El presidente Gustavo Petro lanzó una seria advertencia a su bancada tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, cuestionando el uso del voto secreto como una práctica incompatible con los valores progresistas. La transparencia, según el mandatario, es un principio irrenunciable en democracia.

Derrota inesperada y crítica contundente

La elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, con 62 votos frente a 41 para la candidata oficialista María Patricia Balanta, fue un duro golpe para el Gobierno. Una diferencia tan amplia tomó por sorpresa a la Casa de Nariño, especialmente cuando se esperaba una mayoría a favor de Balanta.

Desde su cuenta en X, Petro expresó: “Jamás una bancada progresista en un Congreso o parlamento debe hacer uso del voto secreto, así la norma lo permita. No tiene nada que ocultar y la democracia debe ser transparente. Les solicito no hacer uso del voto secreto, y mostrar de manera pública su voto. Lo secreto es de las mafias.”

Tensiones internas y repercusiones políticas

El resultado electoral expuso grietas en el Pacto Histórico. Congresistas que en principio respaldaban la candidatura oficial terminaron votando por Camargo, lo que desató cuestionamientos sobre la cohesión interna del movimiento.

El presidente advirtió que “la disciplina partidista no debe confundirse con coacción,” y aclaró que nadie pierde el voto por apartarse de lineamientos, aunque sí se puede quedar fuera del movimiento. En otro mensaje, sostuvo que “en el alma no se debe tener ningún guardado incoherente, así siempre seremos libres en política,” reafirmando su llamado a una coherencia profunda.

Se mencionó la posible salida de tres ministros, aunque hasta ahora no se han concretado cambios en el gabinete, lo que indica que la tensión aún no ha escalado a reformulaciones definitivas.

El desafío de la transparencia frente a las reglas del Congreso

El choque entre la norma y los principios quedó en evidencia: aunque el voto secreto está permitido por reglamento, Petro lo calificó como una “práctica opaca” incompatible con el progresismo. Su llamada a visibilizar el voto pretende marcar una diferencia radical en práctica democrática frente a la opacidad tradicional.

Este episodio revela no solo un nuevo revés político para el Ejecutivo, sino también la urgencia de redefinir la dinámica interna del Pacto Histórico, frente a un Congreso que, cuando diverge, ejerce mayor control e independencia.

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La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional no solo representa un relevo en una de las instituciones más importantes del país, sino que también revela un trasfondo político marcado por la fractura de la coalición oficialista y el inicio de un escenario más polarizado en el Congreso.

Un cambio en la dinámica política del Congreso

De los acuerdos burocráticos al debate ideológico

Históricamente, las decisiones en el Congreso han estado motivadas por puestos, contratos y coaliciones mínimas, más que por debates de fondo. Este patrón, que se repitió en gobiernos como los de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Iván Duque, parecía consolidado como práctica común. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro ha introducido un factor distinto: las votaciones ya no se definen únicamente por prebendas, sino por visiones de sociedad. Este cambio marca un nuevo terreno de confrontación ideológica.

Una votación con efectos a largo plazo

La elección de Camargo tiene implicaciones que trascienden el actual mandato presidencial. Los magistrados de la Corte Constitucional permanecen por ocho años, lo que significa que las decisiones tomadas hoy influirán en al menos dos gobiernos futuros. Esto explica la intensidad del pulso político y el interés de cada sector en asegurar cuotas de poder en este escenario.

Ruptura de la coalición gubernamental

El “florero de Llorente” en la política nacional

Para el presidente Gustavo Petro, este episodio se convirtió en el punto de quiebre esperado. Desde hace meses, advertía su inconformidad con sectores de la coalición que actuaban más en función de intereses burocráticos que de proyectos políticos. Con esta elección, la coalición oficialista se fractura definitivamente y el Ejecutivo se proyecta hacia un gobierno de minorías, apoyado principalmente en la izquierda y una parte de la centroizquierda.

Consecuencias de un gobierno en minoría

El nuevo escenario abre la puerta a una dinámica más confrontacional. Se anticipa que los partidos tradicionales recurran a mociones de censura y bloqueos legislativos, mientras que el Ejecutivo buscará contrarrestar esas presiones mediante movilización social y discursos directos hacia la opinión pública. La experiencia del presidente como exalcalde de Bogotá, gobernando sin mayorías en el Concejo, parece repetirse ahora a escala nacional.

Un debate marcado por la polarización

Méritos relegados frente a intereses políticos

Aunque se discutió sobre las hojas de vida de los candidatos, lo cierto es que la experiencia y los méritos profesionales pasaron a un segundo plano. Lo determinante fue la posición política frente al proyecto del gobierno, consolidando un clima en el que lo ideológico prevaleció sobre lo técnico.

