También contiene disposiciones en materia de vivienda y hábitat, agua potable y saneamiento básico, recuperación de la red vial y financiación de la infraestructura y dotación de las instituciones de educación superior.

 Abastecimiento de alimentos

El Decreto 0212 adopta medidas extraordinarias e indispensables para garantizar y restablecer el derecho humano a la alimentación adecuada, los sistemas de abastecimiento agroalimentario, las cadenas de suministro y los medios de vida rurales.

Para cumplir con estas medidas, el Ministerio de Agricultura pone en marcha el Plan para la Reactivación Urgente, Productiva, Sostenible y Resiliente de los sistemas agroalimentarios, dirigido a mitigar y prevenir la extensión de los efectos generados por los incrementos severos de precipitaciones, inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas, vendavales y erosiones fluviales y costeras.

El decreto se aplica en las zonas afectadas de los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La norma faculta al Ministerio del agro para que movilice los recursos que le permitan dirigir de manera articulada el plan de reactivación, mediante programas de adecuación de tierras, recuperación y restablecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, reconversión y diversificación productiva de sistemas agroalimentarios y manejo adecuado del agua.

El decreto especifica que solo serán beneficiarios del plan los productores agropecuarios afectados por la emergencia, priorizando a los pequeños y medianos productores agropecuarios y las organizaciones, asociaciones, cooperativas conformadas por productores campesinos y pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos que desarrollen agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria en las zonas afectadas.

Asimismo, determina que los recursos para la implementación del plan podrán provenir del Presupuesto General de la Nación, del Fondo para el Acceso a Insumos Agropecuarios y del Fondo Nacional para la Lucha contra el Hambre, la Inseguridad Alimentaria y el Desperdicio de Alimentos.

Alivios a pequeños mineros

Entre las medidas de la emergencia está el Decreto 0213, con el cual el Gobierno busca aliviar la carga económica de los pequeños mineros afectados.

Incluye la suspensión de intereses moratorios en el pago de canon superficiario y regalías durante la emergencia y hasta seis meses después de su finalización. Asimismo, la condonación de intereses y la posibilidad de diferirlos, la suspensión de sanciones administrativas por mora y la prórroga extraordinaria de trámites de formalización o legalización minera.

Se beneficia exclusivamente a pequeños mineros, agrupados en tres grupos: los mineros de subsistencia incluidos en el ‘Módulo Génesis’, que lleva el registro de los productores individuales o familiares de extracción manual cuya subsistencia depende de la continuidad cotidiana de la actividad; los beneficiarios de procesos de formalización o legalización, y los titulares de pequeña minería.

Le corresponde a la Agencia Nacional de Minería (ANM) verificar la condición de damnificado antes de otorgar los alivios.

Servicio de energía eléctrica

Por su parte, el Decreto 0214 adopta medidas especiales y transitorias para la facturación del servicio de energía eléctrica en los departamentos incluidos en la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Entre dichas acciones se destacan:

—No habrá facturación del servicio de energía eléctrica a los usuarios afectados por la emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, declarada a través del Decreto 0150 de 2026.

—Para el pago del servicio durante el periodo anterior a la declaratoria de la emergencia económica, los prestadores deberán diferir o implementar mecanismos de pago por un plazo de 12 meses.

—Los prestadores del servicio podrán liquidar la facturación del servicio siempre y cuando resulte en una reducción del costo de la electricidad con respecto al esquema actual.

—Este régimen tarifario especial y diferencial se aplicará hasta un año después de haberse restablecido las condiciones técnicas necesarias para el suministro del servicio y los usuarios damnificados puedan hacer uso normal de los inmuebles de sus hogares.

Vivienda y hábitat

También, en desarrollo de la Emergencia Económica, el Gobierno decretó medidas excepcionales y transitorias en vivienda, hábitat y ordenamiento territorial para atender las consecuencias del frente frío de febrero y para evitar que se extiendan sus afectaciones.

El Decreto 0215 ordena que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda expedirán actos administrativos que agilicen las intervenciones y la asignación de subsidios.

Los municipios determinarán reubicaciones o reasentamientos de la población. El Minvivienda implementará programas y proyectos para restablecer las condiciones de habitabilidad a las familias damnificadas. Desde el Fonvivienda se ejecutarán las transferencias de recursos y con otras entidades garantizarán las soluciones habitacionales del caso en áreas rurales y urbanas.

En la norma se establecen los mecanismos para la entrega de kits con materiales que ayuden a la autogestión y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población damnificada, así como la oferta de soluciones en modalidades de vivienda nueva o usada, mejoramiento y autoconstrucción.

Se dará prioridad a proyectos de participación comunitaria y de economía popular para los que se les agilizarán los trámites y no requerirán licencias urbanísticas inmediatas.

