La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $78.874 millones en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Los informes señalan obras inconclusas, fallas técnicas y pagos irregulares que afectan a sectores estratégicos como educación, vivienda, energía y transporte, con un impacto directo en comunidades vulnerables del país.

Hallazgos fiscales en sectores estratégicos

Tecnologías y educación en crisis

Uno de los casos más graves se registró en Putumayo, donde un proyecto de tecnologías digitales para la educación presentó un hallazgo con incidencia fiscal de $32.826 millones. Se evidenciaron alteraciones en actas de entrega, reducción injustificada de sistemas fotovoltaicos, entrega de equipos sin especificaciones técnicas y un servicio de internet satelital inoperante. Esta situación afecta directamente a poblaciones rurales priorizadas y a estudiantes en municipios PDET, profundizando las brechas digitales y limitando el acceso a una educación de calidad.

Vivienda y energía con serias deficiencias

Irregularidades en proyectos rurales

En Antioquia, la Contraloría detectó un hallazgo de $8.976 millones en proyectos de vivienda rural, debido a la falta de supervisión y la ejecución de obras con deficiencias de calidad. Asimismo, en Puerto Gaitán (Meta), se identificó un daño fiscal de $8.901 millones en sistemas fotovoltaicos, con incumplimientos técnicos y ausencia de planes de mantenimiento.

Riesgo de obras inconclusas

En Caquetá, un proyecto de sistemas solares en San José del Fragua presentó un hallazgo de $7.556 millones. La Contraloría advirtió que la falta de un contrato de operación podría convertir la obra en un proyecto inconcluso, dejando a las comunidades sin los beneficios prometidos en materia de energía limpia y sostenible.

Impacto social y regional

Consecuencias para las comunidades

La falta de planeación, supervisión y sostenibilidad en estos proyectos no solo genera un daño fiscal al Estado, sino que afecta directamente la calidad de vida de las comunidades rurales, al impedir el acceso a servicios básicos como energía, vivienda digna y educación digital.

Llamado a fortalecer la vigilancia

La Contraloría subrayó que estos hallazgos demuestran la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión de los proyectos financiados con regalías, con el fin de garantizar que los recursos públicos cumplan con su objetivo de reducir brechas sociales y económicas en el país.

La investigación realizada por la Unidad de Regalías deja en evidencia que la corrupción, la falta de control y las deficiencias técnicas siguen siendo los principales obstáculos para el desarrollo regional en Colombia.

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La Contraloría General de la República ha dado un paso decisivo en el caso de corrupción que envuelve a la Unión Temporal Centros Poblados, ordenando la devolución de 87.027 millones de pesos al Estado. Este monto corresponde al valor desviado en el contrato suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) durante el gobierno de Iván Duque, cuyo propósito era llevar conectividad a 15.000 escuelas rurales en todo el país. El contrato, que inicialmente prometía un avance significativo en la inclusión digital, terminó siendo uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

Centros Poblados y su responsabilidad fiscal

La Contraloría ha determinado que Centros Poblados es responsable de un detrimento patrimonial de 70 mil millones de pesos. Este detrimento se originó por la ineficiencia en la ejecución del contrato y la falta de cumplimiento en la entrega de los equipos necesarios para las escuelas. Según el informe del ente de control, la gestión fue calificada como «ineficiente e inoportuna», agravando la pérdida de recursos destinados a mejorar la conectividad de las zonas rurales más vulnerables.

La investigación reveló que la empresa Nuovo Security LLC, una de las compañías que conformaban la Unión Temporal, no cumplió con sus compromisos. Esta empresa, liderada por Juan Carlos Ángel Cáceres, omitió la entrega de equipos críticos para la implementación del proyecto, lo que llevó a la imputación de responsabilidad fiscal en su contra. Cáceres, además, ha sido señalado por la Fiscalía como un contratista que ha ejecutado contratos valorados en 111 mil millones de pesos, en su mayoría adjudicados sin competencia en las regiones de La Guajira y Norte de Santander.

Centros Poblados es responsable fiscal por un detrimento patrimonial de 70 mil millones de pesos debido a una gestión «ineficiente e inoportuna».

El contrato de internet y las irregularidades

El contrato, valorado en un billón de pesos, tenía como objetivo conectar miles de escuelas rurales a internet, un proyecto crucial para cerrar la brecha digital en las zonas más apartadas del país. Sin embargo, 70 mil millones de pesos del anticipo fueron desviados por los contratistas para su beneficio personal, en lugar de ser utilizados para cumplir con los objetivos del proyecto. La participación de Emilio Tapia, un empresario con antecedentes por corrupción, aumentó las sospechas desde el inicio, intensificando el escrutinio público sobre los manejos del contrato.

