Cuando era estudiante universitario, me topé con una perla ideológica, pedagógica y política de Pablo Freire, el catolicísimo maestro brasileño, jefe del equipo alfabetizador del pueblo chileno que, más tarde eligió con limpio voto popular, al primer presidente socialista de la historia mundial, el médico Salvador Allende Gossens, derribado por el fascismo con asistencia de los gringos:

“No es parte de tus bienes lo que das a los pobres, les pertenece pues, lo que ha sido entregado por Dios para todos los seres humanos, tú te lo apropias injustamente”. Freire, refiere que la cita la encontró en uno de los flamantes discursos con los que, san Ambrosio, obispo de Milán, fustigaba a los acaparadores y defendía a los pobres en el siglo IV.

Más tarde leí de un sociólogo norteamericano algo así como que la palabra democracia poco le dice a un campesino boliviano, ecuatoriano, guatemalteco o colombiano, si al levantarse va a la cocina y no encuentra qué dar a sus hijos.  Ergo, la paz, la democracia y la libertad son concomitantes con la cantidad de necesidades básicas resueltas. La democracia, no es entonces, un asunto meramente electoral que, obviamente, resulta muy importante pero no reducida al evento de cada cuatro años cuando renovamos las autoridades políticas y administrativas. Ese sistema en Colombia funciona muy bien con las élites que aceitan las maquinarias para ganar las elecciones, aunque a veces un gato mate un perro, como fue el caso de los presidentes López Pumarejo, Belisario Betancur y Gustavo Petro en el 2022.

Aunque vale aclarar que López y Betancur eran candidatos de la aquiescencia plena del partidismo tradicional. Es decir, sin ninguna oposición y si resultaron buenos fue por lo que los juristas llaman “intuitu personae” (algo así, como por sus calidades personales), mientras que el presidente Petro salió de la entraña popular y contra la gavilla de los sectores tradicionales.

Sin embargo, no podemos olvidar que el Gran López Pumarejo, fue reculando de sus impulsos revolucionarios y cuando llegó la hora crucial para Colombia con dos candidatos liberales de excelencia: Gabriel Turbay Abunader (poco conocido su segundo apellido, ¿no?) y Jorge Eliécer Gaitán Ayala, a pesar de tener capacidad política y estatura moral para tomar, como jefe liberal, la mejor decisión a fin de garantizar la continuidad de las reformas, optó por la enseñanza de Pilatos: lavarse las manos y salirse por la tangente con el catastrófico estribillo, “los dos son muy buenos, que decida la gente”. Por qué López no ordenó, por ejemplo: en este período va Gaitán que es mayor y luego Turbay. Habría salvado la patria y conquistado la cumbre de la historia. Lo que pasó ya sabemos y fue el origen más próximo de la orgía de sangre, desplazamiento, rencor y violencia que degeneró hasta lo que tenemos hoy día, que intentaron zanjar con el pacto impúdico de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo.

Mostrarnos El Frente Nacional como el modelo democrático colombiano es, además, de un insulto a la conciencia moral del país, a la academia y ciudadanos humildes, intentar tapar el sol con un dedo, pues sabido tenemos que quienes habían creado la catástrofe no podían ser los pacificadores de la casa. El Frente fue un fraude a la sociedad porque excluyó todo pensamiento distinto al de los líderes bipartidistas y el camino expedito al tapen, tapen, puesto que, sin importar quién resultara elegido, la burocracia se dividía por igual entre ellos y así se protegían la espalda.

El partido liberal no aprendió la historia porque en el año 30, el conservatismo cayó del poder porque se presentó dividido: El maestro Valencia y el general Vásquez Cobo. Olaya Herrera entró triunfante por el medio. La historia está llena de ejemplo: a la muerte del rey Salomón, el reino se dividió y fue sometido. Cristo dijo: todo reino divido perece (Mateo 12, 25). Maquiavelo lo reafirmó con el “divide y reinarás”. Pero los dirigentes colombianos no aprenden y enredan al pueblo cada vez que quieren. ¿Recuerdan que, en el año 82, el inefable López Michelsen se le atravesó al colombiano más valiente que hayamos tenido, Luis Carlos Galán Sarmiento? Afortunadamente triunfó el gran Belisario, a quien admiro mucho porque nos demostró que había un camino distinto al de la confrontación armada, el diálogo; si bien se fue en deuda con la historia por no haber tenido el coraje de contar la verdad del Palacio de Justicia en 1985.

