El próximo domingo no asistiremos a una fiesta democrática, sino a un ejercicio de canibalismo político amparado por la ley.

El espejismo del orden: partidos en liquidación

La primera pista de este desastre es la orfandad institucional. En Colombia, los partidos han dejado de ser voceros organizados de intereses sociales o de corrientes ideológicas, para convertirse en cascarones de avales. 

Se supone que las consultas fueron inventadas para escoger al candidato o candidata de los tres grandes bloques de opinión que existen en Colombia: la izquierda, el centro y la derecha.

Pero es todo lo contrario: lejos de decantar liderazgos, las consultas están operando como un factor de división interna. La última encuestas de Invamer lo confirma: la dispersión es tal que, en el escenario de primera vuelta, aparecen hasta 17 nombres con intención de voto. 

Las consultas, en lugar de reducir esta lista, la ha congelado legalmente, impidiendo las alianzas naturales que el sentido común dictaría para mayo.

La emboscada: atajar al puntero

La lógica de estas tres consultas no es propositiva, sino reactiva. El objetivo de los precandidatos no es ganar la presidencia, sino evitar que el puntero de su propio espectro se vuelva inalcanzable.

En la izquierda, la consulta del “Frente por la Vida” no es más que una maniobra para tratar de atajar a Iván Cepeda. 

Peor todavía: esta consulta se limita a medir un candidato de pura maquinaria con otro candidato de maquinaria-demagogia, que solo tienen en común su falta de trayectoria dentro de la izquierda. Según Invamer, Daniel Quintero puntea la intención de voto, con un abrumador 68,1 %, superando con creces a Roy Barreras (23%). 

—En la derecha, la «Gran Consulta por Colombia» busca contener a Abelardo de la Espriella. 

Aunque Abelardo marca un sólido 18,9 % en primera vuelta, la consulta interna la ganaría Paloma Valencia con el 41,6 %, actuando como un filtro de la «vieja guardia» contra un outsider.  

Más todavía: esta consulta es el intento de vender a la muy uribista Paloma Valencia como vocera del centro. Otros cinco candidatos (Galán, Oviedo, Peñalosa, Cárdenas y Luna), sencillamente prestaron su nombre para maquillarla; Vicky y Pinzón son tan derechistas o casi como Valencia.   

—En la “Consulta de las Soluciones”, Claudia López domina con un 92,9 % frente a un señor desconocido y trata de atajar a Sergio Fajardo con su 10,3 % de apoyo nacional. Una victoria pírrica en un sector que pierde tracción frente a los extremos.

El fenómeno de los votos postizos

La legitimidad del 8 de marzo será una ficción estadística. 

La simultaneidad con las elecciones de Congreso garantiza una afluencia de público que no está allí por los presidenciales, sino por sus barones electorales. Muchos marcarán un tarjetón sin convicción, porque lo tienen a la mano. Estos son los «votos postizos». 

Candidatos como Quintero, con un 68% en la consulta pero apenas un 1,4 % en primera vuelta, son el ejemplo de un poder prestado por la inercia del día de las elecciones que, no obstante, tiene consecuencias legales permanentes.

Y los comentaristas y “expertos” electorales se han dedicado a convalidar esa ficción. Dicen que si Quintero o Barreras sacan muchos votos, Cepeda tendrá que retirarse de la escena, que si Claudia logra más de un cierto número de votos, Fajardo tendrá que retirase, que si a Paloma le va muy bien es Abelardo quien tendrá que ceder. 

Pero sucede que ni Cepeda, ni Fajardo ni Abelardo tienen por qué resignarse ante unos votos postizos o, para decirlo de modo más directo, ante la “gran encuesta” que tendremos el próximo domingo – y donde solo faltó el detalle de que ninguno de los tres punteros fue incluido.

El absurdo legal: la trampa de la Ley 1475

Aquí comienzan las complicaciones de la legislación electoral, el enredo que armó la Constitución del 91 y han seguido enredando las leyes, decretos y decisiones de la Corte, el Consejo de Estado y esa perla que llamamos Consejo Nacional Electoral. 

