Un llamado a votar con conciencia y sentido humano

El próximo 31 de mayo Colombia vuelve a las urnas. Millones de ciudadanos tomarán un tarjetón, marcarán una opción y depositarán su voto. A simple vista parece un acto rutinario, casi un trámite, pero en realidad es una de las decisiones más importantes de la vida democrática.

En ese momento no solo elegimos un candidato. También definimos qué país queremos, qué sociedad respaldamos y qué responsabilidad asumimos con millones de personas.

El voto tiene algo profundamente especial. Es una decisión personal, un instante en el que cada quien, desde su conciencia, decide a quién le entrega su confianza. Pero al mismo tiempo ese gesto íntimo nos conecta con los demás. Votar también es decir que hacemos parte de esta sociedad y que nos importa lo que pase con ella. Ahí se encuentran lo personal y lo colectivo.

Elegir presidente hoy no es un asunto cualquiera. Es una decisión crucial. Significa definir quién conducirá el rumbo del país en un momento decisivo. Es optar por avanzar hacia una mayor equidad o permitir que la desigualdad siga creciendo. De esa elección dependen realidades concretas, como que un joven pueda estudiar, que una familia acceda a la salud, que el trabajo sea digno o que el campesino pueda vivir de su tierra. Está en juego la posibilidad de una vida digna para todos.

Cada voto cuenta, y cada abstención también. Quien no vota no permanece neutral, simplemente deja que otros decidan por él.

Por eso, antes de entrar al cubículo, vale la pena hacerse una pregunta fundamental. ¿En quién estoy pensando cuando voy a votar? Es natural pensar en nuestras propias necesidades y en lo que nos conviene. Todos lo hacemos. Pero una democracia verdadera nos invita a ir más allá, a mirar alrededor y preguntarnos si lo que elegimos también mejora la vida de quienes enfrentan mayores dificultades.

En cada voto hay muchos rostros. Está el de quienes viven en la pobreza, el de los jóvenes sin oportunidades, el de las madres que sacan adelante solas a sus hijos, el de los campesinos que sostienen el país, el de los abuelos que esperan tranquilidad y el de las comunidades que luchan por sus derechos. Votar con conciencia es recordarlos.

Cuando pensamos en el bienestar de todos, el voto deja de ser una preferencia individual y se convierte en un verdadero acto ciudadano. Votamos no solo por nosotros, sino también por quienes no tienen voz en los espacios donde se toman decisiones.

La corrupción, las mentiras y las promesas incumplidas han generado desconfianza. Ese desencanto es real y comprensible. Sin embargo, quedarse en casa no es la solución. No votar no castiga a quienes han fallado, al contrario, les facilita seguir haciendo lo mismo. Participar es la forma más clara de decir que no aceptamos esa realidad.

Abstenerse es renunciar al poder que tenemos. Es entregar el futuro a otros. Votar, en cambio, es un acto de dignidad. Es afirmar que estamos presentes, que nos importa y que no nos resignamos.

Estas elecciones son decisivas. Está en juego si el país continúa avanzando en transformaciones sociales o si regresa a modelos que han beneficiado a unos pocos. Regresar al país que la mayoría no quiere. El próximo presidente deberá tomar decisiones sobre temas fundamentales como la educación, la salud, el trabajo digno, el campo y la paz.

En los últimos años se han dado pasos importantes en distintos frentes. También han surgido resistencias de quienes prefieren mantener sus privilegios. Por eso esta elección no se trata solo de cambiar de gobernante, sino de definir el rumbo.

Hoy vivimos en medio de la polarización, el miedo y la rabia. Son emociones humanas, pero no construyen futuro. La política debería estar al servicio de las personas, no de intereses particulares ni de reacciones momentáneas. Debería poner en el centro la dignidad humana.

Votar con conciencia también implica rechazar el odio y creer en el diálogo. No significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con herramientas democráticas. Significa reconocer nuestras diferencias y aun así construir un país más justo.

Cuando estemos frente al tarjetón no estaremos solos. Nos acompañan los sueños y aspiraciones de una mejor vida de millones de colombianos que esperan mucho de esa decisión. En ese instante cada uno de nosotros se une a los demás para definir el futuro. Votemos sin miedo y sin odio, pero con firmeza, convencidos de que la dignidad de un pueblo no se negocia.

