La más reciente medición de Invamer dejó al descubierto un reordenamiento en las preferencias electorales del país. Iván Cepeda encabeza la intención de voto presidencial con un 31,9 %, desplazando a otros aspirantes que venían consolidando sus campañas. La encuesta evidencia un panorama político dinámico, con aspirantes que buscan posicionarse frente a un electorado cada vez más exigente.

Cepeda encabeza la intención de voto

Diferencias amplias frente a sus competidores

Según la encuesta “Colombia Opina #19”, Cepeda supera ampliamente a Abelardo de la Espriella, quien obtiene 18,2 %, y a Sergio Fajardo, que registra 8,5 %. Esta tendencia confirma su fortaleza de cara a la primera vuelta presidencial, consolidándose como la figura con mayor respaldo ciudadano en este momento.

Escenarios alternativos de competencia

Tres candidatos dominan la contienda

El estudio también simuló un escenario con solo tres candidatos, manteniendo a Cepeda en el primer lugar con 45,6 % de intención de voto, por encima de De la Espriella (25,6 %) y Fajardo (24,9 %), lo que refuerza su posición como principal contendor presidencial.

Proyecciones hacia una eventual segunda vuelta

Cepeda vence en todos los escenarios analizados

En posibles enfrentamientos de segunda vuelta, Cepeda derrotaría tanto a De la Espriella como a Fajardo, con ventajas que oscilan entre 12 y 23 puntos porcentuales, de acuerdo con Invamer. Fajardo, por su parte, superaría únicamente a De la Espriella en un eventual duelo final.

La investigación, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre a 3.800 personas en 148 municipios, tiene un margen de error del 1,81 % y un nivel de confianza del 95 %, lo que le otorga validez estadística y relevancia para la opinión pública.

El panorama electoral colombiano se mantiene en transformación. El liderazgo de Iván Cepeda plantea interrogantes sobre la capacidad de sus adversarios de atraer a los indecisos y construir alianzas sólidas en un contexto de alta fragmentación política. Lo que está claro es que la contienda presidencial ingresa en una fase decisiva, donde las estrategias mediáticas y el discurso político jugarán un papel determinante para captar el voto ciudadano.

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El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 comienza a configurarse con directrices claras desde la oposición. En una reciente intervención, el expresidente Álvaro Uribe Vélez trazó la hoja de ruta para su colectividad, enfatizando que el Centro Democrático debe definir a su candidato o candidatos presidenciales antes de embarcarse en la búsqueda de alianzas externas. Para el exmandatario, el fortalecimiento interno es el paso previo e ineludible para garantizar la solidez de cualquier proyecto político futuro.

Estrategia electoral: Orden y prioridades

El líder natural del partido ha sido enfático en establecer un orden jerárquico en las decisiones que se avecinan. “Primero el candidato o los candidatos del partido, después la coalición”, sentenció Uribe, dejando claro que invertir este proceso podría resultar contraproducente. La estrategia busca evitar que la colectividad llegue a las mesas de negociación sin una figura consolidada que represente los intereses y valores del partido.

La urgencia de las definiciones internas

Uribe advirtió que “en política hay que tomar decisiones”, instando a la dirigencia y a las bases a no dilatar la elección de quien llevará las banderas del partido. Esta definición no solo cohesiona a la militancia, sino que proyecta una imagen de organización y seriedad ante el electorado.

Visiones sobre las alianzas futuras

Si bien la prioridad es la candidatura propia, el expresidente no descarta, y de hecho promueve, la conformación de coaliciones. Sin embargo, su llamado es a la prudencia: “La coalición no puede ser apresurada ni restringida”. La visión es construir un frente lo suficientemente amplio y robusto, pero bajo los tiempos que más convengan a la estrategia general de la oposición.

Propuestas de mecanismos de selección

En medio de este debate estratégico, surgen diversas propuestas sobre cómo elegir al candidato único. Figuras como Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella han puesto sobre la mesa mecanismos que incluyen encuestas y consultas populares. El objetivo común es legitimar al aspirante mediante procesos democráticos y participativos.

El objetivo final: Revitalizar la democracia

El trasfondo de esta «paciencia estratégica» solicitada por Uribe tiene un propósito mayor. El exmandatario subrayó la necesidad de “una coalición tan grande que permita que la democracia colombiana el año entrante se revitalice”. Este llamado a la unidad busca consolidar una alternativa real de poder que pueda hacer frente a lo que él denomina el «actual gobierno de la destrucción», marcando así el tono de la contienda electoral que se aproxima.

