La Corte Suprema de Justicia ratifica la condena a exfuncionarios por las ‘chuzadas’

El escándalo de las ‘chuzadas’ sigue siendo un tema de gran relevancia en la política y la justicia colombiana. En este contexto, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, quienes fueron responsables de un plan de espionaje ilegal a magistrados de la Corte Suprema y a opositores políticos durante la administración de Uribe. Este fallo refuerza el compromiso de la justicia con la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el país.

El espionaje ilegal en el gobierno Uribe

La sentencia ratificada establece que los exfuncionarios César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo fueron los responsables del espionaje ilegal que afectó a importantes figuras judiciales y opositores del gobierno. El espionaje, conocido como el caso de las ‘chuzadas’, tuvo como objetivo socavar la independencia de la Corte Suprema de Justicia, generando una crisis en la institucionalidad colombiana.

El caso ha sido ampliamente investigado desde sus primeras denuncias, y la justicia ha establecido que el uso indebido de los servicios de inteligencia del Estado para espiar a personas clave en el ámbito político y judicial fue una práctica ilegal que compromete la confianza ciudadana en las instituciones del país. La Corte Suprema, al ratificar la condena, subraya la gravedad de los actos cometidos y la necesidad de sancionar estas conductas para preservar el estado de derecho.

La condena y la pena impuesta

La Corte Suprema ratificó una condena de 67 meses (equivalentes a 5 años y 7 meses) de prisión para ambos exfuncionarios. Esta pena es el resultado de las investigaciones que demostraron su participación directa en las actividades de espionaje ilegal. La confirmación de la condena subraya el hecho de que no hay impunidad para aquellos que abusan de su poder y recurren a prácticas ilegales para dañar la autonomía judicial.

Además de la condena, el caso ha tenido repercusiones más amplias, ya que ha permitido visibilizar el uso indebido de los recursos del Estado para fines personales y políticos, lo que ha contribuido a erosionar la confianza en las instituciones. La ratificación de la pena refuerza el mensaje de que la justicia no tolerará estas prácticas, independientemente de la posición de poder que los implicados hayan tenido.

Implicaciones del caso ‘chuzadas’ en la política colombiana

El caso de las ‘chuzadas’ no solo pone en evidencia la gravedad de las acciones de los exfuncionarios, sino que también refleja las tensiones que existían entre el gobierno de Uribe y la Corte Suprema de Justicia durante su mandato. Las políticas de seguridad del expresidente Uribe fueron fuertemente criticadas por algunos magistrados, quienes se opusieron a varios de los enfoques del gobierno, lo que generó un ambiente de confrontación política.

Este contexto de enfrentamiento institucional habría sido uno de los factores que motivó a los exfuncionarios a realizar las prácticas ilegales de espionaje. El espionaje no solo involucró a figuras de la oposición, sino que también tuvo como objetivo a magistrados de la Corte Suprema, lo que afectó la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad del poder judicial.

Además de su impacto en la confianza pública, este escándalo también reveló las fallas en los controles internos y la supervisión de las actividades de inteligencia del Estado. Las ‘chuzadas’ demostraron cómo se puede utilizar la infraestructura del gobierno para fines distintos a los previstos por la ley, lo que subraya la necesidad de reformar y fortalecer las instituciones encargadas de velar por la legalidad en Colombia.

Repercusiones a largo plazo para la lucha contra la corrupción

Este fallo tiene implicaciones importantes en la lucha contra la corrupción en Colombia. La confirmación de la condena a los exfuncionarios no solo castiga los delitos cometidos, sino que también establece un precedente en cuanto a la responsabilidad penal de aquellos que ocupan altos cargos en el gobierno y utilizan su poder para fines ilegales.

