará oficialmente los actos de toma de posesión.

El inicio de este nuevo mandato se perfila como un momento clave para la política estadounidense, no solo por las decisiones que se tomarán en las primeras horas, sino también por la influencia que podría tener a nivel internacional. El liderazgo de Trump marcará una nueva etapa en el panorama político global.

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El Gobierno de Colombia y Estados Unidos han reforzado sus lazos de cooperación en seguridad tras recibir alertas sobre posibles amenazas contra la vida del presidente Gustavo Petro. La información fue proporcionada por el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, quien aseguró que se han detectado planes que ponen en riesgo la seguridad del mandatario colombiano.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, informó que ambas naciones han llegado a un acuerdo para intensificar los esfuerzos conjuntos con el objetivo de garantizar la protección del presidente Petro. Este acuerdo no solo contempla la protección personal del mandatario, sino que también implica mayores esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales que representan una amenaza para el país.

Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para la seguridad presidencial

Durante una rueda de prensa, el canciller Murillo agradeció al gobierno de Estados Unidos por su colaboración en la identificación de riesgos para la seguridad del presidente Gustavo Petro. Estados Unidos proporcionó información clave sobre vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por grupos criminales para atentar contra la vida del jefe de Estado. Esta situación fue catalogada como una amenaza real, según las declaraciones del embajador Palmieri.

El acuerdo alcanzado entre ambas naciones no es un hecho aislado, sino una continuación de la estrecha cooperación en seguridad que Colombia y Estados Unidos han mantenido a lo largo de los años. Según Murillo, esta colaboración se profundizará, con un intercambio continuo de información para abordar cualquier amenaza que surja contra la seguridad presidencial.

Amenazas reales contra Gustavo Petro

El embajador Francisco Palmieri, en sus declaraciones, advirtió que las amenazas contra el presidente Petro no deben tomarse a la ligera. «Es una situación real, es una preocupación real», expresó el diplomático, haciendo referencia a los planes descubiertos que ponen en peligro la vida del mandatario. La naturaleza de estas amenazas no fue detallada públicamente, pero se entiende que provienen de organizaciones criminales con gran influencia en la región.

Ante este panorama, el Gobierno colombiano ha tomado las medidas necesarias para reforzar la seguridad del presidente, apoyado por la infraestructura de inteligencia de Estados Unidos. Este tipo de colaboraciones no solo permiten anticipar posibles atentados, sino que también mejoran la capacidad de respuesta de las autoridades colombianas frente a situaciones de riesgo.

Lucha contra el crimen organizado como parte del acuerdo

Más allá de la protección del presidente, el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos incluye una colaboración más amplia en la lucha contra el crimen organizado. Las organizaciones criminales que operan en la región, muchas de las cuales tienen vínculos internacionales, representan una amenaza no solo para la estabilidad de Colombia, sino también para la seguridad de líderes políticos como el presidente Petro.

El canciller Murillo destacó que esta cooperación no es nueva, sino parte de una estrategia a largo plazo que ambos países han implementado para combatir el narcotráfico, el terrorismo y otras formas de crimen transnacional. Sin embargo, el reciente acuerdo se enfoca en fortalecer estas acciones para neutralizar las amenazas inmediatas contra el mandatario.

Un acuerdo que va más allá de la seguridad personal

El acuerdo entre Colombia y Estados Unidos va más allá de la simple protección personal del presidente Petro. Según el canciller Murillo, se trata de un trabajo conjunto en múltiples frentes, donde ambos países colaborarán no solo en temas de inteligencia y seguridad, sino también en la investigación y desmantelamiento de redes criminales que podrían estar detrás

de las amenazas contra la vida del presidente. Este tipo de colaboración no solo es esencial para garantizar la estabilidad política de Colombia, sino también para asegurar que los grupos criminales no logren desestabilizar las instituciones democráticas del país.

Murillo enfatizó que la seguridad del presidente es una prioridad nacional, pero que este esfuerzo debe enmarcarse en una estrategia más amplia de combate a las organizaciones criminales que operan tanto en Colombia como en otras partes del mundo. La cooperación con Estados Unidos permitirá mejorar las capacidades de los cuerpos de seguridad y garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.

Futuro de la cooperación en seguridad

El reciente acuerdo entre Colombia y Estados Unidos marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales en materia de seguridad. Con la creciente amenaza de grupos criminales que buscan influir en la política nacional, esta colaboración se convierte en un pilar fundamental para fortalecer las capacidades de ambos países en la lucha contra el crimen.

El canciller Murillo señaló que esta alianza no es solo una respuesta temporal a las amenazas actuales, sino una iniciativa a largo plazo que busca mejorar la seguridad tanto de los líderes políticos como de los ciudadanos colombianos. Las amenazas contra la vida del presidente son un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país, y el apoyo de Estados Unidos será crucial para enfrentar estos retos con éxito.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recibido con agrado la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de apoyar la propuesta de «transición» en Venezuela, un esfuerzo diplomático liderado por Colombia, Brasil y México. Este respaldo se da en medio de la grave crisis política y social que atraviesa Venezuela, exacerbada por las irregularidades en los comicios del 28 de julio que favorecieron al presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos Respalda la Mediación

Petro expresó su satisfacción mediante un breve mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), citando la información de la Agencia EFE sobre la postura del Gobierno de Joe Biden. «Hay que construir un camino común y pacífico», escribió el presidente colombiano, aplaudiendo la posición de Estados Unidos, la cual se ha venido gestando desde la noche del 5 de agosto, cuando el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció una reconsideración sobre el tema.