La directriz es clara: fortalecer la casa desde adentro para luego abrir las puertas a una gran alianza nacional. El Centro Democrático se enfrenta ahora al reto de agilizar sus procesos internos sin perder de vista el objetivo de construir una coalición ganadora, entendiendo que los tiempos y la forma de selección serán determinantes para el éxito en las urnas en 2026.

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A los 61 años, Juan Fernando Cristo confirmó que buscará la Presidencia de la República, una decisión que amplía aún más el abanico de aspirantes que se preparan para la contienda electoral de 2026. El exministro del Interior oficializó su candidatura ayer en Bogotá, en un evento que marca su regreso al escenario político nacional.

La apuesta presidencial de Juan Fernando Cristo

Cristo se presentará por el movimiento En Marcha y participará en la consulta del Frente Amplio, programada para el 8 de marzo de 2026. Competirá junto a figuras como Roy Barreras y Camilo Romero, consolidando una oferta política que busca unir diversos sectores progresistas y de centro.

Trayectoria y legado político

Cristo fue senador durante cuatro períodos consecutivos desde 1998 y presidió el Senado entre 2013 y 2014. Durante su paso por el Congreso impulsó reformas políticas e iniciativas clave para la inclusión social, consolidando una reputación como articulador y negociador.

Protagonista en el proceso de paz

En el Gobierno de Juan Manuel Santos lideró la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC. Su papel fue central en la construcción del marco jurídico que permitió avanzar en la desmovilización y el tránsito hacia la reincorporación. Su defensa del proceso de paz ha sido uno de los pilares de su discurso político.

Su salida del Gobierno Petro

Cristo dejó el Ministerio del Interior en 2025, luego del fallido consejo de ministros televisado del 4 de febrero, donde se presentaron fuertes tensiones entre altos funcionarios. La crisis institucional al interior del Ejecutivo precipitó su salida y abrió paso a su regreso a la contienda electoral.

Una figura que busca tender puentes

Tras abandonar el gabinete, Cristo retomó su línea tradicional: promover el diálogo entre sectores enfrentados. Su candidatura refleja esa intención y se proyecta como una opción enfocada en la reconciliación política, la gobernabilidad y el fortalecimiento democrático.

La historia personal que marca su carrera

Nacido en Cúcuta, Cristo es hijo de Jorge Cristo Sahium, asesinado en 1997 por el ELN. Este hecho marcó profundamente su trayectoria pública. Su apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos se relaciona con su historia familiar y su visión del conflicto armado.

Formación y compromiso público

Abogado de la Universidad de los Andes, Cristo ha construido una carrera basada en la gestión pública y el trabajo legislativo. Su nombre ha estado ligado a debates cruciales para el país, desde la paz hasta las reformas institucionales.

Un candidato que amplía el panorama electoral

La entrada de Juan Fernando Cristo añade un nuevo matiz a una contienda presidencial en la que varios exministros, exembajadores y líderes regionales buscan consolidar su propio espacio. Su experiencia, trayectoria y enfoque conciliador se perfilan como los ejes centrales de una campaña que promete dinamizar el debate político en los meses previos a la consulta del Frente Amplio.

Al dar este paso, Cristo se suma a un escenario competitivo, diverso y marcado por el interés de múltiples sectores. Su candidatura pretende convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan estabilidad, diálogo y reformas profundas.

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La reciente ausencia del senador y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, en un crucial encuentro de la cúpula del Partido Conservador ha desatado una ola de especulaciones y ha dejado al descubierto las profundas fisuras que atraviesan a una de las colectividades políticas más tradicionales del país. La reunión, convocada con el objetivo de trazar la hoja de ruta de cara a los desafíos electorales de 2026, se vio empañada por la notoria silla vacía de uno de sus precandidatos presidenciales más influyentes, marcando un hito en la escalada de las tensiones internas.

La Cita Clave para el 2026

La presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel Scaff, lideró el encuentro el pasado martes 18 de noviembre, con la intención manifiesta de alinear a los principales líderes y precandidatos bajo una estrategia unificada. El escenario de 2026 plantea retos significativos para la colectividad, que busca recuperar protagonismo y definir una posición clara frente a la administración actual y la oposición, en un contexto de polarización política.

