El asesinato en la cárcel La Picota de Francisco Luis Correa Galeano, condenado por su participación en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ha generado indignación y cuestionamientos a las autoridades penitenciarias.

Homicidio en La Picota: lo que se sabe

Francisco Luis Correa Galeano, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Marcelo Pecci, fue asesinado el 2 de enero en la celda 25 de la cárcel La Picota, Bogotá. Según el reporte preliminar, el ataque ocurrió a medianoche y se utilizó un arma blanca. Las autoridades confirmaron la captura de un sospechoso, aunque la investigación aún está en curso.

Correa, condenado a más de seis años de prisión, había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía colombiana, aceptando su responsabilidad y comprometiéndose a reparar a las víctimas. Este acuerdo permitió una reducción de su pena y lo colocó como colaborador en la investigación.

Advertencias ignoradas: denuncia de negligencia

El abogado Francisco Bernate, representante de la familia de Marcelo Pecci, denunció que las autoridades penitenciarias fueron advertidas sobre los riesgos que enfrentaba Correa Galeano en prisión. “Se ignoraron las alertas de seguridad, lo que permitió que este trágico hecho ocurriera”, afirmó Bernate.

Correa Galeano, quien estaba próximo a recibir el perdón por el delito de homicidio debido a su colaboración con la Fiscalía, era un testigo clave en el esclarecimiento del asesinato de Pecci. Su muerte deja un vacío importante en la investigación y genera dudas sobre las garantías de seguridad en los penales colombianos.

El caso Pecci: un crimen que estremeció a la región

Marcelo Pecci, fiscal paraguayo especializado en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en la Isla Barú, Cartagena, mientras disfrutaba de su luna de miel. El anuncio de que él y su esposa, Claudia Aguilera, esperaban a su primer hijo, marcó el mismo día de su muerte, lo que amplificó el impacto del crimen en la opinión pública.

Pecci trabajó en casos de alto perfil, como el atentado en San Bernardino, Paraguay, en 2022, y el asesinato de la hija del gobernador de Amambay en 2021. La investigación de su asesinato vinculó a Francisco Luis Correa Galeano como el coordinador del plan criminal, quien reunió a los ejecutores en Medellín y les proporcionó armas y equipos de comunicación.

Avances en la investigación y respuestas oficiales

El Ministerio de Justicia afirmó que realizó los trámites pertinentes junto con las autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad en los penales. La Fiscalía General ya inició labores de investigación para esclarecer el homicidio de Correa Galeano.

Mientras tanto, este caso plantea serios cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario colombiano para garantizar la seguridad de los internos, especialmente aquellos que colaboran con la justicia en casos de alto impacto.

Las autoridades penitenciarias están bajo escrutinio público, y la familia del fiscal Pecci exige explicaciones claras sobre las circunstancias que rodearon este asesinato.

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El presidente Gustavo Petro ha designado a Amelia Pérez como nueva directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Pérez, reconocida por su valentía en la lucha contra el crimen organizado, regresa al país después de haber sido forzada al exilio por amenazas relacionadas con sus investigaciones sobre el paramilitarismo y el narcotráfico.

Amelia Pérez: una trayectoria marcada por el compromiso con la justicia

Amelia Pérez es ampliamente conocida por su labor en la Fiscalía, donde lideró investigaciones cruciales contra estructuras paramilitares y su relación con el narcotráfico. Su trabajo expuso redes criminales de alto impacto, lo que la convirtió en blanco de amenazas que la obligaron a abandonar Colombia.

La exfiscal también fue ternada en el pasado para ocupar el cargo de fiscal general, destacándose por su compromiso y valentía frente a casos de alta complejidad. Su regreso a un cargo público de relevancia reafirma su posición como símbolo de justicia y lucha contra la impunidad.

