Un aporte del profesional Fernando Sánchez Prada*/Solidaridad/El Pregonero del Darién

Por considerar de interés general hacemos pública la siguiente información, para que las víctimas del terremoto registrado en el país el pasado lunes, conozcan de primera mano sus derechos de ley:

Si alguien que usted conoce perdió a un familiar en el terremoto, dígale esto. Hay una indemnización del Estado que casi nadie reclama. Existe desde 1993. Y no cubre solo la muerte: también la atención de los heridos.

La base es el artículo 167 de la Ley 100 de 1993. En «catástrofes naturales» hay derecho a «indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial».

Quien paga es la ADRES, con cargo a la subcuenta de riesgos catastróficos. El 10 de agosto anunció que reconocerá estos pagos a las víctimas de este sismo.

Los montos que informó la propia ADRES para 2026: Muerte y gastos funerarios: hasta $43.773.000.

Atención médica del lesionado: hasta $46.690.800.

Quién puede pedirla, en su orden: cónyuge o compañero permanente, hijos, padres, hermanos. Y hay plazo: 18 meses desde el hecho. No es cosa de esta semana, pero tampoco conviene dejarlo.

Los documentos: certificado de defunción, registros civiles que prueben el parentesco, cédulas, la epicrisis si hubo atención médica, y el formulario FURPEN, que desde abril de 2026 se radica en línea.

Hay un papel que traba todo, por eso va aparte. El certificado del consejo municipal o distrital de gestión del riesgo, donde conste que la persona fue víctima de este evento. Sin él, la reclamación no avanza.

Ese certificado se pide por derecho de petición a la alcaldía. Es gratis y no necesita abogado. La entidad tiene 15 días hábiles para responder, y esos términos no están suspendidos por el sismo.

Una aclaración, para no crear falsas expectativas. Esto cubre muerte, lesiones y atención en salud. No cubre la casa, ni los muebles, ni el carro. Para eso están los seguros, que van en otro hilo.

Si conoce a una familia que perdió a alguien, hágale llegar esto. Son más de cuarenta millones de pesos que se dejan de reclamar, casi siempre por no saber que existen.

Sí, es cierto. La información que compartió es precisa y se basa en la normativa vigente y en anuncios oficiales de la ADRES relacionados con el sismo del 10 de agosto de 2026.

Base legal y cobertura:

El artículo 167 de la Ley 100 de 1993 establece que, en casos de catástrofes naturales (entre otros eventos), los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud tienen derecho al cubrimiento de servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. Estos se pagan con cargo a la subcuenta de riesgos catastróficos que administra la ADRES.

La ADRES lo confirmó públicamente el 10 de agosto de 2026: realiza dos tipos de reconocimientos para víctimas de este tipo de eventos (indemnizaciones/gastos funerarios por muerte o incapacidad permanente, y pagos de servicios de salud a lesionados). No cubre daños materiales (vivienda, muebles, vehículos, etc.).

Montos (valores 2026)

• Indemnización por muerte y gastos funerarios: hasta 750 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), equivalentes a aproximadamente $43.773.000.

• Atención médica/servicios de salud para lesionados: hasta 800 SMLDV (alrededor de $46.690.800).

• Incapacidad permanente: hasta 180 SMLDV (según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral calificado).

Quiénes pueden reclamar y plazo

Orden de prelación: cónyuge o compañero(a) permanente, hijos, padres y, en su defecto, hermanos. El plazo es de 18 meses contados desde el hecho (o desde el dictamen de incapacidad definitiva).

Documentos y trámite clave

Se requiere, entre otros: certificado de defunción, registros civiles que acrediten parentesco, cédulas, epicrisis (si hubo atención médica), el formulario FURPEN (radicable en línea desde abril de 2026 a través del portal de la ADRES) y, de manera indispensable, el certificado del Consejo Municipal o Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (o equivalente de la UNGRD) que conste que la persona fue víctima del evento. Sin este último, la reclamación no avanza. Ese certificado se solicita por derecho de petición a la alcaldía (es gratuito y no requiere abogado; el término de respuesta de 15 días hábiles no se suspende).

En resumen: la información es correcta, existe desde 1993, la ADRES la activó expresamente para este sismo y muchas familias no la reclaman por desconocimiento. Recomiendo verificar los detalles actualizados y el procedimiento exacto en el sitio oficial de la ADRES (sección de reconocimiento y pago de indemnizaciones a víctimas – persona natural) o en sus canales de atención, ya que los requisitos documentales y la radicación en línea pueden tener particularidades operativas. (Interesados pueden consultar en la página de ADRES)

https://www.adres.gov.co/noticias/comunicado-para-las-victimas-del-terremoto

*Fernando Sánchez Prada es un experto colombiano en comunicación estratégica, desarrollo social y políticas públicas, con más de tres décadas de experiencia trabajando con gobiernos, organismos multilaterales e instituciones de protección social en América Latina.

