La medida establece una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según lo proyectado, el 56% del recaudo provendría de estos dos sectores.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el tributo se pagará en dos cuotas: 50% el próximo primero de abril y el restante 50% el 4 de mayo siguiente. Recalcó que los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias e infraestructura.

El decreto fue presentado durante el Consejo de Ministros liderado ayer por el presidente Gustavo Petro en Cartagena. El Gobierno nacional busca recaudar recursos destinados a atender los impactos de los recientes eventos climáticos y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, especialmente en el Caribe colombiano.

El ministro Germán Ávila explicó que las medidas adoptadas responden a la evaluación técnica realizada por el Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia.

“Trabajamos en la presentación de un decreto que se corresponde con la evaluación de la magnitud del impacto que ha tenido la emergencia», señaló el jefe de la cartera económica al presentar el balance preliminar del evento climático.

En el Consejo de Ministros, indicó que el reporte es crítico: se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

El impacto en el sector productivo también es significativo: cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas. El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila sostuvo que, ante las restricciones jurídicas de la Corte Constitucional, el Gobierno estructuró el nuevo esquema tributario con eje central en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.

“El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales», afirmó, al recordar que ese instrumento ya ha sido utilizado en el país para enfrentar emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos, como La Niña en 2009.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, se trata de una medida extraordinaria, de aplicación inmediata, para garantizar recursos en el corto plazo y atender la magnitud de la emergencia climática que enfrenta el país.

Aporte del sector financiero

El ministro de Hacienda también destacó que el Gobierno ha sostenido conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la solución de la emergencia.

“Entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades, lo cual es muy positivo, pero también implica la necesidad de que contribuyan a superar esta emergencia que estamos viviendo», indicó, tras explicar que las utilidades del sector alcanzaron niveles significativos durante ese periodo.

El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.

También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.

El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados

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El Representante a la Cámara, Andrés Calle, se presentó este lunes en la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en relación con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso ha generado controversia debido a los presuntos desvíos de recursos públicos para fines políticos.

Al llegar al alto tribunal, Calle afirmó con vehemencia su inocencia. “Vengo con la frente en alto y el corazón abierto a la honorable Corte de Justicia. Haremos claridad. Soy un hombre honesto y lo demostraré ante mis jueces”, declaró, asegurando que defenderá su honorabilidad ante las acusaciones.

Relación con Sandra Ortiz y las declaraciones reservadas

Calle fue cuestionado sobre su vínculo con Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones y también implicada en el caso. El congresista aseguró que no tiene relación personal con Ortiz, aunque reconoció haberla conocido en su rol gubernamental. “La conocí como funcionaria. Considero que es una persona honesta, así la traté cuando fue miembro del gobierno nacional”, explicó, respetando la reserva de la diligencia en curso.

Declaraciones contra exdirectivos de la UNGRD

Sobre los señalamientos realizados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, Calle no dudó en calificarlos de «confesos criminales». Ambos estarían involucrados en el desvío de recursos destinados a las regiones más vulnerables del país. Según el congresista, estas personas habrían intentado manipular a la justicia para desviar la atención sobre la gestión de los recursos públicos.

Investigación por financiamiento político

La Corte Suprema examina si los recursos de la UNGRD habrían sido utilizados para financiar campañas políticas de familiares de Calle y del senador Iván Name, expresidente del Congreso. En el caso de Calle, las acusaciones señalan posibles aportes a las candidaturas de su padre, Gabriel Alberto Calle Demoya, a la Alcaldía de Montelíbano, y de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas, quien aspiró a la Gobernación de Córdoba.

El caso, que involucra a altos funcionarios, ha generado gran interés público debido a la presunta malversación de fondos destinados a la atención de desastres naturales en regiones necesitadas.

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