Ahí estarán el joven que sueña con estudiar, la mujer campesina que busca reconocimiento, el trabajador que necesita seguridad y el abuelo que espera tranquilidad. Todos estarán presentes en ese momento.

Si logramos ver esos rostros al votar, todo cambia. El voto deja de ser un gesto individual y se convierte en un acto de solidaridad y compromiso con el país que queremos.

Un país donde nadie se quede atrás, donde el origen no determine el destino y donde cada persona tenga una oportunidad real de vivir con dignidad.

Es momento de decidir con conciencia, de elegir con responsabilidad y de respaldar un proyecto de país incluyente, justo y coherente. Ese es el verdadero rostro detrás del voto. Ese es el sentido profundo de la democracia.

 Un voto por la dignidad.

Un voto por Colombia.

Un voto por el cambio.

A votar este 31 de mayo, por un país en armonía y con oportunidades para todos.

*Académico-Analista/ Profesor de Ingeniería Química de la UdeA.

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La situación creada por las amenazas de Trump contra  América Latina, ya materializadas con la extracción —o  secuestro— de Nicolás Maduro, no admite análisis  viscerales ni arrebatos emocionales. La gravedad del  momento exige cabeza fría, información amplia y  criterios para su lectura. Solo desde allí es posible  comprender su verdadero alcance y anticipar lo que viene, no solo para Venezuela sino para toda la región, en  un escenario global donde Estados Unidos ha perdido  capacidad de liderazgo moral y político frente a un  multilateralismo aún en construcción.

La llamada Operación Resolución Absoluta, presentada  como una “intervención quirúrgica”, es en realidad algo  mucho más simple y mucho más grave. El derecho  internacional la define sin ambigüedades como un acto  de agresión: un ataque armado de un Estado contra la integridad territorial y la independencia política de otro.

No existe respaldo jurídico alguno y la violación de la  Carta de las Naciones Unidas y de la OEA es abierta. Encubrir este hecho bajo el lenguaje aséptico o de la  ingenuidad política no es responsable, sino cinismo. Es  normalizar la ley del más fuerte y sepultar el principio  básico de la convivencia internacional: la igualdad  soberana de los Estados.

El objetivo real de esta agresión nunca fue la democracia  ni la defensa de los derechos humanos. Fue, y sigue  siendo, el control de recursos estratégicos, en particular  del petróleo. Trump lo expresó sin rodeos al hablar de  “recuperar el petróleo” y colocar la industria en manos  de compañías estadounidenses. La doctrina de  seguridad de Washington ya no se disfraza. Prioriza  ventajas económicas para sus corporaciones aun a  costa de destruir el orden jurídico internacional. Venezuela no es una excepción, sino el laboratorio de  esta estrategia aplicada a América Latina.

La operación expresa, además, una reafirmación brutal  de la Doctrina Monroe reciclada para el siglo XXI. América Latina vuelve a ser concebida como una zona  de control exclusivo, no como una región de Estados  soberanos ni como un espacio legítimo de relaciones multilaterales. Bajo esta lógica no caben proyectos  autónomos ni vínculos estratégicos con potencias como China o Rusia. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir cuando quiera y donde  quiera si considera que sus intereses están en riesgo.

En este marco se inscriben también las acciones  recientes frente a Colombia. Tras días de descalificaciones públicas en las que Trump calificó a  Gustavo Petro como líder del narcotráfico y describió a Colombia como un país enfermo gobernado por un  productor de cocaína, el mandatario estadounidense dio  un giro abrupto al anunciar una invitación al presidente  colombiano para “aclarar diferencias” en Washington.

Según la Casa Blanca, fue el propio Petro quien inició el  contacto para explicar su postura sobre la política  antidrogas y otros desacuerdos bilaterales. Resulta  paradójico que el insulto haya dado paso, de un  momento a otro, a la retórica del honor y el diálogo.

Este viraje revela el carácter errático e instrumental de la  política exterior de Trump. El discurso antidrogas funciona como pretexto selectivo para presionar y  disciplinar soberanías, no como una política coherente.

