Los operativos se desarrollaron en distintas regiones del país, desde incautaciones en contenedores en Buenaventura hasta procedimientos en ciudades como Cúcuta, Cali, Cartagena y Barranquilla. “Hemos evitado la distribución ilegal de medicamentos, textiles, tecnología, cigarrillos, mercurio, entre otros artículos de origen extranjero sin la documentación que acredite su legal ingreso al país”, afirma la citada institución.

Mediante 125 diligencias de registro y allanamiento a centros de acopio ilegal, se incautaron 4’577.019 unidades de mercancías, con un valor comercial de $215.260.354.146, en el marco de investigaciones de alto impacto, sostuvo la Policia Aduanera.

Los sectores más afectados por la mercancía ilegal que ingresa al país, son confecciones, calzado, cigarrillos y automotores. Estos operativos han dejado 111 imputaciones de cargo por delitos asociados al contrabando y conductas conexas, así como 58 capturas (17 por orden judicial y 41 en flagrancia). 

Adicionalmente, gracias a la cooperación internacional, sostuvo la institución, se logró la incautación de armas de fuego y accesorios para las mismas provenientes de Estados Unidos.

“Estos resultados no son cifras, son acciones que nos permiten proteger la economía legal, salvaguardar la industria nacional, garantizar condiciones justas para el comercio formal y contrarrestar las fuentes de financiamiento de las estructuras criminales dedicadas al contrabando. La Policía Nacional reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”, afirmó el señor coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera. 

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Prosperidad Social, en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entregó en el municipio de Necoclí, 1.700 kits de ayudas humanitarias con elementos de protección, dirigidos a familias afectadas por la temporada atípica de lluvias registrada este año en la región.

Las jornadas de entrega se realizaron con el acompañamiento de la administración municipal y se desarrollaron en las veredas Mello Villavicencio, Pueblo Nuevo, Villa Sonia, Santa Fe de la Islita, Santa Fe del Tun Tun, Semana Santa, Olleto y El Totumo, con el propósito de llegar a las comunidades más afectadas por la emergencia.

La gerente regional de Prosperidad Social en Urabá, Diana Patricia Álvarez Torres, señaló que: “Prosperidad Social recibió esta donación de ropa, zapatos y otros elementos de protección, por parte de la DIAN y, en un proceso de articulación con la administración municipal, hoy estamos sumando al bienestar de miles de personas que padecieron considerablemente durante la temporada atípica de fuertes lluvias que golpeó a nuestra región”.

Agregó que “Con estas donaciones cerramos una intervención que reafirma el compromiso de seguir presentes en los momentos en que nuestras comunidades más lo necesitan, trabajando unidos por el bienestar y la recuperación de las familias del Urabá antioqueño”.

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De acuerdo con el ministerio de Hacienda y Crédito Público, dichos ingresos correspondían al IVA del 19% en la venta de licores nacionales, al Impuesto Nacional al Consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1% sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

Agrega la cartera que esas obligaciones ya estaban causadas hasta el día 29 de enero, y su recaudo estaba previsto para los meses de febrero y marzo entrantes, conforme al calendario tributario de 2026. 

La situación “obliga al Gobierno nacional a redoblar esfuerzos, explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público, con el fin de garantizar que la ausencia de estos recursos no se traduzca en retrocesos sociales”, señala el Ministerio, y reitera que “el reto es claro: mantener el equilibrio fiscal sin sacrificar la prestación de servicios en salud, educación y el bienestar de los colombianos”.

Lo que se alcanzó a recaudar

Según el Ministerio de Hacienda, como resultado de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica y Social, la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) alcanzó a recaudar cerca de $1,65 billones hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció la decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma cautelar el estado de excepción.

De ese total, $1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos, beneficio al que se acogieron 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros. 

A este monto se sumó el recaudo por concepto del Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, que representó $23.800 millones; el IVA del 19% a importaciones de licores generó un recaudo de $1.200 millones.

Dice la cartera de Hacienda que estas medida permitieron mejorar el cumplimiento y el consentimiento tributario, además de generar un ingreso efectivo e inmediato para las finanzas públicas.