Sobre el tema electoral, como lo dijo algún político, realmente el suceso mediante el cual se renuevan las autoridades no pasa de ser la llegada de caras nuevas a los automóviles y despachos oficiales porque, renovación ideológica no existe. Es decir, la sustitución de mandatarios y legisladores en contadas excepciones no es un avance de la democracia porque los que llegan están comprometidos con las mismas mañas de siempre.

Conocedores de las rarezas políticas, las derechas defienden el poder para ellas solitas: matan, destierran o desplazan. Los casos son incontables empezando con el gran Uribe. Rafael, no el de ahora. Siguen Gaitán, Galán, Lara Bonilla, Pardo Leal, Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y los siete mil asesinatos de la Unión Patriótica, los 250 mil de la Guerra Civil no declarada, los 6402 falsos positivos; súmenle el robo en el año 70 al general Rojas Pinilla y las mentiras contra el plebiscito por la paz del presidente Santos. Mejor dicho, como escribió la flamífera pluma de Antonio Caballero-falta que nos hace-, aquí las oligarquías han ensayado “todas las formas de lucha” para detener los reclamos de los marginados, menos la única solución posible: la justicia social.

Con el trivial eufemismo “defensa de la democracia” y enseñados como estaban a disponer del país durante los últimos 200 años, ahora ponen palos a las ruedas de la historia como lo hicieron con los dos progresistas anteriores. Y esa es la verdadera polarización del país porque oponerse a las reformas cuando benefician a las mayorías postergadas es pisar terrenos de arenas movedizas dado que ya la gente no está dispuesta a dejarse joder más. Todo lo tumban recurriendo a la manida tendencia de invocar los vicios de procedimiento como fue el caso de la emergencia para salvar La Guajira y así prevarican porque la constitución establece la supremacía del derecho sustantivo sobre el procedimental, (art. 228 C.N.). Sin que esto quiera decir que no le veo yerros al gobierno popular del Cambio, porque no he hipotecado mi libre manera de pensar.

Según Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Entonces, me responderán algunos que pueblo abarca a todo habitante del territorio y, por consiguiente, los que conocemos como privilegiados también lo son. Es verdad. Pero en palabras simples, cuando hay diversidad de opiniones entre las personas, se tiene que acudir al principio de la supremacía del interés general sobre el particular. De tal modo que, si las leyes benefician a la mayoría, nadie puede oponerse a ellas porque es moralmente indigno y políticamente inconveniente. Y, como lo dijo ese gran jurista uruguayo de origen francés, Couture, en todo caso de contradicción entre el derecho y la justicia, es imperativo ponerse al lado de la segunda.   

Y, para apuntalar su desvencijado concepto que tienen de la democracia y del respeto a las instituciones traen de los cabellos un intelectual que no vive en Colombia, siquiera para que, a través de los canales radiales, intente embelesar a los oyentes con los cuentos que las minorías cultas quieren oír:

Dice el doctor Mauricio Gaona, en los diálogos que buenamente ha gestado la radio por la cadena W: “la oposición es el precio que se paga por tener una democracia”. Lo que no explica el docente es que la oposición cuando se ejerce contra las reformas que benefician al pueblo, es criminal y antidemocrática.

Qué tristeza escuchar afirmaciones sesgadas de este caballero, hijo de uno de los mejores magistrados que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, el inmortal Manuel Gaona Cruz, inmolado en mala hora por los desvaríos estúpidos de una guerrilla izquierdista que no calculó las dimensiones de su torpe osadía; pues sabido se tenía que los militares le cargaban ganas, como se dice popularmente, a esa Corte Honorable que les había tumbado la facultad de castigar civiles mediante el espurio mecanismo del juicio breve y sumario realizado en Consejo Verbal de Guerra; por lo que no iban a desaprovechar tal equivocación guerrillera para saldar cuentas contra los corajudos magistrados.