Estrategia y Liderazgo en Cuestión

La convocatoria era una pieza fundamental en el ajedrez político del conservatismo, buscando cimentar un liderazgo cohesionado que pudiera presentar una propuesta sólida y competitiva a nivel nacional. Sin embargo, la inasistencia de Cepeda ha generado un interrogante mayúsculo sobre la capacidad de la dirección actual para conciliar los intereses de sus bases. Esta situación no solo pone en entredicho la unidad del partido, sino que también debilita la imagen de coherencia que el conservatismo requiere proyectar en la arena preelectoral. La definición de una estrategia clara y unificada para los comicios venideros exige un consenso que, hoy por hoy, parece frágil y comprometido por rivalidades internas.

El Motivo de la Disidencia

Aunque no se ha emitido una declaración oficial por parte del senador Cepeda, fuentes cercanas a su entorno y reportes periodísticos de alta credibilidad coinciden en señalar un punto específico de discordia como el detonante de su retiro estratégico. La raíz del conflicto parece centrarse en una invitación específica que, según se rumora en los círculos políticos, desequilibró el ambiente de neutralidad interna que se esperaba en la reunión directiva.

La Sombra de ‘Pipe’ Córdoba

El principal motivo de la ausencia del expresidente del Senado estaría intrínsecamente ligado a la presencia del excontralor general Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba, quien fue incluido en la lista de asistentes a pesar de no estar oficialmente inscrito como precandidato presidencial del Partido Conservador. La participación de figuras externas o con estatus ambiguo en reuniones cruciales para la definición de candidaturas ha sido interpretada por Cepeda y su círculo como una señal de favoritismo o, al menos, una falta de garantías para los precandidatos formales y activos. El hecho de que un potencial competidor ajeno a la estructura formal del proceso de selección sea invitado a trazar la estrategia de campaña ha sido visto como una clara interferencia en la contienda interna, minando la transparencia requerida. Este desacuerdo subraya una profunda lucha por el control de las decisiones estratégicas y por la definición de la línea de mando dentro del partido.

Rencillas Internas a la Luz Pública

La decisión de Cepeda de no asistir a la reunión constituye un acto de protesta política de alto perfil, que trasciende una simple inasistencia administrativa. Se trata de una manifestación pública de la inconformidad que subyace en la colectividad frente a lo que algunos consideran una dirección errática o demasiado complaciente con intereses particulares o externos al proceso democrático interno.

Fractura de la Unidad Conservadora

Las rencillas que ahora salen a flote no son meras desavenencias programáticas, sino que revelan una pugna por el poder y la definición ideológica del futuro del partido. La colectividad se encuentra en una encrucijada entre preservar su tradición y adaptarse a las dinámicas políticas modernas, una tensión que se agudiza con la proximidad de las elecciones presidenciales de 2026. La ausencia de Cepeda no es solo la de un individuo; es el reflejo de una facción que se siente marginada o en desventaja. La cohesión es vital para cualquier fuerza política que aspire a ser determinante. Si el Partido Conservador no logra superar estas fricciones internas de manera inmediata, corre el riesgo inminente de enfrentar los próximos comicios con una estructura visiblemente dividida y un mensaje político diluido, cediendo espacio de maniobra a otras fuerzas de la oposición o al oficialismo.

El escenario actual obliga a la dirigencia del Partido Conservador a tomar medidas concretas y expeditas para restaurar la confianza y asegurar la equidad en el proceso de selección de sus candidatos. La falta de unidad, simbolizada por la no comparecencia de una figura tan relevante como Efraín Cepeda en un encuentro estratégico, es un lastre que el partido no puede permitirse. La definición de su futuro y su rol en la política nacional dependerán de la capacidad de sus líderes para zanjar rápidamente esta controversia y reconducir la estrategia hacia un objetivo común basado en la transparencia.

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Colombia enfrentará el próximo año unas elecciones que podrían marcar su rumbo por largo tiempo. A primera vista, puede parecer una jornada electoral más para elegir presidente y congresistas. Sin embargo, en el fondo se trata de una contienda trascendental que definirá el destino del país. Lo que está en juego es un pulso entre la voluntad popular y la presión de poderes internos y externos que buscan imponer su propia visión sobre el futuro de Colombia.