La confirmación de la sentencia también subraya la necesidad de continuar con las investigaciones sobre el uso indebido de los servicios de inteligencia del Estado y de revisar las políticas de seguridad para garantizar que no se repitan hechos como los que ocurrieron durante el gobierno de Uribe. Este caso representa una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas y reafirmar el compromiso del país con el respeto a los derechos humanos y la legalidad.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instruido a todas las entidades del Estado a que suministren información relacionada con la compra del software de espionaje Pegasus a la Fiscalía General de la Nación. La directriz presidencial se da tras la publicación de un informe de Señal Investigativa, en el que se detallan los vuelos y transacciones involucradas en la adquisición de este polémico software, utilizado para espiar a la oposición y a líderes juveniles en el país.

Petro denuncia espionaje y lavado de activos

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro confirmó la existencia de dos vuelos israelíes que llegaron a Bogotá, transportando dinero en efectivo utilizado para la compra de Pegasus. Estos vuelos aterrizaron en los hangares de la Policía Nacional, y según Petro, los pagos fueron realizados en dólares, lo que sugiere un procedimiento clandestino. El presidente ha descrito esta operación como un «Watergate monumental con lavado de activos incluido», destacando la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.

Efectivamente dos aviones israelíes vinieron a Colombia, y despegaron con rumbo a Tel Aviv , en los días que según el informe de la agencia de inteligencia israelí sobre lavado de activos dijo que se habían llevado los pagos en efectivo y en dólares para comprar el software… https://t.co/X00WiseneK

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2024

La ruta de los aviones

El primer vuelo involucrado, un bombardier Challenger M-ABGG, salió de Tel Aviv el 25 de junio de 2021 y aterrizó en Bogotá tras hacer escalas en las islas Canarias y en Isla Margarita, Venezuela. La aeronave permaneció en el aeropuerto El Dorado durante 21 horas antes de despegar hacia Tel Aviv. Poco después de este vuelo, el Banco de Israel reportó una transacción de 5.5 millones de dólares, confirmando así la primera parte del pago por el software Pegasus. Amir Sade, piloto del avión y experto en ciberseguridad, fue señalado por liderar la operación.

El segundo vuelo, un jet privado T7CPX, llegó a Bogotá el 18 de septiembre de 2021, con una escala en Santo Domingo. Al igual que el vuelo anterior, el jet transportó dinero para completar la transacción de Pegasus. El piloto de este vuelo, Yaniv Hait, también está vinculado a empresas de tecnología militar, lo que resalta la participación de actores clave en la industria militar israelí.

El uso de Pegasus en Colombia

Petro ha denunciado que el software Pegasus fue utilizado en Colombia para espiar a la oposición política y a líderes juveniles populares durante más de seis meses. Estas revelaciones sugieren un uso del software con fines políticos, violando los derechos fundamentales de varios sectores de la población. El presidente ha insistido en la necesidad de identificar a las personas involucradas en los vuelos y transacciones que permitieron la compra del software.

La respuesta del gobierno de Iván Duque

El gobierno del expresidente Iván Duque ha negado repetidamente la adquisición de Pegasus, pero los documentos revelados por Señal Investigativa y las transacciones bancarias contradicen estas afirmaciones. A pesar de las negativas, las pruebas presentadas indican que las autoridades de esa administración estuvieron directamente involucradas en la compra.

Petro también mencionó que los medios de comunicación del «establecimiento» intentaron desacreditar su denuncia, pero reafirmó que la información sobre los vuelos y la adquisición de Pegasus es verídica y está respaldada por documentos oficiales.

El papel de la Policía Nacional

El presidente Petro ha solicitado a la Policía Nacional que conserve todos los registros relacionados con la llegada de los vuelos, incluidos los datos de los pasajeros y tripulantes. Además, Petro recordó que tiene la facultad de desclasificar información secreta si considera que la seguridad nacional o los derechos humanos están en juego. La medida tiene como objetivo garantizar que todos los detalles relevantes sobre la compra de Pegasus sean investigados y se mantengan disponibles para la Fiscalía.