Lo que viene en el escenario nacional

El panorama inmediato no anuncia estabilidad. Se prevé que los próximos meses, especialmente septiembre, octubre y noviembre, estén dominados por enfrentamientos políticos y debates intensos. Sin embargo, más allá de la incertidumbre, no se augura un colapso institucional. Lo que se configura es un nuevo capítulo en la confrontación política colombiana, donde las discusiones ideológicas serán la norma y no la excepción.

El desenlace de la elección de Carlos Camargo no sorprende, pero sí marca el inicio de una etapa más turbulenta para el país. Colombia entra en un escenario de mayor polarización, donde los equilibrios de poder ya no se definen únicamente en las salas de negociación, sino en la disputa abierta por el modelo de sociedad que cada sector busca imponer.

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La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional ha generado un escenario inédito en el Senado. Carlos Camargo y Patricia Balanta se encuentran en un empate técnico que refleja la profunda división política del país. La decisión, que definirá al reemplazo de José Fernando Reyes, también podría reconfigurar el equilibrio de poder dentro del alto tribunal y marcar un precedente en la relación entre el Ejecutivo y la justicia.

Un empate sin precedentes en el Senado

Cifras que muestran la paridad

Medios como W Radio y El Tiempo coinciden en que la disputa se encuentra totalmente abierta. Mientras W Radio reporta una división exacta de 52 votos para cada candidato, El Tiempo calcula 45 votos seguros para ambos, con diez senadores independientes que resultan decisivos. El pulso se intensifica debido a que, hace apenas una semana, Camargo tenía una ventaja de 16 votos, la cual desapareció tras movimientos estratégicos del oficialismo.

La relevancia política de esta elección

El desenlace de esta votación va más allá de un nombramiento individual. La elección podría entregar al presidente Gustavo Petro una mayoría clara en la Corte Constitucional, lo que consolidaría la capacidad del Gobierno para impulsar su agenda sin mayores obstáculos judiciales.

Balanta y el respaldo del oficialismo

Apoyo presidencial y regional

El presidente Gustavo Petro ordenó a su bancada apoyar a Patricia Balanta, quien además cuenta con el respaldo de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. La influencia de Toro y de dirigentes como Alexander Vega y Clara Luz Roldán en el Partido de la U convierte a esta colectividad en la ficha clave que puede inclinar la balanza a favor de Balanta.

Estrategia de consolidación

Este respaldo no solo fortalece a Balanta en el conteo de votos, sino que envía una señal clara sobre el interés del Ejecutivo en ampliar su presencia en la Corte. Una eventual victoria oficialista podría consolidar una mayoría de 6-3 en el tribunal constitucional, según lo advertido por Germán Vargas Lleras.

Camargo y la resistencia de la oposición

Bloque opositor en defensa del exdefensor del Pueblo

Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, ha recibido el respaldo de Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador y varios sectores liberales. Este bloque busca impedir que el oficialismo logre un control hegemónico sobre la Corte Constitucional.

Fracturas internas que debilitan el bloque

Sin embargo, la unidad opositora no es absoluta. Figuras como Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, ambos de Cambio Radical, junto con seis senadores liberales, se han inclinado hacia Balanta, lo que debilita la fortaleza de Camargo y evidencia tensiones internas dentro de los partidos.

Lo que está en juego

Un Senado bajo presión

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha calificado esta votación como “una de las mayores responsabilidades” del Senado, advirtiendo que el desenlace podría consolidar un giro estructural en el alto tribunal. El antecedente de noviembre de 2024, cuando Miguel Polo ganó 57-47 con apoyo oficialista, demuestra que las mayorías en el Congreso son volátiles y dependen de alianzas coyunturales.

Un futuro incierto en la Corte Constitucional

El panorama sugiere que la elección no está definida y dependerá de los movimientos de última hora de los senadores independientes. El desenlace no solo determinará el futuro de la Corte, sino también el balance de poder entre las ramas del Estado en los próximos años.

La votación que se llevará a cabo esta semana en el Senado no solo decidirá entre Carlos Camargo y Patricia Balanta, sino que pondrá a prueba la solidez de las alianzas políticas en Colombia. El desenlace definirá si la Corte Constitucional se inclina hacia una mayoría oficialista o mantiene un equilibrio más plural.