Amelia Pérez a quien terné para ser fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la fiscalía y fue perseguida por ello, será la directora de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

Mi orden; entregar todos los bienes que fueron… pic.twitter.com/ewBGK7VlhR

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2024

La SAE y su papel en la recuperación de bienes ilícitos

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es una entidad clave en la administración de bienes incautados al crimen organizado. Bajo la dirección de Amelia Pérez, se espera que la SAE fortalezca su misión de garantizar que los bienes recuperados sean destinados al beneficio de la sociedad.

El presidente Petro señaló, mediante un trino, que su mandato para Pérez será claro: «Entregar todos los bienes que fueron de la mafia, al pueblo». Este enfoque busca redistribuir los recursos incautados de manera equitativa para impactar positivamente a las comunidades más necesitadas.

Un contexto desafiante para liderar la SAE

Asumir la dirección de la SAE representa un reto significativo, dado que la entidad ha estado bajo escrutinio público en los últimos años por denuncias de corrupción y falta de transparencia en la gestión de bienes incautados.

Con la llegada de Pérez, el gobierno busca reforzar la credibilidad y eficacia de la SAE, promoviendo una administración más ética y orientada al servicio de la ciudadanía. Su experiencia en investigaciones de alto nivel la posiciona como una figura idónea para liderar esta transformación.

Implicaciones para la lucha contra el crimen organizado

La designación de Amelia Pérez también envía un mensaje contundente sobre la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para combatir el crimen organizado. Al elegir a una figura con un historial destacado en la lucha contra el paramilitarismo y el narcotráfico, se refuerza el compromiso con una política de seguridad que prioriza la justicia y la reparación social.

Asimismo, la redistribución de bienes incautados se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que busca transformar los recursos obtenidos del crimen en herramientas para el progreso de las comunidades vulnerables.

El liderazgo de Pérez en la SAE será observado de cerca, no solo por su impacto en la gestión de activos, sino también por su capacidad de consolidar una institución que ha sido clave en la lucha contra la ilegalidad en Colombia.

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Tras cinco meses de espera, el Consejo de Ministros de España ha aprobado la extradición a Colombia de Diego Marín, conocido como “El Zar del contrabando”. La decisión representa un importante avance en la lucha contra el crimen organizado y busca frenar la entrada de mercancías ilícitas al país. Con la llegada de Marín a territorio colombiano antes de finalizar noviembre, se espera que las autoridades desarticulen una red criminal de alto impacto, vinculada al tráfico de mercancías ilegales y a importantes ganancias provenientes del narcotráfico.

El arresto de Diego Marín y su importancia en el contrabando en Colombia

Desde el pasado mes de abril, Diego Marín se encuentra bajo custodia en España, país donde fue capturado. Conocido también como “Pitufo”, este hombre es referido por las autoridades como una de las principales figuras del contrabando en Colombia, involucrando tanto a personas dentro del Estado como a empresarios que facilitaban sus operaciones. Para el presidente colombiano Gustavo Petro, Marín y su organización representan “la otra cara del narcotráfico”, al servir como intermediarios para el ingreso de productos de contrabando con los cuales se financian redes ilícitas.

Colaboración internacional para combatir el contrabando

La captura de Marín fue resultado de esfuerzos conjuntos entre las autoridades colombianas y las internacionales, que han reforzado los controles en los puertos de entrada. Estos esfuerzos incluyen la colaboración con países exportadores para identificar y mitigar el tráfico de mercancías ilegales hacia Colombia, como una estrategia fundamental en la lucha contra el crimen organizado.

La extradición de Marín, un proceso largo y complejo

Desde que el gobierno colombiano solicitó la extradición de Marín, el proceso ha enfrentado varias barreras judiciales en España, incluyendo recursos interpuestos por la defensa de Marín para evitar su traslado. No obstante, la Audiencia Nacional de España, en una decisión definitiva, desestimó el recurso presentado, confirmando el aval para que Marín enfrente la justicia colombiana.