A pesar de los compromisos adquiridos, los avances en la conectividad rural nunca se materializaron, dejando a miles de estudiantes rurales sin acceso a las herramientas digitales necesarias para su educación. La falta de resultados ha provocado un amplio rechazo social y una serie de investigaciones que siguen abiertas.

El papel de la exministra Karen Abudinen

Uno de los aspectos más polémicos del caso ha sido la gestión de la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien autorizó el anticipo millonario a pesar de las alertas sobre posibles irregularidades en la adjudicación del contrato. Sin embargo, a pesar de las críticas, la Procuraduría General de la Nación decidió archivar la investigación en su contra, al no encontrar pruebas suficientes para vincularla directamente con el desfalco. Esta decisión, emitida el pasado 23 de septiembre, ha generado divisiones de opinión en el ámbito político y social.

Para muchos, la autorización del anticipo bajo su gestión sigue siendo una decisión cuestionada, especialmente considerando las señales tempranas de irregularidades. No obstante, el fallo de la Procuraduría dejó claro que no había evidencia contundente que permitiera su vinculación directa en el proceso.

A pesar de las críticas, la Procuraduría General archivó la investigación contra la exministra Karen Abudinen, al no encontrar pruebas suficientes que la vinculen directamente con el desfalco.

Consecuencias para el futuro de la conectividad rural

El escándalo de Centros Poblados ha dejado profundas cicatrices en la credibilidad de las instituciones encargadas de ejecutar proyectos de infraestructura tecnológica en el país. La falta de cumplimiento y el desvío de recursos han generado un impacto negativo en las comunidades rurales, donde la falta de conectividad sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo educativo y social.

Este caso también subraya la necesidad de establecer controles más rigurosos en la contratación pública, especialmente en proyectos que involucran recursos tan importantes para el desarrollo de la infraestructura del país. Las autoridades han enfatizado la importancia de reforzar los mecanismos de vigilancia y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales y económicas de sus acciones.

A medida que continúan las investigaciones, la expectativa es que este tipo de irregularidades sirva como un ejemplo de lo que no debe repetirse en futuras adjudicaciones. La restitución de los recursos al Estado es solo un paso dentro de un proceso más amplio de reformas y lecciones aprendidas.

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La exministra de Salud, Carolina Corcho, ha vuelto a encender las alarmas en el sistema de salud colombiano al revelar un nuevo y preocupante hallazgo: según los estados financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), faltan 13 billones de pesos adicionales a los 11.3 billones ya denunciados por la Contraloría. Estas cifras alarmantes, correspondientes al periodo 2020-2024, plantean serias dudas sobre la gestión y el control de los recursos públicos en el sector salud.

Un escándalo que crece: nuevas cifras salen a la luz

La noticia sobre los 11.3 billones de pesos robados por las EPS, revelada recientemente por la Contraloría, ya había causado un gran impacto en la opinión pública. Sin embargo, Carolina Corcho ha advertido que esta cifra solo representa la punta del iceberg, ya que los estados financieros de las EPS muestran la desaparición de otros 13 billones de pesos, correspondientes al mismo periodo. Estos fondos, que debían estar destinados a la atención médica durante la pandemia, aparentemente han sido utilizados en actividades ajenas a la salud, como fiestas, bonos, clases de yoga y pilates.

La falta de control: un problema sistemático

La exministra ha señalado que este desfalco es posible debido a la falta de control y auditoría en el manejo de los recursos públicos asignados a las EPS. Según Corcho, el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) entrega estos fondos de manera anticipada, y solo después de haber sido utilizados, las EPS presentan sus informes financieros. Esto crea un ambiente propicio para el mal uso de los recursos, ya que «no hay una auditoría que garantice el correcto destino de estos fondos,» afirmó Corcho.

Implicaciones para el sistema de salud

Las implicaciones de estas revelaciones son profundas. El sistema de salud colombiano, ya afectado por múltiples problemas estructurales, se enfrenta a un nuevo reto que amenaza la sostenibilidad de sus finanzas. La falta de recursos adecuados para enfrentar emergencias como la pandemia del 2020 pone en riesgo la salud de millones de colombianos y debilita la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.

¿Qué sigue para las EPS?

Ante estos hallazgos, surge la pregunta: ¿qué medidas se tomarán para recuperar estos fondos y evitar que algo similar vuelva a ocurrir? La responsabilidad recae tanto en el gobierno como en las entidades de control, que deberán actuar con prontitud y rigor para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y transparente.