Diálogo y Negociación: Claves para la Paz

En su mensaje, Petro insistió en la necesidad de que tanto la oposición como el oficialismo en Venezuela establezcan puentes para superar la crisis actual. «La oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque, sino, estallará el éxodo y la guerra en América toda», advirtió el presidente colombiano. Resaltó que tanto Venezuela como Colombia, como vecinos y pueblos hermanos, se encuentran en una situación extremadamente vulnerable.

Posición de Funcionarios Estadounidenses

El subsecretario interino de Estados Unidos, Mark Wells, indicó que su país está a favor del diálogo entre los actores políticos venezolanos y ha coordinado con Colombia, Brasil y México cualquier avance en las negociaciones. «Examinamos estas pruebas y hemos determinado que sería casi imposible falsificar los cómputos que se recopilaron», afirmó Wells, refiriéndose a la evidencia presentada por la oposición.

Karine Jean-Pierre y el Compromiso Democrático

Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, reforzó esta postura subrayando la importancia de respetar la voluntad del pueblo venezolano. «Al menos 12 millones de venezolanos acudieron valientemente a las urnas a pesar de las dificultades y ejercieron su derecho democrático al voto», destacó Jean-Pierre, enfatizando la necesidad de un diálogo pacífico y respetuoso para trazar el camino hacia una Venezuela más democrática y segura.

Cooperación Internacional para la Democracia

Finalmente, Estados Unidos reiteró su compromiso de apoyar el restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela y mostró su disposición a trabajar con socios internacionales para respaldar estos esfuerzos. «Esperamos contar con la cooperación de los aliados de la región en este único fin», concluyó Jean-Pierre.

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La reciente contienda electoral en Venezuela ha desatado una serie de acusaciones y controversias. La oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, ha denunciado un supuesto fraude electoral tras los resultados del 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero los opositores cuestionan la legitimidad del proceso, basándose en una encuesta a boca de urna realizada por Edison Research, una empresa con vínculos estrechos con el gobierno de Estados Unidos.

Encuestas Dispares y Resultados Oficiales

Edison Research, una empresa con sede en Nueva Jersey, publicó una encuesta a boca de urna el día de las elecciones, proyectando que González Urrutia obtendría el 65% de los votos, mientras que Maduro solo alcanzaría el 31%. Esta discrepancia generó dudas sobre la veracidad del proceso electoral. Sin embargo, Hinterlaces, una de las encuestadoras más respetadas de Venezuela, estimó que Maduro obtuvo el 54.6% de los votos, frente al 42.8% de González, resultados que se alinean más con los anunciados por el CNE, que otorgó a Maduro un 51.2% de los votos y a González un 44.2%.

Controversia con Edison Research

La encuesta de Edison Research ha sido ampliamente citada por medios de comunicación occidentales, como el Washington Post y Reuters, para poner en duda los resultados oficiales. Es importante destacar que Edison Research tiene un historial de colaboración con medios de propaganda estatales de Estados Unidos, como Voz de América y Radio Free Europe, que están asociados con la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Esta conexión ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad de sus datos.

Reacciones Internacionales y Observadores

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido uno de los principales actores en cuestionar los resultados, negándose a reconocer la victoria de Maduro. El secretario de Estado, Antony Blinken, expresó su preocupación por la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, observadores internacionales, incluyendo una delegación del Gremio Nacional de Abogados de EEUU, confirmaron que la elección fue «libre y justa». Ellos señalaron que el proceso fue transparente y que hubo un acceso adecuado a las urnas, condenando los intentos de deslegitimación del proceso por parte de la oposición y de Estados Unidos.

Desinformación y Manipulación

Además de las encuestas, figuras de la oposición y el empresario Elon Musk utilizaron gráficos de TeleSUR, un medio de comunicación con sede en Caracas, para alegar un supuesto fraude electoral. Un error en los gráficos de TeleSUR, que mostraban incorrectamente la distribución de votos entre los candidatos, fue usado para sembrar dudas sobre los resultados oficiales. Esta situación subraya el papel de la desinformación en el contexto de las elecciones.

Apoyo Internacional y Presiones Externas

La historia de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela es bien conocida. Organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional han financiado y capacitado a grupos de oposición en el país. Washington ha respaldado varios intentos de golpe de estado, incluido uno en 2002 contra Hugo Chávez. Más recientemente, en 2019, la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, desatando una serie de sanciones económicas devastadoras contra el país.

Consecuencias de las Sanciones

Las sanciones impuestas por Estados Unidos han tenido un impacto significativo en la economía venezolana. La producción de petróleo ha caído a su nivel más bajo en décadas, privando al país de los ingresos necesarios para financiar programas sociales. Según la experta de la ONU, Alena Douhan, estas sanciones han exacerbado la crisis económica en Venezuela, reduciendo los ingresos del gobierno en un 99%.

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