El contexto internacional envía señales que no podemos ignorar. En Estados Unidos, políticos como Donald Trump han abandonado cualquier apariencia de neutralidad. Sus declaraciones públicas revelan una clara intención de intervenir en los asuntos internos de Colombia, utilizando la lucha contra las drogas como pretexto para avanzar en sus objetivos geopolíticos de control regional.

Esta amenaza no es solo retórica. Se expresa en hechos concretos, como presiones económicas, discursos intimidantes y la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Esta medida, lejos de ser un trámite administrativo, constituye una calumnia y una agresión política con graves repercusiones para la imagen y la estabilidad del país.

Pero esta injerencia no actúa sola. Encuentra aliados dentro de Colombia. Sectores del gran capital y representantes de la vieja política han decidido alinearse con esta ofensiva externa para proteger sus privilegios. No defienden la democracia ni el bienestar nacional. Defienden sus intereses particulares aunque ello implique socavar la soberanía y perpetuar la desigualdad que ha golpeado por décadas a la mayoría de los colombianos.

Para estas élites, el proyecto progresista representa una amenaza existencial, no porque gestione mal, sino porque se atreve a cuestionar y transformar un orden económico construido para beneficio de pocos. Por eso recurren a una estrategia de sabotaje constante: bloqueo de reformas en el Congreso, judicialización selectiva y campañas de desprestigio que se multiplican en los grandes medios.

La oposición ha sustituido el debate de ideas por una guerra emocional. En lugar de proponer alternativas, promueve el miedo y alimenta la rabia social con narrativas fabricadas. Moldean emociones, crean enemigos imaginarios y buscan que la desconfianza se instale como un estado permanente. Así intentan despojar a la democracia de su sentido deliberativo y convertirla en un espectáculo de manipulación emocional.

Colombia se encuentra en una encrucijada histórica donde se enfrentan dos visiones incompatibles: una restauración conservadora que alimenta los fantasmas del pasado y una propuesta de transformación democrática que lucha por sobrevivir en un terreno lleno de obstáculos y sabotajes.

Las elecciones de 2026 no serán un simple trámite institucional. Serán una prueba de nuestra madurez como sociedad ante la manipulación digital, la presión extranjera y la violencia política. En este ambiente hostil, el progresismo tiene el enorme reto de demostrar que la política puede ser honesta, transparente y conectada con las aspiraciones populares sin recurrir a engaños ni simulaciones.

La batalla decisiva será defender el proyecto de transformación frente a quienes buscan imponer retrocesos que ya superamos como sociedad. Defender el cambio significa reafirmar que la dignidad humana y la justicia social no se negocian. Implica disputar la verdad frente a la mentira organizada e impedir que la resignación vuelva a ser la norma. Y reafirmar que la soberanía no se mendiga ni se delega, sino que se ejerce con decisión política y con la fuerza activa del pueblo.

El cambio no puede reducirse a un simple relevo de nombres en el Congreso o la Presidencia. Requiere consolidar un pacto ético y cultural —un verdadero pacto histórico— que transforme la manera en que concebimos el Estado, la economía y la vida en comunidad. Con la convicción de que la política debe recuperar su sentido de servicio público, y de que el Estado ha de reafirmar su papel como garante del bien común, de los derechos colectivos y de la justicia social, no como una empresa subordinada a intereses privados. La transformación auténtica comienza cuando la ciudadanía asume una participación consciente y activa, deja de ser espectadora de las decisiones y se reconoce como sujeto político capaz de construir, junto con otros, el destino común de la nación.

La lucha por la soberanía también es una lucha por la independencia del pensamiento. Colombia necesita liberarse del tutelaje ideológico que impone la dependencia económica y mediática. No habrá soberanía mientras los grandes medios corporativos de información determinen qué es verdad, qué es progreso y qué debe pensar la gente. Por eso, defender el cambio implica también democratizar la información, fortalecer la educación pública y promover una ciudadanía crítica capaz de resistir la manipulación masiva.

El 2026 será más que una fecha electoral. Será una oportunidad histórica para decidir si seguimos atrapados en los círculos del miedo o si nos atrevemos a construir un país más digno, más justo y más libre. La historia no está escrita. Cada voto para preservar lo que hemos logrado, cada conciencia despierta, puede ser la semilla del comienzo de una nueva etapa en la larga búsqueda de justicia y soberanía que Colombia merece.