El decreto incluye la focalización de recursos mediante las modificaciones presupuestales que se necesiten, así como ajustes excepcionales a los planes de ordenamiento territorial en casos como los usos del suelo y la reubicación de personas.

Los alcaldes quedan facultados para expedir actos administrativos relacionados con el mejoramiento o la construcción de vivienda.

Estas medidas excepcionales se podrán extender hasta por fuera del término de la Emergencia Económica.

Agua potable y saneamiento básico

De otra parte, el Decreto 0228, relacionado con agua potable y saneamiento básico, establece que para conjurar los efectos de la crisis el Gobierno creará un comité especial de atención y podrá celebrar negocios con sociedades fiduciarias. El Minvivienda también queda facultado para destinar rendimientos financieros directamente a atender la emergencia. Se autoriza la destinación de recursos del Sistema General de Participaciones para este mismo propósito.

Adicional a esto se señala que “las entidades nacionales y territoriales competentes podrán constituir gravámenes de servidumbre a título gratuito sobre bienes inmuebles y baldíos».

La expedición de estos decretos ha tenido en cuenta que en departamentos como Córdoba se registran 9.211 viviendas averiadas y 2.492 viviendas destruidas, es decir, 11.703 soluciones habitacionales afectadas.

“La afectación grave de hogares localizados en zonas urbanas y rurales dispersas, centros poblados y territorios étnicos ha generado una demanda súbita e imprevista de soluciones de vivienda y hábitat, la cual supera la capacidad de los instrumentos ordinarios de política pública diseñados para contextos de normalidad institucional». 

Recuperación de vías

Mediante el Decreto 0222, el Gobierno estableció medidas extraordinarias para el sector transporte, con miras a intervenir inmediatamente la infraestructura vial afectada por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Córdoba. La medida busca restablecer la conectividad territorial y facilitar la llegada de ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas.

La norma autoriza al Instituto Nacional de Vías (Invías) a invertir y ejecutar recursos extraordinarios destinados a la rehabilitación y recuperación de carreteras, puentes y tramos viales que sufrieron daños por el fenómeno hidrometeorológico que provocó inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas en unas zonas del país. Estas afectaciones han generado cierres totales y parciales en numerosas vías, comprometiendo la movilidad y el abastecimiento de bienes esenciales.

Como parte de las medidas excepcionales, el Gobierno habilitó a Invías para adicionar, sin límite de valor, los contratos de obra, mantenimiento e interventoría que ya se encuentran en ejecución en las regiones impactadas, siempre que dichas ampliaciones estén dirigidas exclusivamente a atender la emergencia y restablecer la transitabilidad.

La decisión permitirá reducir el aislamiento de comunidades rurales, garantizar el transporte de alimentos y medicamentos, y facilitar el acceso de la población a servicios básicos como salud, educación y asistencia humanitaria. El restablecimiento de las vías también es importante para reactivar la economía local, permitir el transporte de productos agrícolas y proteger los ingresos de las familias afectadas por las inundaciones.

Obras y dotación tecnológica

El Gobierno nacional también expidió el Decreto 0227, mediante el cual habilita al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura y dotación en instituciones de educación superior ubicadas en territorios afectados por la emergencia económica, social y ecológica declarada el pasado 11 de febrero.

Con esta decisión, el Gobierno amplió temporalmente el alcance del FFIE, un fondo que hasta ahora solo podía financiar infraestructura educativa para los niveles de preescolar, básica y media. Con el nuevo decreto se habilita al fondo para intervenir también en universidades públicas ubicadas en las zonas de emergencia.

El Ministerio de Educación reportó inicialmente 426 sedes educativas afectadas, cifra que posteriormente aumentó a 763 establecimientos con anormalidades, especialmente en Antioquia, Córdoba y Magdalena, y en un informe del Viceministerio de Educación Superior se indica que las afectaciones se concentran en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre y Valle del Cauca, con cerca de 68.000 estudiantes afectados. 

El decreto advierte que la crisis climática compromete directamente el funcionamiento del sistema educativo: “los efectos climáticos (…) han afectado gravemente la infraestructura educativa, lo cual no solo compromete la disponibilidad física de establecimientos, sino que incide de manera directa en la calidad del proceso educativo y la permanencia estudiantil». 

Con el decreto 0227, se establece que “el objeto del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa –FFIE comprenderá la viabilización y financiación de proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de infraestructura física y digital (…) necesarios para conjurar la emergencia declarada». 

La norma permitirá financiar soluciones rápidas como aulas modulares, adecuación de espacios, reposición de equipos y fortalecimiento de conectividad, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas en los territorios afectados.