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El Ministerio del Trabajo denunció posibles mecanismos de encubrimiento laboral y graves riesgos para trabajadores y pacientes en hospitales públicos del Valle del Cauca, tras una mesa interinstitucional desarrollada en Cali para revisar los esquemas de contratación en el sector salud.

La jornada fue encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, acompañado por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, y la directora de Inspección, Vigilancia y Control, Mayra Alejandra Sánchez.

Durante el encuentro, la cartera laboral presentó los hallazgos derivados de inspecciones adelantadas en el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ y en el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, donde se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con tercerización laboral, contratos sindicales y figuras de agremiación que, según las autoridades, estarían reemplazando vínculos laborales directos.

De acuerdo con el informe oficial, en el Hospital Universitario del Valle fueron detectados procesos de tercerización en áreas estratégicas como vigilancia, aseo, imágenes diagnósticas y servicios renales. Además, se evidenció la vinculación de más de 3.000 trabajadores mediante contratos sindicales suscritos con organizaciones como AGESOC y ASSTRACUD.

“La salud pública no puede sostenerse sobre la precarización laboral ni sobre esquemas que debilitan los derechos de quienes sostienen el sistema hospitalario del país”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

Las inspecciones también dejaron al descubierto deficiencias en infraestructura y seguridad ocupacional. Entre los hallazgos reportados se encuentran filtraciones e inundaciones en áreas de Oncología, mobiliario afectado por humedad, falta de mantenimiento preventivo y posibles falencias en los planes de evacuación.

El Ministerio del Trabajo alertó además sobre denuncias relacionadas con extensas jornadas laborales, disponibilidad permanente sin reconocimiento de horas extras, turnos de hasta 184 horas mensuales y retrasos de varios meses en el pago de incapacidades médicas.

Otro de los puntos más sensibles señalados por la entidad corresponde a riesgos químicos en laboratorios hospitalarios. Según el reporte, trabajadores estarían expuestos a sustancias como formol, xilol y metanol, así como al uso de DAB, un compuesto catalogado como potencialmente cancerígeno, sin las medidas de protección adecuadas.

Como resultado de la mesa interinstitucional, el Gobierno nacional anunció la construcción de un Acuerdo de Formalización Laboral orientado a fortalecer la estabilidad de los trabajadores del sector salud y avanzar hacia modelos de contratación ajustados a la legislación laboral vigente.

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Fecha: el 8 de marzo, para conmemorar la lucha histórica por la igualdad, participación y desarrollo de las mujeres en la sociedad. Es un día de reivindicación, no solo de celebración, que visibiliza la brecha de género y exige derechos fundamentales, justicia e igualdad. 

Origen: Impulsado por movimientos socialistas y feministas a principios del siglo XX, destacando la propuesta de Clara Zetkin en 1910 y los trágicos incendios laborales en EE. UU, entre 1908 y 1911.

Reconocimiento ONU: En 1977, la ONU invitó a los estados a proclamar esta fecha como día internacional de los derechos de la mujer y la paz.

Significado: Es un momento para reflexionar sobre las conquistas logradas y persistir en la lucha contra la desigualdad, el desempleo y la brecha salarial.

Lema 2026: «Derechos, Justicia, Acción para TODAS las mujeres y niñas», enfocado en desmantelar barreras estructurales y leyes discriminatorias. 

La fecha es una oportunidad mundial para exigir que se cumplan, ejerzan y disfruten los derechos fundamentales de las mujeres en todos los ámbitos.

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“Tengo el honor de anunciar mi participación en el nuevo libro «The Politics of Riverine Rights», publicado por la prestigiosa editorial Routledge.

En esta obra, junto a colegas de TAG*, analizamos las luchas por los derechos de los ríos en Aotearoa Nueva Zelanda, India y nuestra Colombia. Como abogado formado en la Universidad Tecnológica del Chocó y magíster en derechos humanos por UNAULA, mi compromiso ha sido siempre la defensa de las comunidades étnicas y el territorio. Ver plasmada esa lucha en un análisis de escala global es un hito que quiero compartir con todos ustedes”

Así se refirió el expersonero de Carepa una vez consolidada su publicación en el citado libro.

* Grupo Académico Transnacional: Una red de colaboración internacional que reúne a investigadores, académicos y expertos de diferentes partes del mundo.

Llévame al río: ¿los derechos ribereños han mejorado la participación

comunitaria en la gobernanza ambiental dentro de la cuenca del río Atrato?