La soberanía se ejerce cuando la memoria histórica nos protege del olvido, cuando la ciudadanía se une para decidir su destino sin tutelas externas ni élites que pretendan monopolizar el futuro. En un país donde se intenta gobernar desde el miedo, imaginar un porvenir más justo es un gesto de valentía.

El futuro de Colombia no lo escribirán quienes buscan controlarla. Lo escribirán las y los colombianos que se niegan a renunciar a la esperanza. Soñar, pensar críticamente y votar con conciencia son hoy los actos más profundos de resistencia.

El país que queremos aún está en nuestras manos… y estamos a tiempo de defenderlo.

*Ingeniero Químico- Profesor de la Universidad de Antioquia

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El reciente acercamiento entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez ha provocado una profunda fractura en el Partido Liberal Colombiano, que enfrenta una de sus mayores crisis internas en décadas. Gran parte de la bancada liberal considera que la alianza contradice los principios históricos del liberalismo y debilita su papel como fuerza socialdemócrata en el panorama político colombiano.

La alianza que sacudió al liberalismo

Un acuerdo sin consenso interno

El anuncio del pacto político entre Gaviria y Uribe, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, generó rechazo en la mayoría de congresistas liberales. Los parlamentarios afirman que el expresidente Gaviria no estaba autorizado para comprometer al partido sin la aprobación de la Convención Liberal, máximo órgano decisorio de la colectividad.

Para muchos, esta movida representa un intento de entregar el liberalismo al uribismo, corriente con la que existen profundas diferencias ideológicas. Los liberales que se oponen al pacto recuerdan que su partido pertenece a la Internacional Socialista y mantiene una vocación de centro-izquierda, centrada en la reducción de las desigualdades y la defensa de los derechos civiles.

La alianza, sin embargo, ha sido interpretada por el sector más cercano a Gaviria como un esfuerzo por “unir fuerzas en pro de la estabilidad económica y la seguridad del país”, justificando la necesidad de coaliciones amplias para enfrentar el poder del actual gobierno.

Tensiones entre la bancada y la dirección

Un partido ideológicamente dividido

De los 33 representantes liberales en la Cámara, 25 respaldan al gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras que 8 de los 13 senadores hacen lo mismo. Estas cifras evidencian que la mayoría del liberalismo legislativo se ubica hoy más cerca del progresismo que del uribismo, lo que deja a la dirección de Gaviria en una posición minoritaria dentro del partido.

Los congresistas inconformes sostienen que una alianza con Uribe no solo contradice la historia del partido, sino que también puede anular su identidad socialdemócrata, construida a lo largo de más de un siglo. Además, recuerdan que la última vez que el liberalismo pactó con el uribismo, durante la campaña de Federico Gutiérrez en 2022, el resultado fue una derrota estrepitosa.

Pese a las críticas, sectores liberales más conservadores defienden la unión con el Centro Democrático como una alternativa viable para derrotar al oficialismo. “Ningún partido gana solo”, sostienen, al tiempo que promueven la creación de una gran coalición de derecha y centro-derecha para 2026.

El efecto Uribe y la nueva coalición

Reconfiguración del mapa político hacia 2026

La reunión entre Gaviria y Uribe se enmarca en una estrategia más amplia del expresidente antioqueño para articular una gran coalición de partidos que lo respalden en su retorno al escenario electoral. Uribe ha confirmado contactos con líderes como Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, buscando construir un frente unificado contra el gobierno actual.

Este giro político ha despertado suspicacias incluso entre quienes históricamente se ubicaban en el centro. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial, rechazó cualquier acercamiento con sectores que denomina “enclosetados de derecha”, advirtiendo que terminarán subordinados al liderazgo de Uribe.

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas propone un proyecto de centro-derecha “ni de extrema izquierda ni de extrema derecha”, con miras a consolidar una opción que represente estabilidad y desarrollo económico. Sin embargo, la línea divisoria entre el centro y la derecha parece cada vez más difusa en medio de las nuevas alianzas que reconfiguran el panorama político.

Un partido en crisis de identidad

Entre la historia y la conveniencia

El Partido Liberal, una de las colectividades más antiguas de América Latina, enfrenta hoy un dilema existencial. La tensión entre su tradición socialdemócrata y las alianzas coyunturales por conveniencia política amenaza con fragmentar su base electoral y diluir su discurso ideológico.

