De esta forma, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del nuevo modelo de salud preventiva que impulsa su administración. “Todos los indicadores indican que cada vez hay más vida en Colombia, y más efectividad”, dijo. 

Al intervenir en el evento Gran Encuentro Nacional de Salud: ‘Defender la salud es defender a Colombia’, que se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario recordó que la crisis de las actuales EPS comenzó con la Ley 100 de 1993, durante el gobierno de César Gaviria, y tuvo ponente al senador Álvaro Uribe Vélez, “y que contó con mi voto negativo y el de otros 30 representantes a la Cámara porque presumíamos que al transformar al paciente en cliente, la salud se convertiría en un negocio, como efectivamente ocurrió”.

Agregó el presidente Petro que lo que ha ocurrido desde el año 93 a la fecha aún no lo conoce el pueblo: “La deuda que dejaron los dueños de las EPS con hospitales y clínicas públicas y privadas se liquidó. Al liquidarse, dejaron de pagar. Muchos hospitales y clínicas cerraron, como el San Juan de Dios de Bogotá, primer hospital de América, durante el gobierno de Andrés Pastrana”.

Luego, señaló, “a las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo: cogieron ese dinero, no para parar hospitales y pagar enfermeras, sino para ser la caja menor de quienes con fusiles mataban físicamente colombianos, conducirlos a fosas comunes y desaparecerlos”, explicó.

Añadió que “después vimos peores historias: el robo continuo por decenas de billones de pesos en las EPS, llámense Medimás, Cafesalud, la transformación del Instituto de Seguros Sociales en la nueva EPS, etc. 100 EPS quebradas porque sus propietarios se llevaron el dinero del pueblo”.

Durante el Covid, insistió el presidente Petro, una alcaldesa prefirió, en vez de abrir el San Juan de Dios, abrir una carpa por allá en algún sitio donde no entró ningún paciente, pero sí costó 20 mil millones de pesos. 

Al referirse a lo que en el gobierno anterior se llamó “acuerdo de punto final” para cancelar las deudas con hspitals y clínicas, el jefe de Estado se preguntó: “¿Dónde está el pago de la deuda?. ¿Y dónde está el dinero que del presupuesto nacional se entregó a las EPS como punto final?”.

En ese sentido, aseguro que el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, lo que hizo fue profundizar que las EPS se volvieran intermediarios financieros e invertir los recursos públicos en lujos y no en atención a los ciudadanos.

“Hoy sabemos que la salud fue desfalcada en Colombia, que fue mejor negocio robarse los dineros públicos de la salud que transportar en avioneta cocaína a los Estados Unidos. Los capos morían, en cambio, los dueños de EPS que se robaban la salud eran aplaudidos por la prensa, no descubiertos. Hasta que llegamos nosotros. Y entonces, lo que estamos viendo es que ahora somos nosotros los responsables de la quiebra de la EPS”, afirmó. 

El presidente Petro se preguntó: “¿Cuál fue el gobierno que, por primera vez en la historia de Colombia, redujo la mortalidad infantil de menores de un año a un porcentaje menor a diez por cada mil nacidos vivos en Colombia? ¡Lo hicimos nosotros, y tenemos las cifras para demostrarlo!”, aseguró el jefe de Estado.

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Estas decisiones se adoptan para asegurar la continuidad del servicio sin afectaciones para los usuarios, y así avanzar con mayor eficacia en los planes de intervención establecidos por la Supersalud.

Nuevos agentes interventores designados:

Ilsen Inés Jaramillo Laserna, abogada y especialista en derecho público, asumirá la intervención de Emssanar.

Laín Eduardo López Martínez, médico cirujano con especializaciones en Gerencia Financiera de Servicios de Salud y Gerencia de la Calidad y Auditoría, designado como interventor de Asmet Salud.

William Humberto Salgado Gamboa, contador público con especialización en Gerencia Financiera, será el nuevo interventor de Savia Salud EPS.

Luis Óscar Galves Mateus, bacteriólogo y laboratorista clínico, con especialización en Gerencia de Servicios de Salud, designado como interventor de Nueva EPS. 

El Superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez, destacó que estas designaciones buscan mejorar la capacidad de respuesta institucional.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada colombiano reciba una atención en salud digna, oportuna y de calidad. Con estos nombramientos fortalecemos la intervención y seguimos avanzando hacia un sistema más transparente y eficaz”, afirmó.