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Petro presenta terna para la Corte Constitucional, generando debate por inclusión de su abogado personal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha presentado oficialmente una terna de candidatos para ocupar una vacante en la Corte Constitucional, en el marco de la Convocatoria Pública 01 de 2025 abierta por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La terna está compuesta por Karena Caselles Hernández, Dídima Rico Chavarro y Héctor Alfonso Carvajal Londoño. La inclusión de Carvajal, abogado personal del presidente en un proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha generado críticas y cuestionamientos sobre la independencia judicial.​

Procedimiento constitucional y elección en el Senado

Según el procedimiento establecido, el Senado de la República será el encargado de seleccionar a uno de los tres candidatos propuestos para ocupar el cargo en la Corte Constitucional. La elección se realizará en los próximos días, y el candidato elegido reemplazará al magistrado saliente, cuyo período está próximo a concluir.​

Perfil de los candidatos propuestos

Karena Caselles Hernández

Abogada con experiencia en derecho constitucional y administrativo, ha ocupado cargos en entidades públicas y ha sido reconocida por su labor en la defensa de los derechos fundamentales.​

Dídima Rico Chavarro

Jurista especializada en derecho penal y procesal, ha trabajado en la rama judicial y ha participado en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la justicia.​

Héctor Alfonso Carvajal Londoño

Abogado de confianza del presidente Petro, actualmente lo representa en el proceso que se adelanta ante el CNE por presunta violación de topes en campaña. Su inclusión en la terna ha sido objeto de debate debido a su cercanía con el mandatario.​

Reacciones y cuestionamientos

La inclusión de Héctor Alfonso Carvajal Londoño en la terna ha suscitado críticas por parte de sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil. Se argumenta que su cercanía con el presidente podría comprometer la independencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, desde el Gobierno se defiende la idoneidad de los candidatos propuestos y se resalta su trayectoria profesional.​

Importancia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales y en el control de constitucionalidad de las leyes en Colombia. La elección de un nuevo magistrado es un proceso de gran relevancia para el equilibrio de poderes y la garantía del Estado de Derecho.​

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La controversia en torno a la reforma pensional en Colombia ha alcanzado un punto crítico. Tras la presentación de una ponencia desfavorable en la Corte Constitucional, el senador Gustavo Bolívar ha hecho un llamado urgente a la movilización ciudadana. Esta situación plantea serias interrogantes sobre el futuro del sistema de pensiones y la estabilidad social del país.

¿Qué está pasando con la reforma pensional?

La reforma pensional, una de las iniciativas clave del gobierno actual, busca transformar el sistema de pensiones colombiano. El objetivo principal es crear un sistema más inclusivo y equitativo, garantizando una vejez digna para todos los ciudadanos. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado una fuerte oposición desde diversos sectores políticos y económicos.

La ponencia desfavorable en la Corte Constitucional

Recientemente, se presentó una ponencia en la Corte Constitucional que cuestiona la viabilidad y constitucionalidad de algunos aspectos fundamentales de la reforma. Aunque el contenido específico de la ponencia no se ha divulgado completamente, ha generado alarma entre los defensores de la reforma y ha sido interpretada como un posible revés para el proyecto.

El llamado a la movilización de Gustavo Bolívar

Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, una figura destacada del oficialismo, ha convocado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la reforma pensional. Bolívar argumenta que la reforma es esencial para corregir las desigualdades del sistema actual y proteger los derechos de los trabajadores. Su llamado a la movilización busca presionar a la Corte Constitucional y a otros actores políticos para que apoyen la reforma.

Reacciones y posibles escenarios

El llamado a la movilización ha generado diversas reacciones en la opinión pública y en el ámbito político.

Apoyo y críticas

Mientras que algunos sectores respaldan la iniciativa de Bolívar y consideran que es necesario defender la reforma en las calles, otros critican la convocatoria y la ven como una forma de presión indebida sobre la Corte Constitucional. La polarización en torno a la reforma pensional es evidente y refleja las profundas divisiones que existen en la sociedad colombiana.

Posibles escenarios futuros

El futuro de la reforma pensional es incierto. Si la Corte Constitucional decide declarar inconstitucionales algunos de sus aspectos clave, el gobierno tendría que replantear la estrategia y buscar nuevas alternativas para reformar el sistema de pensiones. En el peor de los casos, la reforma podría quedar archivada, perpetuando las desigualdades y la falta de cobertura del sistema actual.

Implicaciones para los ciudadanos

La reforma pensional tiene implicaciones directas para todos los ciudadanos colombianos, especialmente para aquellos que están próximos a la edad de jubilación y para las generaciones futuras.

Beneficios potenciales

Si la reforma se aprueba y se implementa de manera efectiva, podría traer consigo importantes beneficios, como una mayor cobertura del sistema, pensiones más justas y equitativas, y una mejor protección para los trabajadores informales. Estos beneficios podrían contribuir a reducir la pobreza en la vejez y a mejorar la calidad de vida de millones de colombianos.