Futuras investigaciones

Uno de los puntos clave pendientes, según el presidente, es identificar públicamente a las personas que estuvieron involucradas en los vuelos y su relación con la compra del software. Petro ha subrayado que la investigación debe continuar hasta que se aclaren todas las circunstancias alrededor de este caso de espionaje y lavado de activos.

Este caso no solo tiene implicaciones a nivel nacional, sino también a nivel internacional, dada la participación de empresas y pilotos vinculados a la industria militar israelí. Se espera que la Fiscalía avance en las investigaciones, con base en la información que las entidades del Estado han sido instruidas a entregar.

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El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ha reavivado una controversia en torno a la adquisición del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Petro denunció públicamente esta compra, señalando que el software de espionaje fue adquirido por un monto de 11 millones de dólares de una empresa israelí, en circunstancias que aún generan más dudas que respuestas. Este software, utilizado para espiar teléfonos móviles, solo puede ser adquirido por gobiernos, y su uso ha levantado graves cuestionamientos, especialmente en el contexto del estallido social vivido en Colombia en ese mismo año.

¿Qué es la Dipol y cuál es su función?

La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) es una entidad adscrita a la Policía Nacional de Colombia, cuya principal misión es la producción de inteligencia estratégica y operacional. Este organismo se encarga de recopilar y analizar información sobre amenazas, criminalidad y desafíos sociales, para apoyar la toma de decisiones de los altos mandos del gobierno en materia de seguridad y defensa. La Dipol juega un papel crucial en la orientación de políticas de seguridad en Colombia, respondiendo a los problemas que afectan el orden público. En 2021, la Dipol estaba bajo la dirección del general Jorge Luis Vargas, quien también ocupaba el cargo de director general de la Policía Nacional en ese momento.

La adquisición de Pegasus y el contexto social

En junio de 2021, en plena crisis social provocada por el estallido de protestas en Colombia, la Dipol cerró un acuerdo con NSO Group, la empresa israelí creadora del software Pegasus. Este contrato, valorado en 11 millones de dólares, fue denunciado recientemente por el presidente Petro, quien afirmó que la compra incluyó una serie de irregularidades financieras. Según Petro, un banco israelí reportó una transacción sospechosa de 5.5 millones de dólares en julio de ese mismo año, lo que levantó sospechas sobre el manejo de estos fondos y su relación con la compra del software.

El contexto en el que se realizó la adquisición ha generado especial preocupación. Durante las protestas sociales, en las que hubo denuncias de abusos de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones de derechos humanos, el uso de herramientas como Pegasus podría haber sido utilizado para espiar a líderes sociales y opositores políticos. Esto ha incrementado las dudas sobre el alcance y los fines de dicha compra.

Las graves denuncias de Petro

El presidente Petro fue contundente en su denuncia: «Estamos ante una cadena de delitos que incluye lavado de activos, espionaje interno sin orden judicial y corrupción». Según sus declaraciones, la compra de Pegasus no solo involucró irregularidades financieras, sino que también pudo haber sido parte de un aparato de espionaje ilegal montado en medio de la crisis social de 2021. Petro señaló que la transacción, realizada en efectivo y con la participación de entidades extranjeras, fue parte de un esquema que podría tener repercusiones legales tanto a nivel nacional como internacional.

Además, Petro mencionó la participación de altos mandos del gobierno de Duque en esta operación, apuntando directamente al general Jorge Luis Vargas, entonces director de la Policía Nacional, y al general Mojica, director de la Dipol. Según el presidente, estos funcionarios podrían enfrentar cargos graves, incluyendo delitos extranjeros que podrían llevar a la extradición.

Implicaciones para el gobierno anterior

El gobierno de Iván Duque ha sido señalado en varias ocasiones por su manejo de la seguridad y la represión durante el estallido social. La compra de Pegasus, según las denuncias de Petro, añade una nueva capa de complejidad a estas acusaciones. La posibilidad de que el software se haya utilizado para espiar a líderes sociales y figuras de la oposición durante uno de los momentos más tensos de la historia reciente de Colombia pone en entredicho las prácticas de inteligencia del gobierno anterior.

