(Foto de portada/En esta ocasión, el proceso de empalme muestra una hostilidad inédita. En primer lugar, se destaca la negativa del mandatario entrante, De la Espriella, a asistir a la Casa de Nariño)

Hay una fuerte tensión en las comunicaciones de los voceros del gobierno entrante, quienes señalan una presunta falta de colaboración y trabas al acceso a la información por parte de los funcionarios salientes, comportamiento que refleja un proceso que continúa y reproduce las dinámicas de la contienda electoral pasada.

Los procesos de empalme entre los gobiernos entrantes y salientes no son solo un requisito institucional, también forman parte de la teatralidad política necesaria en un sistema democrático. La idea del encuentro entre los antiguos contrincantes configura las formas en que una democracia simboliza la alternancia política y la continuidad del Estado. Sin embargo, el proceso de empalme entre la administración saliente de Petro y la entrante de De la Espriella no ha seguido las rutinas tradicionales de nuestra historia política. Dichas tensiones reflejan lo que será la base discursiva de la administración entrante y envían señales preocupantes sobre la continuidad de la campaña permanente en el ejercicio del nuevo gobierno.

Los empalmes: entre la rutina, la espectacularización y la sacralización

En toda sociedad existe una serie de rituales, procesos o acciones que separan lo profano (lo cotidiano) de lo sagrado (lo que responde a un orden superior o está sacralizado). Las instituciones públicas están profundamente atravesadas por esta sacralización de sus prácticas, rituales y lenguajes. El ritual de las elecciones, el acto de posesión y el proceso de empalme forman parte de aquellas expresiones que sacralizan, por un lado, la legitimidad democrática y, por otro, la magistratura presidencial.

En Colombia, en un contexto de arraigo santanderista, estos procesos se han institucionalizado progresivamente. Para ello, se cuenta con un marco normativo básico en torno a los deberes de los funcionarios salientes, guiado por los principios del derecho de acceso a la información, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Este marco se formalizó en 2005 mediante la Ley 951. Dicha norma no es propiamente un “libro blanco” ni un manual de instrucciones sobre la ritualidad, sino más bien una delimitación de responsabilidades y funciones para los cargos públicos entrantes y salientes. De ahí que, en la práctica, el empalme combine una serie de reglas informales con un marco normativo general y con las reglamentaciones de la Función Pública y de otros entes administrativos.

En nuestra historia reciente, los empalmes han sido, por lo general, procesos centrados en la espectacularización del intercambio entre el mandatario saliente y el entrante, por encima del interés en la gestión técnica. Así, por ejemplo, la expectativa nacional en torno a la cordialidad —o la falta de ella— en el encuentro entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, debido a su rivalidad política, resultaba mucho más mediática que los asuntos técnicos y el acceso a la información entre los gabinetes. Existió un interés notablemente menor en las transiciones entre Pastrana y Uribe, Uribe y Santos, e incluso entre Santos y Duque.

En tiempos recientes, la expectativa aumentó considerablemente durante el período de transición entre la administración de Duque y la entrante de Petro. No obstante, en aquella ocasión, el encuentro en la Casa de Nariño distensionó el ambiente político. Esta dinámica se repitió entre las vicepresidentas entrante y saliente, lo cual ayudó a generar un ambiente de mayor tranquilidad, aun cuando el equipo de empalme del gobierno Petro formuló duros cuestionamientos a la información entregada y al estado en que recibían el país. Es decir, aunque ya existían tensiones institucionales, el ethos político del encuentro presidencial prevaleció como el mensaje más relevante.

La judicialización del empalme: el relato de la auditoría forense

En esta ocasión, el proceso de empalme muestra una hostilidad inédita. En primer lugar, se destaca la negativa del mandatario entrante, De la Espriella, a asistir a la Casa de Nariño para sostener el tradicional encuentro con el presidente saliente. Esta falta de cordialidad marca una ruptura drástica con la tradición, dado que la reunión presidencial representa, en el plano informal, el primer paso de acercamiento entre las partes.

Por otra parte, se observa una fuerte tensión en las comunicaciones de los voceros del gobierno entrante, quienes señalan una presunta falta de colaboración y trabas al acceso a la información por parte de los funcionarios salientes. Frente a esto, el equipo del gobierno saliente ha respondido tachando dichas afirmaciones de falsas. A esto se suman los pronunciamientos en medios de comunicación de los posibles nuevos ministros, quienes denuncian faltas de transparencia y presentan solicitudes de información a través de canales hostiles, como los derechos de petición, ignorando los meses de preparación previa del gobierno saliente.

Este comportamiento refleja un proceso que continúa y reproduce las dinámicas de la contienda electoral pasada: una alta confrontación y un ataque sistemático al gobierno que se retira. Al transformar un trámite administrativo en un escenario de sospecha, la nueva administración configura el relato de una “auditoría forense”. Este concepto no opera como una herramienta técnica de revisión de cuentas, sino como una estrategia de enmarcamiento (framing) jurídico. Al presentar el empalme bajo la narrativa de un peritaje criminal o judicial, el gobierno entrante busca preconstituir la idea de que está recibiendo una “escena delictiva”. Este encuadre traslada el debate del terreno de la eficiencia política al de la responsabilidad penal, con lo que construye desde el primer día el sustento jurídico y discursivo para anular las políticas de la administración anterior.

Foto: Radio Nacional

¿Empalme o batalla contracultural?