Como un abre bocas de esta obra publicamos la instrucción para  que los lectores se tomen una idea del contenido, además de anexar los enlaces para quienes deseen la publicación completa

Introducción

En este artículo abordamos la pregunta: ¿El reconocimiento de los derechos ‘bioculturales’ en el La cuenca del Atrato, que enfatiza las conexiones simbióticas entre los ecosistemas y los humanos, generó mayores oportunidades para la participación humana en la gestión ambiental.

¿gobernancia? En otras palabras, ¿los derechos ribereños han ayudado a fortalecer la participación comunitaria en la gobernanza ambiental en la cuenca del río Atrato?

Las comunidades étnicas del Atrato no sólo son habitantes de la cuenca del río sino también titulares de derechos con capacidad legal para participar activamente en la toma de decisiones en diversos aspectos de su territorio, incluidas las dimensiones social, cultural, económica, ambiental, de salud y educativa.

En 2015 presentaron un reclamo constitucional que condujo al reconocimiento de los derechos bioculturales, tanto para el río como para ellos mismos, vistos como entrelazados en una red de relaciones bioculturales. Siete años después de que se dictara la decisión, la contaminación incontrolada relacionada con la extracción de oro y arena continúa en niveles elevados en el río.

Vale la pena enfatizar que las comunidades ribereñas organizadas han participado activamente durante todo el proceso, tanto mucho antes de que este caso legal en particular fuera llevado a los tribunales como durante el diseño y presentación del recurso constitucional. Por lo tanto, el hecho de que el poder judicial haya tomado decisiones respecto del cambio de estatus jurídico del río implica también que el compromiso de la comunidad está implícito en todo el proceso de transformación de la situación del río.

En este sentido, un representante de la Federación de Asociaciones de Indígenas Cabildos del Chocó (Fedeorewa), dijo en entrevista:

Pues bien, los pueblos indígenas, por razones culturales derivadas de su cosmología, siempre han jugado un papel importante en la conservación de la naturaleza. Esta es una demanda que las comunidades indígenas han estado haciendo al gobierno y al Estado y ha sido constantemente ignorada. Siempre hemos hecho esta exigencia desde una perspectiva cosmológica. Por eso, para nosotros es importante contar con un veredicto emitido por un juez. Ayuda a reforzar lo que venimos denunciando y exigiendo al Estado desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos al menos algo de ayuda del Estado. Al menos ahora las instituciones empiezan a entender y tomar conciencia, aunque también se obligó a través de una demanda que se interpuso, para que un juez fallara a favor de atender toda la contaminación que existe. Fallaron a favor del río Atrato, otorgándole derechos como el río importante que es.

Entonces, creo que esto es importante para nosotros porque nos ayuda a centrarnos en la conservación y en mantener vivos los ríos, los bosques y el territorio. Porque, de todos modos, si no tenemos ríos y si no tenemos bosques, bueno… miren el tema del calentamiento global, vean de dónde viene. Todo esto es lo que miramos. Si destruimos lo que tenemos, ¿adónde iremos? ¿Qué pasará con el futuro de la vida?

Los interesados en el texto completo incluyendo la extensa biografía pueden acudir a los siguientes enlaces:

Luchas ambientales en Aotearoa Nueva Zelanda, Colombia y la India. Disponible acceso abierto:

https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003581208/politics-riverine-rights-axel-borchgrevink-malene-brandshaug

https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2367468

Sobre los autores:

Arlinton Cuesta Mosquera y Catalina Vallejo Piedrahítab *

a Abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó, Candidato a la maestría en educación y Derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamaricana, UNAULA de Medellín.

Profesora de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Eafit, Colombia, Investigadora del Proyecto Riverine Rights coordinado por la Universidad Metropolitana de Oslo (OsloMet) en asociación con Autónoma Universidad Latinoamericana-UNAULA, Medellín, Colombia.

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20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia.

Mi día, mis derechos

El Día Mundial de la Infancia es una jornada a escala internacional, y conmemora la adopción de la Convención de los Derechos del Niño (1989) el 20 de noviembre. En todo el mundo, los niños y niñas se levantan y cuentan sus vidas, sus esperanzas y sus derechos.

En todo el mundo, a la salida del sol, los niños y las niñas se despiertan en un mundo que es fruto de decisiones que ellos no han tomado. Pero también se despiertan con derechos: a ser protegidos, a aprender y a expresar su opinión.

Ha llegado el momento de escuchar a la infancia, de comprender cómo viven y de qué manera sus derechos se hacen respetan, se vulneran o se defienden día a día.

¡Ayúdanos a amplificar sus voces y a proteger los derechos de toda la infancia!

Derechos de los niños según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño:

Derecho a la vida

Derecho a la salud

Derecho a la protección

Derecho a la educación

Derecho a una identidad

Derecho a una información de calidad

Derecho al juego

Derecho a expresar su opinión y ser escuchado

Derecho a la intimidad

Derecho a asociarse.

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