La Instituciones: Cortes, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría están amaestradas para defender el establecimiento. Por lo mismo, se empeñan en llevar personas de su entera confianza así, a veces, algún protegido se salga del corral como los valientes Carlos Mauro Hoyos, en la Procuraduría, asesinado vilmente por el narcotráfico y Carlos Negret, en la Defensoría del Pueblo, en recientes años.

Entonces, cuando alguien no les cuadra, en la Presidencia de la República, proceden a los golpes blandos-que no lo son tanto-como negar el debate, salirse del parlamento para dañar el cuórum, demandar las leyes sin razones morales o jurídicas e intrigar ante las cortes para que tumben las reformas. Mejor dicho, la oposición injusta es implacable, no importa si con su torvo proceder joden a sus propios votantes. Ya sabrán cómo engañarlos de nuevo para arrancarles el sufragio.  

No cabe duda de que, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, nacidos de la maravillosa Revolución Francesa, siguen enredados por causa de los dirigentes tradicionales en todos estos países del Sur Global, saqueados sin misericordia por el Norte superdesarrollado en connivencia con las oligarquías internas. Y, por si fuera poco, cuando los hambrientos van por una oportunidad, el despojador responde que son delincuentes y los deportan humillantemente a sus naciones de origen o a cárceles inhumanas. Es probable encontrar uno que otro endeudado con la justicia penal y, claro que el país receptor tiene derecho a defenderse. Pero, no sean canallas pues la mayoría de gente que busca un pan para sus familias, es honorable. Peor aún, muchos de los dirigentes colombianos, avalan, sin asomo de vergüenza, las medidas criminales que toma la derecha en Estados Unidos y Europa.

A los dirigentes tradicionales les molesta mucho el tamaño del Estado y propenden porque sea la invisible mano del mercado que regule las relaciones sociales para que el gran capital sin control, haga de las suyas en favor de los mismos de siempre. Yo también avalo el achicamiento o desmantelamiento del gigantismo estatal pero no quitándole la capacidad interventora porque creo en la iniciativa privada y la libre empresa, con controles para evitar el macrocefalismo inhumano de don dinero. Amo la experiencia de las repúblicas nórdicas socialistas liberales, no marxistas, la de Corea del Sur, Singapur y Japón. Porque, dicho sea de paso, el comunismo fue un atraco a la buena fe de los luchadores por la justicia social; gran mentira sustentada en falacias que ofreció una sociedad irrealizable o un paraíso ficticio construido sobre las ruinas físicas de quienes fueron atacados falsamente como antirrevolucionarios. Mil veces no al socialismo marxista y millones de veces sí al socialismo liberal que, es mi modelo cuasi-perfecto de democracia.

Achiquemos el Estado con medidas efectivas: disminuir el número de miembros de cuerpos colegiados y, además, que trabajen toda la semana y otro mes del año. Y, establezcamos la permanencia limitada de los elegidos para que haya movilidad social. Efraín Cepeda lleva 40 años en el congreso, Roberto Gerlein, estuvo lo mismo. Su función, torpedear los procesos que beneficien al pueblo que, engañado vuelve a favorecerlos con su voto.

Suprimamos los departamentos y asambleas; devolvamos a la categoría de corregimiento tantos municipios que no tienen cómo asumir tal capacidad administrativa. Fácilmente nos quedarían algo más de seiscientos, frente a los 1.103 actuales. La calidad ciudadana de los habitantes no sufriría disminución alguna, pues ella no depende del lugar donde se viva y el presupuesto que se invertía en burocracia inútil, iría a fortalecer proyectos sociales en agua, pavimento, vivienda o agricultura, por ejemplo. Volvamos a los Concejos Municipales por vocación cívica, sin remuneración.

Disminuyamos sueldos del parlamento, cortes, oficiales de alta graduación, ministros, superintendentes y cuerpo diplomático.