El Gobierno Nacional reiteró que la continuidad del servicio está garantizada y que las medidas adoptadas permitirán avanzar en la reorganización, vigilancia y mejora del funcionamiento de estas EPS, en beneficio de millones de afiliados en todo el país.

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La sostenibilidad del sistema de salud en Colombia enfrenta un nuevo desafío tras revelarse que siete EPS han facturado servicios médicos por casi 80.000 millones de pesos correspondientes a personas fallecidas. Este preocupante hallazgo pone en evidencia posibles actos de corrupción que desvían recursos públicos esenciales, afectando la calidad de la atención médica en el país.

Hallazgos que preocupan a las autoridades de salud

Un informe de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud detalla que la facturación post mortem aumentó un 1.000 % en 2023, año en el que las irregularidades comenzaron a salir a la luz. Las autoridades han identificado a siete EPS como responsables de estas prácticas.

Compensar: la EPS con mayores irregularidades

Encabezando la lista se encuentra Compensar, que facturó 53.959 millones de pesos por servicios prestados a 4.569 usuarios fallecidos. Esta cifra representa el mayor porcentaje del monto total reportado. Según el ministro de Salud, los datos corresponden a servicios registrados después del fallecimiento de los usuarios, evidenciando graves fallas en los sistemas de control y auditoría.

El ministro calificó el fenómeno como “alarmante” y afirmó que se investigarán las causas detrás de estos cobros irregulares para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos del sistema de salud.

Otras EPS implicadas en el escándalo

Además de Compensar, otras EPS involucradas en la facturación indebida son:

• Famisanar: Facturó servicios para 30.007 personas fallecidas, sumando más de 6.198 millones de pesos.
• Salud Total: Emitió cobros por 5.752 millones de pesos, relacionados con 3.128 usuarios fallecidos.
• Sura: Registró 6.520 servicios médicos a fallecidos, con un valor aproximado de 3.342 millones de pesos.
• Sanitas: Reportó servicios a 2.752 fallecidos, cobrando 2.020 millones de pesos.
• Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia: Incluyó 612 casos, con cobros por 2.499 millones de pesos.
• Esta Salud: Facturó servicios médicos para 633 personas fallecidas, por un valor de 1.623 millones de pesos.

Estas cifras resaltan la necesidad de una revisión profunda de los procesos administrativos y de facturación en el sector salud.

Posibles causas detrás de los cobros indebidos

Expertos han señalado que estas irregularidades podrían estar relacionadas con inconsistencias en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un indicador que determina los recursos asignados a las EPS por cada afiliado.

El problema radica en que la UPC no se calcula con base en la inflación del sector salud, sino en la inflación general del país, lo que podría haber incentivado la emisión de facturas indebidas para compensar costos operativos.

Esta distorsión, combinada con deficiencias en los sistemas de control, ha permitido que las irregularidades pasen desapercibidas durante años.

Repercusiones y el llamado a fortalecer los controles

El impacto de estos cobros indebidos no solo afecta la transparencia del sistema de salud, sino que también compromete la calidad de la atención médica a los usuarios vivos. El desvío de recursos públicos esenciales pone en riesgo la sostenibilidad del sector y la confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables.

Las autoridades de salud han iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad de las EPS implicadas y garantizar que estas prácticas sean erradicadas. Fortalecer los sistemas de control y auditoría será clave para evitar que estas irregularidades se repitan en el futuro.

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En un debate que refleja la polarización política en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha defendido el reciente incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la salud, en medio de críticas de la oposición. El mandatario respondió con firmeza a los señalamientos que califican la medida como insuficiente y potencialmente perjudicial para el sistema de atención médica.

Incremento de la UPC: una decisión cuestionada

El aumento de la UPC, que supera la inflación proyectada del 3% para este año, ha generado controversia. Petro argumentó que la cifra es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y calificó las críticas como un intento de algunos sectores por favorecer a actores privados que se benefician de los recursos públicos. «¿Por qué es criminal que la UPC crezca más que la inflación?», cuestionó el mandatario, defendiendo su postura.