Para algunos analistas, la maniobra de César Gaviria podría ser vista como una estrategia de supervivencia partidaria ante el avance del petrismo y el debilitamiento de la oposición tradicional. No obstante, sus críticos sostienen que el liberalismo no puede sacrificar su identidad por un cálculo electoral, menos aún en un contexto donde el uribismo representa un proyecto antagónico a sus banderas históricas.

En este escenario, el reto del Partido Liberal no solo será decidir si respalda la alianza o la rechaza, sino redefinir su papel en una Colombia que parece avanzar hacia nuevas configuraciones políticas.

La fractura generada por la alianza Gaviria-Uribe podría marcar el inicio de una recomposición total del espectro político colombiano, con consecuencias que irán más allá de la elección de 2026.

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La reciente consulta del Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre, me deja una mezcla de sensaciones encontradas. Por un lado, reconozco el enorme valor democrático de un ejercicio que convocó a más de 2,7 millones de ciudadanos, un hecho que reafirma la vitalidad política de la izquierda colombiana. Sin embargo, también percibo las grietas internas de una coalición que, aunque celebra su capacidad de movilización, enfrenta tensiones profundas en su estructura y liderazgo.

No puedo negar que la victoria de Iván Cepeda con más del 65 % de los votos constituye un hito para el progresismo. Su triunfo representa el respaldo a una figura que ha construido su carrera sobre la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. En lo personal, valoro que esta consulta haya servido para institucionalizar al Pacto Histórico como una fuerza política con mecanismos democráticos propios, alejándose de la improvisación que en otras épocas marcó a los movimientos alternativos.

Este proceso interno evidenció una izquierda más organizada, capaz de debatir públicamente y dirimir sus diferencias en las urnas. La introducción de las listas cerradas con alternancia de género (cremallera) es, sin duda, un paso hacia la paridad y la modernización política. Pero, más allá de las formas, la consulta demuestra que el Pacto Histórico ha logrado consolidar una base social movilizada, que reconoce en este proyecto una alternativa real frente a la política tradicional.

No obstante, como ciudadano, no puedo ignorar que el proceso también dejó heridas abiertas. La retirada de figuras como Daniel Quintero, alegando falta de garantías jurídicas y los constantes ataques hacia Carolina Corcho, reflejó la persistente desconfianza entre sectores progresistas. Esta situación plantea una pregunta crucial: ¿puede un movimiento avanzar hacia la unidad si internamente prevalecen los intereses personales sobre la visión colectiva?

En mi opinión, el Pacto Histórico corre el riesgo de caer en una autocomplacencia peligrosa. Ganar una consulta interna es importante, pero no garantiza el éxito en las elecciones de 2026. La verdadera prueba será construir un proyecto que trascienda la retórica ideológica y se traduzca en resultados concretos para el país. Si la coalición no logra superar sus diferencias internas y ampliar su base hacia sectores moderados, su victoria podría ser efímera.

El panorama político que deja esta consulta es complejo. Iván Cepeda emerge como el líder indiscutible del progresismo, pero su desafío será mantener cohesionada una coalición diversa, con tensiones entre movimientos sociales, sectores sindicales, feministas y corrientes más institucionales. En lo personal, creo que esta elección no solo definió un candidato, sino también el tipo de liderazgo que la izquierda ofrecerá al país: uno que puede optar por el diálogo y la inclusión, o caer en el sectarismo que históricamente ha limitado sus avances.

La consulta del Pacto Histórico, con todas sus luces y sombras, representa una oportunidad para demostrar que la izquierda colombiana puede gobernar con responsabilidad, pluralismo y visión de país. No basta con movilizar a millones de simpatizantes; se requiere construir confianza y credibilidad ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. Si Cepeda logra tender puentes con los sectores independientes y garantizar gobernabilidad, este proceso podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política nacional.

En lo personal, me quedo con una convicción: Colombia necesita más debates como este, más participación ciudadana, más ejercicios de democracia interna. Pero también necesita menos egos, menos fragmentación y más sentido de propósito. De lo contrario, la consulta que hoy celebramos podría ser recordada no como un triunfo, sino como la antesala de una oportunidad desperdiciada.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad la creación del Pacto Histórico como partido único, con miras a las elecciones de 2026. La decisión, sin embargo, generó un giro inesperado: Colombia Humana, el movimiento del presidente Gustavo Petro, quedó excluido de la unificación, junto con Progresistas y la Minga Indígena, lo que abre interrogantes sobre el futuro de las candidaturas y las listas al Congreso.