Riesgos y desafíos

Sin embargo, también existen riesgos y desafíos asociados con la reforma. Algunos expertos advierten que la reforma podría generar un aumento en el gasto público y poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Además, la implementación de la reforma podría ser compleja y requerir una gestión eficiente y transparente para evitar la corrupción y el despilfarro de recursos.

La situación actual en torno a la reforma pensional es delicada y requiere un análisis profundo y una discusión abierta y constructiva. Es fundamental que todos los actores involucrados, incluyendo el gobierno, la Corte Constitucional, los partidos políticos, los gremios económicos y la sociedad civil, trabajen juntos para encontrar una solución que beneficie a todos los colombianos. El futuro del sistema de pensiones y el bienestar de las generaciones futuras están en juego.

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La elección de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional marcó un hito en el Senado colombiano este martes, luego de una jornada que estuvo en el centro del debate público. Con 57 votos a favor, Polo Rosero venció a Claudia Dangond, quien obtuvo 47 votos, en un proceso empañado por polémicas y cuestionamientos sobre su transparencia.

La polémica de la papeleta extra

Durante la votación inicial del lunes, apareció una papeleta de más, generando suspicacias entre diversos sectores y forzando a una nueva sesión. Este hecho provocó que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ordenara medidas adicionales de control en el ingreso a la plenaria del Senado.

Miguel Polo Rosero, tras ser elegido, dirigió un mensaje a los senadores en el que destacó su compromiso con la Constitución: «Quiero hacer una férrea defensa de lo que es la Corte Constitucional y cada uno de sus magistrados… De mi parte no pueden esperar nada distinto a mi sujeción a la Constitución», afirmó.

La influencia del Gobierno

El resultado fue interpretado como un triunfo del Gobierno en el Senado, una cámara que anteriormente le había propiciado varias derrotas importantes al presidente Gustavo Petro. La Casa de Nariño realizó intensas gestiones para que el resultado fuera favorable a Polo Rosero, desplazando las proyecciones iniciales que favorecían a Dangond.

Se presume que Roy Barreras, embajador en Londres y exlíder del Congreso, tuvo un papel clave en esta jugada política. A través de su cuenta de X, Barreras se refirió al proceso diciendo: «La Corte Constitucional es la garante de los Derechos de cada Colombiano. Incluso es el Polo a tierra de las decisiones de las otras ramas del poder».

Los factores decisivos

La votación, que contó con la presencia de 104 senadores, evidenció fracturas internas en algunos partidos. En el Partido Liberal, sectores liderados por César Gaviria apoyaron a Polo Rosero, mientras que los disidentes respaldaron a Dangond. Este desbalance fue crucial en un proceso que, hasta el lunes por la mañana, parecía inclinarse a favor de la abogada conservadora.

Además, la alianza entre partidos como Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y buena parte de La U no fue suficiente para contrarrestar el trabajo político del Gobierno, que terminó sumando votos de independientes y sectores liberales.

Reacciones al nombramiento

El presidente Gustavo Petro celebró la elección de Polo Rosero en su cuenta de X, describiéndola como «un gran triunfo». Este nombramiento no solo fortalece la presencia del Gobierno en una Corte clave para el país, sino que también marca un cambio en la dinámica de poder dentro del Congreso.

Por otro lado, sectores de la oposición expresaron su descontento, señalando las irregularidades del proceso como un reflejo de las tensiones políticas actuales.

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La Corte Constitucional de Colombia ha dado un golpe significativo a una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno del presidente Gustavo Petro, al declarar inexequible el Decreto 1961 de 2023. Este decreto permitía la contratación directa para la construcción y mejora de vías terciarias con comunidades indígenas, campesinas y las Juntas de Acción Comunal (JAC), entre otras organizaciones sociales. Con esta decisión, el plan de empoderar a estas comunidades en la ejecución de obras de infraestructura ha sido detenido.

La decisión de la Corte Constitucional

El fallo de la Corte fue unánime, aunque los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Antonio José Lizarazo aclararon su voto en ciertos puntos del decreto. La Corte concluyó que el presidente Petro se extralimitó en sus funciones, al modificar el régimen de contratación estatal más allá de lo permitido por el artículo 368 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este artículo daba pautas para la construcción de vías regionales, pero no para cambiar las reglas de contratación, otorgando capacidad jurídica a organizaciones sociales para contratar directamente con el Estado.