Aumentemos los impuestos a los ingresos millonarios, empresas, y altos empleados del sector privado. Cobremos la educación superior a partir del estrato cuatro, de acuerdo con la declaración de renta de los padres.

Eliminemos las notarías y cámaras de comercio que son una fuente de encarecimiento de los procesos, de tributos injustos y onerosos para la gente. Esas funciones deberán recaer en las Secretarias de Gobierno, Desarrollo y Planeación de los municipios.

Los peajes deben cobrarse en la declaración de renta a las personas que posean vehículos y de acuerdo con la gama y modelo del automotor.

Eliminar cantidad de embajadas que no le prestan ningún servicio al país. En América central bastaría una para toda la zona. Con la mayoría de los países de África no hay ningún intercambio cultural, comercial o educativo. Entonces digamos, qué función tendría un diplomático en Nueva Guinea.

No más elección de magistrados y altos funcionarios por el Congreso que los acoyunda, cobra por el voto o los condiciona en las decisiones jurídicas.

Los candidatos podrían ser evaluados y propuestos por las facultades de derecho y economía de alta calidad académica, como por las organizaciones sociales, según el caso. El nombramiento lo haría el presidente de Colombia por estricto orden de puntaje.

Añadidura: 80 años de las bombas atómicas en Japón. Vivimos tiempos difíciles con dos ególatras en el poder: Putin y Trump. Quiera el cielo que nunca más.

*Abogado y acádemico.

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Esta decisión marca un precedente histórico en Brasil.

Detalles del fallo judicial

Bolsonaro fue hallado culpable por cinco delitos, entre ellos tentativa de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada y abuso contra la democracia.
La pena total es de 27 años y tres meses de prisión, en régimen inicial cerrado.
Además, se emitió una multa de 124 días, cada uno equivalente a dos salarios mínimos.

Votos y autoridades involucradas
La sentencia fue pronunciada por la Primera Turma del Supremo Tribunal Federal (STF).
Cuatro de los cinco jueces votaron a favor de la condena; el juez Luiz Fux fue la excepción, y se pronunció por la absolución.

Contexto político y legal

Antecedentes del juicio
Tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro fue acusado de orquestar una trama para impedir la transición de poder.
En el proceso se incluyeron versiones de planes para asesinar a Lula, conspiraciones golpistas y el uso instrumental del aparato institucional para generar crisis social.
Las protestas del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas irrumpieron en edificios del Congreso, del STF y del Palácio do Planalto en Brasilia, forman parte de los hechos evaluados.

Reacciones nacionales e internacionales
En Brasil, la condena es vista como un hito en la defensa institucional de la democracia, aunque ha reavivado divisiones políticas.
Desde el extranjero, algunos gobiernos han criticado la decisión, mientras que otros destacaron la importancia de la independencia judicial.
Por su parte, el gobierno brasileño reafirmó el respeto por el debido proceso y la autonomía del Supremo Tribunal Federal.

Consecuencias inmediatas y perspectivas futuras

Apelaciones legales
Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario desde agosto por incumplir medidas cautelares.
Su defensa anunció que recurrirá la sentencia, también en instancias internacionales, alegando que la pena es “excesiva”.

Implicaciones políticas
El exmandatario está inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta al menos 2030.
El bolsonarismo impulsa ahora intentos de amnistía legislativa, propuesta en el Congreso con apoyo de sus simpatizantes.
Las elecciones presidenciales de 2026 podrían redefinir movimientos políticos dentro de la derecha brasileña, dadas las restricciones legales que enfrenta Bolsonaro.

Culmina un momento histórico para la justicia brasileña, donde un expresidente ha sido condenado por acciones que intentaron socavar el orden democrático del país. Esta sentencia, más allá de sus efectos legales, es símbolo de cómo las instituciones enfrentan la polarización y los retos al Estado de derecho.