Perspectivas futuras: el camino hacia la transparencia

La denuncia de Carolina Corcho subraya la necesidad urgente de reformar el sistema de control y auditoría en la administración de los recursos de salud. Es imperativo implementar mecanismos más estrictos y transparentes que aseguren que los fondos lleguen a donde más se necesitan: los pacientes. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema y garantizar un futuro más saludable para todos los colombianos.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que las autoridades tomen medidas decisivas para aclarar estos hechos y sancionar a los responsables. La salud de millones de colombianos depende de ello.

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La Contraloría General de la República, dirigida por Carlos Hernán Rodríguez, ha revelado serias irregularidades en el manejo de recursos de salud por parte de 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS). Los hallazgos señalan un desvío de $6 billones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante el año 2020, destinados a usos no relacionados con la salud, como anticipos de viajes y clases de yoga y pilates.

Desvío de recursos de la UPC

La fiscalización realizada por la Contraloría General de la República ha sacado a la luz prácticas inadecuadas en el manejo de los fondos de la UPC. Se encontró que las EPS estaban utilizando recursos actuales para saldar deudas antiguas, lo cual se considera una indebida apropiación de recursos, dado que las deudas de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son obligaciones privadas y no deben ser cubiertas con fondos destinados a la salud.

Casos específicos de desviación

Uno de los casos más destacados es el de la EPS S.O.S., que utilizó recursos excedentes de 2020 para pagar deudas por $86 mil millones de pesos correspondientes a periodos entre 2003 y 2015. Estas deudas ya estaban prescritas o las acciones judiciales habían caducado. De manera similar, la Nueva EPS saldó deudas de entre 2008 y 2015 por $62 mil millones de pesos, y CONVIDA EPS utilizó $4 mil millones para el mismo propósito. La EPS ECOOPSOS también pagó $1.621 millones correspondientes a vigencias anteriores.

Excedentes operacionales y pagos sin soporte

El análisis de la Contraloría reveló excedentes operacionales en las EPS que ascendieron a más de $6 billones en 2020, $3 billones en 2021, y $1.8 billones en 2022. Además, se encontraron pagos sin soporte que suman $5.3 billones de pesos, debido a la diferencia entre lo facturado por servicios prestados y lo pagado. La Nueva EPS tenía pagos sin soporte por $2.1 billones, mientras que la EPS FAMISANAR tenía $643 mil millones sin justificar.

Impacto en la gestión de recursos de salud

Estos hallazgos aún no han sido enviados a proceso de responsabilidad fiscal. La Contraloría está en espera de que las EPS presenten los soportes correspondientes durante los próximos seis meses. De no recibir la documentación necesaria, el monto total podría ascender a $11.3 billones, sumando los $6 billones ya enviados a proceso.

Acciones de la Contraloría

El contralor Rodríguez anunció que, como resultado de esta fiscalización, se han identificado 61 hallazgos con incidencia administrativa y 37 con incidencia fiscal, que suman $6 billones. Estos hallazgos darán inicio a procesos de responsabilidad fiscal por la presunta indebida destinación de recursos de UPC en 2020.

Indagaciones y traslados a la Fiscalía

Asimismo, 24 hallazgos se han remitido a indagación preliminar por $5.3 billones debido a diferencias entre lo facturado y lo pagado. Además, 37 hallazgos con incidencia penal han sido trasladados a la Fiscalía y otros 37 con incidencia disciplinaria a la Procuraduría.

EPS implicadas

Las 24 EPS implicadas en esta fiscalización incluyen, entre otras, a Aliansalud EPS, Nueva EPS, Capital Salud, Sanitas y Famisanar. Estos hallazgos reflejan una gestión inadecuada y desvío de fondos públicos destinados a la salud.

El listado completo de las EPS analizadas es el siguiente:

1. Aliansalud E.P.S.
2. Alianza Medellín Antioquia EPS SAS Savia Salud EPS
3. Anas Wayuú EPSI
4. Asmet Salud EPS S.A.S
5. Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira Dusakawi EPSI
6. Asociación Indígena del Cauca AIC EPS Indígena
7. Emssanar Sociedad por Acciones Simplificadas Emssanar SAS
8. Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud, Entidad Promotora de Salud Mutual SER EPS
9. Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado S.A.S Capital Salud EPS S SAS.
10. Capresoca E.P.S
11. Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. Coosalud EPS S. A.
12. Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS SAS – Ecoopsos EPS SAS
13. Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EPS S Convida
14. Entidad Promotora de Salud Famisanar SAS – EPS FAMISANAR SAS
15. Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS Indígena
16. Entidad Promotora de Salud PIJAOS SALUD EPSI
17. Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS EPS SANITAS SAS
18. Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S. A. SOS
19. EPS Suramericana S. A. EPS SURA
20. Fundación Salud MIA EPS
21. Nueva Empresa Promotora de Salud S. A. – Nueva EPS S. A.
22. Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud (EAS)
23. Salud Total
24. Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia

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