El general Jorge Luis Vargas, uno de los principales señalados por Petro, ha defendido en otras ocasiones las acciones de la Policía durante las protestas, pero estas nuevas revelaciones podrían traer consecuencias legales y políticas para quienes participaron en la adquisición de Pegasus. La comunidad internacional también está atenta a estos desarrollos, especialmente dado que el software Pegasus ha sido objeto de polémica en otros países por su uso indebido para fines de vigilancia interna.

¿Qué sigue para la Dipol y el gobierno actual?

Las denuncias de Petro no solo ponen bajo escrutinio a los actores del pasado, sino que también plantean preguntas sobre el futuro de la Dipol y sus prácticas. El presidente ha solicitado una investigación exhaustiva sobre el uso de Pegasus y ha asegurado que este tipo de prácticas no tendrán cabida en su administración. Sin embargo, la sombra de las denuncias sigue presente, y será crucial para el gobierno actual demostrar transparencia y responsabilidad en el manejo de la inteligencia policial.

Al mismo tiempo, la oposición ha pedido respuestas claras sobre cómo se utilizaron los recursos destinados a la compra de Pegasus y qué medidas se tomarán para garantizar que este tipo de operaciones no se repitan en el futuro. La Dipol, por su parte, deberá enfrentar un proceso de revisión interna que permita aclarar su papel en estos eventos y restaurar la confianza pública en sus acciones.

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El software de espionaje Pegasus ha generado una gran controversia a nivel mundial. Desarrollado por la empresa israelí NSO Group, este programa ha sido utilizado para interceptaciones ilegales con fines políticos, afectando a políticos, periodistas y activistas. El presidente Gustavo Petro ha denunciado el uso de esta tecnología en Colombia, lo que ha reavivado el debate sobre el alcance y los peligros de este tipo de herramientas de vigilancia.

¿Qué es Pegasus?

Pegasus es una aplicación de ciberespionaje que se instala en dispositivos móviles o computadoras aprovechando las vulnerabilidades del sistema operativo. A través de un simple enlace, el software se introduce en el dispositivo, quedando activo en segundo plano y permitiendo que el atacante monitoree todas las actividades del usuario sin que este lo sepa. Esta herramienta es especialmente sofisticada, pues ofrece control total sobre el dispositivo infectado, desde acceso a información almacenada hasta la posibilidad de activar funciones como la cámara o el micrófono.

Origen y desarrollo

NSO Group, una empresa de origen israelí, fue la encargada de desarrollar Pegasus. Con una reputación de crear herramientas de ciberespionaje avanzadas, NSO asegura que la venta de Pegasus se realiza únicamente a gobiernos. Según la compañía, el propósito de este software es combatir el crimen organizado, tales como redes de pedofilia, terrorismo y tráfico de drogas. Sin embargo, su uso ha levantado sospechas por su aplicación en casos de espionaje político.

Casos de espionaje con Pegasus

El caso más relevante sobre la existencia de Pegasus se dio a conocer en 2016, cuando Ahmed Mansoor, un activista de derechos humanos de los Emiratos Árabes, reveló que su celular había sido infectado por este software. A partir de ese momento, múltiples denuncias comenzaron a surgir en otros países, revelando una amplia red de espionaje político que afectó a figuras de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.

Las víctimas del espionaje con Pegasus han sido, en su mayoría, opositores a los gobiernos que lo han utilizado. Esto incluye a políticos críticos, líderes de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. La utilización de Pegasus en contextos de represión política ha puesto en duda los controles y regulaciones que debería tener su exportación y venta.

¿Cómo opera Pegasus?

