También estableció una adición de $8,6 billones al presupuesto del 2026, fijó facultades tributarias y presupuestales para las regiones, determinó garantías de crédito para la reactivación de la economía popular y decretó medidas en materia de transferencias y apoyo social a hogares damnificados.

El Gobierno emitió el Decreto 0240, dentro de la emergencia económica, con medidas tributarias para financiar la atención a las zonas afectadas por las lluvias en ocho departamentos.

Incluye un impuesto al consumo de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, dentro y fuera del país. Estará a cargo de los operadores y será del 16 % sobre lo que resulte de restar los premios otorgados del total de las apuestas.

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La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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Además, el mandatario le solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la Emergencia Económica para atender el desastre natural y sus consecuencias en una vasta región del Caribe colombiano, que comprende los departamentos de Córdoba y Sucre.

El jefe de Estado hizo estos anuncios durante la sesión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada en la sede de la UNGRD en Bogotá, que contó con la participación de ministros y directores de las entidades relacionadas con el tema.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Petro afirmó que “estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de Emergencia que suspendió la Corte. Paradójicamente, se da en la tierra del magistrado Camargo Assis y en la mía».

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario, en la región “hay 14 muertos, 9 mil viviendas destruidas, casi 50 mil familias afectadas, 35 mil hectáreas inundadas y 300 mil afectadas».

Al respecto agregó: “Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática, y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy. Se juntó un hecho imprevisible», que la Corte había negado cuando tumbó el decreto de emergencia del Gobierno nacional.

Con base en los informes técnicos y científicos presentados en la sesión, el jefe de Estado informó que “no se registra en la historia que hubiera fluido tanto una corriente fría ártica hacia el sur, como la que llegó a nuestra costa. Se han producido cantidades de lluvia sin recuerdo estadístico en la región».

Recalcó que este hecho se conjuga con la codicia con que se han manejado los embalses de agua, hoy por hoy: “Solo por dejar funcionar termoeléctricas de gas que dejan tarifas diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas, no las han dejado funcionar y se han llenado por encima de sus máximos».

“Tenemos un frente frío del Ártico sobre Colombia» y “no es un chiste», reiteró al anunciar las medidas inmediatas adoptadas por el Gobierno nacional.

En este sentido, precisó: “Actuaremos con el Ejército derribando diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre, y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones».

El mandatario consideró que “nunca se debió construir Urrá. El indígena asesinado y descuartizado por los paramilitares, Kimy Pernía Domicó, tenía razón. Él previó en su discurso ante la Cámara de Representantes lo que pasa hoy. El embalse se hizo para que unos terratenientes, hoy con influencia en las Cortes, se robaran las tierras de las ciénagas y caños del Bajo Sinú».

“Desastre en Córdoba y Sucre, y lo que nos exigen es recortar presupuestos: un suicidio», dijo y reiteró que frente al segundo frente frío ártico que viene este fin de semana y la inutilidad del embalse de Urrá, “debo declarar de nuevo la Emergencia Económica, Social y Ambiental en la región», la cual “puede extenderse al país».

Asimismo, el jefe de Estado instruyó a la Superintendencia de Servicios Públicos para que examine el nivel de todos los embalses y tome las sanciones pertinentes.

“Debe exigirse a XN por qué ha permitido especulación con las tarifas de energía en tiempos de sequía, dejando llenos los embalses, cuando lo que vienen son lluvias, solo para que tuvieran la excusa de la escasez de gas», sostuvo el presidente de la República.

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De acuerdo con el ministerio de Hacienda y Crédito Público, dichos ingresos correspondían al IVA del 19% en la venta de licores nacionales, al Impuesto Nacional al Consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1% sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

Agrega la cartera que esas obligaciones ya estaban causadas hasta el día 29 de enero, y su recaudo estaba previsto para los meses de febrero y marzo entrantes, conforme al calendario tributario de 2026. 

La situación “obliga al Gobierno nacional a redoblar esfuerzos, explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público, con el fin de garantizar que la ausencia de estos recursos no se traduzca en retrocesos sociales”, señala el Ministerio, y reitera que “el reto es claro: mantener el equilibrio fiscal sin sacrificar la prestación de servicios en salud, educación y el bienestar de los colombianos”.

Lo que se alcanzó a recaudar

Según el Ministerio de Hacienda, como resultado de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica y Social, la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) alcanzó a recaudar cerca de $1,65 billones hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció la decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma cautelar el estado de excepción.

De ese total, $1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos, beneficio al que se acogieron 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros. 

A este monto se sumó el recaudo por concepto del Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, que representó $23.800 millones; el IVA del 19% a importaciones de licores generó un recaudo de $1.200 millones.

Dice la cartera de Hacienda que estas medida permitieron mejorar el cumplimiento y el consentimiento tributario, además de generar un ingreso efectivo e inmediato para las finanzas públicas.

Pero con la suspensión de la Emergencia Económica, se verán afectados los recursos destinados a la salud y la educación, obligando al Gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.

