El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro reactivó el debate institucional en Colombia luego de que la Procuraduría General de la Nación ratificara la suspensión e inhabilidad por seis meses contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, decisión que también impacta su aspiración presidencial. El mandatario reiteró que “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”, cuestionando la validez y alcance de la sanción en un contexto donde se discute el respeto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Petro cuestiona la sanción contra Daniel Quintero

El organismo de control mantuvo en segunda instancia la suspensión y la inhabilidad contra Quintero por la presunta participación en política derivada del video conocido como “el cambio en primera”, difundido en mayo de 2022. Según la Procuraduría, el mensaje representó un apoyo directo al entonces candidato Gustavo Petro, vulnerando la prohibición que tienen los servidores públicos de intervenir en actividades proselitistas.

La decisión también incluyó una multa cercana a los $100 millones, además de la restricción para ejercer cargos públicos durante el periodo señalado, aunque Quintero ya no ocupa ninguna función administrativa. El exalcalde se pronunció a través de redes sociales, donde anunció su intención de apelar ante el Consejo de Estado y defendió su actuación como parte de su libertad de expresión.

Los argumentos de Quintero y el impacto político

En declaraciones a medios nacionales, Quintero cuestionó lo que calificó como un trato desigual por parte de los entes de control, señalando que sus opositores también hicieron pronunciamientos de carácter político sin recibir sanciones. Afirmó que busca “balance” en las investigaciones y recordó que, según la normativa internacional, los funcionarios elegidos por voto popular no deberían ser suspendidos administrativamente de sus derechos políticos.

La sanción se da en un momento clave para su trayectoria, pues afecta directamente su precandidatura presidencial. Para sus seguidores, esto representa una limitación al pluralismo político; para sus críticos, es la consecuencia de una conducta reiterada y contraria a las restricciones legales vigentes.

El proceso judicial por el caso Aguas Vivas

Paralelo a la sanción disciplinaria, inició el proceso judicial por el caso Aguas Vivas, en el que Quintero y 12 personas más —entre ellas nueve exfuncionarios— son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con un lote ubicado entre El Poblado y Las Palmas, cedido gratuitamente al municipio en 2019. La Fiscalía sostiene que particulares intentaron reclamar más de $53.000 millones al Distrito mediante maniobras irregulares durante la administración de Quintero.

El expediente, que contiene más de 3.900 pruebas, incluye correos, inspecciones judiciales, informes técnicos y material fotográfico. Las autoridades investigan presuntos delitos de peculado y participación indebida en contratos, así como una posible modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante decreto.

El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que esta acción judicial surgió de una denuncia interpuesta desde la administración local, y precisó que el caso Aguas Vivas hace parte de un total de 650 hallazgos entregados a los entes de control al cierre del gobierno de Quintero.

Sin importar la presión mediática y judicial, Quintero sostuvo que seguirá defendiendo su nombre y su trabajo público, insistiendo en que las decisiones de la Procuraduría deben responder a criterios de imparcialidad y respeto por los derechos políticos de los ciudadanos electos mediante voto popular.

Un escenario de tensiones institucionales

La reacción del presidente Petro elevó el debate a un plano nacional, reabriendo la discusión sobre los alcances de la Procuraduría y la aplicación de estándares internacionales en materia de derechos políticos. Para el Gobierno, la suspensión vulneraría la Convención Interamericana, mientras que el ente disciplinario defiende su competencia en el control de la conducta de los servidores públicos.

El caso continúa generando repercusiones políticas y jurídicas, especialmente en un país donde la relación entre los organismos de control, los funcionarios electos y la justicia sigue siendo un tema de constante controversia.

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El Pacto Histórico ya tiene listo el tarjetón para la consulta presidencial que se celebrará el próximo 26 de octubre. Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero serán los tres aspirantes que competirán por la candidatura única del movimiento de izquierda, en un proceso que busca consolidar la figura que intentará suceder al presidente Gustavo Petro.

El orden en el tarjetón presidencial

Sorteo de posiciones

La ubicación de los precandidatos se definió mediante un sorteo por balotas. Carolina Corcho ocupará el primer lugar en el extremo izquierdo, Iván Cepeda estará en el segundo lugar en el centro de la boleta y Daniel Quintero aparecerá en la tercera posición, ubicada a la derecha del tarjetón. Esta distribución fue confirmada tras la reunión del colectivo político, en la que también se revisaron aspectos logísticos de la consulta.

