En un país como el nuestro donde el desarrollo se da a los totazos, en donde aún la educación es precaria, en donde la cultura que impuso el narcotráfico determina más del cuarenta por ciento de la economía, y donde en las barriadas populares la cotidianidad de la tienda, de la toma del bus o el simple hecho de caminar y conversar en la calle son vigilados y definidos por el accionar de las grupos delincuenciales, se hace necesario establecer un diálogo real y constructivo con estos cabecillas para permitir que sus habitantes puedan circular en paz y las bondades del Estado lleguen con efectividad hasta la última esquina.

No aceptar como real y doloroso este fenómeno es pecar de ignorantes y faltos de una política integracionista que lea y viva la realidad de los menos favorecidos y por lo tanto más vulnerables de la sociedad. Llevar una simple guerra sólo genera más conflicto, muerte, desarraigo y destrucción del tejido social.

Los ejemplos son evidentes: en los Estados Unidos se pretendió reprimir la mafia en la época de la llamada “prohibición”  y sólo se logró fortalecer su poder acrecentando el terrorismo y la corrupción hasta lograr pactar con el poder emergente y reglamentar tanto la producción de licor como las actividades anexas: juego, prostitución y contrabando. Aún hoy los diferentes clanes mafiosos siguen reinando en las calles, asociados, quiérase o no, con las autoridades. Incluso en nuestra ciudad, cuna del narcotráfico, se ha hecho en secreto, en las distintas administraciones. No de otra manera se entienden los periodos de paz en la administración de Fajardo y otros. De otra forma nunca hubiéramos dejado de ser la ciudad más peligrosa del mundo, para convertirnos en el paraíso del turismo sexual y fiesta que ahora nos caracteriza.

Establecer un diálogo casi en términos políticos es un triste y obligatorio deber para dar salida al  laberinto de la violencia impuestos por los dinerales producto del microtráfico y el delito. Los miles de jóvenes que nacieron en los tiempos del desplazamiento campesino se vieron avocados a servir a los poderosos bandidos del barrio, incluso muchas veces recibiendo honorarios y prebendas mejores que las pretendidas en el escaso mercado laboral.

Los programas de redención juvenil ofrecidos por el gobierno han pretendido ofrecerles a estos muchachos un mundo de educación y progreso, además del fortalecimiento y el rescate de la familia con la posibilidad de un vida mejor lejos de las sangrientas bondades que les ofrece el mundo del crimen

Los jefes de los llamados “Combos” delincuenciales que dejarán las cárceles, muchos por cumplimiento de condenas y otros por negociaciones con el gobierno con base a políticas de sometimiento y cesación de la actividad delincuencial, han entendido la gran pérdida de tranquilidad y vidas que representa el seguir en guerra entre sí y el Estado. Además es práctico desde el punto de vista político toda vez que el devenir de sus barrios depende de su accionar: el comercio, por ejemplo,  ya que después de la etapa extorsiva muchos han abierto negocios como supermercados, depósitos de materiales para construcción, restaurantes, sitios de diversión, incluso guarderías y centros médicos.

También estos cabecillas se han cansado de vivir proscritos y acosados y han hecho ver en múltiples encuentros y entrevistas que no son los incultos y ordinarios hampones de otros tiempos. Son de buena presencia, hablan bien y son educados. Es la realidad y hay que aceptar como hemos aceptado que el narcotráfico creció y se quedó entre nosotros con mil caras, incluso disfrazado de líderes bondadosos y queridos, de militares y policías, también en todas las familias siempre hubo alguien relacionado con  estos “deslices”.

Sólo reprimiendo o negando las relaciones con estos poderes haremos que se fortalezcan. Debemos parar y pactar mientras educamos y hacemos reformas sociales y redimimos a un pueblo clásicamente explotado y condenado a la pobreza.

Por último: no por ver series de mafiosos o delincuentes, nos convertiremos en ellos. La educación, las oportunidades laborales bien remuneradas y la sensatez, se imponen.

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Con el propósito de mitigar el impacto del paro minero que se registra en el Bajo Cauca, el Gobierno nacional ratificó su compromiso irrestricto con la participación ciudadana y el derecho a la protesta social, garantizando su ejercicio dentro de los principios de la expresión pacífica, democrática y respetuosa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. 

En ese sentido, tras los avances alcanzados el pasado 21 de marzo en la reunión sostenida con la Mesa Social y Minera del Bajo Cauca, el Gobierno ha adelantado las consultas y gestiones necesarias para dar continuidad al proceso de diálogo orientado a la superación del conflicto en el territorio, conforme a los compromisos previamente acordados. 

De acuerdo con el comunicado del ministerio del Interior, como parte de estos avances, se logró acordar la puesta en marcha de la ruta para la adjudicación de 7.200 hectáreas destinadas a la formalización de la pequeña minería, así como la habilitación de 2.800 hectáreas adicionales, que permitirán en el corto plazo formalizar cerca de 1.000 unidades de producción minera y beneficiar aproximadamente a 10.000 mineros y mineras de la región. 

Asimismo, se priorizará la atención ágil de 128 procesos de formalización minera actualmente en trámite, y se reconoce el avance de más de 2.600 mineros formalizados durante este Gobierno, a través de 32 Unidades de Producción Minera, quienes accederán a los instrumentos de fomento dispuestos por el Estado. 

No a vías de hecho

No obstante, el Gobierno nacional ha sido enfático en que no se restablecerán espacios de diálogo mientras persistan bloqueos y acciones de hecho violentas en la vía hacia Caucasia. 

La instalación de una mesa de diálogo estará condicionada al cese total de todas las acciones de violencia y vandalismo, para garantizar los derechos de movilidad, seguridad y bienestar de la población en general.

De igual manera, el documento indicó que el Gobierno reitera que las autoridades públicas deben actuar dentro del marco de la ley. 

“En consecuencia, no es posible ofrecer la legalización de actividades de mediana y gran minería por fuera de los procedimientos establecidos por la autoridad minera competente, ni comprometer la suspensión de las funciones constitucionales de seguridad y convivencia a cargo de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales”, anotó el comunicado.

Indicó además que “el Gobierno nacional lamenta el surgimiento y escalamiento de expresiones violentas en el desarrollo de las movilizaciones, e insta al movimiento social a desmarcarse de manera clara y contundente de estos métodos, privilegiando las vías institucionales y el diálogo” y reiteró que “mantiene su disposición permanente para escuchar, construir acuerdos y avanzar hacia soluciones sostenibles, siempre en el marco de la ley y el respeto por todos los colombianos”.

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