Pero con la suspensión de la Emergencia Económica, se verán afectados los recursos destinados a la salud y la educación, obligando al Gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.

“Los recursos públicos no son un dato aislado en un balance fiscal: son atención médica, educación, medicamentos y programas sociales que sostienen la vida cotidiana de millones de colombianos. Por eso, cuando una fuente de financiación se suspende, el impacto no se mide únicamente en términos fiscales, sino en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales”, concluye el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825 toneladas.

Estas medidas dan continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1° de febrero de 2026, un arancel del 30% a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado.

La cartera indicó este sábado que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios (Triple A) aprobó el listado de productos cobijados por las medidas arancelarias transitorias adoptadas para restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio con Ecuador.

La ministra Diana Marcela Morales Rojas explicó que la medida se adopta, en términos del comercio internacional, como un instrumento en defensa de la seguridad nacional y reiteró que la decisión contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30% para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador.

La titular de la cartera de Comercio agregó que el arancel impuesto por Ecuador, desconociendo sus compromisos comerciales en el marco de la Comunidad Andina, además de generar un ambiente de tensión también impacta el sistema económico del país.

En el proyecto de decreto sobre medidas arancelarias, el Gobierno nacional evalúa incluir disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz.

La medida estará sujeta a la definición de los textos y su sustento técnico y legal por parte de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, en coherencia con la normativa vigente y los compromisos internacionales del país.

También incluye la restricción a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo.

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En un operativo que se realizó en una bodega del sector de Belén, al occidente de la capital paisa, las autoridades aduaneras aprehendieron un cargamento compuesto por cerca de 40 mil accesorios de audio y video para automóviles, elementos valorados en cerca de 500 millones de pesos.

Entre la mercancía aprehendida se encuentran sistemas de bloqueo, alarmas para vehículos, cámaras de reversa, luces LED, pantallas, altavoces y otros dispositivos electrónicos, que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa aduanera.

El operativo se realizó tras labores de inteligencia, perfilamiento de riesgos y análisis de información, mediante el uso de herramientas tecnológicas de analítica de datos.

La Dian y la Polfa identificaron patrones irregulares que generaron sospecha de ser mercancía de contrabando, y antes de su comercialización se procedió a su inspección.

Las autoridades adelantan actuaciones administrativas y de investigación para establecer la responsabilidad de los propietarios de los elementos confiscados y otros actores de la cadena de distribución de los productos ingresados ilegalmente al país.

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A partir del 1 de noviembre, la facturación electrónica será obligatoria en todos los establecimientos colombianos, conforme a las nuevas disposiciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La medida responde a la necesidad de incrementar la transparencia en las transacciones comerciales, optimizar el acceso a la información y mejorar la seguridad de las transacciones. Con este propósito, la Dian ha movilizado desde el pasado 18 de octubre más de 3.000 funcionarios para verificar el cumplimiento de la normativa, llevando a cabo inspecciones en establecimientos de diferentes sectores y recabando datos que exponen desafíos importantes en la implementación de la medida.

Aumento de los controles de la Dian

Con la cercanía de la fecha límite, la Dian ha intensificado los esfuerzos de inspección en los comercios del país. Desde el 18 de octubre, 3.000 funcionarios de la Dian han visitado aproximadamente 19.000 establecimientos, realizando más de 40.000 entrevistas a consumidores para verificar que los negocios expidan facturas electrónicas en cada transacción. Estos operativos han permitido identificar que un 35% de los comercios aún entregan documentos diferentes a facturas electrónicas, un hecho que pone en evidencia la necesidad de intensificar la adaptación del sistema comercial a la nueva norma.

Verificaciones y datos de cumplimiento

Las inspecciones también han revelado que en alrededor del 18% de los comercios con baja rotación de facturas no se cumple con la normativa de emisión electrónica. Este incumplimiento es particularmente visible en sectores pequeños y de alta rotación, lo cual implica un esfuerzo adicional para que estos adopten las nuevas tecnologías necesarias antes de la fecha límite.