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El archivo de la Reforma Laboral en el Congreso no solo representa un revés para el Gobierno de Gustavo Petro, sino que también evidencia la profunda crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. Como ciudadano no puedo evitar reflexionar sobre lo que esto significa para el futuro de las reformas sociales y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde el inicio del mandato de Petro, se ha hablado de la necesidad de reformas estructurales para corregir injusticias históricas en el ámbito laboral, pensional y de salud. Sin embargo, el Congreso ha demostrado una resistencia sistemática a estos cambios, poniendo en evidencia la falta de consensos políticos para avanzar en cualquier transformación significativa.

La Reforma Laboral, en particular, contenía propuestas que buscaban restituir derechos laborales básicos, como el pago justo por trabajo nocturno y en festivos. Pero el argumento de la oposición y del sector empresarial siempre ha sido el mismo: «las reformas encarecen el empleo y afectan la economía», una afirmación que en la práctica ha demostrado ser más ideológica que realista.

Más allá de la disputa política, lo realmente preocupante es que los verdaderos afectados por el hundimiento de esta reforma son los trabajadores colombianos. La propuesta de establecer condiciones laborales más justas para quienes laboran en horarios nocturnos o los fines de semana no era una medida radical, sino un intento de devolver lo que se había perdido en administraciones anteriores.

Otro punto clave era la regulación de los contratos de aprendizaje para estudiantes del SENA, una medida que les permitiría acceder a mejores condiciones laborales. Sin embargo, el discurso del empresariado se impuso, argumentando que esto encarecería la contratación y desincentivaría la generación de empleo.

El presidente Petro ha reaccionado con dureza ante la decisión del Congreso, insinuando un quiebre definitivo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El problema es que esta confrontación permanente solo agudiza la crisis política, alejando cualquier posibilidad de diálogo y acuerdos.

La oposición, por su parte, ha capitalizado este fracaso para demostrar que el Gobierno no tiene la capacidad de implementar su agenda. Y mientras ambos bandos se enfrascan en una batalla de declaraciones, el país sigue esperando soluciones reales a sus problemas estructurales.

El archivo de la Reforma Laboral deja un mensaje claro: las reformas sociales de este Gobierno tienen un camino prácticamente imposible en el Congreso. La misma comisión que hundió esta iniciativa será la encargada de discutir la Reforma a la Salud, lo que hace prever un resultado similar.

Si algo ha quedado claro con este episodio es que, sin una estrategia política sólida, las iniciativas de transformación seguirán fracasando. Petro enfrenta un dilema complejo: insistir en su agenda con un Congreso adverso o replantear su enfoque para lograr algunos avances, aunque sean parciales.

El archivo de la Reforma Laboral es más que una derrota legislativa. Es el reflejo de un sistema político estancado, donde la confrontación ha reemplazado el debate constructivo y donde las necesidades de los ciudadanos quedan en segundo plano.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció en un video difundido en redes sociales, asegurando que se encuentra a salvo tras los eventos ocurridos durante una concentración en Caracas. Machado relató que fue perseguida por efectivos del régimen, lo que generó preocupación dentro y fuera de Venezuela, e instó a sus seguidores a mantener la lucha por la libertad del país.

María Corina Machado confirma estar a salvo tras persecución

En el video publicado el 9 de enero, Machado expresó tranquilidad y aseguró que no sufrió lesiones. La opositora explicó que fue seguida por efectivos mientras regresaba de una multitudinaria concentración en Caracas. Durante el incidente, perdió su cartera con pertenencias personales, pero logró resguardarse.

“Estoy bien, estoy segura. Hoy, 9 de enero, salimos a una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera donde tenía mis pertenencias, y ya estoy bien a salvo. Venezuela será libre”, afirmó Machado en el video, reafirmando su compromiso con la lucha por la democracia.

El hecho desató una ola de denuncias y reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones como Human Rights Watch calificaron el incidente como un ataque a los derechos humanos, destacando su preocupación por el clima político en Venezuela.

Reacciones de la comunidad internacional y la oposición

Horas antes de su reaparición, la comunidad internacional y sectores opositores expresaron alarma por una posible detención de la líder política. Human Rights Watch, entre otras organizaciones, señaló que una acción contra Machado sería un atentado contra la democracia y los derechos humanos.