Contexto económico y presupuestal

El presidente explicó que la falta de discusión en el Congreso sobre el presupuesto y la ley de financiamiento obligó a su gobierno a ajustar los gastos en lugar de incrementarlos de manera significativa. La decisión de aumentar la UPC en un 5,36% refleja una medida calculada para mantener la estabilidad del sistema sin comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado.

Denuncias de corrupción en el sistema de salud

En respuesta a las críticas, Petro señaló irregularidades históricas que, según él, han debilitado al sistema de salud en Colombia. Entre las denuncias presentadas destacó:

Malversación durante la pandemia

Según el mandatario, se desviaron cerca de 9 billones de pesos destinados al sector salud durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Estos recursos públicos fueron usados de manera irregular, dejando huellas de corrupción en los procesos de contratación y distribución de fondos.

Irregularidades con las EPS

Petro criticó al exministro Alejandro Gaviria por transferir recursos a las EPS sin que estas cumplieran las reservas técnicas exigidas por la ley, generando un déficit de 10 billones de pesos. Señaló también a entidades específicas como Coosalud y Nueva EPS por prácticas que calificó como fraudulentas.

Respuesta a la oposición

Las críticas al gobierno surgieron luego de que se anunciara que el incremento de la UPC sería menor al aumento del salario mínimo, lo que la oposición describió como «criminal» por su impacto en las EPS y hospitales distritales. Petro acusó a estos sectores de respaldar un sistema plagado de corrupción y enfatizó su compromiso con reformas estructurales.

Afectaciones en EPS como Capital Salud

El mandatario reconoció los desafíos que enfrentarán entidades como Capital Salud debido al ajuste presupuestal, pero reiteró que su gobierno no perpetuará prácticas que han generado multimillonarias pérdidas para el Estado. Con un contundente «¡Mamola!», Petro cerró su declaración, dejando clara su intención de marcar un cambio en el modelo de financiamiento.

El debate sobre la UPC y el sistema de salud en Colombia continuará siendo un tema clave en la agenda nacional. Las decisiones que tome el gobierno en este campo podrán definir el futuro de la atención médica en el país.

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La reforma a la salud, una de las iniciativas más emblemáticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, continúa su trámite en el Congreso de la República. En la reciente sesión plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó el informe de ponencia positiva con 84 votos a favor, lo que permite que el proyecto avance en su discusión legislativa.

Avances recientes en la reforma a la salud

Durante la sesión plenaria, se presentó una propuesta para archivar la reforma; sin embargo, esta fue rechazada con 87 votos en contra, lo que demuestra un respaldo significativo al proyecto por parte de los congresistas. La representante María Fernanda Carrascal denunció intentos de la oposición por dilatar el debate, incluyendo la salida del recinto para afectar el quórum necesario. A pesar de estas maniobras, la discusión avanzó, y la reforma se mantiene como el único punto en el orden del día durante las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 19 de diciembre.

Detalles clave de la reforma propuesta

La reforma a la salud busca transformar el sistema sanitario colombiano mediante la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la creación de Gestoras de Salud y Vida, que coordinarán la prestación de servicios sin manejar directamente los recursos financieros. Además, se propone la implementación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) para mejorar el acceso a servicios básicos y la centralización de los recursos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que se encargará de los pagos directos a clínicas y hospitales.

Desafíos y perspectivas futuras

A pesar de los avances, la reforma enfrenta desafíos significativos. La pérdida de control del Gobierno en la Cámara de Representantes ha complicado la aprobación de sus iniciativas legislativas, incluyendo esta reforma. La falta de quórum en sesiones anteriores y las críticas de diversos sectores políticos reflejan la complejidad del debate. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha mostrado optimista, confiando en que las sesiones extraordinarias permitirán la aprobación de la reforma antes de finalizar el año.

Implicaciones para el sistema de salud colombiano

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, con deudas crecientes de las EPS hacia hospitales y clínicas, ha generado preocupación sobre la sostenibilidad del modelo actual. La reforma propuesta busca abordar estas problemáticas estructurales, pero ha generado divisiones en la opinión pública y en el ámbito político. La aprobación de esta reforma podría significar cambios profundos en la prestación de servicios de salud, impactando a pacientes, profesionales y entidades del sector.

