En desarrollo del Decreto 0175 de 2026, el programa impulsará el acceso a financiamiento para recuperar cultivos, reponer activos productivos y restablecer la actividad agropecuaria en los ocho departamentos afectados: Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El programa, que estará vigente a partir del 7 de abril, movilizará hasta 2 billones de pesos en créditos de redescuento en las zonas afectadas, junto con 153.000 millones de pesos en incentivos y subsidios, así como 80.000 millones de pesos en garantías especiales del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

La prioridad del programa será apoyar a pequeños productores, asociaciones campesinas y organizaciones rurales en los municipios afectados por la emergencia, mediante instrumentos orientados a la recuperación productiva y a la gestión integral del riesgo agropecuario.

Entre ellos se contemplan subsidios a la tasa de interés, apoyos al seguro agropecuario, incentivos de recuperación productiva, garantías y asistencia técnica para la gestión integral de riesgos agropecuarios.

La ministra de Carvajalino manifestó que “el restablecimiento productivo de las familias rurales afectadas por la emergencia climática es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro».

Asimismo, destacó que este programa hace parte de la Revolución por la Vida: garantizar que campesinos, campesinas y productores cuenten con financiamiento, seguros y asistencia para recuperar sus cultivos y su capacidad productiva.

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) ejecutará este programa, a través del Banco Agrario y de los demás intermediarios financieros.

“Este programa especial de crédito para el restablecimiento productivo es una alternativa financiera para la recuperación productiva de las zonas afectadas por la emergencia climática. Mediante la combinación de subsidios a la tasa de interés, y apoyos para la asistencia técnica, el Gobierno nacional busca recuperar la actividad productiva, fomentar la gestión del riesgo y promover nuevos proyectos de infraestructura y agroindustria», explicó Jimena Ruiz, presidenta (e) de Finagro.

Por su parte, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, expresó que la entidad crediticia está en total disposición de seguir apoyando a los productores, de manera particular en coyunturas climáticas como la actual, y por eso aplaudió estas nuevas medidas anunciadas por Consejo de Crédito Agropecuario.

“Esperamos que los pequeños productores, asociaciones y campesinos y campesinas en general se acerquen a nuestras oficinas a partir de la próxima semana para orientarlos y otorgarles los recursos que requieran para sus proyectos productivos, con todos los beneficios que conllevan las nuevas disposiciones», sostuvo.

Las seis líneas de apoyo

El Ministerio anunció que para atender las distintas necesidades de los productores y de los territorios, se habilitaron seis líneas de apoyo:

—Crédito para pequeños productores: Apoyará desde la siembra y la mano de obra hasta el alquiler de maquinaria, ofreciendo un subsidio de hasta 16 puntos porcentuales sobre la tasa de interés, una garantía de hasta 90% del valor del crédito y una cobertura de hasta el 80% en el costo del seguro agropecuario y la asistencia técnica. Por ejemplo, si una mujer rural o un campesino de ingresos bajos pide un crédito para sembrar maíz o reponer los activos que perdió por la emergencia, su tasa de interés tendría un subsidio adicional, con una tasa de interés efectiva anual de hasta el 0,3%.

—Crédito para asociaciones rurales: Apoyará proyectos colectivos de cooperativas, asociaciones y organizaciones campesinas en los eslabones de producción transformación, comercialización, multiactividad y actividades ambientales. Contempla subsidio a la tasa de hasta 14 puntos porcentuales, garantía de hasta el 90%, apoyo de hasta el 80 % en el costo del seguro agropecuario, un incentivo de recuperación productiva de hasta el 20% del valor del crédito y asistencia técnica.

De esta manera, si una asociación pide un crédito para las siembras del segundo semestre del año podría acceder a una tasa efectiva anual de hasta el 0,4%.

—Infraestructura productiva regional: Permitirá financiar inversiones a cargo de las entidades territoriales para la ejecución de obras de adecuación de tierras, infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones, así como infraestructura para almacenamiento, comercialización, centros de acopio y cadena de frío. Esta línea contempla incentivos de recuperación productiva de hasta el 13%.

—Microfinanzas rurales: Se financiarán actividades asociadas a la multiactividad rural, orientadas especialmente a apoyar la diversificación de ingresos y el fortalecimiento integral de hogares, comunidades y asociaciones rurales, así como capital de trabajo para el sostenimiento y mantenimiento de proyectos productivos.

Incluye subsidio a la tasa de interés de hasta 28 puntos porcentuales, asegurando que los productores acceden a las tasas efectivas más bajas en este segmento

(3-5%). Complementariamente, se crea una garantía de crédito de hasta el 90% y asistencia técnica.

—Medianos y grandes productores: Apoyará proyectos de producción, transformación, comercialización, multiactividad y ambientales para medianos y grandes productores afectados por la situación de emergencia económica, social y ecológica. Los grandes productores podrán acceder a crédito, pero no a subsidios directos. Los medianos productores podrán acceder a apoyo de hasta el 30% en el costo del seguro agropecuario.

—Gestión de riesgos agropecuarios: incluirá instrumentos financieros para fortalecer la protección frente a eventos climáticos anómalos, como seguros agropecuarios y herramientas de gestión integral del riesgo. Esta línea contempla asistencia técnica para la gestión adecuada de los riesgos agropecuarios.

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La intervención comenzó el 3 de febrero, con equipos conformados por personal de Córdoba y de los departamentos de Sucre, Atlántico, La Guajira, Antioquia, Quindío, Caldas y Cesar, que realizan presencia en alojamientos y espacios de acogida habilitados para las familias afectadas.

Los 111 alojamientos temporales se distribuyen en 13 municipios: Montería (17), Tierralta (30), San Bernardo del Viento (12), Puerto Libertador (10), San Pelayo (9), Valencia (7), Lorica (7), Canalete (4), Montelíbano (4), Cereté (4), La Apartada (4), San Carlos (1) y Buenavista (1).

En estos espacios, los menores reciben acompañamiento psicosocial, atención en crisis cuando es necesario, verificación de sus derechos y activación de rutas de protección en casos de riesgo.

La estrategia Atrapasueños, implementada mediante Casas Atrapasueños y Espacios Comunitarios, atiende actualmente a 402 niñas, niños y adolescentes, con actividades basadas en arte, juego y cultura.

Además, el servicio de Atención Itinerante se desplazó a zonas rurales y de difícil acceso para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidad afectados por las lluvias.

En el componente nutricional se han distribuido 121.526 unidades de Bienestarina Líquida (200 ml) y 2.373 unidades de Bienestarina Más en polvo (900 gramos), además de raciones de emergencia en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador.

Durante la emergencia se activaron 9 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en situaciones de riesgo inminente.

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