Reglas para participar en la consulta

El proceso será de carácter abierto, lo que significa que podrán votar quienes se identifiquen con el movimiento. Cada votante podrá apoyar únicamente a un precandidato, y no se permitirá la doble militancia, garantizando así mayor claridad y legitimidad en el respaldo de las candidaturas.

El camino hacia el Congreso

Sorteo de listas legislativas

El Pacto Histórico también definió las posiciones de sus aspirantes al Congreso. Un total de 535 precandidatos fueron inscritos, de los cuales 145 buscan llegar al Senado y 390 a la Cámara de Representantes. Al igual que en la consulta presidencial, el orden se estableció por sorteo.

Distribución por corporación

En el caso del Senado, la lista será nacional, por lo que los votantes podrán elegir a cualquier aspirante en cualquier región del país. Para la Cámara de Representantes, las listas serán regionales, y variarán según cada departamento. Bogotá, Medellín y Cali concentran el mayor número de aspirantes, dado el peso electoral y la representación política de estas ciudades.

Unidad y proyección política del movimiento

Reunión de líderes del Pacto Histórico

Previo a la definición del tarjetón, los precandidatos se reunieron con figuras clave del movimiento como María José Pizarro, quien renunció a la aspiración presidencial para encabezar la lista al Senado, así como con otros referentes de la izquierda como Gabriel Becerra, David Racero e Isabel Zuleta. Este encuentro buscó reforzar la cohesión interna y preparar el terreno para una consulta abierta que fortalezca la unidad del bloque.

Retos hacia el 2026

El Pacto Histórico llega a esta consulta con el desafío de consolidar su proyecto político tras los resultados de 2022, en los que obtuvo 47 curules en el Congreso. La elección del candidato único a la Presidencia y la renovación de sus listas legislativas marcarán el rumbo del movimiento de cara a las elecciones generales de 2026.

El Pacto Histórico inicia así una etapa decisiva en su agenda política, con un proceso que no solo definirá al sucesor de Petro dentro del movimiento, sino que también pondrá a prueba su capacidad de mantener cohesión y ampliar su respaldo electoral en el país.

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El Pacto Histórico definirá su rumbo político en 2026 a través de una consulta interna que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, en la que competirán tres precandidatos: Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. La decisión, que revierte un anuncio previo de descartar la consulta, surge en medio de fuertes tensiones internas que han dejado al descubierto las fracturas en el movimiento de izquierda.

Cepeda, Quintero y Corcho en la contienda

Una terna definida tras semanas de polémicas

El Comité Político del Pacto Histórico decidió que Cepeda, Quintero y Corcho sean los nombres en la consulta. Esta determinación respondió directamente a la postura del presidente Gustavo Petro, quien desautorizó a su propio partido exigiendo que “el pueblo tenga derecho a elegir sus candidatas o candidatos”. Con ello, el oficialismo busca legitimar la escogencia de su abanderado presidencial mediante el voto de las bases.

La exclusión de Bolívar y su inconformidad

Un crítico de Quintero queda por fuera

El exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quedó excluido de la baraja de precandidatos, pese a que aspiraba a representar al movimiento. Bolívar fue uno de los más críticos de Daniel Quintero, al señalar que “no es capaz de apoyarlo, sabiendo lo que ha hecho”, y cuestionó si el Pacto entregaría “las luchas históricas de la izquierda a la cleptocracia”. Aunque no se ha definido si mantendrá su aspiración por fuera de la consulta, su salida refleja la dificultad del Pacto Histórico para mantener la unidad interna.

Tensiones y respaldos en medio de la campaña

Cepeda como favorito en la consulta

La inscripción de Daniel Quintero estuvo acompañada de un mensaje desafiante: “Los que le tengan miedo al pueblo que no se inscriban. El Pacto, unido, jamás será vencido”. Sin embargo, las fracturas internas contradicen ese discurso. Mientras tanto, varios aspirantes renunciaron a sus candidaturas y decidieron respaldar a Iván Cepeda, quien se perfila como el favorito de la contienda interna. Carolina Corcho, exministra de Salud, completa la terna y representa una visión alternativa dentro del movimiento.