En conclusión, la reforma a la salud en Colombia continúa su curso en el Congreso, enfrentando tanto apoyos como oposiciones. Las próximas sesiones serán determinantes para definir el futuro de esta iniciativa y su impacto en el sistema sanitario del país.

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La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado una investigación sancionatoria contra la EPS Salud Total, tras detectar múltiples irregularidades que afectan directamente la atención a sus afiliados. Entre las fallas más relevantes se encuentra la no entrega oportuna de medicamentos y la deficiente atención a grupos de especial protección como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Estos hallazgos han generado preocupación tanto entre los usuarios como en las autoridades, dado que se trata de una violación a las normativas del Sistema de Salud en Colombia.

Investigación por incumplimientos graves

La Superintendencia de Salud inició el proceso investigativo luego de una auditoría realizada entre el 9 y el 12 de abril de este año en las instalaciones de Salud Total en Bucaramanga. Durante esta visita, un equipo auditor detectó al menos once presuntos incumplimientos por parte de la EPS, que van desde falta de entrega oportuna de medicamentos hasta atención inadecuada a personas en situación de vulnerabilidad.

Una de las principales preocupaciones es la no entrega de más de 15,000 medicamentos a pacientes después de 90 días, superando ampliamente el plazo establecido. Este retraso en la entrega afecta gravemente la salud de los afiliados, quienes se ven obligados a asumir costos adicionales y enfrentar una mayor carga de enfermedad debido a la falta de tratamiento oportuno.

Irregularidades en la atención a usuarios vulnerables

Durante la auditoría, también se identificaron fallas significativas en la atención al usuario. En particular, los auditores observaron largas filas y demoras excesivas en la asignación de turnos, sin trato preferencial para mujeres embarazadas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Esto representa una vulneración directa a los derechos de estos grupos de especial protección, quienes deben esperar tiempos prolongados para recibir la atención que necesitan.

Además, se encontraron inconsistencias en los reportes de información suministrados por la EPS, lo que plantea dudas sobre la transparencia de su operación y el manejo adecuado de los recursos destinados a la salud de los afiliados.

Relación financiera con Audifarma bajo la lupa

Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación es la relación financiera entre Salud Total y Audifarma, la organización encargada de la gestión de medicamentos. Según los informes preliminares, durante la auditoría se evidenció que Salud Total habría utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para financiar a Audifarma, o generarle liquidez. Esta presunta desviación de fondos podría tener graves consecuencias legales para la EPS, que podría enfrentar sanciones por no cumplir con los requisitos financieros del sistema.

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, enfatizó que estas fallas no solo afectan el acceso a medicamentos, sino que ponen en riesgo la salud y el bienestar de miles de colombianos afiliados a la EPS, quienes se ven forzados a realizar trámites innecesarios y costosos para obtener los tratamientos que necesitan.

Posibles sanciones y seguimiento a la investigación

La Superintendencia Nacional de Salud ha dejado claro que se llevará a cabo una exhaustiva revisión de los hechos para determinar las responsabilidades pertinentes en este caso. Dependiendo de los resultados de la investigación, la EPS Salud Total podría enfrentar sanciones económicas y administrativas por sus incumplimientos.

Mientras tanto, la comunidad afiliada a Salud Total y el público en general se mantienen a la expectativa de los desarrollos del caso. Las autoridades están comprometidas a garantizar que se tomen las medidas correctivas necesarias para asegurar que los afiliados reciban la atención y los medicamentos que requieren, sin demoras ni inconvenientes.

La Superintendencia continuará monitoreando de cerca la situación para evitar que estas irregularidades se repitan y para proteger los derechos de los usuarios del sistema de salud en Colombia.

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La Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) ha revelado un importante hallazgo en una auditoría realizada a la EPS Salud Total, donde se detectó una financiación irregular de $77.500 millones hacia la farmacéutica Audifarma. Este dinero, que debía destinarse exclusivamente para la atención en salud, fue utilizado en una operación crediticia que favoreció a Audifarma, generando preocupaciones sobre el uso indebido de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Irregularidades detectadas en las auditorías

En el marco de auditorías realizadas a Salud Total en abril de 2024 y a Audifarma en mayo del mismo año, la SuperSalud descubrió que estos desembolsos se realizaron en varios pagos entre 2022 y 2024. El dinero fue presentado como un “anticipo” y se registró en los libros contables de Audifarma como un préstamo, por el cual la farmacéutica pagó intereses a la EPS.