La decisión del CNE y sus alcances

Unificación parcial de fuerzas de izquierda

Con ponencia del magistrado Altus Baquero, respaldada por la totalidad de los magistrados del CNE, se aprobó la fusión de la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano. Estas colectividades conformarán el nuevo Pacto Histórico como partido con personería jurídica, dejando atrás su condición de coalición.

Exclusión de tres agrupaciones clave

El tribunal electoral determinó que Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena no cumplían los requisitos legales para integrarse a la fusión. En el caso de Colombia Humana, no se alcanzó el quórum de afiliados exigido en los estatutos. La Minga no cuenta con personería jurídica y Progresistas tiene una personería condicionada, ya que aún están pendientes sanciones relacionadas con el MAIS.

Implicaciones jurídicas de la decisión

Condicionamientos para la personería del Pacto

El CNE dejó en claro que la personería jurídica del nuevo partido está condicionada a la resolución de procesos sancionatorios vigentes contra las agrupaciones que se unieron. Estos deberán resolverse antes del 8 de noviembre de 2025, fecha de apertura de inscripciones para el Congreso. De surgir sanciones posteriores, el Pacto Histórico deberá asumirlas como partido único.

Retos administrativos y políticos

La decisión obliga al naciente partido a enfrentar con rapidez los trámites pendientes y a resolver disputas legales que podrían complicar su participación plena en las elecciones legislativas y presidenciales. Este panorama plantea un reto mayúsculo para la consolidación de la nueva estructura política.

Impacto en las elecciones de 2026

Precandidaturas en riesgo

La exclusión de Colombia Humana y Progresistas afecta directamente a precandidatos como Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro y Susana Muhamad, quienes no podrían participar en la consulta prevista para el 26 de octubre de 2025. Este escenario deja en suspenso la definición de un candidato presidencial único dentro del Pacto.

Repercusiones en las listas al Congreso

Además de la incertidumbre sobre las candidaturas presidenciales, la conformación de listas al Congreso también se verá impactada. La salida de figuras clave de Colombia Humana y Progresistas podría fragmentar el espectro político de izquierda y limitar las opciones de representación en el nuevo partido.

La decisión del CNE marca un punto de inflexión en el panorama político de cara a 2026. Si bien el Pacto Histórico avanza hacia su consolidación como partido único, la exclusión de movimientos estratégicos como Colombia Humana podría debilitar su capacidad de unificar a la izquierda en torno a un solo proyecto político.

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A menos de dos semanas del cierre del plazo para definir la participación en las consultas internas, el registrador nacional Hernán Penagos confirmó que solo el Pacto Histórico continuará con el mecanismo, mientras que el liberalismo y el Centro Democrático desistirán de hacerlo. La decisión marca un giro en la preparación de las elecciones de octubre y refleja tensiones dentro de los partidos tradicionales.

Partidos que renuncian a la consulta interna

El liberalismo y el Centro Democrático optan por no participar

El registrador explicó que, aunque aún queda tiempo hasta el 26 de septiembre para formalizar decisiones, los partidos Liberal y Centro Democrático ya habrían manifestado su intención de no asistir a las consultas internas. Esto deja al Pacto Histórico como el único movimiento que busca seleccionar candidatos y tomar decisiones estatutarias mediante este mecanismo.

El papel del Pacto Histórico

Con esta determinación, el Pacto Histórico se convierte en el único partido que asumirá el reto logístico y político de realizar una consulta abierta a la ciudadanía, en la que podrán definir listas al Congreso, precandidatos presidenciales y otros asuntos internos.

Fechas clave y proceso de inscripción

Inscripción de precandidatos

Según el calendario electoral, la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional se abrirá el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 26 de septiembre. Durante este mismo periodo, los partidos que inicialmente decidieron realizar consultas aún podrán retractarse.

Logística de las consultas

Penagos destacó que la organización de estas consultas internas es semejante a unas elecciones nacionales, con mesas de votación, jurados, transmisión de resultados y divulgación pública. La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Retos de organización y regreso de Uribe

Un desafío logístico mayor

El registrador subrayó la complejidad del proceso, pues mientras unas elecciones ordinarias cuentan con más de un año de preparación, las consultas internas deben organizarse en apenas un mes, lo que representa un reto para la Registraduría en materia de recursos humanos, técnicos y logísticos.