“Los recursos públicos no son un dato aislado en un balance fiscal: son atención médica, educación, medicamentos y programas sociales que sostienen la vida cotidiana de millones de colombianos. Por eso, cuando una fuente de financiación se suspende, el impacto no se mide únicamente en términos fiscales, sino en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales”, concluye el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Cuando te preguntan que si te gusta el alcohol y respondes que sí, pero que simplemente eres un bebedor social.

«Beber no mata mis penas, solamente las dormita…»

«Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza está fiebre de obsesión…»

«Voy a seguir tomando, voy a seguir borracho, qué importa que amanezca…»

«Buscando ahogar mis penas, me fui a la cantina…»

«Toda la vida me parece aburrida, más cerveza para la cabeza…»

«Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente…»

«Acérquense a mi mesa por favor, que sirvan más botellas de licor, al fin la noche es joven todavía…»

«A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña…»

«Que me traigan guaro, cerveza y licor y que vengan viejas pa’pasarla cabrón…»

Increíble que con motivo de la emergencia económica, que pretende incrementar los impuestos al alcohol y al tabaco, haya gobernantes, representantes del legislativo y hasta integrantes del sector de la salud y el deporte, que se opongan a esta medida.

Triste decirlo, pero un país donde el deporte, la cultura, la salud y la educación dependan de lo recaudado por impuestos al vicio legalizado, estará condenado a seguir promoviendo más atraso e ignorancia.

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“Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo. Se trata literalmente de prejuzgar», escribió el mandatario en X.

En el mismo post, consideró que ese prejuicio de la Corte tendría su origen en dos razones: “Porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende, rápidamente, los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado Social de Derecho que la misma Constitución ordena».

“Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador. Mientras gobierne, cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador», agregó el presidente.

El jefe de Estado ha venido reiterando en su cuenta en X y en otros escenarios que el hundimiento de la Emergencia Económica haría impagable la deuda y también tendría un impacto directo en el encarecimiento de esa responsabilidad del Estado.

“Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la Emergencia Económica, que si la tumban pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos», dijo el mandatario.

En ese mismo escenario alertó que “si un país está en déficit primario, entonces el desbalance de su balanza comercial va a producir un desbalance mayor del déficit en balanza de ingresos y egresos del Estado. Eso significa que la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo; es la situación en la que estamos».

Defensa del salario vital

En su mensaje en X de este viernes, el mandatario de refirió igualmente a la necesidad de defender el salario vital, en medio de demandas y tutelas que hacen trámite en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual fijó un incremento del salario del 23%.

“Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y constituyente del pueblo», afirmó.

En esa misma línea, el presidente fue enfático al decir que “no se puede dejar perder un concepto tan básico para la justicia social como el salario vital. ¡Es el pueblo el que ahora decide!».

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El Decreto 1474 surge de la declaración del Estado de Emergencia que autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, a dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Además, contempla que de forma transitoria puede establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

En este contexto, las medidas que se constituyen en el eje central del Decreto 1474 son:

• Durante el año gravable 2026 quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas del 19% los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, del que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos que ejerzan el monopolio de licores destilados.

• Los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, en el territorio nacional o desde el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre las ventas (lVA) del 19%. La base gravable estará constituida por los ingresos brutos del juego, entendidos como el total de las apuestas menos los premios pagados en el bimestre correspondiente.

• Sobre el ajuste del impuesto al patrimonio se fijó que el umbral bajará de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos y un incremento progresivo de hasta 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos.

• Puntos adicionales en la tarifa del impuesto sobre la renta para el sector financiero. Los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios estarán obligados a liquidar 15 puntos adicionales al impuesto sobre la renta y complementarios. En adelante pagarán el 15% de sobretasa.

• Se crea el impuesto temporal que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de partidas arancelarias, al momento de la primera venta o la exportación.  Los hechos generadores del impuesto son: 

-La primera venta dentro o desde el territorio nacional, de hidrocarburos y carbón.

-La presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo, de hidrocarburos y carbón.

• Sobre el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, la norma dice que el generador del impuesto está constituido por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores, en la jurisdicción de los departamentos. Se excluye del impuesto al consumo de tabaco, al chicote de producción artesanal. El Dane deberá certificar la base gravable para cada uno de los productos sujetos al impuesto al consumo.

• El Decreto ordena reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarías administrados por la Dian, que se encuentren en mora en el pago a 31 de diciembre de 2025. La medida rige desde la fecha de vigencia del presente decreto y hasta el 31 de marzo del año 2026.

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En ese relato, el presidente es señalado como un gobernante autoritario que pretende resolver sus problemas “metiéndole la mano al bolsillo a los pobres”. Sin embargo, esa narrativa omite de manera sistemática el contexto político y fiscal que causó la decisión, así como los verdaderos motivos que se esconden detrás de la furia mediática.

La emergencia económica no es un invento repentino, ni una ocurrencia improvisada. Es una respuesta a un problema de financiación severo, resultado del hundimiento por la oposición en el Congreso de una iniciativa clave para asegurar los fondos del presupuesto nacional.