El uso indebido de los recursos públicos

Este tipo de operación es cuestionable, ya que los recursos del SGSSS están estrictamente destinados a la atención en salud y no pueden ser utilizados para actividades financieras. Según Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, “No es posible que con los recursos públicos de la salud de las y los colombianos se esté apalancando el funcionamiento de entidades que no están entregando de manera oportuna y completa los medicamentos que necesitan para la atención en salud”.

Reacciones y medidas tomadas

Tras el descubrimiento, la SuperSalud decidió trasladar el caso a la Superintendencia de Sociedades para que se investigue a fondo la operación financiera y se determinen posibles sanciones. Además, se ha abierto una investigación administrativa contra la EPS Salud Total, con el fin de determinar la responsabilidad de la entidad en el manejo indebido de los recursos públicos.

Audifarma bajo la lupa

En el análisis realizado, se evidenció que Audifarma, a lo largo de 2023, pagó a Salud Total $1.633 millones en concepto de intereses, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una operación crediticia encubierta. Este comportamiento no solo afecta la provisión de medicamentos y servicios, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud.

Implicaciones para el sistema de salud

El caso de Salud Total y Audifarma refleja un problema estructural en la supervisión y manejo de los recursos de la salud en Colombia. El desvío de fondos destinados a la atención de los usuarios para operaciones financieras genera un impacto directo en la calidad y accesibilidad de los servicios de salud, lo que resulta preocupante para los millones de colombianos que dependen de estas entidades.

Otras denuncias similares

Este no es el primer caso en el que se denuncian manejos irregulares por parte de EPS. Recientemente, otras entidades como Famisanar y Sanitas se comprometieron a pagar deudas millonarias a hospitales y droguerías, lo que deja en evidencia la crisis en el sector y la necesidad de reforzar los mecanismos de control.

Lo que viene para Salud Total y Audifarma

El proceso de investigación continuará bajo la supervisión de la SuperSalud y la Superintendencia de Sociedades, mientras se espera que se tomen decisiones contundentes para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

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La exministra de Salud, Carolina Corcho, ha vuelto a encender las alarmas en el sistema de salud colombiano al revelar un nuevo y preocupante hallazgo: según los estados financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), faltan 13 billones de pesos adicionales a los 11.3 billones ya denunciados por la Contraloría. Estas cifras alarmantes, correspondientes al periodo 2020-2024, plantean serias dudas sobre la gestión y el control de los recursos públicos en el sector salud.

Un escándalo que crece: nuevas cifras salen a la luz

La noticia sobre los 11.3 billones de pesos robados por las EPS, revelada recientemente por la Contraloría, ya había causado un gran impacto en la opinión pública. Sin embargo, Carolina Corcho ha advertido que esta cifra solo representa la punta del iceberg, ya que los estados financieros de las EPS muestran la desaparición de otros 13 billones de pesos, correspondientes al mismo periodo. Estos fondos, que debían estar destinados a la atención médica durante la pandemia, aparentemente han sido utilizados en actividades ajenas a la salud, como fiestas, bonos, clases de yoga y pilates.

La falta de control: un problema sistemático

La exministra ha señalado que este desfalco es posible debido a la falta de control y auditoría en el manejo de los recursos públicos asignados a las EPS. Según Corcho, el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) entrega estos fondos de manera anticipada, y solo después de haber sido utilizados, las EPS presentan sus informes financieros. Esto crea un ambiente propicio para el mal uso de los recursos, ya que «no hay una auditoría que garantice el correcto destino de estos fondos,» afirmó Corcho.

Implicaciones para el sistema de salud

Las implicaciones de estas revelaciones son profundas. El sistema de salud colombiano, ya afectado por múltiples problemas estructurales, se enfrenta a un nuevo reto que amenaza la sostenibilidad de sus finanzas. La falta de recursos adecuados para enfrentar emergencias como la pandemia del 2020 pone en riesgo la salud de millones de colombianos y debilita la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.

¿Qué sigue para las EPS?

