El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha tomado una decisión trascendental para reactivar la infraestructura férrea del país. El Ejército Nacional ha sido designado para construir el ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán, un proyecto de gran envergadura que busca conectar la región del Pacífico con la Orinoquía. Este corredor ferroviario es parte de un plan multimodal cuyo objetivo es mejorar la conectividad interna y fomentar el comercio entre las diferentes regiones del país.

Un proyecto clave para la conectividad

El ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán será inicialmente destinado al transporte de carga, aunque se proyecta que a largo plazo también pueda ser utilizado para el transporte de pasajeros. Esta obra, que constituye una parte fundamental del plan de infraestructura del Gobierno, permitirá no solo dinamizar el comercio en la región, sino también ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y sostenible.

El proyecto ha sido bien recibido por varios sectores, que ven en esta iniciativa un avance significativo para la reactivación del sistema ferroviario en Colombia. La conexión entre Villavicencio y Puerto Gaitán es esencial para integrar al oriente colombiano con el Pacífico, facilitando el intercambio comercial y reduciendo los tiempos de transporte.

El Ejército toma el mando de la construcción

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la participación del Ejército Nacional en la construcción del ferrocarril. La ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, confirmó que los ingenieros militares asumirán la responsabilidad de esta obra estratégica, lo que refuerza la capacidad del Ejército en materia de infraestructura.

El comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, brigadier general Ricardo Roque Salcedo, anunció que el batallón asignado a esta tarea será activado formalmente el 4 de octubre. Este batallón especializado estará conformado por 1.200 militares, capacitados en México por expertos que trabajaron en la construcción del Tren Maya, una obra de gran envergadura en ese país. La experiencia adquirida por los militares será clave para asegurar el éxito del proyecto colombiano.

Capacitación y planificación

El entrenamiento y la planificación han sido aspectos clave para el éxito de este proyecto. El general Jorge Hernández, comandante de los ingenieros militares, señaló que han llevado a cabo amplios procesos de preparación para garantizar que los hombres y mujeres del Ejército estén adecuadamente capacitados para enfrentar los desafíos que plantea la construcción de este corredor férreo.

Aunque aún no se ha definido un cronograma exacto para el inicio de las obras, se sabe que el proyecto se desarrollará por fases, debido a las complejidades que presenta tanto en términos ambientales como sociales y económicos. No obstante, las autoridades han reiterado su compromiso de avanzar con firmeza en cada etapa de la construcción.

Un proyecto con historia

Este ambicioso proyecto no es nuevo. Hace una década, se realizaron estudios de prefactibilidad para la construcción del ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán, pero no se concretaron en su momento. Ahora, con el respaldo del Gobierno y el Ejército, se espera que esta obra finalmente tome forma y se convierta en una realidad.

La ministra García destacó la relevancia histórica de la participación del Ejército en este tipo de proyectos. En el siglo XX, el batallón Francisco José de Caldas jugó un rol crucial en la construcción de diversas infraestructuras férreas en Colombia. Con la activación del nuevo batallón de ingenieros, se recupera una capacidad histórica del Ejército para contribuir al desarrollo del país.

El ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán es solo una pieza del rompecabezas multimodal que el Gobierno planea implementar para conectar las diferentes regiones de Colombia. Esta obra se enmarca en un proyecto más amplio que busca impulsar el comercio y la integración territorial, lo que, en última instancia, beneficiará tanto a las comunidades locales como a la economía nacional.

Un futuro prometedor para el transporte férreo en Colombia

A medida que el Gobierno de Gustavo Petro avanza en la implementación de su plan de infraestructura, el proyecto del ferrocarril Villavicencio-Puerto Gaitán destaca como uno de los pilares de esta estrategia. La participación del Ejército no solo garantiza un alto nivel de ejecución técnica, sino también un compromiso institucional con el desarrollo del país.

Con la construcción de este ferrocarril, se espera no solo facilitar el transporte de mercancías entre la Orinoquía y el Pacífico, sino también abrir nuevas oportunidades para la movilidad de pasajeros. Aunque el proyecto enfrenta desafíos, su importancia estratégica es innegable, y el respaldo del Gobierno asegura que se sigan dando pasos hacia su materialización.

Este proyecto ferroviario promete transformar la dinámica del transporte en Colombia y fortalecer la integración entre sus regiones, consolidando así la visión del presidente Petro de un país más conectado y competitivo a nivel internacional.

