La representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal habrían incurrido en el delito “de Menoscabo de la Integridad Nacional (art. 455 C.P.) al invitar o incentivar a una intervención militar extranjera”

A través de su su cuenta de X, el titular encargado de la cartera de Justicia Andrés Idárraga, aseguró que “no es opinión: es un acto de hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa”.

El artículo 455 del Código Penal colombiano, al que hace referencia el ministro Idárraga, establece: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”.

De acuerdo con Idárraga, “la autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”.

“Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”, concluyó.

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El fundador de WikiLeaks alega que el premio de 2025 a María Corina Machado constituye apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra bajo la ley sueca; busca congelar 11 millones de coronas suecas (1,18 millones de USD) de transferencias pendientes a Machado.

Julian Assange presentó una denuncia penal en Suecia acusando a 30 individuos asociados con la Fundación Nobel, incluyendo su liderazgo, de cometer presuntos delitos graves, incluyendo el delito de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y el financiamiento del crimen de agresión.

La denuncia muestra que el testamento de Alfred Nobel de 1895 manda explícitamente que el premio de la paz se otorgue al individuo que durante el año anterior “haya conferido el mayor beneficio a la humanidad” haciendo “la mayor o mejor obra por la fraternidad entre las naciones, por la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y por la celebración y promoción de congresos de paz”.

Assange argumenta que “La decisión política del comité de selección noruego no suspende el deber fiduciario de los administradores de fondos suecos”. “Cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una apropiación indebida de la dotación”.

Delitos económicos

La denuncia, presentada simultáneamente ante la Autoridad de Delitos Económicos de Suecia (Ekobrottsmyndigheten) y la Unidad de Crímenes de Guerra de Suecia (Krigsbrottsenheten), afirma que los sospechosos, incluidas la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, convirtieron “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”. Esta presunta “criminalidad grave” incluye:

1) Apropiación indebida grave y conspiración en relación con el desembolso pendiente de 11 millones de SEK (1,18 millones de USD) del dinero del Premio de la Paz a María Corina Machado, cuyas acciones previas y en curso la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel;

2) Facilitación de crímenes de guerra, incluido el crimen de agresión y crímenes de lesa humanidad, violando las obligaciones de Suecia bajo el Artículo 25(3)(c) del Estatuto de Roma, porque los acusados son conscientes de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de EE. UU., y sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y supervivientes de naufragios en el mar, y están incumpliendo su obligación de cesar los desembolsos.

Assange señala que los miembros de la Fundación Nobel han ejercido previamente su autoridad de supervisión sobre los premios y sus desembolsos al retener los desembolsos del Premio de Literatura en 2018. “La falta de intervención aquí, a pesar de los crímenes de guerra de EE. UU. frente a la costa venezolana y el papel clave de Machado en promover la agresión” incurre en responsabilidad penal.

“La dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra,” declara Assange. Los acusados tienen obligaciones legales concretas de “garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento de Alfred Nobel, es decir, poner fin a las guerras y los crímenes de guerra, y no de facilitarlos.”

El mayor despliegue militar de EE.UU..

La denuncia señala cómo el anuncio y la ceremonia del Nobel han ocurrido en lo que analistas militares describen como “el mayor despliegue militar de EE. UU. en el Caribe desde la Crisis de los Misiles en Cuba” —superando ahora los 15.000 efectivos, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford. La concentración militar sigue en curso, ya que el presidente Trump anunció el 10 de diciembre, dos días después de la ceremonia del Nobel, que los ataques de EE.UU. “comenzarían por tierra”. La estrategia en Venezuela es parte de lo que el Secretario de Guerra de Trump, Peter Hegseth, llama un cambio hacia la “máxima letalidad, no la tibia legalidad” y de “pasar a la ofensiva”.

En este contexto, Assange afirma que “Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a seguir su camino de escalada”, incluso entrando en una conspiración para dar a la administración de EE. UU. acceso a 1,7 billones de dólares en reservas de petróleo y otros recursos naturales a través de la privatización una vez que Maduro sea derrocado.

“Usando su posición elevada como receptora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados,” declara Assange en la denuncia penal.