Ante estos hallazgos, surge la pregunta: ¿qué medidas se tomarán para recuperar estos fondos y evitar que algo similar vuelva a ocurrir? La responsabilidad recae tanto en el gobierno como en las entidades de control, que deberán actuar con prontitud y rigor para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y transparente.

Perspectivas futuras: el camino hacia la transparencia

La denuncia de Carolina Corcho subraya la necesidad urgente de reformar el sistema de control y auditoría en la administración de los recursos de salud. Es imperativo implementar mecanismos más estrictos y transparentes que aseguren que los fondos lleguen a donde más se necesitan: los pacientes. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema y garantizar un futuro más saludable para todos los colombianos.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que las autoridades tomen medidas decisivas para aclarar estos hechos y sancionar a los responsables. La salud de millones de colombianos depende de ello.

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La Contraloría General de la República, dirigida por Carlos Hernán Rodríguez, ha revelado serias irregularidades en el manejo de recursos de salud por parte de 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS). Los hallazgos señalan un desvío de $6 billones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante el año 2020, destinados a usos no relacionados con la salud, como anticipos de viajes y clases de yoga y pilates.

Desvío de recursos de la UPC

La fiscalización realizada por la Contraloría General de la República ha sacado a la luz prácticas inadecuadas en el manejo de los fondos de la UPC. Se encontró que las EPS estaban utilizando recursos actuales para saldar deudas antiguas, lo cual se considera una indebida apropiación de recursos, dado que las deudas de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son obligaciones privadas y no deben ser cubiertas con fondos destinados a la salud.

Casos específicos de desviación

Uno de los casos más destacados es el de la EPS S.O.S., que utilizó recursos excedentes de 2020 para pagar deudas por $86 mil millones de pesos correspondientes a periodos entre 2003 y 2015. Estas deudas ya estaban prescritas o las acciones judiciales habían caducado. De manera similar, la Nueva EPS saldó deudas de entre 2008 y 2015 por $62 mil millones de pesos, y CONVIDA EPS utilizó $4 mil millones para el mismo propósito. La EPS ECOOPSOS también pagó $1.621 millones correspondientes a vigencias anteriores.

Excedentes operacionales y pagos sin soporte

El análisis de la Contraloría reveló excedentes operacionales en las EPS que ascendieron a más de $6 billones en 2020, $3 billones en 2021, y $1.8 billones en 2022. Además, se encontraron pagos sin soporte que suman $5.3 billones de pesos, debido a la diferencia entre lo facturado por servicios prestados y lo pagado. La Nueva EPS tenía pagos sin soporte por $2.1 billones, mientras que la EPS FAMISANAR tenía $643 mil millones sin justificar.

Impacto en la gestión de recursos de salud

Estos hallazgos aún no han sido enviados a proceso de responsabilidad fiscal. La Contraloría está en espera de que las EPS presenten los soportes correspondientes durante los próximos seis meses. De no recibir la documentación necesaria, el monto total podría ascender a $11.3 billones, sumando los $6 billones ya enviados a proceso.

Acciones de la Contraloría

El contralor Rodríguez anunció que, como resultado de esta fiscalización, se han identificado 61 hallazgos con incidencia administrativa y 37 con incidencia fiscal, que suman $6 billones. Estos hallazgos darán inicio a procesos de responsabilidad fiscal por la presunta indebida destinación de recursos de UPC en 2020.

Indagaciones y traslados a la Fiscalía

Asimismo, 24 hallazgos se han remitido a indagación preliminar por $5.3 billones debido a diferencias entre lo facturado y lo pagado. Además, 37 hallazgos con incidencia penal han sido trasladados a la Fiscalía y otros 37 con incidencia disciplinaria a la Procuraduría.

EPS implicadas

Las 24 EPS implicadas en esta fiscalización incluyen, entre otras, a Aliansalud EPS, Nueva EPS, Capital Salud, Sanitas y Famisanar. Estos hallazgos reflejan una gestión inadecuada y desvío de fondos públicos destinados a la salud.