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Nuevamente esta noche  la comunidad  de San Juan de Urabá fue sacudida con una erupción del volcán de lodo situado en el corregimiento de Siete Vueltas, en cercanías a  la planta de tratamiento del agua, sector  conocido como Sanjuancito.

El fenómeno natural al momento no causó desgracias humanas ni afectaciones a las viviendas del entorno, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, aunque sin averías en la carretera que aledaña.

Entrada la noche de este miércoles una fuerte explosión sacudió un amplio perímetro al rededor  del volcán seguido de una intensa llamarada y una extensa columna de  humo lo que generó la natural alarma entre los pobladores quienes aún no se reponen del azote invernal ocasionando por un frente frío proveniente del norte que ha dejado miles de familias damnificadas. De inmediato las redes sociales se inundaron de vídeos e imágenes registrando los hechos.

El Dagran Antioquia informó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que, aunque hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, no se registran personas lesionadas. La afectación confirmada hasta el momento corresponde a la vía que conduce al corregimiento Siete Vueltas.

Desde el Dagran señalaron que mantienen comunicación permanente con el coordinador municipal de gestión del riesgo para apoyar la atención del evento y la valoración técnica del sitio.

Se conoció también que la Gobernación de Antioquia enviará personal y maquinaria para restablecer el tráfico en la zona afectada, durante las primeras horas de mañana jueves y harán una a valuación más precisa de las posibles afectaciones.

El volcán lanzó una fuerte cantidad de lodo, además de producir una enrome llamarada por efectos de los gases concentrados de acuerdo con los expertos.

La agencia EFE

La Agencia Española de Noticias (EFE), una de las primeras en dar conocer al mundo la información, relató así la noticia:

Bogotá, 25 feb (EFE).- Una erupción de un diapiro, o volcán de lodo, se registró este miércoles en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informaron autoridades departamentales.

Según el reporte oficial divulgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aunque en la zona hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, «de manera preliminar no se registran heridos».

Hasta ahora, «la única afectación confirmada corresponde a la vía que conduce al corregimiento (aldea) Siete Vueltas, donde se adelantan acciones para restablecer la transitabilidad», precisó en X la entidad.

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro, producto de la ignición de gases liberados durante la erupción.

La geóloga Marcela Aristizábal, que reside en la zona, explicó a EFE que el fenómeno «se trata de una erupción de diapiro de lodo y no de un proceso de vulcanismo magmático», como se señaló en algunos reportes preliminares.

«El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión», señaló la especialista, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento -más o menos explosivo- depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

«Realmente todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza», explicó.

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Más de 400 personas en El Bagre, Antioquia, han sido afectadas por el desbordamiento del río Nechí, que inundó viviendas y dejó inoperativas dos instituciones educativas. Las autoridades locales, en conjunto con organismos de socorro, avanzan en la evaluación de daños y el apoyo a las familias damnificadas. El problema, causado por intensas lluvias y una sedimentación del río incrementada por actividades mineras, ha provocado una crisis humanitaria en la región. La población enfrenta una emergencia que demanda soluciones estructurales para evitar futuras tragedias.

Desbordamiento del río Nechí deja centenares de afectados

El desbordamiento del río Nechí, tras las fuertes lluvias en el Bajo Cauca, ha dejado a cientos de personas en situación de emergencia. Más de 400 habitantes del municipio de El Bagre se vieron afectados, con varias viviendas y dos centros educativos inundados, lo que generó un complejo panorama de evacuación y asistencia humanitaria.

Afectación en instituciones educativas

La emergencia alcanzó a dos instituciones educativas en la zona urbana de El Bagre. La Institución Educativa El Bagre, con 1.080 estudiantes, sufrió severos daños que obligaron a suspender las clases y dejaron inhabilitadas sus instalaciones. Asimismo, la Institución Educativa Las Delicias, sede La Vega, con 125 estudiantes, también se vio gravemente afectada, interrumpiendo temporalmente la educación en ambos planteles. Esta situación ha generado una interrupción en el proceso educativo, lo que afecta a cientos de jóvenes en la región.

Las autoridades inician un censo para evaluar el alcance de la emergencia

Ante la magnitud de los daños, las autoridades locales, en colaboración con la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos, han desplegado un equipo de evaluación y atención para realizar un censo exhaustivo de la población afectada. Este censo permitirá identificar el número de personas damnificadas y sus necesidades inmediatas para recibir ayuda humanitaria.

Medidas preventivas y albergues temporales

La Alcaldía de El Bagre y organismos de rescate evalúan la posibilidad de evacuar a los damnificados y albergarlos en instalaciones seguras, dependiendo de la evolución de la situación. El nivel del agua ha comenzado a descender, lo cual brinda una ligera esperanza de que la normalidad pueda restablecerse en los próximos días, aunque se mantiene la alerta por lluvias.