En Venezuela, el Comando Nacional de Campaña de Machado denunció que los efectivos del régimen dispararon contra las motocicletas que la trasladaban, incrementando las dudas sobre su seguridad. Este episodio se suma a una creciente tensión en el país, donde los enfrentamientos entre el régimen y la oposición continúan escalando.

Un llamado a la resistencia por la libertad

Durante su discurso en la concentración en Chacao, Machado instó a sus seguidores a mantenerse firmes en la lucha por la libertad. Además, reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia como presidente electo, señalando que es una pieza clave en el camino hacia un cambio político en Venezuela.

La concentración, calificada por Machado como “maravillosa”, contó con el apoyo masivo de sus seguidores, quienes la rodearon en su recorrido por la capital. Sin embargo, el ataque posterior reflejó la hostilidad del régimen hacia las manifestaciones opositoras.

Una situación que evidencia la fragilidad democrática

El incidente protagonizado por María Corina Machado no solo expone los riesgos a los que se enfrentan los líderes de la oposición en Venezuela, sino también la frágil situación democrática del país. Las denuncias de persecuciones, detenciones arbitrarias y ataques a manifestantes subrayan un clima de represión que limita la posibilidad de un diálogo político efectivo.

Machado, sin embargo, se mantiene firme en su convicción de lograr una Venezuela libre, señalando que estos episodios no frenarán su lucha. “Hoy más que nunca, estoy comprometida con este país y con su gente”, expresó en su mensaje.

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Álvaro Hernán Prada ha sido designado como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), marcando el inicio de una etapa que promete modernización y continuidad en el organismo electoral. El anuncio se hizo durante la Sala Plena del CNE, donde también se eligió a Cristian Ricardo Quiroz Romero como vicepresidente de la entidad. Esta elección busca fortalecer el liderazgo de la institución en un momento clave para la democracia colombiana.

Un relevo en la presidencia del CNE

El magistrado César Lorduy presentó su renuncia a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, dejando el cargo en manos de Álvaro Hernán Prada. Prada asume el liderazgo con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional y dar continuidad a los proyectos en curso. Quiroz Romero, por su parte, acompañará esta labor desde la vicepresidencia, brindando apoyo estratégico en la implementación de las políticas del organismo.

Objetivos clave de la nueva administración

Entre las metas más destacadas de Prada se encuentra la apuesta por la transformación digital. El nuevo presidente anunció la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, con el propósito de optimizar los procesos administrativos y jurídicos del CNE. Esta modernización no solo facilitará el trabajo interno de la entidad, sino que también mejorará el acceso de partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos a los servicios del organismo.

Prada ha sido enfático en su compromiso con la transparencia y la eficiencia, destacando que estas medidas tecnológicas representan una oportunidad para reforzar la confianza en el sistema electoral colombiano.

Continuidad del programa “Diálogos por la Democracia”

En línea con los objetivos de acercamiento a la ciudadanía, se confirmó la continuidad del programa “Diálogos por la Democracia”. Este espacio ha sido fundamental para llevar capacitaciones regionales y fomentar el entendimiento de los procesos electorales en diferentes comunidades del país.

La nueva administración buscará ampliar el alcance de este programa, priorizando regiones con menor acceso a información electoral, promoviendo así una participación ciudadana más informada y activa.

La integración entre innovación tecnológica y pedagogía democrática será clave en este nuevo periodo del CNE.

Un desafío y una oportunidad para el CNE

Con la llegada de Prada a la presidencia, el CNE enfrenta el reto de mantener su relevancia y credibilidad en un entorno político y social cada vez más demandante. La implementación de innovaciones tecnológicas no solo representa un desafío técnico, sino también una oportunidad para posicionar al organismo como un referente en modernización y gestión electoral.

La dupla Prada-Quiroz tendrá que trabajar en sinergia para consolidar los avances tecnológicos, garantizar la continuidad de los programas educativos y reforzar la confianza en el sistema electoral.