El rol del Consejo de Ministros de España en la extradición

El Consejo de Ministros, máximo órgano de decisión del gobierno español, fue la entidad que dio el paso final para autorizar la extradición de Marín. Esta aprobación deja sin efecto las acciones legales de la defensa, por lo que se espera que el contrabandista arribe a Colombia en las próximas semanas.

Las operaciones de Marín y sus vínculos con el narcotráfico

Además de su participación en el contrabando, las investigaciones apuntan a que Marín tendría vínculos con el cartel del Valle del Cauca, operando desde 2011. Su red de contrabando, que incluía ingresos ilícitos de productos como electrodomésticos, permitía blanquear los ingresos provenientes del narcotráfico. Este esquema delictivo le generaba millonarias ganancias, con las que mantenía sobornos y alianzas estratégicas en los puertos de Cartagena y Buenaventura.

La relación con alias “Pacho Malo” y otras figuras del crimen organizado

Los nexos de Marín no se limitan al cartel del Valle del Cauca, sino que también han sido mencionados en llamadas interceptadas con Francisco Martínez, alias “Pacho Malo”, exlíder del CTI de Buenaventura. Las autoridades han señalado que Marín operaba como la cabeza de una organización bien estructurada, coordinando con otras figuras del crimen organizado para facilitar el ingreso de mercancías ilícitas a Colombia.

Expectativas frente al impacto de la extradición en Colombia

Con la inminente extradición de Diego Marín, las autoridades colombianas esperan desmantelar esta red de contrabando de alto nivel, que por años ha evadido los controles de aduanas y las inspecciones. La llegada de Marín a Colombia podría suponer el inicio de un proceso judicial que permita esclarecer las conexiones de este crimen con otros sectores del país, así como fortalecer las políticas de control y seguimiento en los puertos nacionales.

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La Fiscalía General de la Nación desmanteló una peligrosa red criminal compuesta por dos soldados activos y tres integrantes de las disidencias de las Farc. Esta organización se dedicaba a la venta ilegal de armamento y municiones a grupos subversivos como el Estado Mayor Central de las Farc y el Clan del Golfo. El operativo se realizó en Bogotá, Villavicencio y Melgar, incautando más de 4.000 cartuchos y sustancias ilícitas.

Captura de los responsables y estructura de la red criminal

Las autoridades lograron identificar y capturar a cinco de los presuntos integrantes de esta red, que operaba extrayendo armamento de distintas unidades militares del país. Los detenidos utilizaban vehículos oficiales para movilizar las armas, evadiendo los controles de seguridad. Las investigaciones apuntan a que estas armas eran entregadas a estructuras de las disidencias en el oriente colombiano.

Entre los capturados se encuentran Yeison Farley Bolaños Noguera y Ángel Alberto Sosa Villamil, soldados activos del Ejército, quienes aprovechaban su posición para sacar las armas de las guarniciones. Las municiones y armamento eran almacenados en viviendas de barrios como Chapinero e Isla del Sol en Bogotá, desde donde se distribuían a diversas regiones del país.

Logística de la operación y método de distribución

El esquema de distribución implementado por la red criminal incluía el uso de vehículos oficiales de la institución castrense. Esta estrategia les permitía sortear los controles de seguridad, permitiendo el traslado de las armas sin ser detectados. Además, la Fiscalía confirmó que parte de la munición entregada a las disidencias era pagada con clorhidrato de cocaína y pasta base de coca.

Las autoridades también revelaron que esta organización alquilaba vehículos oficiales del Ejército, lo que les permitía moverse por el territorio nacional sin levantar sospechas. Este tipo de operaciones deja en evidencia la corrupción que se infiltra en algunas unidades militares, facilitando el acceso de grupos armados ilegales a armamento de uso restringido.

Precedentes y nuevos hallazgos en las investigaciones

Este caso no es un hecho aislado. En marzo de 2023, la Fiscalía desarticuló otra red de venta de armas a las disidencias de las Farc, en la cual participaron varios militares. La operación de 2023 dejó en evidencia irregularidades en la gestión de armamento en la Tercera Brigada del Ejército, donde se desviaron armas hacia el frente liderado por alias Iván Márquez.

