Cabe recordar que Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, publicó para comentarios un borrador de decreto que establece que el valor de las Viviendas de Interés Social (VIS) debe pactarse en pesos y no en salarios mínimos.

El proyecto de decreto mediante el cual “se establece el tope general del valor de la VIS, se armoniza el régimen reglamentario vigente, se fortalecen los derechos del consumidor y se dictan otras disposiciones» generó la reacción del presidente Petro, que salió a defender el incremento del salario mínimo vital.

En otro mensaje de X, el mandatario defendió el incremento del 22,7% y aseguró que “tiene que ver muy poco» con el valor de la VIS. Incluso, dijo que “indexar el precio de la vivienda por el salario vital» es “una aberración económica».

“¿Qué tiene que ver el valor de la vivienda con el salario vital? Muy poco. Una parte del costo laboral es el salario vital, pero el precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra. Indexar el precio de la vivienda por el salario vital es una aberración económica», puntualizó el jefe de Estado en su mensaje.

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Las empresas serán investigadas administrativamente por presuntas irregularidades en la fijación de cargos, informó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

 De acuerdo con la entidad de vigilancia y control, se formularon pliegos de cargos contra seis de los siete transportadores del sector de gas natural por redes, al parecer por la vulneración a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994; el artículo 4 de la Resolución CREG 080 de 2019, y el artículo 6 de la Resolución CREG 175 de 2021.

La SuperServicios no entregó los nombres de las empresas investigadas mientras concluye el proceso administrativo sancionatorios, pero informó que los investigados “no atendieron el procedimiento” establecido en la normatividad de la CREG al recalcular, de manera inadecuada, la tasa de descuento y hacer uso del 11,8 % establecido por ley.

Según la entidad, dicho recálculo afectaría de manera directa a los usuarios por traslados ineficientes a la tarifa que pagan en el servicio público domiciliario de gas natural en todo el país.

“Con fundamento en lo anterior, las personas jurídicas investigadas podrían ser sancionadas con multa y medidas procedentes”, señala la Superservicios.

 La entidad reiteró que continúa fortaleciendo sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar condiciones de eficiencia en la prestación del servicio y que haya estricto cumplimiento a la normatividad y regulación vigente, procurando la protección al usuario.

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