Amplias pruebas

La denuncia enumera pruebas de esta incitación a la intervención militar de EE. UU., así como elogios a la conducta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Gaza. Sus declaraciones incluyen:

– “La escalada militar puede ser la única vía… Estados Unidos puede necesitar intervenir directamente” (30 de octubre de 2025)

– Machado calificó los ataques militares de EE. UU. a buques civiles, que han matado al menos a 95 personas al día de hoy, como “justificados” y “visionarios”.

– Machado dedicó el premio al presidente de EE. UU., Trump, porque “finalmente ha puesto a Venezuela… en términos de prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

– Declaraciones históricas que incluyen su testimonio de 2014 ante el Congreso de EE. UU. donde dijo: “El único camino que queda es el uso de la fuerza”.

El expediente cita una extensa oposición de expertos e instituciones a que Machado reciba el premio de paz:

– 21 organizaciones de paz noruegas declararon: “Machado es lo opuesto a un premio Nobel de la paz”.

– El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel declaró: “Dar el premio a alguien que pide una invasión extranjera es una burla al testamento de Alfred Nobel”.

– El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) confirmó que Machado “ha pedido una intervención militar en Venezuela”.

Solicitud

La denuncia señala que “Existe un riesgo real de que los fondos derivados de la dotación de Nobel hayan sido o sean desviados intencional o negligentemente de su propósito caritativo para facilitar la agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.”

Assange solicita que las autoridades suecas:

1. Congelen inmediatamente la transferencia pendiente del premio monetario de 11.000.000 SEK y cualquier presupuesto relacionado restante, y aseguren la devolución de la medalla.

2. Investiguen a las personas nombradas y a los funcionarios de la Fundación y entidades asociadas por apropiación indebida grave, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y conspiración.

3. Incauten las actas de la junta directiva, correos electrónicos, chats grupales y registros financieros.

4. Interroguen a Widding, Stjärne y otros sospechosos.

5. Investiguen completamente a nivel nacional o remitan el asunto a la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma Art. 25(3)(c)).

“Esta denuncia busca el congelamiento inmediato de todos los fondos restantes y una investigación penal completa para evitar que el Premio Nobel de la Paz se convierta permanentemente de un instrumento de paz en un instrumento de guerra,” concluye Assange en un extenso documento publicado hoy  y replicado por innumerables medios y portales noticiosos.

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Claves de la denuncia

Durante su gestión, el exministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, habría firmado convenios con cláusulas de confidencialidad, ocultando información sobre el uso de recursos públicos destinados a la emergencia sanitaria. Esta práctica genera preocupaciones sobre la transparencia en la administración de fondos durante la pandemia. Además, la denuncia resalta que Colombia experimentó retrasos significativos en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 bajo la gestión del exministro. Esta situación plantea cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de adquisición y distribución de vacunas en un momento crítico para la salud pública.

Grave denuncia que habría ocurrido en época de pandemia, durante la época de @Fruizgomez.
Un ministro al que un montón de loquitos lo llamaron el mejor ministro de @IvanDuque pero:
Fue el ministro de que hizo convenios con cláusula de confidencialidad para que nadie supiera en… pic.twitter.com/IlFIjNNCHT

— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) April 9, 2024

Impacto en la mortalidad

Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia es el elevado número de fallecimientos durante la pandemia en Colombia. Con más de 120 mil ciudadanos perdiendo la vida a causa del virus, se cuestiona si se tomaron las medidas adecuadas y oportunas para proteger a la población y contener la propagación del COVID-19.

Vínculos políticos

La denuncia también menciona posibles vínculos políticos del exministro con el partido Cambio Radical. Este aspecto suscita debates sobre la independencia y objetividad en la gestión de la salud pública, enfatizando la importancia de separar los intereses políticos de las decisiones cruciales para la protección de la ciudadanía.

Reacciones y exigencias

Ante estas acusaciones, diversos sectores de la sociedad colombiana han manifestado su preocupación y exigido investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La transparencia y la rendición de cuentas se presentan como pilares fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y garantizar una gestión eficiente en situaciones de crisis como la pandemia.

Para resumir

La denuncia contra el exministro de salud durante la pandemia en Colombia plantea importantes interrogantes sobre la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de una crisis sanitaria de magnitud global. Es imperativo que las autoridades competentes realicen investigaciones rigurosas y tomen medidas concretas para asegurar la rendición de cuentas y la protección de la salud pública en futuras emergencias.

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