Implicaciones del fallo

Según el tribunal, la modificación que proponía el decreto alteraba el sistema de contratación vigente, lo que requeriría ajustes legislativos que no podían hacerse mediante un decreto presidencial. La Corte resaltó la necesidad de que el mandatario se mantenga dentro de las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, y que no sobrepase los límites en cuanto a los poderes de contratación estatal.

La defensa de Petro

A pesar de este revés, el presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de contratación directa, argumentando que hacía más transparente el proceso y empoderaba a las comunidades para gestionar obras públicas esenciales. Petro ha propuesto que las JAC y otras organizaciones sociales desempeñen un papel más activo en la ejecución de proyectos clave, como la pavimentación de vías, la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), e incluso la generación de energía y la instalación de internet de fibra óptica.

La apuesta de Petro por la economía popular

El objetivo del presidente ha sido transformar a las Juntas de Acción Comunal en gestoras de obras millonarias como parte de su enfoque hacia la economía popular. Esta estrategia se basa en la participación activa de las comunidades en la ejecución de proyectos que beneficien a sus propios territorios. Un ejemplo de esta visión se dio en Sincelejo, donde los vecinos del barrio La Independencia pavimentaron una calle de 275 metros, marcando un precedente de lo que Petro pretendía replicar a nivel nacional.

Un futuro incierto para las JAC

Con la anulación del Decreto 1961 de 2023, el futuro de la participación de las Juntas de Acción Comunal en proyectos de infraestructura y otros servicios queda en duda. Aunque Petro ha prometido continuar buscando vías para empoderar a las comunidades, el fallo de la Corte limita significativamente sus opciones. Ahora, se requerirá una nueva estrategia legislativa que permita avanzar en la construcción de vías terciarias y otros proyectos, sin caer en la misma controversia jurídica.

El presidente Petro enfrenta un desafío complejo: ¿cómo impulsar su agenda de economía popular sin vulnerar los límites constitucionales?

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En respuesta a las recientes denuncias de espionaje, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que su gobierno no está involucrado en actividades de interceptación telefónica. Estas declaraciones surgen después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara una investigación sobre posibles escuchas ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. Petro ha asegurado que su administración se diferencia de las anteriores al prohibir expresamente el uso de la inteligencia estatal contra opositores, prensa o cortes.

Denuncias y Respuesta Presidencial

La Fiscalía abrió una investigación tras recibir denuncias de posibles interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Constitucional. Estas denuncias, reveladas inicialmente por el diario El Tiempo, señalan que algunos magistrados sospechan que están siendo espiados. Posteriormente, la revista Semana informó que José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, entregó una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que se denuncia una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.

Gustavo Petro, en su cuenta de X, respondió contundentemente: «Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado». El mandatario enfatizó que desde el primer día de su administración se ordenó a los organismos de inteligencia no utilizar sus capacidades contra la oposición, la prensa o las cortes. Petro también destacó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no cuenta con equipos para interceptar servicios de telefonía privada.

Acciones de la Fiscalía

La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía ha iniciado una investigación inmediata tras las denuncias presentadas por los magistrados de la Corte Constitucional. Entre las pruebas se incluye información sobre presuntas interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados y otros funcionarios con procesos sensibles.

Las funciones de los magistrados incluyen examinar si las reformas del gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen con los requisitos de constitucionalidad. Esto aumenta la gravedad de las denuncias, ya que cualquier intento de espionaje podría interpretarse como una interferencia directa en el poder judicial y en la independencia de sus funciones.

Contexto y Antecedentes

El escándalo actual evoca recuerdos de un caso similar durante la presidencia de Álvaro Uribe, donde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue descubierto instalando micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptando teléfonos de jueces, periodistas y opositores. Este escándalo resultó en condenas para varios responsables, incluyendo a Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados culpables de varios delitos.

En septiembre de 2017, Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado a más de siete años de prisión por su participación en estas actividades de espionaje, que incluían interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden judicial. Este oscuro capítulo de la historia colombiana resuena en el presente, alimentando las preocupaciones sobre la posible repetición de estos actos.

Declaraciones de los Magistrados

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, junto con otros magistrados, ha expresado su preocupación por las presuntas actividades de espionaje. En una carta entregada a la fiscal general, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció que él y su esposa son víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal. Esta persecución supuestamente incluye interceptaciones telefónicas, seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes, lo que ha sido denominado coloquialmente como «chuzadas» en Colombia.

La gravedad de estas denuncias ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha planteado serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las acciones del gobierno en relación con el uso de la inteligencia estatal. La claridad y contundencia en la respuesta del presidente Petro serán cruciales para abordar estas preocupaciones y mantener la confianza en las instituciones.

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