La consulta interna del 26 de octubre no solo busca definir un candidato, sino también poner a prueba la cohesión del Pacto Histórico frente a los comicios de 2026. Aunque la decisión temporalmente baja la tensión política, las confrontaciones entre sus líderes revelan los desafíos que enfrentará la coalición para llegar unida a la elección presidencial.

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Un mes para decidir el rumbo progresista

A un mes de la consulta interna del Pacto Histórico, Daniel Quintero confirmó que competirá por el aval presidencial dentro de la coalición. Su anuncio se enmarca en un contexto de profundas tensiones internas entre quienes cuestionan su participación.

La postura de Quintero ante la coalición

Afirmación de continuidad y unidad

“La unidad es la victoria”, declaró Quintero, advirtiendo que no caerá en el juego de quienes han “traicionado al presidente” y dividido al progresismo. Por ello, anunció que inscribirá su nombre en la consulta del 26 de octubre, y subrayó que “que sea la gente la que decida” su destino como candidato.

Condiciones claras según el escenario

Quintero precisó que, si no resulta vencedor, apoyará “sin titubeos” al ganador. En caso contrario, exigirá respaldo para sus propuestas, que incluyen una campaña austera, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la construcción de un frente amplio en defensa del progresismo.

Divisiones en el Petrismo

Críticas desde las bases petristas

Varios precandidatos consideran que Quintero no debería participar, debido a estar imputado por presunta corrupción. Sin embargo, Gustavo Petro ha expresado interés en sumar fuerzas a su proyecto político, lo que evidencia una tensión entre apertura y purismo dentro de la coalición.

Nuevas candidaturas que reconfiguran el panorama

La apuesta de Iván Cepeda por la consulta interna aviva el debate electoral. Su candidatura ha sido recibida con entusiasmo como una propuesta de integridad y experiencia progresista, compitiendo junto a figuras como Carolina Corcho, Susana Muhamad y Gustavo Bolívar. Esta diversidad amplía el tarjetón electoral.

El contexto político del Pacto Histórico

Consulta interna y consolidación partidaria

El Pacto Histórico define una consulta el 26 de octubre de 2025 para elegir a su candidato presidencial. El ganador avanzará a una consulta ampliada en marzo de 2026, donde se definirá el aspirante del frente amplio progresista. Desde julio, seis precandidatos ya habían sido oficializados.

El peso de las controversias

Procesos judiciales como sombra política

La Fiscalía imputó a Daniel Quintero por peculado por apropiación, interés indebido en contratos y prevaricato, en relación a un polémico caso inmobiliario zanjado en su gestión como alcalde. Este proceso representa un factor de fricción en su participación.

El anuncio de Daniel Quintero reconfigura el escenario progresista de cara a las elecciones de 2026. Entre acusaciones éticas, debates internos y nuevas candidaturas, el Pacto Histórico transita un momento decisivo que definirá no solo su aspirante presidencial, sino también la estrategia del progresismo en Colombia para la próxima década.

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#JUDICIAL| El @Consejodeestado anuló la personería jurídica del partido "independientes" del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y del concejal Juan Carlos Upegui. @MarttinCristina pic.twitter.com/Tpk7nUKojr

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 16, 2024

Detalles de la decisión del Consejo de Estado
La nulidad de la personería jurídica de Independientes se fundamentó en la falta de votación mínima requerida y en irregularidades en la transferencia de votos. El Consejo de Estado consideró que el partido no cumplió con los requisitos necesarios para su constitución legal.

Impacto en la curul de Juan Carlos Upegui
A pesar de la anulación de la personería de Independientes, la curul del concejal Juan Carlos Upegui no se ve afectada de inmediato. La decisión del Consejo de Estado establece que los efectos se aplicarán en el futuro, lo que mantiene la representación del partido por el estatuto de oposición.

Reacción de Esteban Restrepo y el Futuro de Independientes
Tras la noticia, Esteban Restrepo, candidato a la Gobernación por Independientes, afirmó que el movimiento continuará su labor constructiva. A pesar de la adversidad, Restrepo expresó su compromiso en la construcción de un mejor futuro para Colombia junto a los demás miembros del partido.

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