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El Tribunal Superior de Medellín tomó una decisión crucial en defensa de la libertad de expresión al rechazar la tutela interpuesta por el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo. Esta acción legal pretendía silenciar a la Revista RAYA, medio que había denunciado los planes criminales de expansión del grupo ilegal. La decisión representa un importante precedente para la protección de la democracia y el periodismo en Colombia, asegurando que los medios de comunicación puedan continuar su labor de denuncia.

La batalla legal por la libertad de expresión

La Revista RAYA había publicado dos artículos fundamentales que revelaban la estrategia del Clan del Golfo para expandir su influencia y buscar reconocimiento político. Estos informes detallaban cómo la organización buscaba apoderarse de áreas claves del sur de Bolívar. En respuesta, Ricardo Giraldo, abogado representante del grupo, solicitó judicialmente que la revista retirara y rectificara los artículos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín falló en favor del medio, resaltando la importancia de garantizar el derecho constitucional a la libertad de prensa.

????Tribunal Superior de Medellín rechazó la tutela de Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, cercano al uribismo, con la que buscaba silenciar a RAYA. Esta revista reveló los planes criminales del Clan para expandirse y lograr reconocimiento político. https://t.co/2Mrv6HaPpc

— Revista RAYA (@revistaRAYA) October 22, 2024

El fallo de los magistrados fue particularmente enfático al señalar que la investigación realizada por la Revista RAYA y la entrevista concedida por Giraldo estaban interconectadas. Según la Corte, el público tuvo la oportunidad de confrontar la información divulgada y apreciar las respuestas del abogado, lo que fortalece el derecho a estar informado.

Decisiones judiciales contradictorias

Antes de llegar al Tribunal Superior, el caso había sido resuelto por el juez Alonso Arango, quien falló en una primera instancia a favor del abogado Giraldo. Este fallo inicial obligaba a la Revista RAYA a modificar ciertos fragmentos de sus publicaciones, limitando temporalmente su capacidad para informar. Además, se abrió un incidente de desacato contra el medio por no acatar las órdenes judiciales en el plazo establecido.

No obstante, los magistrados del Tribunal Superior de Medellín corrigieron esta decisión. El Tribunal destacó la importancia de proteger a los medios que realizan investigaciones serias sobre temas de interés público, reafirmando que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia colombiana.

Reacciones y apoyo a la Revista RAYA

Tras el fallo, la Revista RAYA expresó su agradecimiento a la asociación El Veinte, una organización que defiende la libertad de prensa en Colombia. El apoyo de esta entidad fue clave para que el medio pudiera enfrentar las acciones judiciales. Asimismo, diversos sectores de la sociedad civil y de los medios de comunicación se han pronunciado a favor de la decisión del Tribunal Superior, señalando que la justicia colombiana ha dado un paso firme en la protección de la prensa independiente.

Este caso no solo refuerza el derecho de los medios a denunciar la criminalidad y la corrupción, sino que también envía un mensaje claro: los grupos ilegales no podrán usar el sistema judicial para coartar las denuncias públicas sobre sus actividades. Este tipo de fallos judiciales son esenciales para garantizar que Colombia continúe siendo un país donde la prensa libre pueda desempeñar su papel sin temor a represalias legales.

Un precedente para la democracia

El fallo a favor de la Revista RAYA no solo es un triunfo para el medio, sino también para todos los periodistas y medios independientes que enfrentan presiones para silenciar sus investigaciones. En un país donde el ejercicio del periodismo conlleva riesgos considerables, la decisión del Tribunal Superior de Medellín reafirma que el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna. Este caso, sin duda, servirá como un precedente importante para futuros casos relacionados con la libertad de expresión.

La defensa de la Revista RAYA ante los intentos de censura muestra el compromiso de ciertos sectores de la justicia colombiana con la protección de los derechos fundamentales. Al permitir que el medio mantenga sus publicaciones, el Tribunal ha enviado un mensaje claro a aquellos que buscan callar las voces críticas: el derecho a informar y ser informado es inviolable.