El software actúa como un «control remoto» para el atacante, permitiéndole acceder a todas las funciones del dispositivo infectado. Esto incluye la capacidad de ver fotos, videos, documentos, correos electrónicos, e incluso escuchar llamadas o leer mensajes de texto. Lo más alarmante es que Pegasus puede activar la cámara y el micrófono del dispositivo sin el conocimiento del usuario, lo que expone a las víctimas a un monitoreo completo y constante.

Este tipo de espionaje no deja rastro, lo que dificulta su detección por las víctimas. En muchos casos, las personas afectadas no se enteran de que han sido espiadas hasta que expertos en seguridad digital realizan análisis forenses en sus dispositivos. Esta sofisticación tecnológica es lo que hace que Pegasus sea una de las herramientas de espionaje más temidas en el mundo.

Controversias y denuncias recientes

La exportación de Pegasus está controlada por el gobierno de Israel, quien supervisa las ventas y determina a qué países se les permite adquirir esta tecnología. Sin embargo, las denuncias sobre su mal uso han hecho que muchos cuestionen los criterios de distribución de este software.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció el uso de Pegasus para espiar a políticos y activistas, lo que ha generado un fuerte rechazo y llamado a investigaciones. El uso de este tipo de tecnologías en democracias es especialmente preocupante, ya que vulnera la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El impacto de Pegasus ha sido tal que organizaciones de derechos humanos han exigido mayores regulaciones y transparencia en la venta y uso de este tipo de herramientas. El control que ofrece sobre los dispositivos de los usuarios es total, lo que lo convierte en una amenaza real para la privacidad y la seguridad digital.

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El presidente Gustavo Petro confirmó recientemente la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque, señalando que este programa podría haber sido utilizado para espiar a oponentes políticos y periodistas. Ante estos hechos, Petro ha solicitado a la Fiscalía que realice una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la compra y el uso de este software, que ha generado gran polémica tanto en el ámbito político como en el de los medios de comunicación.

Reuniones secretas y la compra de Pegasus

De acuerdo con una investigación revelada por Señal Investigativa, en octubre de 2021, durante un viaje a Israel del expresidente Iván Duque y varios altos funcionarios del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, se llevaron a cabo reuniones confidenciales. En estas reuniones, un viceministro de Defensa y altos mandos militares se reunieron con el general israelí Yair Kulas, quien dio el visto bueno a la transacción del software Pegasus.

Se presume que este software fue adquirido para intervenir hasta 2.600 líneas telefónicas en Colombia, lo que habría tenido un costo de 50 mil dólares por cada 10 líneas intervenidas. Las reuniones se mantuvieron en secreto hasta que la investigación de Señal Investigativa reveló fotos y documentos que evidencian la presencia de altos funcionarios colombianos durante estas negociaciones.

La incertidumbre sobre el control actual de Pegasus

Uno de los puntos más críticos del escándalo es que no se sabe en manos de quién está actualmente Pegasus, ni cuál es su propósito en estos momentos. Carlos Ramón González, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó a finales de junio de 2024 que Pegasus no está bajo el control del actual gobierno de Petro. Esto ha despertado gran preocupación, ya que el software podría estar siendo utilizado por militares retirados o grupos con intereses oscuros para espiar a ciudadanos y desestabilizar al Estado.

La Fiscalía General de la Nación ha asumido la tarea de investigar a varios generales retirados, conocidos como «generales criminales», quienes están señalados de haber participado en un plan para destruir la inteligencia estatal colombiana. Estos generales habrían estado involucrados en la adquisición de Pegasus y ahora son objeto de investigaciones por parte de un grupo especial de la Fiscalía.

Rumores de interceptaciones y chuzadas en Colombia

Desde junio de 2024, varios medios de comunicación y figuras públicas han expresado su preocupación por el posible regreso de las chuzadas en Colombia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por ejemplo, denunció que su teléfono había sido intervenido, lo que generó un gran revuelo en la opinión pública. Aunque más tarde se retractó de la denuncia, su declaración inicial fue suficiente para que surgieran rumores sobre nuevas interceptaciones telefónicas en el país.

