21 de octubre de 2024

Desde la década de los 80, los canjes de deuda por naturaleza se han convertido en una estrategia clave para que algunos países alivien su deuda externa a través de inversiones en proyectos ambientales. Esta medida, impulsada inicialmente por el Fondo Mundial para la Naturaleza, ha sido apoyada por países como Estados Unidos y Canadá, así como por organizaciones no gubernamentales como The Nature Conservancy. Sin embargo, aunque esta herramienta financiera ha permitido conservar áreas valiosas en términos de biodiversidad, también ha generado dudas sobre su impacto real en la sostenibilidad económica de las naciones que la implementan.

¿En qué consisten los canjes de deuda por naturaleza?

Un canje de deuda por naturaleza implica que un país deudor negocia con su acreedor una reducción de la deuda a cambio de comprometerse a realizar inversiones en proyectos de conservación ambiental. El prestamista reduce el monto de la deuda y, a cambio, el deudor destina fondos a la preservación de ecosistemas, generalmente a través de alianzas con ONG especializadas en temas ambientales. Estas inversiones suelen estar dirigidas a proteger la biodiversidad, en especial en países con ecosistemas vulnerables y de gran riqueza natural.

En el marco de estos acuerdos, el prestamista puede transferir el nuevo valor de la deuda a una ONG o entidad privada, que supervisa los proyectos ambientales, mientras el deudor se compromete a cumplir con los pagos e inversiones acordadas en la naturaleza. Este esquema, aunque prometedor en su concepción, ha sido objeto de debate por sus posibles limitaciones a largo plazo.

Casos recientes de canje de deuda

Países como Belice, Barbados y Ecuador han recurrido recientemente a esta medida. En 2022, Belice acordó invertir 178 millones de dólares en la conservación de la vida marina hasta 2041, bajo la supervisión de The Nature Conservancy. Este acuerdo incluye la obligación de destinar 4,2 millones de dólares anuales para ampliar las áreas protegidas y proteger alrededor de 1.400 especies marinas en peligro de extinción.

Por su parte, Barbados firmó en 2023 un acuerdo similar por 50 millones de dólares, con la meta de aumentar 30% el área marítima protegida para 2030. Barbados deberá realizar pagos anuales al fondo de conservación para asegurar la protección marina hasta 2037, aunque las expectativas de ganancias de estos proyectos aún son inciertas.

Ecuador, en 2023, negoció el canje de deuda más elevado registrado hasta ahora, por 450 millones de dólares, para la conservación de las Islas Galápagos. El gobierno ecuatoriano deberá aportar 12 millones de dólares anuales hasta 2041 y crear un fondo de 227 millones de dólares para proteger su biodiversidad marina.

El papel de Colombia en los canjes de deuda

Colombia ha participado en dos canjes de deuda por naturaleza. El primero, entre 1992 y 1993, con Estados Unidos y Canadá, permitió la reducción de 322,2 millones de dólares de deuda a cambio de 54,4 millones destinados a proyectos ambientales. En 2004, se firmó un segundo acuerdo por 8 millones de dólares para conservar los bosques tropicales de la región andina y otras zonas.

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de Colombia (2022-2026) contempla esta herramienta como una opción para financiar proyectos de conservación en la Amazonía, el Pacífico y la selva del Darién. Además, el gobierno de Gustavo Petro ha propuesto un «Plan Marshall» para que los países de renta baja y media puedan canjear sus deudas por inversiones en la lucha contra el cambio climático, una estrategia similar al canje de deuda por naturaleza.

Limitaciones y desafíos

A pesar de sus ventajas aparentes, los canjes de deuda por naturaleza enfrentan críticas. Una de las principales preocupaciones es que el valor de la deuda cambiada no suele ser significativo en relación con la deuda externa total de los países. Por ejemplo, en el caso de Belice, a pesar del canje, el endeudamiento del país aumentó, lo que llevó a la reducción de salarios del sector público y la suspensión de aumentos salariales durante dos años.