El gobierno alertó muy claro que esa movida política ponía en peligro la financiación de programas esenciales de salud, educación y asistencia social, particularmente para la gente más vulnerable.

Ante ese escenario, la oposición optó por el bloqueo sin proponer una alternativa viable, para luego trasladar al Ejecutivo el costo político de esa irresponsabilidad. Convertir esta secuencia de acontecimientos en un relato de autoritarismo no constituye un ejercicio de crítica democrática ni de control político, sino una operación de encubrimiento con fines electorales.

Buena parte de la discusión pública se ha reducido a lemas vacíos, sobre supuestos “impuestazos” que golpearían la clase trabajadora. Se usa a los obreros y a los hogares humildes como escudos retóricos, mientras se evita explicar que el esfuerzo fiscal estará dirigido hacia sectores con alta capacidad de pago y hacia ingresos históricamente favorecidos por el sistema de impuestos. Esa omisión, por supuesto, no es un accidente. Aceptarlo implicaría reconocer, que lo que importa no es defender a los necesitados, sino la resistencia de los poderosos frente a todo intento de modificar una estructura fiscal profundamente desigual.

La emergencia económica es un mecanismo constitucional excepcional previsto para situaciones extraordinarias que, por su gravedad e imprevisibilidad, requieren medidas urgentes que no pueden esperar los plazos de los procedimientos legislativos ordinarios sin causar un daño grave e irreparable al orden económico y social. No suspende derechos, no, ni elimina controles o cierra el debate democrático… para nada. Los actos bajo su protección estarán sujetos al control de la Corte Constitucional y al escrutinio político. Lo excepcional en esta situación no es usarla, sino la estrategia de la oposición de provocar una crisis fiscal y después escandalizarse porque el Estado actúa para evitar que esa crisis se traduzca en desprotección social.

Es complicado, no señalar el cinismo de quienes durante décadas defendieron un sistema regresivo, toleraron exenciones no justificadas, y callaron frente a la concentración de riqueza, y ahora se presentan como paladines del interés popular. Ese humanismo repentino, es más bien una coartada discursiva. Por eso el debate se desplaza hacia un formalismo jurídico extremo, usado de manera selectiva y oportunista. No es una fidelidad genuina a la Constitución, sino una instrumentalización para bloquear transformaciones y preservar privilegios. Son purismos disfrazados de rigor técnico.

La Constitución no es simplemente un montón de rituales huecos, ni tampoco una guia para la inercia. Es un mandato de construcción de un Estado social de derecho. Interpretarla únicamente desde el procedimiento, desconectada de sus fines materiales, es vaciarla de sentido. Cuando la legalidad se utiliza para impedir que el Estado garantice derechos básicos, deja de ser una herramienta democrática y se convierte en una barrera contra el bienestar colectivo.

No hacer nada frente al vacío de financiación habría supuesto consentir que millones de personas pagaran el precio de una disputa política ajena. Esa sería una decisión injustificable. Gobernar implica asumir costos, no administrar el miedo a los titulares, ni ceder ante la presión de quienes confunden el interés general con la defensa de beneficios particulares.

Más allá de tanto ruido en los medios, lo que se debate es una pregunta simple, pero profundamente política: ¿debería el Estado proteger los derechos sociales, o continuar resguardando los privilegios de unos cuantos?

Defender la emergencia económica en este contexto no es avalar un exceso de poder, sino afirmar que la dignidad de la mayoría no puede seguir subordinada a un modelo fiscal diseñado para la comodidad de los mismos de siempre.

*Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia. 

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Así lo advirtió el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X donde advierte que “los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos de la sociedad’.

El mandatario aseguró en su mensaje que “las condiciones de la emergencia (económica) por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza sino simple economía de primer semestre’, afirmó.

El jefe de Estado explicó en su publicación que el Gobierno no se ha endeudado para financiar gasto, ni corriente ni de inversión, de la actual administración. “Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos que, en el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República’.

Deuda neta a la baja

En el mismo mensaje, el presidente Petro señaló que la deuda externa de Colombia no aumenta y, por el contrario, tiende a disminuir respecto de la economía.

“La diferencia entre deuda pública bruta y neta es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo”, aseguró

Añadió que mientras la oposición y la prensa solo muestran el cuadro de deuda bruta, para el análisis económico y de sostenibilidad se debe tener en cuenta es la deuda neta (Ver gráfico).

Deuda insostenible

El presidente Petro también afirmó que “la deuda actual es insostenible». Al respecto, dijo que actualmente “tenemos un déficit primario en las finanzas públicas desde el gobierno de Santos, Pero solo en este gobierno el Banco de la República decidió poner la tasa de interés real por encima de la tasa decreciente real de la economía’.

Concluyó el mandatario su mensaje advirtiendo que ambas políticas –las de la Junta Directiva del Emisor y de las Comisiones Económicas del Congreso- “son irresponsables y aumentan la insostenibilidad de manera aguda”.

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