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En una audiencia realizada el 10 de agosto en Neiva, 74 militares del Ejército Nacional confesaron su participación en el asesinato de 200 personas, presentadas falsamente como bajas en combate, entre los años 2005 y 2008. Este acto se enmarca dentro del subcaso Huila del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. La audiencia fue organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y contó con la presencia de organizaciones de víctimas que exigieron la no repetición de estos crímenes y un proceso de reconciliación.

Reconocimiento de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad

Entre los 74 militares que comparecieron ante la JEP, 28 fueron identificados como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los crímenes aceptados por estos militares, quienes pertenecieron a la novena brigada del Ejército Nacional, incluyeron la ejecución extrajudicial de personas inocentes, las cuales fueron presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoce como los ‘falsos positivos’.

El coronel retirado Carlos Salamanca, quien fue el comandante del batallón Cacique Pigoanza, admitió su responsabilidad al ordenar que informantes establecieran contacto con grupos armados ilegales para facilitar el traslado de las víctimas a los pelotones. En su testimonio, Salamanca reconoció que su intención era asegurar que estas personas, quienes no tenían ningún vínculo con el conflicto armado, fueran asesinadas y presentadas como bajas en combate.

Impacto y Respuesta de las Víctimas

Durante la audiencia, las organizaciones de víctimas hicieron un llamado a la sociedad colombiana para reflexionar sobre estos hechos y asegurar que no se repitan. Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR) y representante de las víctimas, subrayó la importancia de este reconocimiento por parte del Ejército colombiano como un paso hacia la reconciliación nacional.

Asimismo, el soldado retirado Andrés Morales, otro de los comparecientes, admitió su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Morales expresó su arrepentimiento y reconoció que participó en el asesinato de personas inocentes que no tenían ninguna relación con el conflicto armado.

El Patrón Criminal en Huila

El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, ofreció detalles adicionales sobre el patrón criminal en la región de Huila, revelando que en los últimos 30 años se han documentado 157 asesinatos con 307 víctimas, de las cuales 22 eran menores de edad y 9 mujeres. Según Ramelli, la existencia de este patrón apunta a la participación de, al menos, 640 presuntos responsables en estos crímenes.

La confesión de los militares ante la JEP es vista como un avance significativo en el proceso de verdad y justicia en Colombia. Sin embargo, las víctimas y sus representantes continúan exigiendo medidas concretas para garantizar la no repetición de estos hechos y un compromiso genuino con la reparación integral.

Hacia la Reconciliación y la No Repetición

La audiencia en Neiva representa un hito en el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos en Colombia. El reconocimiento de culpabilidad por parte de estos militares, aunque doloroso, es un paso necesario para que las víctimas puedan comenzar a sanar sus heridas.

La sociedad colombiana está ante una oportunidad histórica para reflexionar sobre el pasado y asegurar que estos crímenes no se repitan nunca más. Las organizaciones de víctimas han enfatizado que la verdadera justicia no solo radica en el reconocimiento de los crímenes, sino en la implementación de medidas efectivas que eviten que estos hechos vuelvan a ocurrir.

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La Fiscalía ordena encarcelar a 24 militares por masacre en Putumayo

En una decisión histórica, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por su participación en la masacre de 11 personas, incluyendo un gobernador indígena y un menor de edad, durante una operación militar en Alto Remanso, Putumayo. Este hecho ha generado gran controversia y cuestionamientos sobre las operaciones militares realizadas durante el gobierno de Iván Duque.

Operación «Mahlon No. 5» y su trágico desenlace

Contexto y ejecución de la operación

El 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, se llevó a cabo la operación militar denominada «Mahlon No. 5», dirigida por el coronel Andrés Cadena Bautista. Durante un bazar comunitario, soldados del Ejército Nacional abrieron fuego indiscriminadamente, resultando en la muerte de 11 personas y cinco heridos, entre ellos una mujer embarazada. Las víctimas incluían a un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, lo que generó una fuerte condena pública.

Declaraciones oficiales y reacciones

Horas después del operativo, el entonces presidente Iván Duque y el exministro de Defensa Diego Molano afirmaron que las víctimas eran disidentes de las FARC. Duque destacó en un trino que «se había logrado la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).» Sin embargo, el actual presidente Gustavo Petro, junto con testimonios de la comunidad, señalaron que las víctimas eran civiles desarmados, incluyendo niños, desmintiendo las declaraciones oficiales.