En ese entonces, se descubrieron negocios fachada, como un lavadero de carros y una escuela de vigilancia en Cali, que servían para encubrir la actividad ilegal. Estas revelaciones han generado preocupación sobre el control que se ejerce en el manejo de armamento dentro de las instituciones castrenses.

Medidas judiciales y acciones a futuro

Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó cargos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido. A pesar de la contundencia de las pruebas, los procesados no aceptaron los cargos, por lo que se les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar si existen más miembros del Ejército vinculados a estas actividades ilícitas. Se han iniciado revisiones en varias guarniciones militares de Bogotá para identificar posibles conexiones con esta red delictiva.

Las recientes capturas y los antecedentes de venta de armas por parte de miembros del Ejército reflejan un problema estructural dentro de la institución. El desvío de armamento hacia grupos ilegales sigue siendo un desafío para las autoridades, quienes deben reforzar los controles y la vigilancia en los procesos internos para evitar nuevas infiltraciones.

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En un reciente desarrollo que ha generado preocupación en Colombia, se han revelado nuevos detalles sobre un plan para atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro. El abogado colombiano Javier Mejía, quien denunció este complot ante la Fiscalía, ha expuesto información clave que involucra a figuras del crimen organizado en la planificación de este atentado. Según el testimonio, el atentado estaba programado para el pasado 20 de julio, una fecha simbólica en la que se celebra la independencia del país.

Denuncia inicial y primeros indicios

El abogado Javier Mejía presentó la denuncia tras recibir información de una fuente vinculada al mundo criminal. Esta fuente detalló un complot que tenía como objetivo acabar con la vida del presidente Petro, con apoyo financiero proveniente de la mafia radicada en Dubái. De acuerdo con las declaraciones de Mejía, la operación estaba prevista para ejecutarse el 20 de julio, día en que el presidente llegó cuatro horas tarde al desfile militar en Bogotá, un retraso que generó especulación en los medios de comunicación.

Posteriormente, el presidente Petro aclaró que su tardanza se debió a una «información a corroborar con la embajada de Estados Unidos», lo que apuntó indirectamente a las amenazas contra su seguridad. Desde entonces, la confirmación de este plan ha sido gradual, con el mayor avance ocurriendo en agosto cuando la cadena Univisión reveló que una fuente en Estados Unidos había presenciado los fusiles y escuchado detalles sobre la ejecución del atentado en los alrededores de la Casa de Nariño.

Captura y hallazgos en Bogotá

La amenaza contra el presidente Petro no se limita a informes y declaraciones. En mayo, las autoridades capturaron a un hombre en el sur de Bogotá con un arsenal preocupante. Entre las armas incautadas se encontraban rifles modificados con miras telescópicas, ideales para un francotirador. Aunque en un principio no se ofrecieron detalles sobre la relación de este armamento con organizaciones criminales, Señal Investigativa confirmó que estas armas estaban destinadas a un plan para asesinar al presidente Petro.

La investigación también señala a Julio Lozano Piraquete como el presunto líder detrás del financiamiento de este complot. Lozano, considerado uno de los grandes jefes de la nueva «Junta del Narcotráfico», estaría utilizando sus recursos para desestabilizar al gobierno colombiano.

Refuerzo de la seguridad en sedes judiciales

En medio de esta creciente amenaza, las autoridades realizaron otro allanamiento en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar. Durante esta operación, se encontró una maqueta del Palacio de Justicia, acompañada de explosivos y armas de largo alcance, lo que levantó nuevas alarmas. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, calificó estos hallazgos como «extremadamente graves» y anunció un refuerzo de la seguridad en todas las sedes judiciales del país.

El gobierno, por su parte, activó protocolos de contingencia y ordenó la protección adicional de los edificios gubernamentales clave, incluyendo el Palacio de Justicia. Aunque las investigaciones aún continúan, todo indica que este complot no solo busca atentar contra la vida del presidente, sino también desestabilizar la justicia y el poder ejecutivo en Colombia.