De la Espriella ha mencionado en uno de sus comunicados más recientes que, durante su administración, librará una “batalla contracultural” contra los relatos de la izquierda. Esta idea de construir una hegemonía cultural como eje del ejercicio político, tan común en los discursos de las nuevas derechas globales, ayuda a entender la dinámica de este empalme. Lo que la ciudadanía colombiana está observando es un proceso a dos manos y en dos tiempos: mientras las reuniones se realizan bajo una aparente formalidad institucional, se aprovecha el interés ciudadano para construir un relato mediático de crisis absoluta en la administración del Estado o de la existencia de un macroestablecimiento de corrupción que debe ser combatido.

Por ello, no es ajeno que, en un esfuerzo de control de daños, la administración saliente manifestara su interés en transmitir en directo las mesas de empalme. La respuesta del director de empalme del gobierno entrante fue tajante al rechazar lo que consideró un “show mediático”, mientras el mandatario entrante grababa un vídeo desde su residencia en el Caribe con una serpiente.

Estamos, de este modo, ante un marco narrativo bipolar. Por un lado, una administración entrante que busca arrogarse un sentido de rigor técnico y defensa institucional frente a un gobierno saliente al que un sector del electorado siempre le cuestionó su capacidad técnica. Por otro lado, el nuevo gobierno mantiene un lenguaje de campaña agresivo y propone el “espejo retrovisor” como un ejercicio permanente. Si bien el uso del retrovisor es común en nuestra cultura política, en esta ocasión se presenta con mayor hostilidad. El objetivo no es solo legitimar al mandatario entrante, sino también cerrar cualquier posibilidad de competencia electoral futura a los integrantes de la administración saliente, lo que deslegitima de paso cada una de sus acciones.

Hay que recordar que, a pesar de la profunda tensión existente entre Duque y Petro durante su transición, el gobierno entrante de la época resaltó algunas acciones, programas y resultados de la administración saliente, ya fuera por cordialidad o como un ejercicio sincero de reconocimiento a la continuidad del Estado; una situación que, hasta ahora, parece no ocurrir en este período.

Mantener la dinámica de cordialidad y respeto entre las administraciones entrantes y salientes es una necesidad democrática, más aún cuando los recientes resultados electorales reflejan una sociedad profundamente dividida. Prolongar la confrontación electoral y convertirla en la base del nuevo gobierno constituye un escenario complejo y peligroso para el país. Nuestra democracia requiere un análisis más profundo y, sobre todo, una mayor preparación para evitar que estas tensiones se conviertan, de ahora en adelante, en la regla de la ritualidad de los procesos de empalme.

*Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, docente Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Universidad del Valle.

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“El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más», manifestó el el Jefe de Estado.

En el mismo contexto, indicó que no permanecerá en el poder más allá del término constitucional de su mandato y rechazó cualquier posibilidad de hacerlo.

“Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución», aseveró.

También anunció que durante el proceso de entrega del Gobierno se instalarán “sillas vacías» para representar al equipo de empalme de la administración entrante.

“Se colocarán sillas vacías en espera de quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar», expresó el presidente Petro.

En su mensaje, agregó que responderá por la vía judicial a las acusaciones realizadas en su contra: “Las calumnias proferidas por ex convictos y familiares de convictos serán respondidas judicialmente».

Además, aseguró que finalizará su mandato con un patrimonio inferior al que tenía al asumir la Presidencia y afirmó que sus cuentas permanecen bloqueadas por decisiones del gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Estado informó que el próximo 20 de julio pronunciará su último discurso público como jefe de Estado en el suroccidente de Bogotá, donde se despedirá de las Fuerzas Militares.

“El 20 de Julio daré mi último discurso público como presidente de Colombia», anunció.

El mandatario, finalmente, reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales del 21 de junio, asegurando que presentará una demanda de nulidad sustentada en las pruebas recopiladas por su equipo.

Falta de respeto

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de las sesiones conjuntas del proceso de empalme con la administración entrante, al considerar que no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar con este ejercicio democrático.

La decisión fue dada a conocer este martes 7 por el ministro de Hacienda y coordinador del Comité Nacional de Empalme, Germán Ávila, quien también informó que se solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación durante el proceso.

“El Comité Nacional de Empalme del Gobierno nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme, hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico, serio y respetuoso de la Constitución y la ley», manifestó.

El empalme no es un juicio

“Antes de dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy, el Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional considera necesario realizar una declaración institucional. Desde el primer momento asumimos este proceso con profundo sentido de Estado.

Lo hicimos convencidos de que el empalme no pertenece a un gobierno, a un partido o a un proyecto político, pertenece a Colombia. Su propósito es garantizar la continuidad de la administración pública, proteger el interés general y asegurar que millones de colombianos continúen recibiendo los servicios del Estado sin interrupciones.

Por esta razón hemos actuado conforme a la Constitución y a la Ley 951 del 2005 y a las directrices que regulan este proceso, convencidos de que la grandeza de una democracia también se refleja en la manera como un gobierno concluye su mandato y cumple sus deberes frente al país.

Sin embargo, debemos expresar con profunda preocupación que ese espíritu institucional no ha encontrado la misma reciprocidad. El pasado domingo, uno de los integrantes del Comité de Empalme del gobierno entrante, el señor Carlos Alonso Lucio, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la que formuló graves señalamientos contra el señor presidente de la República y de su equipo de gobierno y además se sigue presentando públicamente este proceso como un supuesto empalme anticorrupción.

Respetamos plenamente el derecho de toda persona a expresar sus opiniones, pero una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente.

El empalme no fue concebido para eso, el empalme no es una investigación penal, el empalme no es un juicio, el empalme no es una plataforma política, el empalme es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”

Apartes de la Declaración del Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional, firmada por: Germán Ávila, Nora Mondragón, Augusto Campo, Natalia Irene Molina. 

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