La Ley 1475 de 2011, en su Artículo 7, establece que “el resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”. 

Pero esta obligatoriedad tiene doble filo que impide las coaliciones. Veamos:

El ganador de la consulta no está obligado legalmente a inscribirse para la primera vuelta. Tiene la potestad de decidir no hacerlo. Por eso dicen los más despiertos que el remedio es simple: que Quintero (o Barreras), Claudia y/o Paloma desistan si “no les va bien” (¿según quién?).   

Sin embargo —y aquí reside la trampa—, si el ganador renuncia o decide no inscribirse, el partido o coalición pierde el derecho a participar con un sustituto. La ley impide que el segundo en la consulta tome el lugar del primero. Si el ganador se retira con la intención de «unificar» el sector alrededor de otro nombre (por ejemplo, Cepeda o Fajardo), el resultado es el auto suicidio del partido:  o corren con un candidato que los datos muestran inviable, o no corre en absoluto.

 Además, la Sentencia C-490 de 2011 refuerza este amarre mediante la doble militancia: el ganador no puede apoyar a otro ni el partido buscar un plan B.

Y falta lo peor: si el candidato o candidata no se inscribe para la primera vuelta, el partido, movimiento o grupo que lo haya inscrito pierde el derecho al reembolso de los miles de millones de pesos que hayan invertido, debe devolver de inmediato los anticipos que haya recibido y hasta —en opinión de juristas en un país de juristas —podría ser obligado a pagar los gastos de la Registraduría. 

La Sentencia C-490 de 2011 deja claro que el «amarre» es total; el ganador es el dueño del aval y, si no lo usa, quema la personería y hace una tronera en las flacas finanzas del partido. 

El reto de la reunificación, los caudillos —o la falta de árbitro—

El 9 de marzo habrá tres mesas de póker: Paloma, Claudia y Barreras o Quintero tratarán de “cañar” a De la Espriella, Fajardo y Cepeda con los muchos o los pocos votos que obtuvieron, —y que los tres últimos declararán postizos, porque ninguno es bobo. En vez de facilitar la unificación, las consultas endurecerán las posiciones de los dos candidatos rivales sobre las bases de unos votos dudosos y unas encuestas que también son dudosas.  

Roy o Quintero esperarán que las encuestas de marzo los muestren adelante. Pero Cepeda no puede renunciar sin destruir al Pacto Histórico. 

Claudia y Fajardo conversarán con más sosiego, pero la herida es honda y se ha agravado. De hecho en las últimas encuestas (distintas de las de Invamer y Atlas Inter) Claudia aventaja a Fajardo y esto hace todavía más difícil la conversación.

Paloma esperará repuntar en la opinión. Pero Abelardo tiene un ejército (literalmente), unas iglesias militantes (14% de la población), una derecha dura, una platica (no sé yo de dónde) y un mesianismo que no lo para nadie. 

Entonces vendrá el momento de los árbitros:

En la derecha, Uribe tendría que imponerse sobre el ego indoblegable de Abelardo o sacrificar a Paloma su pupila. Si el «uribismo pura sangre» no acepta al ganador, la derecha llegará rota.

En el centro, al no haber un árbitro, el ganador será una náufraga o naufrago legal con un aval legítimo, pero sin ejército.

En la izquierda. Petro tendría que doblegar a Quintero o a Barreras —dos personajes que saben cobrar caro sus favores—o hacerse el harakiri de pedirle a Cepeda que desista, es decir, enterrar legalmente al Pacto Histórico antes del próximo 31 de mayo. 

Conclusión: el triunfo de las minorías

Los resultados de las encuestas publicadas hasta ahora son unánimes: Cepeda, De la Espriella y Fajardo son los punteros sostenidos e inequívocos en sus campos respectivos (con la salvedad sobre Claudia que mencioné más arriba). Cepeda puntea con más frecuencia; Abelardo fluctúa, pero se sostiene; Fajardo se mantiene en sus cifras modestas.