Otra crítica se refiere a la pérdida de autonomía en la gestión de los recursos. Los gobiernos deudores deben seguir estrictas condiciones impuestas por las ONG, lo que limita su capacidad de decisión sobre el uso de los fondos y los proyectos a implementar. Esto genera inquietudes sobre la verdadera eficacia y sostenibilidad de estas medidas a largo plazo.

Reflexiones finales

Los canjes de deuda por naturaleza representan una herramienta valiosa para la conservación del medio ambiente, especialmente en países con altos niveles de biodiversidad y bajo riesgo de crisis fiscal. Sin embargo, su impacto económico a largo plazo es incierto y, en algunos casos, puede aumentar el endeudamiento de los países. Además, las condiciones impuestas por los prestamistas y las ONG limitan la autonomía de los gobiernos para gestionar sus propios recursos.

Es fundamental que los países que adoptan este tipo de acuerdos evalúen cuidadosamente sus beneficios y riesgos, no solo en términos de biodiversidad, sino también en lo que respecta a su estabilidad financiera y capacidad para manejar sus deudas en el futuro. La implementación de estos mecanismos requiere un enfoque integral que asegure tanto la protección ambiental como la sostenibilidad económica.

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Durante la clausura de la Convención Bancaria en Cartagena, el presidente Gustavo Petro reconoció la crítica situación fiscal del país. A pesar del alto déficit fiscal, el desempleo elevado, la caída de la inversión y el bajo crecimiento económico, Petro admitió que la reforma tributaria ha dejado al país desfinanciado. En su intervención, Petro declaró: «En el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa, se expidió un decreto que aumentó sustancialmente el anticipo de renta, impuesto de renta y la retención en la fuente, porque ahora las grandes contribuyentes ya pagaron el impuesto de renta. Entonces, estamos desfinanciados, así de simple».

Importancia del crédito en la reactivación económica

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, destacó el crédito como un motor fundamental para la reactivación económica del país. En su discurso, Malagón subrayó que la expansión del crédito podría incrementar el porcentaje de adultos colombianos con acceso al crédito del 35% al 43% para el año 2026. Además, resaltó la necesidad de “rebancarizar” a aquellos que han estado fuera del sistema financiero en los últimos años, mencionando la posibilidad de movilizar $80 billones, equivalente al 5% del PIB, para créditos en la economía popular.

Crisis climática y económica global

El presidente Petro también abordó temas críticos relacionados con la economía mundial y la crisis climática. Subrayó que la crisis financiera de 2008 ha provocado un estancamiento económico global y calificó a la crisis climática como “la crisis de todas las crisis”, con el potencial de causar la extinción humana. Petro urgió a priorizar el análisis de esta crisis y destacó la necesidad de que el sistema financiero mundial se alinee con un plan humano y político.

Propuestas para la reactivación económica

Malagón presentó una serie de propuestas para impulsar la reactivación económica del país, enfocadas en el crédito de desarrollo productivo, de vivienda y sostenible. Estas propuestas incluyen la optimización de inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) con el objetivo de expandir la cartera hacia sectores de la agroindustria, utilizando los recursos disponibles en Finagro, que ascienden a $2 billones. Además, se planteó incrementar el otorgamiento de crédito a la economía popular y un programa con 15.000 subsidios anuales para la compra de vivienda No VIS, aumentando el LTI de vivienda No VIS del 30% al 40%.

Ajuste en los precios del diésel

En la misma Convención Bancaria, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un aumento gradual en el precio del diésel para las grandes empresas consumidoras. Esta medida se aplicará mediante un decreto que actualizará los precios para alinearlos con los estándares internacionales. El objetivo es cerrar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepec), que alcanzó los $37 billones en 2022. Bonilla señaló que este ajuste solo afectará a las empresas que manejan su propia logística y consumen más de 20.000 galones de diésel.

Con estas medidas y propuestas, el Gobierno busca mitigar la crisis económica y fiscal, así como fomentar una reactivación sostenible y equitativa en el país. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad económica requiere de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, así como una gestión eficaz y transparente de los recursos disponibles.

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