El listado completo de las EPS analizadas es el siguiente:

1. Aliansalud E.P.S.
2. Alianza Medellín Antioquia EPS SAS Savia Salud EPS
3. Anas Wayuú EPSI
4. Asmet Salud EPS S.A.S
5. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira Dusakawi EPSI
6. Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena
7. Emssanar Sociedad por Acciones Simplificadas Emssanar SAS
8. Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, Entidad Promotora de Salud Mutual SER EPS
9. Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado S.A.S Capital Salud EPS S SAS.
10. Capresoca E.P.S
11. Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. Coosalud EPS S. A.
12. Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS SAS – Ecoopsos EPS SAS
13. Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS S Convida
14. Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS – EPS FAMISANAR SAS
15. Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS Indígena
16. Entidad Promotora de Salud PIJAOS SALUD EPSI
17. Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS EPS SANITAS SAS
18. Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S. A. SOS
19. EPS Suramericana S. A. EPS SURA
20. Fundación Salud MIA EPS
21. Nueva Empresa Promotora de Salud S. A. – Nueva EPS S. A.
22. Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud (EAS)
23. Salud Total
24. Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

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El presidente de la República, Gustavo Petro, ha vuelto a dirigir duras críticas hacia las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en medio de una crisis significativa en el sector salud de Colombia. A través de su cuenta personal en la plataforma X, Petro denunció que algunas EPS han desviado dineros públicos hacia más de 100 clínicas ficticias, las cuales no brindan atención médica alguna.

Desvío de Fondos Públicos

Petro afirmó en su publicación que «más de 100 clínicas ficticias a donde algunas EPS giraban dineros públicos sin existir atención. Así se robaban los dineros de la salud.» Esta declaración se produce en el contexto de su frustrada reforma a la salud, un proyecto que el Congreso rechazó semanas atrás, pero que el mandatario continúa defendiendo.

Reforma a la Salud

A pesar del rechazo legislativo, Petro sostiene que su propuesta de reforma tiene fundamentos sólidos. En su cuenta de X, el presidente destacó que uno de los mecanismos exitosos para la reactivación económica ha sido el giro directo a clínicas y hospitales. Según Petro, «el segundo renglón en importancia para la reactivación de la economía en mayo ha sido la reactivación de hospitales y clínicas» mediante giros directos que no pasan por las EPS.

Así se roban la salud en Colombia: Más de 100 IPS y clínicas ficticias. pic.twitter.com/8Kk8GMvhx7

— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) July 8, 2024

Implementación de Giros Directos

Petro argumenta que la reactivación de la atención en salud en el país se debe a esta política de giros directos. «Esta reactivación de la atención en salud en el país se debe a los giros directos, sin pasar por las EPS, que el gobierno hace a las clínicas y hospitales. Aquí se comprueba la razón que tenía la reforma a la salud.» Esta medida, según el mandatario, valida su fallida reforma y muestra la necesidad de cambiar el sistema actual de salud.

Críticas a la Intervención Gubernamental

No obstante, esta política ha sido objeto de críticas por parte de varios sectores. La representante a la Cámara, Catherine Juvinao Clavijo, conocida como Cathy Juvinao, señaló en una entrevista con Vicky en Semana que la intervención del gobierno en las EPS ha generado un aumento significativo en las quejas de los usuarios.

Análisis de Quejas

De acuerdo con Juvinao, tras la intervención en las EPS Sanitas y Nueva EPS en abril de 2024, las quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud aumentaron considerablemente. «Desde que cualquier persona tenga que ir a la SuperSalud, es porque ya hay una barrera de acceso», afirmó Juvinao, agregando que «es muy grave porque la barrera de acceso a la tecnología o tratamiento puede hacer la diferencia para que una persona siga viviendo o muera.»

Impacto en la Población

El análisis de Juvinao reveló que, tras la intervención del gobierno, las quejas aumentaron un 38% en Savia Salud, 31% en Sanitas, 29% en Nueva EPS, 26% en Emssanar, 23% en Famisanar y 20% en Asmet Salud. Estas cifras reflejan una preocupación significativa, ya que estas seis EPS cubren a 24.7 millones de personas, prácticamente la mitad de la población colombiana.

Consecuencias de la Intervención

Juvinao calificó las acciones del gobierno como una «lógica cantinflesca, alucinante», argumentando que «el gobierno se dio un tiro en el pie, todas las EPS intervenidas tuvieron picos históricos de quejas.» Esta situación plantea serias dudas sobre la efectividad de las políticas implementadas y resalta la necesidad de una solución más integral y efectiva para el sector salud en Colombia.

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