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En el marco del Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales “Uniendo Voces”, realizado en Armenia, Quindío, el presidente Gustavo Petro subrayó la importancia de fortalecer los medios de comunicación alternativos como una herramienta fundamental para promover la libertad de expresión y la democracia en Colombia. Este evento fue una oportunidad para destacar el compromiso del gobierno con estos medios y su papel en la construcción de una política pública que los respalde.

Fortalecimiento de los medios alternativos

El presidente Petro destacó que los medios alternativos juegan un rol crucial en la sociedad actual, señalando que estos promueven la diversidad y el pluralismo en un entorno mediático que, según él, favorece al «gran capital» y silencia a las voces disidentes. Petro manifestó que su gobierno apoya la pluralidad de pensamiento y la diversidad informativa, rechazando el «pensamiento único» que, en su opinión, controla gran parte de los medios tradicionales.

El mandatario enfatizó la necesidad de reivindicar y dar mayor visibilidad a los medios comunitarios y digitales, ya que representan una oportunidad para que más voces sean escuchadas, especialmente en las regiones más apartadas del país. En este sentido, destacó que estos medios deben ser protagonistas en la creación de un sistema de comunicación más inclusivo y representativo de todas las realidades del país.

Independencia editorial y diversidad informativa

Petro dejó claro que el gobierno no busca influir en los contenidos que difunden estos medios, resaltando que la independencia editorial es clave para garantizar una verdadera libertad de expresión. “No quiero incidir en los contenidos que se expresan en los medios de cualquier rincón de Colombia”, afirmó el presidente. Sin embargo, abogó por una mayor diversidad en la forma de informar y expresó su deseo de que más medios alternativos puedan tener una voz destacada en el ámbito informativo.

Asimismo, Petro hizo una reflexión histórica sobre la importancia de los medios alternativos, recordando el caso del medio AM-PM, vinculado al M-19, movimiento del cual fue parte. Este medio fue clave en el surgimiento de figuras destacadas del periodismo en Colombia, como Hollman Morris y Claudia Gurisatti.

Una nueva política pública para medios alternativos

El Encuentro Nacional «Uniendo Voces» también sirvió como un espacio para discutir la necesidad de desarrollar una política pública que favorezca el crecimiento y fortalecimiento de los medios alternativos. Este marco normativo permitiría que estos medios puedan acceder a recursos, capacitaciones y plataformas de difusión más amplias, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

Los participantes del evento coincidieron en que este tipo de iniciativas son fundamentales para que los medios alternativos puedan cumplir su función de manera eficaz, formando redes de periodistas que promuevan una información más plural y diversa. Además, se espera que esta política pública ayude a reducir el centralismo informativo y permita que las comunidades más marginadas tengan una mayor visibilidad.

Crítica al uso del software espía Pegasus

En su intervención, el presidente Petro también aprovechó para criticar el uso del software espía Pegasus durante gobiernos anteriores, vinculándolo con intentos de socavar su administración y silenciar las voces disidentes, incluida la suya. Petro señaló que los grandes medios de comunicación han intentado silenciar a su gobierno, una tarea que, según él, realizan todos los días en beneficio de los grupos de poder político y económico del país.

Petro comparó esta situación con lo ocurrido durante el mandato de Salvador Allende en Chile, sugiriendo que los grandes poderes en Colombia estarían utilizando tácticas similares para desestabilizar su gobierno. Al respecto, expresó que “el silencio y la ausencia de comunicación son la base de la violencia”, resaltando la necesidad de un sistema mediático más plural que permita sanar las heridas sociales del país.

Perspectivas futuras para los medios alternativos

El presidente Gustavo Petro concluyó su participación reafirmando el compromiso de su gobierno con la promoción de los medios alternativos y su independencia editorial. Señaló que el fortalecimiento de estos medios es fundamental para garantizar una información más equitativa y plural, y para contrarrestar la influencia que los grandes medios tradicionales tienen sobre la opinión pública.

Este encuentro marcó el inicio de lo que se espera sea una nueva relación entre el gobierno y los medios comunitarios, con la promesa de seguir trabajando para mejorar la comunicación inclusiva y pluralista en Colombia. En palabras del mandatario, un país con más voces y más diversidad informativa es un país más democrático.

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