El carisma personal es importante (la prueba es Abelardo), pero no es necesario (la prueba es Cepeda): detrás de las encuestas no están los candidatos, sino además y sobre todo las fuerzas sociales o las corrientes ideológicas que dividen y seguirán dividiendo al país colombiano. 

Tan solo que esa medición entre las fuerzas profundas está siendo oscurecida y confundida por nuestro farragoso sistema electoral, donde las vanidades y los cálculos estratégicos pueden más que los intereses nacionales.

La cuestión es sencilla: en una primera vuelta con seis candidatos (en realidad 17 candidatos, según la encuesta de Invamer), la aritmética enseña que la torta se parte en pedazos más pequeños y que por eso ganan los dos que sean menos pequeños. 

En un escenario donde además el centro y las coaliciones se bloquean en sus propias reglas, las minorías polarizadas aseguran su paso. Iván Cepeda (37,1%) y Abelardo de la Espriella (18,9%) son los beneficiados de esta fragmentación.

El 8 de marzo no habremos elegido a una presidenta o presidente, sino que habremos destruido la posibilidad de cualquier alternativa que no pase por el odio o el miedo. La legislación electoral, en manos de una clase política incapaz de coordinarse, ha firmado el acta de defunción de la unidad nacional.

* Director y editor general de Razón Pública.

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Un mes para decidir el rumbo progresista

A un mes de la consulta interna del Pacto Histórico, Daniel Quintero confirmó que competirá por el aval presidencial dentro de la coalición. Su anuncio se enmarca en un contexto de profundas tensiones internas entre quienes cuestionan su participación.

La postura de Quintero ante la coalición

Afirmación de continuidad y unidad

“La unidad es la victoria”, declaró Quintero, advirtiendo que no caerá en el juego de quienes han “traicionado al presidente” y dividido al progresismo. Por ello, anunció que inscribirá su nombre en la consulta del 26 de octubre, y subrayó que “que sea la gente la que decida” su destino como candidato.

Condiciones claras según el escenario

Quintero precisó que, si no resulta vencedor, apoyará “sin titubeos” al ganador. En caso contrario, exigirá respaldo para sus propuestas, que incluyen una campaña austera, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la construcción de un frente amplio en defensa del progresismo.

Divisiones en el Petrismo

Críticas desde las bases petristas

Varios precandidatos consideran que Quintero no debería participar, debido a estar imputado por presunta corrupción. Sin embargo, Gustavo Petro ha expresado interés en sumar fuerzas a su proyecto político, lo que evidencia una tensión entre apertura y purismo dentro de la coalición.

Nuevas candidaturas que reconfiguran el panorama

La apuesta de Iván Cepeda por la consulta interna aviva el debate electoral. Su candidatura ha sido recibida con entusiasmo como una propuesta de integridad y experiencia progresista, compitiendo junto a figuras como Carolina Corcho, Susana Muhamad y Gustavo Bolívar. Esta diversidad amplía el tarjetón electoral.

El contexto político del Pacto Histórico

Consulta interna y consolidación partidaria

El Pacto Histórico define una consulta el 26 de octubre de 2025 para elegir a su candidato presidencial. El ganador avanzará a una consulta ampliada en marzo de 2026, donde se definirá el aspirante del frente amplio progresista. Desde julio, seis precandidatos ya habían sido oficializados.

El peso de las controversias

Procesos judiciales como sombra política

La Fiscalía imputó a Daniel Quintero por peculado por apropiación, interés indebido en contratos y prevaricato, en relación a un polémico caso inmobiliario zanjado en su gestión como alcalde. Este proceso representa un factor de fricción en su participación.

El anuncio de Daniel Quintero reconfigura el escenario progresista de cara a las elecciones de 2026. Entre acusaciones éticas, debates internos y nuevas candidaturas, el Pacto Histórico transita un momento decisivo que definirá no solo su aspirante presidencial, sino también la estrategia del progresismo en Colombia para la próxima década.

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