El senador David Luna, un opositor al gobierno Petro, también denunció que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas, aunque no presentó pruebas al respecto. Las acusaciones de chuzadas han alimentado un ambiente de desconfianza y especulaciones sobre quién podría estar utilizando el software Pegasus.

¿Qué sigue para el software Pegasus?

La gran pregunta que queda por responder es quién tiene ahora el control de Pegasus y para qué se está utilizando. Aunque el gobierno de Petro ha sido señalado por algunos sectores de la oposición, la evidencia apunta a que Pegasus podría estar siendo operado por grupos que no están vinculados al actual gobierno, sino a actores que buscan desestabilizar la administración actual.

A medida que la Fiscalía avanza en sus investigaciones y se revelan más detalles sobre la compra y el uso de Pegasus, la expectativa es que se logre identificar a los responsables de la utilización ilegal de este software. La falta de transparencia sobre el destino de Pegasus y su posible uso en la interceptación de teléfonos de periodistas y figuras políticas sigue siendo motivo de preocupación para la sociedad colombiana.

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En respuesta a las recientes denuncias de espionaje, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que su gobierno no está involucrado en actividades de interceptación telefónica. Estas declaraciones surgen después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara una investigación sobre posibles escuchas ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. Petro ha asegurado que su administración se diferencia de las anteriores al prohibir expresamente el uso de la inteligencia estatal contra opositores, prensa o cortes.

Denuncias y Respuesta Presidencial

La Fiscalía abrió una investigación tras recibir denuncias de posibles interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Constitucional. Estas denuncias, reveladas inicialmente por el diario El Tiempo, señalan que algunos magistrados sospechan que están siendo espiados. Posteriormente, la revista Semana informó que José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, entregó una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que se denuncia una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.

Gustavo Petro, en su cuenta de X, respondió contundentemente: «Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado». El mandatario enfatizó que desde el primer día de su administración se ordenó a los organismos de inteligencia no utilizar sus capacidades contra la oposición, la prensa o las cortes. Petro también destacó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no cuenta con equipos para interceptar servicios de telefonía privada.

Acciones de la Fiscalía

La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía ha iniciado una investigación inmediata tras las denuncias presentadas por los magistrados de la Corte Constitucional. Entre las pruebas se incluye información sobre presuntas interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados y otros funcionarios con procesos sensibles.

Las funciones de los magistrados incluyen examinar si las reformas del gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen con los requisitos de constitucionalidad. Esto aumenta la gravedad de las denuncias, ya que cualquier intento de espionaje podría interpretarse como una interferencia directa en el poder judicial y en la independencia de sus funciones.

Contexto y Antecedentes

El escándalo actual evoca recuerdos de un caso similar durante la presidencia de Álvaro Uribe, donde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue descubierto instalando micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptando teléfonos de jueces, periodistas y opositores. Este escándalo resultó en condenas para varios responsables, incluyendo a Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados culpables de varios delitos.

En septiembre de 2017, Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado a más de siete años de prisión por su participación en estas actividades de espionaje, que incluían interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden judicial. Este oscuro capítulo de la historia colombiana resuena en el presente, alimentando las preocupaciones sobre la posible repetición de estos actos.

Declaraciones de los Magistrados

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, junto con otros magistrados, ha expresado su preocupación por las presuntas actividades de espionaje. En una carta entregada a la fiscal general, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció que él y su esposa son víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal. Esta persecución supuestamente incluye interceptaciones telefónicas, seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes, lo que ha sido denominado coloquialmente como «chuzadas» en Colombia.

La gravedad de estas denuncias ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha planteado serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las acciones del gobierno en relación con el uso de la inteligencia estatal. La claridad y contundencia en la respuesta del presidente Petro serán cruciales para abordar estas preocupaciones y mantener la confianza en las instituciones.

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