Documentos sujetos a facturación electrónica

La medida también exige ajustar varios documentos en formato digital, incluyendo facturas de servicios públicos, tiquetes de transporte, extractos bancarios y boletas para eventos y cine. Esta iniciativa de la Dian busca que el formato electrónico se extienda a todos los documentos que tienen un impacto directo en el consumidor y en la administración tributaria, de modo que se facilite la trazabilidad de las operaciones y la precisión en el recaudo fiscal.

Eficiencia y seguridad en las transacciones

Uno de los objetivos principales de la Dian al implementar la facturación electrónica es aumentar la eficiencia y seguridad en las transacciones comerciales, permitiendo un seguimiento más riguroso de las operaciones de compra y venta en el país. Con la emisión digital, el proceso de facturación se simplifica, se asegura un respaldo electrónico de cada transacción y se mejora el acceso a la información tanto para consumidores como para autoridades fiscales.

Sanciones por incumplimiento de la norma

A partir del 1 de noviembre, los establecimientos que no cumplan con la normativa se enfrentan a sanciones económicas y al riesgo de un cierre temporal. Las multas pueden alcanzar hasta los 44 millones de pesos y se aplicarán de forma inmediata a los negocios que, tras ser advertidos, no ajusten sus sistemas de facturación. La Dian ha explicado que esta medida es necesaria para garantizar la formalización del comercio y reducir las prácticas de evasión fiscal.

Procedimiento y alcance de las sanciones

Desde enero hasta septiembre, la Dian ha llevado a cabo 86.234 visitas pedagógicas a comercios, principalmente orientadas a aquellos establecimientos que manejan un bajo nivel de rotación de facturas, y en las cuales se ha identificado que un porcentaje importante aún no ha implementado la facturación electrónica. Con estas sanciones, la entidad busca disuadir el incumplimiento y asegurar que todos los sectores de la economía se adhieran a la normativa.

Beneficios para el consumidor y el medio ambiente

La Dian también señala que la facturación electrónica tiene beneficios tanto para el consumidor como para el medio ambiente. La facilidad de recibir la factura por correo electrónico garantiza un acceso inmediato y seguro a la información, y evita la acumulación de papel en los puntos de venta, reduciendo así el impacto ecológico de las operaciones comerciales. Además, este sistema contribuye a una mayor transparencia en las transacciones, lo que incrementa la confianza de los consumidores en el comercio formal y reduce las prácticas irregulares.

La obligatoriedad de la facturación electrónica representa un cambio significativo para el sistema de comercio en Colombia, que, de ser cumplido de forma adecuada, permitirá una mayor trazabilidad en las transacciones, optimización de recursos y un impulso a la digitalización en el país.

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Formación Académica de Villabona

Experiencia y Trayectoria Profesional

Jairo Villabona es contador público egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Además, cuenta con dos especializaciones: una en finanzas, obtenida en la Universidad del Rosario, y otra en tributación, cursada en la Universidad de Los Andes. Su sólida formación académica lo respalda para enfrentar los retos de su nuevo cargo en la DIAN.

Cargos Anteriores y Experiencia Profesional

A lo largo de su carrera, Villabona ha desempeñado importantes roles en el ámbito administrativo y financiero. Fue gerente administrativo y financiero en la compañía ASCOM y director administrativo y financiero en Pearson Educación de Colombia. Actualmente, ocupa el puesto de gerente del fondo de empleados de docentes de la Universidad Nacional (Fodun), donde ha demostrado una gestión eficiente y comprometida.

Nueva Dirección en la DIAN

Expectativas y Retos

Con su llegada a la dirección de la DIAN, Villabona enfrentará el desafío de continuar con las reformas y mejoras en los procesos de recaudación de impuestos y aduanas. Su experiencia y formación académica son factores claves que auguran una gestión exitosa en la entidad.