La supuesta cruzada contra el narcotráfico carece de  sustento fáctico y resulta obscena a la luz de los indultos  y beneficios concedidos por el propio Trump a capos,  políticos y figuras del crimen organizado. Los casos de Juan Orlando Hernández, los hijos del “Chapo” Guzmán, Ross Ulbricht, Larry Hoover o Garnett Gilbert Smith no son anécdotas. Son evidencia de una doble moral estructural. El narcotráfico se combate solo cuando sirve  como excusa para intervenir.

El método elegido marca un punto de inflexión regional. No hubo invasión masiva ni bombardeos televisados en Venezuela. Hubo una extracción selectiva, sin “daños colaterales” visibles, al menos por ahora. Un golpe  supuestamente limpio, de película de Hollywood, pero  con un mensaje inequívoco para toda América Latina. A partir de este momento, ningún liderazgo incómodo  puede sentirse a salvo. La amenaza dejó de ser retórica y  la imprevisibilidad se consolidó como herramienta de poder.

Entre los escenarios más probables, según los expertos, como Stefan Peters – Director del Instituto Colombo Alemán para la Paz (CAPAZ)- , se perfila la instauración  de un protectorado de facto sobre Venezuela. No se trata de una ocupación total, sino de un control férreo de la  industria petrolera y de las decisiones económicas estratégicas.

Washington ya dejó claro que estará al frente de una transición forzada. Descartó a María Corina Machado y a  la oposición tradicional por considerarlas poco  funcionales, y mostró disposición a negociar con sectores del propio chavismo, en particular con Delcy  Rodríguez, bajo amenaza abierta. No se busca  democracia. Se busca el flujo de petróleo y la  obediencia al proyecto MAGA – Hacer a Estados Unidos grande otra vez – .

Este escenario, sin embargo, no está exento de riesgos para quienes lo promueven. La extracción de Maduro no desmonta las estructuras internas de poder en Venezuela. Las Fuerzas Armadas, los cuadros políticos y  las bases sociales del chavismo permanecen y  conservan historia y arraigo. Para los expertos, la  posibilidad de una inestabilidad prolongada es real.

Fracturas internas, protestas masivas y resistencias  fragmentadas pueden derivar en un caos difícil de  administrar incluso para Estados Unidos. La historia de  intervenciones, supuestamente rápidas en otros países terminaron convertidas en caos y experiencias dolorosas para los gringos.

Más inquietante aún es la posibilidad de una escalada  regional. La agresión contra Venezuela no es un hecho  aislado, sino un mensaje disuasivo para otros países. La  idea de operaciones similares, impensables hace pocos  años, hoy circula sin pudor en el discurso político estadounidense, en un momento de evidente erosión del  liderazgo global de Washington. Su capacidad de imponer consensos se debilita mientras China, Rusia y el  Sur Global amplían márgenes de autonomía.

En este contexto, la agresión no fortalece a Estados  Unidos: lo aísla. Abre la posibilidad de respuestas  diplomáticas regionales por fuera de los canales  tradicionales. Espacios como la CELAC, las alianzas  extrahemisféricas y los foros alternativos adquieren un  nuevo sentido, aunque las divisiones entre países  latinoamericanos sigan dificultando una reacción  coordinada.

La respuesta de América Latina ha sido, hasta ahora,  lamentable. Oscila entre el servilismo, la tibieza y el  silencio de quienes creen que callar los protegerá. Es un  error histórico. Cada país que no alza la voz acepta que  su soberanía es negociable y que sus instituciones  pueden ser ignoradas cuando dejan de ser funcionales a los intereses de Washington.

Condenar la agresión contra Venezuela no equivale a defender a Maduro ni a figura alguna. Significa defender  principios fundamentales del derecho internacional: los  conflictos políticos deben resolverse respetando la  soberanía nacional y el principio de no intervención, nomediante comandos extranjeros ni decisiones tomadas  en despachos imperiales.

Lo ocurrido en Venezuela es una herida abierta en el  cuerpo político de América Latina. Sanarla exige  dignidad, coordinación regional y decisiones concretas.  Si la región no reacciona ahora, habrá aceptado que su futuro vuelva a trazarse desde fuera.

Hoy más que nunca, la soberanía no es una consigna  abstracta: es la última trinchera de la dignidad colectiva  frente a la imposición de la fuerza.

 *Profesor de Ingeniería Química Universidad de Antioquia. 

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