Investigaciones y hallazgos

Testimonios de la comunidad

Abundantes testimonios de la comunidad, documentados por Vorágine, El Espectador y Cambio, indican que los soldados que llegaron a la vereda se presentaron como guerrilleros del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Estos soldados estaban disfrazados de insurgentes con camisetas negras y capuchas, creando un ambiente de hostilidad para justificar el ataque indiscriminado contra la población civil.

Manipulación de la escena del crimen

La investigación de la Fiscalía reveló que, tras el operativo, los militares se vistieron con sudaderas, camisetas y pañoletas para aparentar ser miembros de un Grupo Armado Organizado al margen de la ley. Esta manipulación de la escena del crimen tenía como objetivo encubrir sus acciones, según relatos del fiscal encargado del caso. Las evidencias recopiladas contradicen las declaraciones iniciales del exministro de Defensa Diego Molano y el expresidente Iván Duque.

Implicaciones legales y derechos humanos

Violación del Derecho Internacional Humanitario

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos afirmó que el operativo violó los principios de humanidad y proporcionalidad establecidos en el Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas eran civiles que no participaban activamente en las hostilidades, y el daño causado fue excesivo en comparación con la ventaja militar buscada por el Ejército.

Medidas de aseguramiento y cargos

La medida de aseguramiento dictada por el juez promiscuo municipal con función de control de garantías incluye a tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados, quienes enfrentarán cargos por homicidio en persona protegida consumado y tentativa. Los acusados permanecerán en el centro de reclusión del Batallón de Ingenieros No. 13 en Bogotá mientras continúa la investigación.

La justicia ha comenzado a tomar su curso en uno de los casos más controvertidos de los últimos años en Colombia. Este caso no solo pone en tela de juicio las acciones del Ejército Nacional, sino que también resalta la importancia de proteger los derechos humanos y la vida de los civiles en cualquier operativo militar.

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En un operativo realizado en Puerto Triunfo, Antioquia, un sargento primero del Ejército Nacional fue capturado con un cargamento de 11,300 cartuchos calibre 5.56 mm. La captura del militar, adscrito al batallón Caicedo de Chaparral, Tolima, ha generado gran preocupación y plantea interrogantes sobre la seguridad y la legalidad en la distribución de municiones militares.

Captura en Puerto Triunfo

Operativo de la Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia anunció la captura del sargento primero del Ejército durante un operativo en Puerto Triunfo. El militar fue interceptado mientras transportaba 11,300 cartuchos calibre 5.56 mm en un vehículo particular. Esta incautación ha suscitado una investigación exhaustiva para esclarecer la procedencia y el destino de la munición.

Detalles de la Incautación

Según las autoridades, el cargamento fue detectado durante una inspección de rutina. El sargento detenido está siendo investigado por la extracción ilegal de municiones militares, un delito grave que afecta la seguridad nacional. La munición incautada está diseñada para armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Operativo Simultáneo en La Pintada – Bolombolo

Descubrimiento de Explosivos

Simultáneamente, en la vía La Pintada – Bolombolo, también en Antioquia, la policía de carreteras descubrió más de media tonelada de explosivos Indugel en un vehículo tipo grúa. Este material explosivo tenía un rango de afectación letal de aproximadamente 850 metros y una onda expansiva de hasta 4 kilómetros, según la Subintendente Angela María Posada, experta en explosivos de la Policía Antioquia.

Implicaciones de los Hallazgos

Ambos operativos han llevado a la captura de tres personas, quienes han sido puestas a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y explosivos de uso restringido. Las investigaciones continúan para determinar si existe una conexión entre estos casos y posibles grupos ilegales.

Repercusiones Legales y de Seguridad

Investigación en Curso

Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las intenciones detrás del transporte de estos materiales peligrosos. La posible vinculación de los capturados con grupos ilegales es una de las hipótesis principales que se manejan en la investigación.

Medidas de Seguridad

Este tipo de incautaciones subraya la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las vías del país y en los procesos de control de armamento y explosivos. La colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad es crucial para prevenir el tráfico ilegal de armas y explosivos que pone en riesgo la seguridad nacional.

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