Reemplazo de Luis Carlos Reyes

El nombramiento de Luis Carlos Reyes como Ministro de Comercio, Industria y Turismo deja una vacante significativa en la DIAN, la cual será ocupada por Villabona. Este cambio se produce en un momento crucial para la entidad, que busca optimizar sus operaciones y fortalecer la recaudación fiscal en el país.

La designación de Jairo Orlando Villabona Robayo como nuevo director de la DIAN es un paso estratégico para la entidad. Su extensa experiencia en el sector administrativo y financiero, junto con su sólida formación académica, lo posicionan como el líder adecuado para guiar la DIAN hacia una nueva era de eficiencia y transparencia en la recaudación de impuestos y aduanas en Colombia.

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Desafíos y Oportunidades en el Ministerio de Comercio

Una Transición Significativa

Luis Carlos Reyes toma las riendas del Ministerio de Comercio en reemplazo de Germán Umaña, quien ocupó el cargo durante casi dos años. Esta transición, aunque esperada, representa un cambio significativo en la dirección de las políticas comerciales del país.

Un Legado por Continuar

Germán Umaña deja un legado marcado por su dedicación y experiencia. Sin embargo, la duración de su gestión estuvo por debajo del promedio histórico de sus predecesores. Su próximo rol como embajador en Bruselas implica un nuevo capítulo en su trayectoria política.

Formación y Experiencia de Luis Carlos Reyes

El nuevo Ministro cuenta con una sólida formación académica en economía e historia, destacándose por su graduación con distinción en la Universidad Internacional de Florida. Su experiencia como director de la DIAN y su trayectoria como docente e investigador le otorgan una perspectiva integral para abordar los desafíos del comercio y la industria en Colombia.

Críticas y Desafíos Pendientes

A pesar de su destacada trayectoria, la gestión de Luis Carlos Reyes en la DIAN ha sido objeto de críticas, especialmente en el ámbito del recaudo tributario. Economistas y expertos señalan que los ingresos fiscales han estado por debajo de lo esperado, planteando interrogantes sobre su capacidad para enfrentar este desafío en su nuevo rol ministerial.

Perspectivas para el Futuro

La llegada de Reyes al Ministerio de Comercio representa una oportunidad para fortalecer las políticas comerciales y contribuir al crecimiento económico del país. Su vasta experiencia y preparación académica le brindan una base sólida para imprimir un nuevo rumbo en la cartera, enfocándose en impulsar sectores clave como la industria y el turismo.

Los desafíos no son pocos, pero las oportunidades para avanzar en el desarrollo comercial y la competitividad del país son igualmente significativas. La mirada está puesta en cómo el nuevo Ministro abordará estos retos y aprovechará las oportunidades para el beneficio de la nación.

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DIAN y economía popular: un nuevo enfoque

El gobernador Escobar sugiere utilizar donaciones de alimentos decomisados para crear bancos de alimentos en municipios PDET.

Prioridad en seguridad alimentaria: La DIAN anuncia que la mercancía decomisada se destinará a la economía popular, priorizando la seguridad alimentaria.

Respuesta positiva y desafío

El anuncio hecho por Luís Carlos Reyes, conocido como «Mr Taxes», recibe elogios y apoyo en línea por su enfoque en ayudar a los sectores más vulnerables.

Desafíos de credibilidad: Aunque la medida es bien recibida, se destaca la importancia de evitar la corrupción en la distribución de estos recursos.

Impacto esperado y seguimiento o Contribución a la reconstrucción

La medida busca contribuir a reconstruir el tejido social y económico en zonas afectadas, priorizando la ayuda humanitaria y la transparencia.

Supervisión y evaluación: Se espera un seguimiento riguroso para garantizar que las donaciones lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan y se evite cualquier desviación de recursos.

La iniciativa entre el Gobierno Nacional, la DIAN y el gobernador de Nariño representa un paso significativo hacia la reconstrucción y el apoyo a las comunidades más vulnerables. Sin embargo, se destaca la importancia de mantener la transparencia y la eficiencia en la distribución de recursos para asegurar el impacto positivo deseado.

«La mercancía de contrabando incautada por la DIAN se pone a disposición de la economía popular.»

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