Sedimentación del río Nechí y riesgo de futuras inundaciones

La situación en El Bagre no es nueva. La sedimentación en el río Nechí, incrementada por la minería ilegal y actividades extractivas en la región, ha elevado significativamente el nivel del río, aumentando el riesgo de inundaciones en temporadas de lluvias intensas. Según expertos, los altos niveles de sedimentos depositados en el cauce dificultan el flujo del agua y crean una acumulación que provoca desbordamientos.

Llamado a soluciones estructurales

Las autoridades de El Bagre han solicitado con urgencia la implementación de un plan de dragado del río Nechí. Este proceso ayudaría a reducir el riesgo de nuevas inundaciones y a proteger a la población. Asimismo, se está instando a la ciudadanía a mantenerse alerta y colaborar en las labores de evacuación, además de denunciar cualquier actividad ilegal que pueda agravar el problema de sedimentación en el río.

Proyección de una solución a largo plazo

La crisis actual en El Bagre pone de relieve la necesidad de adoptar medidas de prevención sostenibles que disminuyan la vulnerabilidad de la región ante inundaciones. La sedimentación del río requiere de una intervención estructural, pero también de controles que aseguren la preservación del cauce y la disminución de riesgos para la población. La minería ilegal y la falta de políticas de gestión ambiental han convertido a El Bagre en una zona de alto riesgo que necesita la atención y el respaldo de entidades regionales y nacionales.

El municipio de El Bagre enfrenta una emergencia que, de no ser atendida a nivel estructural, podría repetirse, impactando gravemente la calidad de vida de sus habitantes. La implementación de un dragado y otras medidas preventivas ayudarían a disminuir el riesgo de futuros desbordamientos y a proteger a la población ante catástrofes similares.

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Impacto de las lluvias en Quibdó

Las precipitaciones torrenciales en Quibdó han provocado deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes súbitas, afectando a más de 1.300 familias. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad ha registrado múltiples incidentes durante el mes de mayo, con 9 viviendas en peligro inminente y 14 familias damnificadas. Comunidades como Tagachí, Barranco y Las Mercedes han sufrido graves daños en sus cultivos y viviendas debido a las inundaciones.

Deslizamientos de tierra en Quibdó

Según Sergio Prada, Coordinador del Riesgo de Desastres de Quibdó, los deslizamientos de tierra son el evento más recurrente, con 7 casos atendidos recientemente. Las afectaciones incluyen pérdidas significativas en las cosechas y viviendas, especialmente en las cuencas de los ríos Neguá y Mungidó. Las autoridades están trabajando en campañas informativas para enseñar a la comunidad cómo activar los protocolos de emergencia y salvaguardar la vida en situaciones de riesgo.

Inundaciones en el corregimiento de Ichó

El corregimiento de Ichó ha sido duramente golpeado por las crecientes súbitas, con 87 familias perdiendo sus cultivos de pan coger. Las inundaciones han afectado también a otras comunidades, como La Paloma y Loma de Belén, exacerbando la crisis humanitaria en la región. La coordinación con organismos de socorro y los consejos municipales de Gestión del Riesgo es crucial para atender la emergencia de manera efectiva.

Erosión costera en Nuquí

La comunidad de Termales en Nuquí enfrenta una crítica situación debido a la erosión costera ocasionada por La Niña. Esta problemática ha puesto en riesgo la vida de 500 habitantes y ha destruido infraestructuras turísticas, afectando severamente la economía local. La declaración de calamidad pública por parte de las autoridades busca movilizar recursos y apoyo para mitigar los daños y proteger a la población.

Desplazamientos y pérdida de infraestructuras

Rubén Prado, alcalde de Nuquí, informó que la erosión ha obligado a varias familias a desmantelar sus negocios, dejando un saldo de cinco viviendas destruidas en la última semana. Las infraestructuras deportivas y turísticas, vitales para la economía de la zona, también han sido severamente afectadas. Ante esta situación, las autoridades locales han implementado medidas urgentes, como la evacuación de familias en riesgo y la construcción de barricadas provisionales para contener el avance del río.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Las autoridades de Nuquí hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas, como la construcción de un muro de contención en Termales. Subrayan que la crisis en Chocó requiere atención prioritaria, similar a la recibida por otros departamentos del país. La llegada de un equipo de especialistas el 29 de mayo es crucial para brindar asesoría técnica y soluciones a la comunidad afectada.

La situación en Chocó es alarmante, con miles de familias afectadas por deslizamientos, inundaciones y erosión costera. Las autoridades locales están trabajando arduamente para mitigar los daños y proteger a la población, pero es fundamental el apoyo del Gobierno Nacional para implementar soluciones sostenibles y evitar futuras tragedias en la región.

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