Álvaro Uribe regresa al Senado

En paralelo, el Centro Democrático definió la reaparición del expresidente Álvaro Uribe en la contienda política. Uribe estará en la lista cerrada al Senado en el puesto número 25 para las elecciones de 2026, marcando su regreso formal tras su retiro en 2020 en medio de un proceso judicial. La colectividad conformará un comité de expertos para organizar el orden de los demás aspirantes en la lista.

El retorno del líder natural del uribismo refuerza el debate político en torno a la estrategia del partido, que pese a no acudir a consultas internas, buscará fortalecer su lista en las próximas elecciones.

La decisión del liberalismo y el Centro Democrático de no acudir a consultas internas abre espacio para que el Pacto Histórico concentre la atención en este mecanismo. Sin embargo, el regreso de Álvaro Uribe a la arena política asegura que el debate electoral de 2026 estará marcado por la confrontación entre los sectores tradicionales y los movimientos alternativos.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció oficialmente su regreso a la política electoral, esta vez como candidato al Senado en las elecciones de 2026. Su nombre ocupará el puesto número 25 de la lista del Centro Democrático, que será cerrada, lo que implica que los electores votarán directamente por el partido y no por candidatos individuales. Esta decisión ha generado un amplio debate político y jurídico en el país, tanto por las implicaciones que tiene para su colectividad como por el impacto en el panorama electoral.

El regreso de Uribe al Congreso

Una lista cerrada con un nombre fijo

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, confirmó que el único puesto asegurado en la lista es el del expresidente Uribe, mientras que los demás aspirantes serán definidos por un comité de expertos dentro del partido. La decisión de que la lista sea cerrada busca fortalecer la cohesión del uribismo y darle mayor peso a la marca partidista.

Impulso estratégico para el uribismo

Analistas como Pedro Viveros consideran que la candidatura de Uribe responde a la necesidad de reposicionar al Centro Democrático en un escenario de competencia política creciente. Según Viveros, el expresidente conserva un capital político sólido y aún despierta respaldo ciudadano en sectores que ven con descontento al actual gobierno. “Uribe entiende que el país se está moviendo hacia la centro derecha y la derecha, lo que le da espacio para jalonar la lista y fortalecer la oposición”, afirmó el experto.

Los retos internos del Centro Democrático

Dependencia de un liderazgo consolidado

María Lucía Jaimes, analista política, señaló que el regreso de Uribe refleja tanto la intención de recuperar protagonismo como la dificultad del partido para consolidar liderazgos propios que garanticen una renovación política. En sus palabras, “Uribe sigue siendo el principal activo electoral del partido, pero también su mayor limitación en términos de crecimiento y modernización”.

Un partido en busca de futuro

El anuncio puede revitalizar temporalmente al uribismo, reforzando su papel en la oposición, pero también deja en evidencia la dependencia estructural del partido alrededor de la figura de Uribe. Este fenómeno plantea preguntas sobre la sostenibilidad del proyecto político del Centro Democrático en el mediano plazo, especialmente de cara a escenarios presidenciales.

La viabilidad jurídica de la candidatura

Derechos políticos garantizados

Desde el punto de vista legal, el abogado constitucionalista Abraham Bechara Llanos afirmó que no existen impedimentos para que Uribe se postule, ya que la Constitución garantiza el derecho fundamental a elegir y ser elegido. “Ese derecho hace parte de los derechos políticos de todos los colombianos y está protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó.

Condiciones para una eventual inhabilitación

No obstante, expertos penalistas como Francisco Bernate y Fabio Humar advierten que una eventual condena firme que implique detención podría inhabilitar al expresidente para aspirar a cargos de elección popular. Si bien actualmente mantiene sus derechos políticos intactos, el desenlace de los procesos judiciales en curso podría modificar el panorama en los próximos meses.

El regreso de Álvaro Uribe al Senado supone un movimiento estratégico para el Centro Democrático en busca de mantener vigencia política. La figura del expresidente sigue siendo decisiva en la vida política colombiana, tanto como motor de respaldo electoral como fuente de controversia. Su candidatura promete reconfigurar el debate público en 2026, marcando nuevamente la agenda política nacional.

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