Investigaciones en curso y repercusiones

Con el avance de las investigaciones, la posibilidad de una amplia conspiración liderada por figuras del narcotráfico se vuelve cada vez más evidente. Las autoridades están trabajando para identificar a todos los involucrados y evitar que planes similares pongan en riesgo la estabilidad del país. Este caso subraya los desafíos de seguridad que enfrenta Colombia, un país que continúa luchando contra la influencia del crimen organizado.

Aunque el presidente Gustavo Petro ha mantenido un perfil bajo respecto al tema, es claro que las amenazas contra su vida son un reflejo de las tensiones entre su gobierno y los sectores criminales más poderosos del país.

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Un operativo reciente de la Fiscalía General de la Nación ha culminado con la captura de nueve personas, entre ellas un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, implicadas en una red de narcotráfico que operaba desde el Cauca hasta Medellín y otras localidades de Antioquia. La operación, que tuvo lugar en múltiples municipios, ha puesto al descubierto la compleja estructura criminal que utilizaba vehículos de transporte de carne para movilizar estupefacientes, generando gran preocupación en las autoridades locales.

Desmantelamiento de una red criminal en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación ha logrado desarticular una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, en un operativo que se extendió por varias localidades, incluyendo Medellín, Barbosa, Santa Fe de Antioquia, Cali, Palmira y Yumbo. La organización, liderada por William A. C., alias Toreto, utilizaba vehículos destinados al transporte de carne para encubrir sus actividades ilícitas, lo que les permitió operar durante un tiempo considerable antes de ser detectados.

El éxito de la operación fue el resultado de un arduo trabajo de investigación que involucró múltiples allanamientos y permitió la captura de nueve personas. Entre los arrestados se encuentra Cristian Camilo S. B., un funcionario del CTI de la Fiscalía, quien enfrenta graves acusaciones por su presunta colaboración con la organización criminal.

Implicación de un funcionario del CTI

La captura de Cristian Camilo S. B., funcionario del CTI, ha generado especial interés debido a su presunta participación en la red criminal. Según las investigaciones, el funcionario habría abusado de su posición en la Fiscalía para acceder a información no autorizada, favoreciendo así las operaciones de la banda liderada por alias Toreto. Además, Cristian Camilo S. B. es acusado de realizar una denuncia falsa contra una excompañera sentimental, sumando más cargos en su contra.

El juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento privativas de la libertad para los detenidos, quienes deberán enfrentar cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Otros cinco miembros del grupo, incluyendo al funcionario del CTI, fueron sometidos a detención domiciliaria mientras continúa la investigación.

Incautaciones y evidencias

Durante el operativo, las autoridades lograron incautar una considerable cantidad de evidencia que respalda las acusaciones contra la red criminal. Entre los elementos confiscados se encuentran 1.553 gramos de cocaína, cinco millones de pesos en efectivo, un automóvil, una motocicleta y cuadernos de contabilidad que documentaban detalladamente las actividades ilegales de la organización.

Estos cuadernos de contabilidad resultan ser una pieza clave en la investigación, ya que ofrecen una visión clara de las operaciones financieras y logísticas de la banda, lo que permitirá a las autoridades profundizar en la red de contactos y colaboradores que han sostenido estas actividades ilícitas durante tanto tiempo.

Operación previa en noviembre de 2023

Este no es el primer golpe que la Fiscalía asesta a esta organización criminal. En noviembre de 2023, fueron capturados otros 21 integrantes de la misma red, quienes estaban involucrados en el tráfico de estupefacientes hacia la isla de San Andrés, con destino final en Estados Unidos. Esta captura previa permitió a las autoridades obtener información valiosa que culminó en el reciente desmantelamiento de la estructura criminal que operaba en Antioquia.

