También, desde el 2 de marzo pasado, arrancó la entrega de los recursos en el resto del país, llegando a más de 2,8 millones de beneficiarios que cumplieron con los requisitos del programa para cada ciclo. Para estas entregas, la entidad invirtió 1,3 billones de pesos.

Rodríguez Amaya afirmó que se está garantizando que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. “Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país», dijo.

Los beneficiarios de Córdoba y Sucre, afectados por la reciente emergencia por lluvias, ya empezaron a recibir sus pagos en los puntos habilitados para retirar los recursos. Cerca de 270 mil personas mayores son beneficiarias en los dos departamentos.

Con esta entrega, Prosperidad Social avanza en la meta del gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa y llegar a 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país.

Para estos dos ciclos, además, la población indígena beneficiaria del programa aumentó, pasando de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un aumento del 114%.

En Bogotá también se registra un aumento en el número de beneficiarios con liquidación, que pasa 51.000 a 108.000 personas mayores, un incremento del 111%.

Para la vigencia 2026, la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal compuesta por Matrix-Sured y Supergiros con cubrimiento en todo el país. Entre ambos operadores cuentan con más de 31.800 puntos de pago habilitados para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.

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La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación disciplinaria contra el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, por presunta participación en política durante un evento oficial. La investigación surge a raíz de declaraciones atribuidas a Bolívar en el acto denominado «Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí», realizado el 24 de abril en Soledad, Atlántico.

Investigación disciplinaria en curso

Declaraciones en evento oficial

Durante el mencionado evento, Bolívar habría instado a los asistentes a respaldar las listas del Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2026. Según informes, expresó: «Ahí vamos a estar con nuestras listas del Pacto tratando de obtener, por fin, unas mayorías en el Congreso». Estas declaraciones fueron documentadas por la revista Semana y han generado preocupación en el Ministerio Público.​

Posible infracción al Código Disciplinario

La Procuraduría considera que las declaraciones de Bolívar podrían contravenir lo dispuesto en el artículo 208 del Código General Disciplinario, que prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas. Por ello, se ha ordenado la recolección de pruebas, incluyendo el video completo del evento y la información administrativa que acredite la presencia oficial de Bolívar en dicho acto.

Reacciones y medidas adoptadas

Solicitud de documentos y verificación de calendario electoral

Además de las pruebas mencionadas, la Procuraduría ha solicitado a la Registraduría Nacional el acto administrativo que fijó el calendario electoral de 2026, con el fin de establecer si en la fecha mencionada estaba permitido iniciar actividades proselitistas. También se ha requerido al DPS los documentos que autoricen la comisión o situación administrativa de Bolívar el 24 de abril, para verificar si su presencia en el evento fue en calidad de funcionario público.

Contexto político y otras declaraciones

El evento en cuestión también fue escenario de otras declaraciones polémicas. El presidente Gustavo Petro, presente en el acto, se refirió al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, con términos despectivos, lo que ha generado críticas por parte de diversos sectores políticos. Estas situaciones han intensificado el debate sobre la participación de funcionarios en actividades políticas y la necesidad de respetar la separación de poderes.​

Implicaciones y próximos pasos

Duración de la indagación y posibles consecuencias

La indagación previa tendrá una duración máxima de seis meses, al término de los cuales la Procuraduría decidirá si archiva el caso o inicia una investigación formal. De encontrarse méritos, Bolívar podría enfrentar sanciones disciplinarias, que van desde amonestaciones hasta la destitución del cargo.​

Importancia del cumplimiento de normas por parte de funcionarios públicos

Este caso resalta la importancia de que los funcionarios públicos se abstengan de participar en actividades políticas, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El respeto a estas disposiciones es fundamental para garantizar la imparcialidad y la confianza en las instituciones del Estado.​

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