La Fiscalía ha reiterado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que continuará realizando operativos y seguimiento a este tipo de organizaciones criminales que tanto daño han causado a la sociedad colombiana.

Las acciones conjuntas entre las diferentes entidades involucradas en la operación resaltan la importancia de la colaboración interinstitucional para hacer frente a la delincuencia organizada. La captura de estos individuos representa un paso significativo hacia el desmantelamiento total de la red criminal y la recuperación de la seguridad en las regiones afectadas.

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Desarticulación de una red criminal

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la SIJIN Antioquia, se logró la captura de Alias Dayana, quien desempeñaba un papel crucial como coordinadora financiera en la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Esta detención marca un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en la región.

Trayectoria criminal y funciones de Alias Dayana

Alias Dayana, con una trayectoria delictiva de 15 años en el grupo criminal, tenía la responsabilidad de llevar a cabo labores de inteligencia en los municipios de Uramita y Dabeiba, antes de ser designada como coordinadora financiera. Su función principal era recibir fondos procedentes del tráfico de drogas y extorsiones en la zona, para luego transportarlos y distribuirlos entre los miembros del grupo.

Desmantelamiento de una red financiera ilícita

Durante el operativo de captura, se incautaron varios elementos clave, incluyendo teléfonos celulares utilizados por Alias Dayana para gestionar las finanzas de la organización criminal. Asimismo, se decomisaron dinero en efectivo y registros contables, que evidencian las actividades criminales de esta red financiera ilícita.

Impacto en la seguridad y defensa civil

El Teniente Coronel Andrés Ossa Muñoz, comandante del Batallón de Infantería N°32 General Pedro Justo Berro, destacó la importancia de esta operación en la reducción de las capacidades delictivas del grupo armado organizado. Al afectar sus redes logísticas y criminales, se garantizan las condiciones de seguridad, defensa y bienestar para la población civil en la zona afectada por esta estructura criminal.

Para resumir

La captura de Alias Dayana representa un logro significativo en la lucha contra el crimen organizado en Antioquia. La colaboración efectiva entre las fuerzas de seguridad ha permitido desarticular una red financiera ilícita, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad y defensa para la población civil en la región.

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Detalles de la Captura y Extinción de Bienes

En medio del operativo denominado Galicia, diseñado para desarticular las redes del narcotráfico y el lavado de activos en el Urabá antioqueño y la costa caribe colombiana, las autoridades sorprendieron a María Luisa Botero, alias ‘Lulú’, quien presuntamente formaba parte de una red liderada por el narcotraficante Ferney de Jesús Cardona Bello, alias ‘Soya’.

Además de la captura de ‘Soya’, se logró la extinción de 24 inmuebles, 7 empresas, 7 cuentas bancarias y certificados de depósito por un total de $13 millones de avalúos comerciales.

Perfil de María Luisa Botero y Su Vínculo Criminal

María Luisa Botero, conocida en la alta sociedad antioqueña por su dedicación al sky náutico, motonáutica y equitación, es señalada de ser parte de una red de lavado de activos comandada por ‘Soya’ del Clan del Golfo. Su perfil público como deportista y diseñadora de modas contrasta con su presunta participación en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Impacto y Alcance del Lavado de Activos en Colombia

El arresto de María Luisa Botero y la desarticulación de la red liderada por ‘Soya’ evidencian la magnitud del problema del lavado de activos en Colombia. Según las autoridades, Ferney de Jesús Cardona Bello habría lavado alrededor de 65.000 millones de pesos entre 2010 y 2023, lo que pone de relieve la necesidad de acciones contundentes para combatir este tipo de delitos.

El caso de María Luisa Botero y su presunta participación en la red de lavado de activos liderada por ‘Soya’ del Clan del Golfo es un ejemplo de los desafíos que enfrenta Colombia en su lucha contra el crimen organizado. La operación Galicia y la extinción de bienes asociados son pasos importantes en el combate contra estas estructuras criminales, pero también subrayan la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención y persecución de este tipo de delitos en el país.

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